La última vez que los delegados del PSC y de Esquerra se reunieron en sus respectivos congresos para debatir y aprobar la estrategia política de cada uno de los dos partidos corrían otros tiempos.
El 27º Congreso de ERC se celebró en julio de 2015, justo antes de las elecciones plebiscitarias que activaron el procés y coincidió con la decisión de los republicanos de presentar listas conjuntas con la antigua CDC de Artur Mas —cuyos restos sobreviven hoy con diferentes fórmulas debajo del paraguas de Junts per Catalunya—. El XIII Congreso de los socialistas catalanes, a su vez, tuvo lugar un año después, en noviembre de 2016, en pleno terremoto interno en el PSOE después de que la vieja guardia del partido defenestrase a Pedro Sánchez para cortar de raíz cualquier tentación de llegar a acuerdos con Unidas Podemos y con los independentistas catalanes.
En ambos casos todavía no había tenido lugar el referéndum del 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración de independencia que puso patas arriba la política catalana y que, desde entonces, bloquea la legislatura española al dificultar la formación de mayorías. Iceta, y el PSC en general, no gozaba de la simpatía de la dirección del PSOE —controlada entonces por la gestora que decidió facilitar la investidura de Mariano Rajoy—. Junqueras era un hombre libre, a punto de convertirse en vicepresident del Govern destinado a dar el último impulso al procés independentista.
Ahora, Junqueras e Iceta siguen al frente de sus respectivas organizaciones y se disponen estos días a someter a la aprobación de sus partidos la estrategia con la que deben enfrentar el incierto futuro de la política catalana, tensionada por el enfrentamiento entre independentistas y no independentistas y por el debate abierto en el seno del soberanismo en relación con el bloqueo institucional en España.
PSC: más cerca de Ferraz
El PSC zanjará este fin de semana su congreso y Esquerra hará lo propio dentro de siete días. La cita de los socialistas catalanes se prevé plácida: el primer secretario ni siquiera tendrá rivales, lo que no ocurrió en los dos congreso anteriores, y salvada alguna polémica en torno a la inmersión lingüística, la ponencia política que saldrá aprobada mantiene en toda su extensión la identidad federalista y catalanista del partido.
Hace tres años, en el XIII Congreso, el PSC estaba todavía sanando las heridas de la ruptura interna que supuso abandonar la defensa del derecho a decidir. La ponencia política oficial de entonces tuvo que ser modificada para eliminar del redactado una alusión a la vía canadiense para encauzar el independentismo quebequés. El primer borrador defendía una reforma constitucional federal pero añadía que, en caso de que los catalanes la rechazaran, se deberían plantear instrumentos democráticos alternativos como, “por ejemplo, una ley de claridad como la canadiense”. El texto final, el que se sometió a debate y fue finalmente aprobado, no decía nada eso y afirmaba, tajante: “En cualquier circunstancia, el PSC defenderá un planteamiento federal y democrático buscando un acuerdo que la ciudadanía pueda ratificar en un referéndum”.
Ya entonces el PSC apostaba por una alianza con el partido de izquierdas que preparaba Ada Colau y que hoy conocemos como Catalunya en Comú. Una posibilidad que está más cerca que nunca, al menos en términos poselectorales, gracias al preacuerdo firmado por PSOE y Unidas Podemos para gobernar juntos los próximos cuatro años si Pedro Sánchez consigue superar la investidura que le acaba de encargar el jefe del Estado.
La ponencia que los socialistas catalanes debaten este fin de semana defiende una reforma federal de la Constitución y la condición de Cataluña como "nación", pero ha podado algunas expresiones de 2016 como que la modificación diese a las Comunidades Autónomas la posibilidad de denominarse Estados y el nuevo Estatut pudiese ser considerado como la Constitución de Cataluña, emulando así el modelo de los Estados Unidos.
Hoy las relaciones con la Ejecutiva Federal son excelentes —ambos partidos coordinan estrechamente su estrategia para Cataluña desde la vuelta de Sánchez a la Secretaría General, y le dieron incluso forma de documento oficial en la llamada Declaración de Barcelona (2017)— pero hace tres años planeaba incluso la amenaza de una ruptura. Los diputados del PSC en el Congreso se negaron a acatar la disciplina de voto y rechazaron la investidura de Rajoy. El malestar era tan elevado que Ferraz ni siquiera envió representación a aquel congreso —esta vez acudirán la vicepresidenta Carmen Calvo y el secretario de Organización, José Luis Ábalos— .
