Los presidentes de Andalucía (Juanma Moreno), Balears (Margalida Prohens), Cantabria (María José Sáenz de Buruaga) y Castilla y León (Alfonso Fernández Mañueco) se unieron este jueves en el Senado a su homólogo en la Comunitat Valenciana (Carlos Mazón) al reivindicar una negociación con todas las comunidades autónomas para llevar a cabo una condonación de la deuda que acumulan sus respectivos territorios. Son cinco presidentes a los que habría que sumar el de Murcia (Fernando López Miras), cuyo gobierno también defiende una solución para la deuda acumulada aunque él mismo haya optado por evitar este asunto durante su intervención en la Cámara Alta.
La convocatoria por parte del PP de la Comisión General de Senado para amplificar el discurso de la derecha en contra de la amnistía para los encausados por el procés y de la demanda del independentismo catalán de un referéndum de autodeterminación brindó a los barones de Feijóo una oportunidad única de plantear que, si hay condonación, quita o rebaja de la deuda catalana (la financiera que consta en la contabilidad del Estado o la que la Generalitat califica de “histórica”), ellos también quieren lo mismo.
Una idea, la amnistía financiera de las comunidades, a la que siempre se ha opuesto Alberto Núñez Feijóo con el argumento de que solamente sirve para premiar a los malos gestores y perjudicar a quienes evitaron endeudarse y teóricamente administraron mejor el dinero del que disponían. El Estado, reiteró, hace apenas cuatro días en un acto en Madrid, no debe hacerse cargo “de las deudas contraídas por algunos malos gestores”.
Este planteamiento, sin embargo, choca frontalmente con el del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. El barón del PP no planteó esta reivindicación en su intervención en el Senado, pero es bien sabido que aunque evita hablar de “quita” o de “condonación” y prefiere la palabra “compensación”, lo que defiende es que el Estado se haga cargo de lo que su comunidad tuvo que pagar durante años porque no tenía una financiación adecuada.
En el Senado, sin embargo, sorteó este asunto. “El déficit de financiación de la Comunitat Valenciana no se resolverá si no se reforma el conjunto del sistema de manera adecuada y proporcional, pero sobre todo justa para todos, sin excepciones ni privilegios”, defendió.
El factor financiero
Los barones del PP acudieron a la Cámara Alta a cumplir el guion previsto —oponerse a la amnistía y la autodeterminación y acusar a Pedro Sánchez de estar dispuesto a todo por “interés personal”—, pero a la vista de que los independentistas catalanes quieren incluir en la negociación para la investidura el factor financiero, no quieren quedarse fuera.
Juanma Moreno, el barón más influyente del PP —con el permiso de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso—, fue el primero en plantearlo: “Si alguien piensa en condonar deudas con el Estado, queremos equilibrio; si a uno le condonaran el triple de deuda que a Andalucía, esa deuda la pagarían los andaluces con el dinero que debería ir a nuestra sanidad o a nuestra educación”, advirtió.
El presidente andaluz quiere una negociación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para acordar un nuevo modelo de financiación, pero, entretanto, para ir abriendo boca, reclama “que se establezca un fondo transitorio de compensación para las comunidades autónomas que está mal financiadas”. El acumulado del “agravio acumulado” que supone lo que se le debe a Andalucía, aseguró, “supera más de 15.000 millones de euros del año 2009”.
Moreno admitió que todas las comunidades aseguran estar mal financiadas, pero Andalucía “está muy por debajo de la media”, se justificó para apoyar la petición de más dinero, y su gobierno no está dispuesto a aceptar que esa situación se mantenga por culpa de un “trato a favor a los partidos independentistas”. Como tampoco que en los Presupuestos Generales del Estado se dé prioridad a Cataluña en perjuicio, dijo, de las inversiones que necesita Andalucía. Los “Presupuestos deben de reconocer también la singularidad hídrica de Andalucía y de otras comunidades autónomas de la España seca”, advirtió.
En parecidos términos se expresó la presidenta de Balears, Margalida Prohens, que en su intervención subrayó que su comunidad “es una de las aportadoras netas al sistema, por detrás solo de la Comunidad de Madrid, y la novena a la hora de recibir”.
