El desembarco de Alberto Ruiz-Gallardón en el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, puesto por el que se embolsará un sueldo vitalicio de 8.500 euros brutos al mes, ha reabierto el debate sobre la función de estos órganos que equivalen en las autonomías al Consejo de Estado y que tienen como función dictaminar, a través de informes no vinculantes, si una decisión de un Ejecutivo regional se ajusta o no a la ley. La utilidad de estos organismos se viene cuestionando en los últimos años por formaciones como IU y UPyD, que consideran que constituyen una forma más de perpetuar privilegios y que su actividad no está justificada.
Cantabria es la única autonomía que, a día de hoy, no cuenta con un órgano asesor de este tipo. En su discurso de investidura, la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal se refirió a los consejos consultivos como "excesos irracionales" y prometió que iba a acabar con ellos. Han pasado ya más de tres años desde entonces y por el momento no ha llevado a cabo su compromiso. Su opinión al respecto también parece haberse suavizado. De hecho, en junio de de este año agradeció la labor “callada, pausada y constante” de este órgano en su tarea de velar por el cumplimiento de la legalidad. En plan para reducir la Administración elaborado por el Gobierno de Mariano Rajoy también definía a los consejos consultivos como unos de los “órganos auxiliares” llamados a desaparecer. Nada más se ha sabido desde entonces.
Entre los sectores que critican la existencia de este tipo de organismos los argumentos más utilizados son, por un lado, el desembolso económico que suponen. Y, por otro, el hecho de que en algunos casos se hayan convertido en el retiro perfecto para excargos públicos que se garantizan unos ingresos mensuales nada desdeñables por asistir a una reunión por semana. Algunos nombramientos no han estado exentos de polémica. Es el caso, por ejemplo, del expresident Francisco Camps. Aunque hay otros exjefes de Ejecutivos autonómicos que forman parte de estos consejos. Es el caso de los gallegos Emilio Pérez Touriño, Xerardo Fernández Albor y Fernando González Laxe.
¿Cuánto cuestan?
La principal crítica que se hace de este tipo de organismos es el desembolso de dinero que suponen para las arcas públicas. Especialmente en un momento de grandes restricciones económicas y recortes en servicios y prestaciones públicas. Según cálculos de infoLibre,en conjunto, las comunidades dedican cada año más de 20 millones anuales a sufragar los consejos consultivos. No obstante, hay diferencias sustanciales entre unas autonomías y otras. El que más gasto supone para el erario público es el de la Comunidad de Madrid. La memoria de 2013 recoge que ese año se destinaron a su funcionamiento 4,3 millones de euros.
Con presupuestos que rozan o superan los tres millones de euros anuales funcionan los de Cataluña (3,07 millones), Andalucía (3,34 millones) o la Comunitat Valenciana (2,97 millones). Por encima del millón los de Castilla-La Mancha (1,4 millones), Asturias (1,3 millones) o Extremadura (1,24 millones). Mientras, los de otras comunidades tienen dotaciones bastante menores, como es el caso de los consejos de Canarias (500.000 euros), Navarra (470.000 euros), La Rioja (359.000 euros) o Aragón (302.309 euros).
El caso de Cataluña es especial porque esta comunidad cuenta con dos organismos consultivos de este tipo. Se trata de la Comisión Jurídica Asesora, que trabaja para la Generalitat (tuvo para 2014 un total de 2,6 millones de presupuesto). Y el Consejo de Garantías Estatutarias, que resuelve dudas y conflictos planteados por Parlament y ayuntamientos.
Estas cantidades de dinero se utilizan para pagar el sueldo de los consejeros (presidente y vocales) así como de los funcionarios y otro tipo de contratados públicos que trabajan en estos órganos. El de Asturias, por ejemplo, tenía en 2013 un total de 25 empleados, de los que seis eran altos cargos. El de Madrid estaba compuesto ese mismo año por once altos cargos. Además los consejeros están asistidos por seis letrados y por personal de secretaría. Y hay otras 14 personas dedicadas a las tareas de administración de personal, gestión económica, biblioteca, documentación, archivo, registro de documentos o apoyo administrativo. La plantilla del consejo andaluz es de cuarenta personas a los que hay que sumar el presidente, el secretario general, seis consejeros con dedicación exclusiva y otros cinco consejeros natos.
¿Quiénes loS forman?