La estrategia del PSC para los próximos años, de acuerdo con la ponencia que se debate este fin de semana, apuesta por “la negociación y el pacto; la voluntad de diálogo y de acuerdo serán los que permitirán alcanzar mayores cotas de autogobierno (empezando por la mejora de su financiación) y de reconocimiento político para Cataluña. Primero entre catalanes y luego con el resto de españoles. Esto significa más política de verdad y menos forzar la legalidad empujándonos a la judicialización o pidiendo la aplicación fraudulenta de un artículo 155 de la Constitución española perpetuo y general. Esto significa querer llegar a un acuerdo para después votarlo, es decir tener por horizonte votar un acuerdo y no un desacuerdo”. Una tesis que coincide, punto por punto, con la propuesta que defiende el propio Sánchez.
Y defiende una “España federal” cuyas líneas maestras pasen “por más Cataluña en España y más España en Cataluña. La España federal lo permitiría aumentando el cogobierno y la corresponsabilidad por parte de todas las CCAA y visualizando su pluriculturalidad (Ley de pluralidad lingüística...) y facilitando la implicación de las instituciones españolas en el futuro de Cataluña (capitalidad de Barcelona, infraestructuras...). Cambiar reglas (distribución de competencias), recursos (modelo de financiación de las administraciones), representación (Senado territorial) y reconocimiento (pluralidad nacional) es nuestra propuesta para una España federal”, explica la ponencia.
El PSC declara que quiere convertirse a partir de ahora en “el partido del diálogo y la reconciliación, el partido dispuesto a los acuerdos transversales que, sin renunciar a sus postulados básicos, pueda obtener con todas las demás fuerzas políticas del país”.
Y ahí está una de las claves estratégicas del PSC para los próximos años: reafirma que “el camino unilateral independentista ha fracasado” pero, a diferencia de lo ocurrido en 2016, ya no descarta expresamente la posibilidad de un acercamiento a Esquerra para construir alianzas que impulsen políticas de izquierdas que dependen, en gran medida, de que la negociación para la investidura de Sánchez acabe dando frutos.
Iceta fue claro este vienres en la apertura del congreso, en la que pidió la abstención de ERC en la investidura de Pedro Sánchez y aseguró que los socialistas catalanes están dispuestos a todo, incluso a “morderse la lengua” para que el acuerdo entre socialistas y republicanos llegue a buen puerto. “Haremos lo que haga falta, incluso a veces nos morderemos la lengua, pero queremos que el PSOE y, especialmente Pedro Sánchez, sepa que tiene detrás, al lado, donde sea necesario al PSC empujando en la misma dirección”.
ERC: apuesta por la acumulación de fuerzas
Las cosas en Esquerra también han cambiado mucho. Su líder, Oriol Junqueras, tendrá que seguir el congreso del próximo fin de semana desde la prisión de Lledoners (Barcelona), en la que cumple una condena de 13 años de cárcel por sedición y malversación, delitos a los que fue condenado en septiembre por el Tribunal Supremo en el marco de proceso abierto en torno a la declaración unilateral de independencia de 2017.
Hace cuatro años, los republicanos celebraron su asamblea en un ambiente muy distinto. Acababan de cerrar el acuerdo con Artur Mas y las entidades soberanistas para presentarse juntos a las elecciones "plebiscitarias" del 27S con la intención declarada de que, si las ganaban, impulsarían el procés independentista que culminó dos años después con el referéndum del 1 de octubre.
Los republicanos no eran partidarios originalmente de esta alianza, pero acabaron accedieron a una coalición con el objetivo de maximizar los votos del soberanismo. Cuatro años después ratificarán implícitamente su fracaso al reafirmar la estrategia en solitario que ya defendió Junqueras en diciembre de 2017 a pesar de los reiterados intentos de Carles Puigdemont de repetir candidaturas conjuntas.
“La reconstrucción de la unidad estratégica es imprescindible para seguir avanzando”, sostiene el nuevo documento político de ERC, pero “conviene seguir insistiendo en que la unidad estratégica no es la unidad electoral”. La “reiterada confusión de los dos términos (…) no ha favorecido facilitar un clima proclive para forjar grandes acuerdos estratégicos”.