Reglas “homogéneas”
“En el foro en el que hay que hablar de una supuesta condonación de la deuda” es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, “no en Waterloo”. Si se lleva a cabo, añadió, debe ser siguiendo “unas reglas homogéneas” para todas las comunidades.
Lo mismo sucede, reivindicó, con “la mejora del sistema de financiación autonómica”, que según ella perjudica desde hace años a Balears y que en cualquier caso debe “respetar la autonomía fiscal de nuestras comunidades”.
La cántabra Sáenz de Buruaga se unió a este frente. “Detrás de la amnistía vendrá el referéndum” y “el intento de romper el actual modelo de financiación autonómica, la condonación a la carta de la deuda o la exigencia de recaudar los impuestos propios, y por ahí no podemos pasar”.
Si “el Gobierno de España está dispuesto a la quita de la deuda”, advirtió, “tendrá que beneficiar a todos por igual, porque, digámoslo claramente, la deuda de cada región no desaparece, se mete en la mochila que cuelga de la espalda de todos. Insisto: no he dicho que no se beneficie a nadie, sino que se debería beneficiar a todos por igual”.
Aparentemente en contra está el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que además amenaza con ir a los tribunales. Aunque introdujo un matiz en su discurso que le equipara con quienes quieren participar del pastel: “Si hay condonación de deuda solo para algunos será un agravio, especialmente para los que hemos equilibrado nuestras cuentas, e iremos a la vía judicial. También si hay favoritismos específicos en la financiación autonómica”, o para evitar que haya “preferencias en las inversiones”.
División de pareceres
No todos los barones del PP asumieron este discurso, aunque es sabido que algunos lo comparten. El gallego Alfonso Rueda se opuso, sin matices, a cualquier tipo de condonación. Algunos se endeudaron, aseguró sin dar nombres, porque “consideraron que se podía gastar sin ningún problema porque ya se pagaría otra vez entre todos” y “eso nos afecta muy directamente”. Ahora Sánchez está dispuesto “a abonar cantidades astronómicas de supuestas deudas históricas y condonación de deudas, que todos tendremos que pagar”.
Fernando López Miras, el presidente de la Región de Murcia, fue más allá. Según él, “además de amnistía, sabemos que se les irá cediendo financiación vía presupuestos, condonación de la deuda, que pagaremos todos, y el establecimiento de un cupo ala vasca para Cataluña”. El barón murciano no reclamó esta vez una quita parea su comunidad, aunque es público que su gobierno se lo ha puesto como objetivo: “Tenemos que exigir al presidente y a la ministra de Hacienda en funciones que planteen de una vez una solución seria y responsable para la deuda injusta que está generando a las comunidades infrafinanciadas y en particular a la Región de Murcia, que lleva 20 años recibiendo menos recursos de los que le corresponde”, ha defendido su consejero de Economía hace apenas dos semanas.
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Entre quienes se opusieron sin reservas estuvieron también los presidentes de Aragón (Jorge Azcón), Extremadura (María Guardiola) y el vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, cuyo socio de gobierno, Coalición Canaria, arrancó hace un mes a Feijóo un compromiso bilateral de financiación que supone una enmienda a la totalidad al llamamiento general a una negociación entre todos en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Gonzalo Capellán, el presidente de La Rioja, no habló de deuda financiera, pero sí de “deuda histórica” en materia de inversiones en infraestructuras. Y reclamó su pago, porque, dijo, “socava realmente la igualdad de todos los españoles”.
Ayuso, contraria a cualquier condonación, esta vez ni siquiera lo mencionó. La presidenta de Madrid acudió al Senado a hablar de amnistía y autodeterminación y se mantuvo fiel a su propio guion.
Los presidentes de Andalucía (Juanma Moreno), Balears (Margalida Prohens), Cantabria (María José Sáenz de Buruaga) y Castilla y León (Alfonso Fernández Mañueco) se unieron este jueves en el Senado a su homólogo en la Comunitat Valenciana (Carlos Mazón) al reivindicar una negociación con todas las comunidades autónomas para llevar a cabo una condonación de la deuda que acumulan sus respectivos territorios. Son cinco presidentes a los que habría que sumar el de Murcia (Fernando López Miras), cuyo gobierno también defiende una solución para la deuda acumulada aunque él mismo haya optado por evitar este asunto durante su intervención en la Cámara Alta.