Otro punto polémico es el de quiénes forman parte de estos órganos consultivos. Las diferentes normas autonómicas no guardan criterios similares ni en cuanto al número de consejeros ni en cuanto al currículo que tienen que tener. Las leyes de Aragón, Extremadura, La Rioja, Andalucía o Baleares reservan puestos entre sus miembros a "juristas de reconocido prestigio con más de diez años de experiencia profesional". Pero es habitual que se reserven también asientos a políticos, pues los nombramientos se reparten entre los elaborados por el presidente autonómico, por el Gobierno regional o por el Parlamento.
Ignacio Astarloa, exdiputado nacional del PP, fue nombrado en abril de 2014 presidente del Consejo Consultivo de Madrid. De los ocho miembros que tenía esta institución hasta la llegada de Gallardón sólo había dos claramente vinculados al mundo de la judicatura. De este órgano madrileño forman parte Joaquín Leguina, que mantiene su cargo de consejero nato como expresidente de la comunidad –cargo al que renunció Esperanza Aguirre–, la exministra Cristina Alberdi, un exdiputado del PP, un exconsejero socialista de Sanidad y hasta el secretario general del Club Financiero Génova.
En el Consejo Consultivo de Castilla y León, por ejemplo, solo hay un consejero con trayectoria únicamente jurídica. Se trata de Fernando Rey, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid. Los otros tres han pasado por la política. El presidente es el exalcalde de León Mario Amilivia, que tiene una dilatada trayectoria como diputado nacional, regional y senador y que ha tenido puestos de responsabilidad en la dirección del PP castellanoleonés. Le acompañan Ángel Velasco Rodríguez y José Constantino Nalda (fue presidente de la Junta de Castilla y León entre 1986 y 1987, además de otros cargos), ambos vinculados al PSOE.
Pero hay más expresidentes en estos consejos. Uno de los nombramientos más polémicos fue el de Francisco Camps, que fichó por el de la Comunitat Valenciana tras dimitir como presidente de la Generalitat. Sirviéndose así de las ventajas que le otorga la ley se aseguró tener durante 15 años un sueldo público además del trabajo de un chófer y un secretario particular. Algo similar ocurre en Galicia, donde los expresidentes Emilio Pérez Touriño, Xerardo Fernández Albor y Fernando González Laxe forman parte del Consello Consultivo de Galicia como conselleiros natos.
Los salarios que ganan sus miembros varían dependiendo de si ejercen o no la presidencia aunque en todos los casos superan los 60.000 euros anuales. En Galicia, por ejemplo, el presidente cobra 5.185 euros mensuales y los consejeros, 4.888. Tampoco hay un patrón común sobre el número de consejeros que deben formar este órgano. Las cifras son dispares. Por ejemplo, en Castilla y León los miembros son cuatro y en Andalucía, 14.
¿cuáles son sus funciones?
Camps le dio al juez un móvil del Consejo Consultivo, que no está operativo en fin de semana
Estos consejos consultivos están al servicio de las administraciones públicas de la comunidad autónoma y tienen como fin último velar por la legalidad de sus actos y disposiciones. Actúan, por tanto, a instancia de las autoridades autonómicas o de las entidades locales y reproducen las funciones del Consejo de Estado de control de la constitucionalidad y adecuación a la legislación vigente de las nuevas leyes.
Sin embargo, no suelen ser los consejeros los que redactan los documentos, pues para eso cuentan con la asistencia de letrados especializados que son funcionarios. Su tarea suele consistir en la asistencia a reuniones semanales en las que revisan y votan los textos que previamente han redactado los profesionales que trabajan en estos órganos. Ellos son los que examinan leyes y sentencias, buscan jurisprudencia y redactan los documentos. Al menos así ocurre en los consejos que cuentan con más expolíticos y menos personas con trayectorias jurídicas reconocidas.
El volumen de actividad, por lo general, es extenso. Aunque hay diferencias reseñables entre autonomías. En Andalucía el consejo consultivo elaboró en 2012 (última memoria publicada) 1.076 dictámenes. En Euskadi el año pasado fueron 197; en Madrid, 657; en Aragón, 250;
El desembarco de Alberto Ruiz-Gallardón en el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, puesto por el que se embolsará un sueldo vitalicio de 8.500 euros brutos al mes, ha reabierto el debate sobre la función de estos órganos que equivalen en las autonomías al Consejo de Estado y que tienen como función dictaminar, a través de informes no vinculantes, si una decisión de un Ejecutivo regional se ajusta o no a la ley. La utilidad de estos organismos se viene cuestionando en los últimos años por formaciones como IU y UPyD, que consideran que constituyen una forma más de perpetuar privilegios y que su actividad no está justificada.