No es la única crítica velada que la ponencia republicana dirige a sus todavía socios de gobierno. “La experiencia demuestra” que el reto de que el Govern de Cataluña contribuya “a superar la contradicción entre la actuación institucional en un marco jurídico aún autonómico y la voluntad de alcanzar la República Catalana” no se puede conjurar “con gesticulación excesiva y retórica inflamada”, sino “mediante el desarrollo de políticas públicas nacionalmente ambiciosas”.
La actualización de la estrategia de Esquerra para los próximos años reemplaza la apuesta por la vía unilateral —que en 2015 era el eje de procés— por el reconocimiento de su fracaso y la defensa de una política de acumulación de fuerzas que amplíe cada vez más el campo soberanista y acabe haciendo inevitable la independencia, lo que significa ampliar el aproximadamente 45% que actualmente ocupa el independentismo en la sociedad catalana hasta hacerlo hegemónico.
Es una adaptación estratégica, en palabras de una de la dirigentes más significadas de la dirección republicana, Marta Vilalta, basada en el convencimiento de que es necesario “ir trazando el camino en base al contexto en el que te encuentras cada momento” con la intención de “seguir sumando gente y fuerza”. “Cuantos más seamos, más capacidad tendremos de forzar al Estado a dar respuesta a esta vía política y de garantía del ejercicio de la autodeterminación y la amnistía para llegar a la República”, declaró esta semana.
La ponencia de 2015 descansaba sobre la voluntad de “asegurar el desarrollo de la hoja de ruta unitaria hacia la independencia y, por tanto”, su “declaración y ejercicio unilaterales”, tal y como acabó sucediendo en octubre de 2017. La ponencia que se debatirá el próximo fin de semana en muy diferenteponencia. Es verdad que no descarta la posibilidad de un nuevo intento de declaración unilateral de independencia, pero esta vez antepone dos opciones que de algún modo alimentan las negociaciones que los de Junqueras han iniciado con el PSOE de Pedro Sánchez.
Iceta: "Quiero ser el próximo presidente de Cataluña"
La primera, buscar un referéndum negociado y pactado con el Gobierno de España a pesar de “ser conscientes” de que este escenario “hoy por hoy es imposible”. La segunda, “forzar la convocatoria del referéndum” haciendo que el Estado español “no tenga otra alternativa que pactar una solución democrática basada en la autodeterminación” mediante acciones de “movilización constante y desobediencia civil” a la vez que favoreciendo “grandes consensos” y “complicidades internacionales”.
Esquerra apuesta por la defensa de las instituciones catalanes —el Parlament y el Govern— para construir desde ellas “una solución democrática basada en el diálogo”. La construcción de “mayorías más amplias”, subraya la ponencia que regirá la estrategia republicana durante los próximo años, “exige un comportamiento basado en la asunción de la realidad y en la responsabilidad. Por ello es necesario actuar con el objetivo de acumular fuerzas, un discurso que ha topado con la incomprensión de otros sectores del independentismo en la incapacidad de interpretar de manera correcta la complejidad y heterogeneidad sociológica de la sociedad catalana, sometida al mismo tiempo a un creciente estado de tensión emocional”.
El documento asegura que “el antagonismo entre los defensores de la autodeterminación y los que no lo reconocen sólo podrá superarse si se asume que cualquier hipotética solución para ser efectiva deberá partir de la premisa de que no se puede excluir a ninguna de las partes”. “Corresponderá, pues, al independentismo comprometerse a garantizar y no bloquear las iniciativas del catalanismo no independentista, de igual manera que en justa correspondencia y por razones de radicalidad democrática, habrá que exigirles una actuación idéntica hacia la opción independentista. En definitiva, diálogo, también entre las fuerzas políticas catalanas, negociación y acuerdos de carácter bilateral entre Cataluña y España”, una posición que coincide casi exactamente con la que reclaman desde hace años el PSC y Pedro Sánchez: diálogo también entre catalanes, independentistas y no independentistas.
La última vez que los delegados del PSC y de Esquerra se reunieron en sus respectivos congresos para debatir y aprobar la estrategia política de cada uno de los dos partidos corrían otros tiempos.