Conservadores y progresistas llevan al límite su pulso por la presidencia del CGPJ

Tampoco el cuarto intento ha sido el bueno. Los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial han sido incapaces de ponerse de acuerdo sobre la persona que presidirá el órgano durante los próximos cinco años. El desencuentro se produce en pleno tic tac para el acto de apertura del año judicial, que se celebrará el próximo jueves en presencia del rey. Los consejeros conservadores y progresistas se habían conjurado para lograr un pacto pero los propuestos por el PP han propuesto reiniciar el proceso seleccionando nuevos candidatos lo que supondrá comenzar de cero el proceso. Sin embargo, fuentes del Consejo creen que el pacto es inminente. Tras horas de negociaciones previas al Pleno, sus miembros se han reunido casi a las seis de la tarde para salir del encuentro otra vez sin pacto. En un nombramiento que requiere 12 votos se ha vuelto a producir un empate entre la conservadora Carmen Lamela y la progresista Ana Ferrer. El Pleno se reunirá otra vez este martes a las 10.00 con la propuesta conservadora de que sea la magistrada del Supremo Isabel Perelló.

Desde el tercer intento, el 5 de agosto, los vocales de ambas sensibilidades habían decidido no volver a votar hasta que la negociación no avanzara. En los últimos días de agosto, ya con el acto solemne con el monarca a la vista, se intensificaron los contactos. La idea era no solo negociar la presidencia, sino también otros órganos importantes del gobierno de los jueces como el Promotor de la acción disciplinaria, la llave de todas las investigaciones contra jueces, o el secretario general, que controla el presupuesto e interviene en los nombramientos, el régimen jurídico de jueces y magistrados y los refuerzos necesarios en juzgados y tribunales con voz aunque sin voto. También la de acordar un programa a cinco años para recuperar la credibilidad del órgano.

En las últimas semanas, los vocales del sector conservador habían aceptado la exigencia de los progresistas de nombrar a una mujer. Los vocales a propuesta del PSOE y Sumar mantienen que en caso no serlo, el nombramiento podría vulnerar la nueva ley de paridad, que entró en vigor el pasado 28 de agosto y obliga a respetar la ratio entre sexos del 60%-40%. En caso de que fuera un hombre, estos quedarían representados por encima del umbral legal. De los 20 vocales nombrados en el pacto entre PSOE y PP del pasado 20 de junio, 12 son hombres y ocho mujeres. El CGPJ está compuesto por los 20 consejeros y su presidente o presidenta, según la Constitución, por lo que solo una mujer más mantendría la composición del órgano en esa horquilla. Fuentes del órgano de gobierno de los jueces consideran que, en caso contrario, la designación de un presidente podría haber sido recurrida ante la Sala de lo Contenicioso del Supremo.

Los conservadores habían apoyado en las tres ocasiones anteriores como un solo hombre al magistrado de la Sala de lo Contencioso del Supremo Pablo Lucas que, junto con su compañera de tribunal, Pilar Teso, propuesta por los progresistas, eran hasta ahora los favoritos. Al ceder en que sea finalmente una mujer, los vocales a propuesta del PP propusieron el nombre de Carmen Lamela, miembro de la Sala de lo Penal, pero los de propuesta socialista consideran que su currículum y antigüedad es muy inferior al de otra de sus candidatas, su compañera de Sala Ana Ferrer, la única integrante progresista del tribunal del procés, miembro permanente de la Sección de Codificación del Ministerio de Justicia y que forma parte de la progresista Juezas y Jueces para la Democracia. Durante el pleno de este lunes, los consejeros han ido descartando candidatos y candidatas en sucesivas votaciones hasta quedarse con los nombres de Lamela y Ferrer, que han recibido 10 apoyos cada una.

Esta tarde, los vocales comenzaron el Pleno sin acuerdo y con la propuesta de los conservadores de abrir la nómina de candidatos a otros nombres, lo que finalmente fue aceptado por los progresistas. El paso supone volver al punto de partida de la primera reunión, mantenida el 31 de julio. En ese encuentro, los conservadores propusieron, además de a Lucas, al magistrado de lo Penal Antonio del Moral, Carmen Lamela y Esperanza Córdoba. Los progresistas, por su parte, pusieron sobre la mesa los nombres de Teso, Ferrer y la también magistrada de lo Contencioso Ángeles Huet. Esta vez, sin embargo, fuentes del órgano de gobierno de los jueces aseguran que el objetivo es alcanzar un acuerdo inminente. Perelló, propuesta ahora por los conservadores pero que contó con el apoyo de los progresistas del anterior Consejo cuando, en 2022, tocó nombrar una magistrada para el Tribunal Constitucional.

Si los consejeros no llegan a un acuerdo antes del acto de apertura este jueves volverá a ser el presidente de la Sala de lo Civil del Supremo, Francisco Marín Castán, que actúa como presidente interino del alto tribunal, quien reciba al rey a las puertas del palacio de justicia y quien pronuncie el discurso de apertura del año judicial ante el monarca. Sería el sexto año que un presidente prorrogado o interino preside el acto solemne que da apertura al curso en los tribunales españoles. El año pasado, los políticos, incapaces de renovar el órgano fueron el blanco de las críticas de Marín Castán. Este año la responsabilidad de la parálisis que impide nombrar a un nuevo responsable del Consejo solo recae, por ahora, en sus 20 miembros.