Una reunión conjunta de las Mesas de Congreso y Senado dio luz verde este jueves, 1 de octubre, con el único voto en contra de Vox, al Código de Conducta de las Cortes Generales. El documento [aquí, en PDF], que pretende dar respuesta a las demandas del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), el órgano del Consejo de Europa que se encarga de la supervisión de la lucha contra la corrupción, afectará por igual a diputados y senadores. Hasta la fecha, sólo había un código de este tipo para la Cámara Baja, aprobado en febrero de 2019 cuando la presidenta del Congreso era Ana Pastor (Partido Popular). Y hace más de un año se decidió que las Mesas de ambas Cámaras trabajasen para construir un texto conjunto. Mucho se parece el texto resultante a aquel de la etapa de la exministra de Sanidad de Mariano Rajoy al frente del Congreso, aunque hay algunas cuestiones que has desaparecido y otras que se han matizado o concretado.
Entre las cuestiones que han desaparecido del texto que entrará en vigor en breve es la de la función verificadora de la Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes Generales, un órgano de nueva creación. Su misión será la de resolver las dudas de interpretación que genere este código. Pero, a diferencia de lo que contemplaba el documento que estaba en vigor sólo para el Congreso, ahora no tendrá "funciones de comprobación de la veracidad del contenido de las declaraciones incluidas en el registro de intereses".
En la práctica, esto implica que como ha ocurrido hasta ahora, las Cámaras no harán ningún tipo de control sobre si la información que diputados y senadores vuelcan en sus declaraciones de bienes, actividades y, a partir de ahora la de intereses, se corresponde con la realidad. Serán los propios parlamentarios los que se responsabilicen de que la información que facilitan se corresponde con la realidad.
"Cada parlamentario se responsabilizará de la veracidad, exactitud y actualidad de la información publicada", puede leerse. "Las Cámaras sólo responderán de la información facilitada por los parlamentarios y publicada de manera oficial en sus correspondientes páginas web", se recoge en otro de los apartados.
Ya cuando se redactó el código en la etapa de Ana Pastor se debatió si debía incluirse esta cuestión sobre el control de la veracidad de las declaraciones. Se puso sobre la mesa que este tipo de trabajos requiere de unos recursos humanos que la Cámara no tenía y que la labor de comprobación es bastante compleja. En esta ocasión, los letrados de las Cortes han optado por que no figure ese compromiso.
Como norma general, en los últimos años han sido investigaciones periodísticas las han destapado lagunas, omisiones y falsedades en la información de diputados y senadores ponen a disposición de las Cámaras en el momento de asumir los escaños.
En el caso de la declaración de intereses económicos, que será pública en las páginas web de Congreso y Senado, como las de actividades y bienes y rentas, los diputados y senadores disponen hasta el mes de febrero para presentarla.
Los detalles
El código implica que sus señorías entreguen en el Congreso un documento, llamado "Declaración de intereses económicos". Contiene cuatro apartados: actividades, donaciones y obsequios y fundaciones y otras asociaciones.
Respecto al primer apartado, en el documento deben figurar "las actividades desarrolladas en los cinco años anteriores a la obtención del mandato parlamentario y que puedan condicionar su actividad política o le hayan proporcionado ingresos económicos". "Cuando se trate de actividades por cuenta ajena se deberá precisar el nombre del empleador y el sector de su actividad. En todo caso se atenderá a la normativa de protección de datos personales", figura en el citado código.
Asimismo, deben reflejar las donaciones, obsequios y beneficios no remunerados de cualquier naturaleza que haya obtenido para sí en los cinco años anteriores al inicio del mandato parlamentario. Y "las fundaciones y otras asociaciones a las que haya contribuido en los cinco años anteriores a la adquisición de la condición de parlamentario, o siga contribuyendo en la actualidad, económicamente o mediante la prestación de servicios no remunerados".
Regalos: 150 euros de tope
Respecto a los regalos, los miembros de las Cortes Generales "se abstendrán de aceptar, en beneficio propio o de su entorno familiar, obsequios o regalos de valor, favores, servicios, invitaciones o viajes que les sean ofrecidos por razón de su cargo o que puedan ser razonablemente percibidos como un intento de influir en su conducta como parlamentarios". "Se entiende incluido en el apartado anterior aquel regalo, obsequio o beneficio similar que tenga un valor estimado superior a 150 euros", refleja el código.
Agenda, datos biográficos y 'lobbies'
Las páginas web de ambas instituciones publicarán, además, "una breve reseña de los datos biográficos personales, académicos y profesionales de los miembros de las Cortes Generales".
Además, deberán hacer pública su agenda institucional en el correspondiente Portal de Transparencia, incluyendo en todo caso las reuniones mantenidas con los representantes de cualquier entidad que tenga la condición de grupo de interés.
Mientras no se produzca la reforma de los Reglamentos para regular el registro y la actividad de los grupos de interés en las Cámaras, "tendrán la consideración de grupo de interés, lobby o lobistalobby , aquellas personas físicas o jurídicas o entidades sin personalidad jurídica que se comuniquen de forma directa o indirecta con titulares de cargos públicos o electos o personal a su cargo en favor de intereses privados, públicos, particulares o colectivos, intentando modificar o influir sobre cuestiones relacionadas con la elaboración o la modificación de iniciativas legislativas", refleja el texto al que sus señorías tendrán que adaptarse, como tarde, el próximo febrero.
El PP retrasa la aprobación de un código de conducta para parlamentarios muy similar al redactado cuando Pastor presidía el Congreso
Acatamiento de la Constitución
El texto definitivo, que entrará en vigor en cuanto se publique en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, vuelve a incluir el "acatamiento y respeto a la Constitución" que desapareció de los primeros borradores.
Para el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, la inclusión de ese acatamiento a la Constitución era "una condición imprescindible" para que su partido votase a favor. Los servicios jurídicos de las Cámaras no veían necesaria esa precisión puesto que los reglamentos de Congreso y Senado, que se consideran de rango superior a estos códigos, ya incluyen la cuestión de acatamiento.
Una reunión conjunta de las Mesas de Congreso y Senado dio luz verde este jueves, 1 de octubre, con el único voto en contra de Vox, al Código de Conducta de las Cortes Generales. El documento [aquí, en PDF], que pretende dar respuesta a las demandas del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), el órgano del Consejo de Europa que se encarga de la supervisión de la lucha contra la corrupción, afectará por igual a diputados y senadores. Hasta la fecha, sólo había un código de este tipo para la Cámara Baja, aprobado en febrero de 2019 cuando la presidenta del Congreso era Ana Pastor (Partido Popular). Y hace más de un año se decidió que las Mesas de ambas Cámaras trabajasen para construir un texto conjunto. Mucho se parece el texto resultante a aquel de la etapa de la exministra de Sanidad de Mariano Rajoy al frente del Congreso, aunque hay algunas cuestiones que has desaparecido y otras que se han matizado o concretado.