Concejales de IU se encierran en el Ayuntamiento de Badajoz contra la paralización de la Renta Básica

El Grupo Municipal de Izquierda Unida y el Consejo Político Local de IU Badajoz han decidido encerrarse en las dependencias del Ayuntamiento de Badajoz como acción de protesta ante la “incapacidad del consejero de Salud y Política Social del GOBEX, Luis Alfonso Hernández Carrón, de dar respuesta a los miles de solicitantes de la Renta Básica.

El Grupo, que permanecerá encerrado en el Ayuntamiento hasta el domingo, califica la Ley de Renta Básica Extremeña de Inserción como “la mayor estafa que el Gobierno de Extremadura ha cometido contra el cuerpo social extremeño, en la que miles de familias pusieron sus esperanzas para paliar la grave situación económica”.

La Renta Básica Extremeña de Inserción, que había sido anunciada en febrero de 2013 se estableció finalmente por la Ley 3/2013, de 21 de mayo y nace para “dar respuesta a las situaciones de escasez de recursos básicos que se han originado debido a la actual situación económica”. Sin embargo, las familias no pudieron solicitar esta ayuda hasta el día siguiente a su publicación a finales de julio, a partir de entonces, se abría un período de dos meses para dar respuesta a los solicitantes.

Manolo Sosa, uno de los concejales encerrados, sostiene que esta Ley es una "falso escaparate por parte del Gobierno, puesto que ha anunciado una renta que es una mentira porque no se está dando".

De las 5.000 familias que solicitaron la ayuda en Badajoz, 2.000 peticiones fueron aceptadas y, hasta el momento, tan solo ocho vecinos han cobrado esta renta. Según IU, “la incapacidad en la gestión y la ineficiencia organizativa” provocó la publicación de un nuevo decreto de “ayudas de protección social urgentes”, para ayudar a las familias hasta que se resolviera la solicitud de la prestación. Las ayudas “ni son urgentes ni son ayudas”, afirman desde IU, puesto que la tramitación demora la cita con los solicitantes en unos dos meses y, continúan, “como máximo se puede entregar una cantidad de 1.065 euros una vez que se justifique el gasto”.

Por todo esto, Izquierda Unida exige el cese del consejero responsable de esta Ley, Luis Alfonso Hernández, y la agilización inmediata en el cobro de la Renta Básica. Además, afirman que continuarán con las protestas de no llegar a una solución. En Plasencia, Mérida y Cáceres, también se han sumado al encierro en sus respectivos ayuntamientos como protesta a la ineficacia del Gobierno extremeño.