El Constitucional vuelve a pedir al fiscal que actúe contra Torrent por tramitar la moción que insiste en la autodeterminación

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha vuelto a adoptar por unanimidad una resolución en la que insta a la Fiscalía a exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder al presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, al vicepresidente primero de la Mesa Josep Costa, al secretario primero Eusebi Campdepadrós y a la secretaria cuarta, doña Adriana Delgado, por incumplir el mandato de este órgano al tramitar el pasado 12 de noviembre una moción en la que se insistía en la voluntad de ejercer el derecho de autodeterminación.

Se trataba de una iniciativa presentada por el grupo parlamentario de la CUP, cuyo apartado uno expresaba concretamente la voluntad del Parlament de ejercer de forma concreta la autodeterminación y de respetar la voluntad del pueblo catalán. El auto del TC, cuyo ponente ha sido el magistrado Andrés Ollero, explica que con esta decisión el Parlament volvió a vulnerar el orden constitucional y estatutario.

Se da la circunstancia de que ese 12 de noviembre, el propio TC adelantó la hora de celebración de su Pleno para actuar frente a la intención del Parlament de aprobar la moción de la CUP, si bien desde el órgano parlamentario se señaló que tal decisión no llegó a tiempo de evitar la votación. La propia fiscal general del Estado, María José Segarra, ordenó ese día a la Fiscalía catalana abrir diligencias de investigación por lo ocurrido.

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En esta resolución, el TC desestima además los recursos de súplica presentados por Costa, Campdepadrós, la diputada del JxCat Elsa Artadi y de una treintena de diputados más de este grupo en el Parlament contra la citada providencia de este órgano de aquel 12 de noviembre que trató de evitar la aprobación de esta nueva iniciativa parlamentaria sobre la autodeterminación.

Así, se admite el incidente de ejecución instado por el Gobierno y se declara además la nulidad de los acuerdos previos a la presentación de esta moción. La decisión se notificará personalmente a Torrent, a los demás miembros de la Mesa y al secretario general del Parlamento, "con la advertencia de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir" las resoluciones de este órgano y "apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de incumplimiento".

En un segundo auto notificado este martes, el TC declara la extinción de otro incidente de ejecución promovido por el Gobierno contra el acuerdo por el que la Mesa rechazó las solicitudes de reconsideración formuladas por PSC, Ciudadanos y el PP en relación con esta moción sobre autodeterminación. La resolución, cuyo ponente ha sido el magistrado Ricardo Enríquez, explica que se declara la pérdida sobrevenida del objeto porque estos acuerdos ya han sido anulados por el auto resuelto este martes.