Los conservadores del CGPJ bloquean la renovación de dos puestos clave en el TS que ahora ocupan jueces afines
Una situación cuando menos alegal mantiene paralizados dos nombramientos en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los vocales a propuesta del PP han conseguido por la vía de los hechos que sus dos candidatos a presidir dos salas clave del Tribunal Supremo ocupen ya esos puestos. Sin que el órgano de gobierno de los jueces los haya nombrado. Se trata de la Sala de lo Penal, la que tiene la última palabra en todas las causas penales e investiga a políticos y altos cargos (en este momento mantiene imputado al fiscal general). Y también la de lo Contencioso-Administrativo, la que resuelve los recursos contra los actos del Gobierno y el resto de administraciones y puede hacer caer sus decretos y nombramientos. La misma que puede anular los actos del propio Consejo.
Los trámites previos para el nombramiento de las presidencias de cuatro de las cinco salas del máximo órgano judicial —también la de la Sala de lo Civil y la de lo Social— ya están concluidos. Solo falta la votación de los nombramientos. A la de lo Civil concurre un solo candidato, el conservador Ignacio Sancho que, en caso de que hubiera acuerdo, se quedaría la plaza con toda seguridad. A la de lo Penal concurren la progresista Ana Ferrer (Juezas y Jueces para la Democracia) y el conservador Andrés Martínez Arrieta (de la moderada Francisco de Vitoria). En la de lo Contencioso también hay dos candidaturas, la de la progresista Pilar Teso y el apoyado por los conservadores Pablo Lucas. Por último, para la de lo social, pugnan la progresista Concepción Ureste y el conservador Juan Molins.
En tres de esas cuatro salas (Civil, Penal y Contencioso) ya están al frente los candidatos conservadores por la vía de los hechos. Accedieron a esos cargos en funciones al tratarse de los magistrados más antiguos de cada una de ellas hasta que el Consejo desbloquee los nombramientos de sus ocupantes legítimos. Pero los vocales a propuesta del PP no tienen ningún incentivo para sentarse a negociar y rechazan sistemáticamente las propuestas de sus compañeros propuestos por el PSOE y Sumar. La última vez, este mismo lunes, cuando el negociador conservador se levantó la mesa en cuanto los progresistas le entregaron su propuesta por escrito. Los conservadores no quieren dejar de controlar las presidencias más importantes, la de lo Penal y la de lo Contencioso. El marco en el que tendría que producirse las conversaciones entre ambas sensibilidades no les gusta.
En primer lugar, porque parten con la desventaja de que, al tener la seguridad de que ganarán la presidencia de la Sala de lo Civil, a la que solo opta solo su candidato, tendrán que ceder dos de las restantes presidencias —Penal, Contencioso o Social— a los progresistas. Estos ya han transmitido que, al menos en una de las dos más importantes —Penal o Contencioso— quieren a uno de sus aspirantes. Arrieta y Lucas, los candidatos de los vocales a propuesta del PP –los presidentes en funciones de ambas– se jubilarán en 2025 al alcanzar los 72 años, por lo que podrían permanecer en el cargo hasta entonces sean o no nombrados formalmente. Para designar a sus sustitutos se necesita una mayoría de tres quintos, es decir, el voto de 13 de los 21 integrantes del Consejo.
Tampoco gusta a los conservadores el criterio de aplicación de la ley de paridad aprobado por la Comisión de Igualdad del Consejo, que obliga a que al menos la mitad de las presidencias sean ocupadas por mujeres. La de lo Civil la dan por segura con su candidato masculino Ignacio Sancho. Para las demás, también han propuesto a hombres, lo que los pone en desventaja respecto a los progresistas, que defienden candidaturas de mujeres (Ana Ferrer, Pilar Teso y Concepción Ureste). Con estas mimbres, los progresistas se conformarían con una de las presidencias importantes y la de lo Social, aunque también podrían optar a las de lo Penal y lo Contencioso y ceder a los conservadores la de lo Social.
Estos últimos, sin embargo, se cierran en banda. Ferrer no les gusta porque se pronunció en contra de la decisión de no aplicar la ley de amnistía a los líderes del procés y redactó un voto particular en el que acusó a sus compañeros de no querer aplicar una ley legítimamente aprobada por el Parlamento. A Teso la descartan por considerarla "la candidata del Gobierno". Fuentes progresistas explican que solo han pedido a los conservadores que se sienten a analizar juntos los currículos y programas de actuación de cada uno de los aspirantes. Consideran que tanto el de Ferrer como el de Teso son objetivamente mejores que los de sus contrincantes, Arrieta y Lucas.
El pasado diciembre, los progresistas anunciaron que no negociarían ningún nombramiento más hasta que los conservadores desbloquearan las presidencias del TS y volvieran a la mesa de negociación, lo que algunos de los miembros de ese sector consideran "una jugada de mala fe" o que "roza el fraude de ley". Sin embargo, el 30 de enero, en un gesto de buena voluntad, designaron conjuntamente a 21 magistrados del Supremo, el más afectado por el bloqueo al que el PP sometió al órgano de gobierno de los jueces durante más de cinco años. El pasado miércoles, sin embargo, se retiraron a última hora del Pleno una treintena de designaciones, entre ellas las de la presidencia de la Audiencia Nacional y la de tres de sus salas. Los progresistas sí estaban dispuestos a sacar adelante ocho vacantes de tribunales militares, pero los conservadores rompieron la baraja y rechazaron nombrar a nadie.
