El empresario David Marjaliza, uno de los principales imputados en el caso Púnica de corrupción, ha entregado este lunes al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón los libros contables de algunas de sus sociedades y correspondientes a los ejercicios de entre 1999 y 2003 que acreditarían pagos de mordidas por valor de casi dos millones de euros a cargos públicos de PP, PSOE e IU en distintos municipios de la Comunidad de Madrid.
Según la documentación, adelantada por El Mundo y a la que ha tenido acceso Europa Press, se trata de los libros contables pertenecientes a las sociedades Agrupación y Gestión de Patrimonios Inmobiliarios, S.L. (AGPI, SL), Estudio de Patrimonios y Gestión Urbana, S.L. (EPG, SL), Técnica de Promoción y Construcción, S.A. (TPC), Gestión de Técnica y Ordenación Urbana, S.L. (GTO), Agrupación de Patrimonios y Consulting de Construcción, S.A. (APCC), y MUSARA 1057, S.L.
Tal y como explica la defensa de Marjaliza en un escrito al juzgado, "esta documentación no es sino la documental contable que en su día la fuerza actuante revisó durante las entadas y registros practicadas, y que entendió que no era de interés para la causa, debido a que, sin la identificación de los nombres en clave de los participantes, no sería posible relacionar las entradas de los libros aportados con los hechos investigados".
En los libros ahora entregados por el investigado "aparecen las claves que se establecían en función de la localidad de la obra o adjudicación, para registrar el destinatario de las dádivas" que pagaban las empresas de Marjaliza a cambio de adjudicaciones de contratos públicos.
Fin de la instrucción
Ahora, esta nueva documentación será estudiada por el juez y las fiscales anticorrupción para decidir si los posibles delitos están prescritos o si tiene valor probatorio en esta macrocausa cuya instrucción está ya cerca de concluir. Antes de la pandemia de coronavirus, el plazo estaba fijado para su finalización el 6 de junio, si bien el parón de la actividad judicial por el estado de alarma ha hecho que el magistrado instructor haya alargado la investigación el tiempo en que los plazos procesales han estado parados, es decir, hasta el 27 de agosto.
El documento incluye alusiones a cuatro documentos diferentes, el primero de ellos relativo al grupo empresarial de Pinto Agrupación y Gestión de Patrimonios Inmobiliarios S.L. (AGPI) por la construcción de un apartahotel en el municipio en septiembre y octubre de 2002, momento en el que este Ayuntamiento estaba gobernado por el PSOE. La suma de los pagos realizados por este grupo alcanza los 300.504 euros.
Así, el 27 de septiembre el cuaderno refleja cuatro anotaciones de salida de banco ingresadas en caja por un total de 240.404 euros y en la misma fecha la relativa a un pago por la misma cantidad con el concepto PP1 (Pinto Principal 1) en referencia al PSOE de Pinto. Se adjunta un documento con el plan financiero del apartahotel donde se puede apreciar una partida que refleja el título "Incremento de Suelo".
En un segundo capítulo, el escrito remitido al juez de la Audiencia Nacional se refiere a otro libro de cuentas referido a la empresa Estudio de Patrimonios y Gestión Urbana S.L. (EPG), cuya única anotación es de 31 de diciembre de 2002 y refleja otros 240.404,84 euros. Se trata, según el empresario, del pago que hizo el exdirigente del PP de Madrid Francisco Granados, entonces alcalde de Valdemoro, por el cambio de clasificación y calificación del sector denominado R9-Norte.
El tercer libro contable entregado es el relativo a la sociedad Técnica de Promoción y Construcción (TPC) correspondientes principalmente al año 2002, que registra el pago total 626.026,78 euros a formaciones políticas de Parla, Getafe y Valdemoro.
Marjaliza explica que se pagaron facturas a los socialistas de Parla o de Valdemoro como se puede ver en la anotación con fecha del 5 de septiembre bajo el código VS1, que significa "Partido Socialista de Valdemoro", a quienes se les abonaron 6.010 euros para afrontar el "gasto de publicidad". Pero también del Partido Popular en Getafe (GP1), Valdemoro (VP1) y Parla (PP1).
El objetivo de algunos de estos abonos era la adjudicación de parcelas o viviendas. Así se puede ver en los tres pagos realizados entre julio y septiembre de 2002, por el importe de 60.100 euros cada uno de ellos, bajo la clave "PS1", que "debe traducirse como Parla Socialista" y que están relacionadas con el "pago de cantidades por la adjudicación" de 196 viviendas.
Estas anotaciones revelan además que a finales de septiembre de 2002 el PSOE de Parla tuvo que devolver 240.404 euros porque, según explica el empresario en su escrito, no se cumplió el compromiso de adjudicar dos parcelas –solo se concedió una–. No obstante, en 2003 se adjudicó en otro concurso otra parcela, por lo que "en este momento se volvió a pagar las cantidades exigidas", indica Marjaliza.
El escrito presentado en la Audiencia Nacional también destaca que el libro contable de TPC refleja los pagos de regalos a políticos y trabajadores municipales por Navidad, tal y como se puede ver en la anotación con fecha del 24 de diciembre de 2002, bajo el nombre "Campaña Navidad" por la cuantía de 22.510 euros.
La contabilidad del empresario también reflejó que, con fecha 31 de diciembre de 2.002, se abonó 15.025 euros a la formación de Izquierda Unida (IU) en Valdemoro; 72.200 euros a los conservadores de la misma localidad; y 48.000 euros a los socialistas.
Un cuadro para Tomás Gómez
Otro de los libros contables entregados ha sido el de Gesintra, sociedad gestora que se constituyó con personas vinculadas al exdiputado socialista José Antonio Alonso --también imputado en la causa-- y a Lorenzo Sánchez para adjudicación de viviendas en Parla, que registra pagos por el importe total de 219.838,61 euros.
Entre las anotaciones de este libro se encuentra el pago de 6.000 euro al PSOE de Aranjuez, bajo el código AS1, en diciembre de 2002, pero destaca la cantidad de 3.485 euros que solicitó Alonso para comprar un cuadro, como regalo de Navidad, para el entonces alcalde de Parla, Tomás Gómez.
Pagos millonarios a Granados
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Por ultimo, el informe dedica un epígrafe a un cuaderno de anillas que refleja pagos a Francisco Granados de hasta 805.356 euros actuales realizados en los años 1999 y 2000, coincidiendo con su etapa como alcalde de Valdemoro.
Así, el cuaderno refleja el pago por la operación "El Airón" en 20 parcelas del municipio, por las que la sociedad Gestión Téncia y Ordenación Urbana se pagó al que fuera secretario general del PP en Madrid 17 millones de las antiguas pesetas (102.172,06) euros, a los que se sumaron otros 17 millones en enero de 2000. Por conseguir una licencia para una gasolinera (se precisó un cambio de uso en el estudio de detalle) en la calle Aguado de ese municipio Granados obtuvo 25 millones de la misma empresa (150.253,03 euros).
Un segundo apartado, sobre la sociedad EPG S.L refleja otro pago a Granados en septiembre y octubre de 2000, por 45 millones de pesetas (270455,45 euros), mientras que el último apunte suma otra comisión más para el entonces alcalde de Valdemoro, de 30 millones de pesetas (30 80.303,63 euros que le habría abonado APCC por la adjudicación por concurso público de la parcela del Sector 4 RESTON D.1.2C para uso hotelero.
El empresario David Marjaliza, uno de los principales imputados en el caso Púnica de corrupción, ha entregado este lunes al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón los libros contables de algunas de sus sociedades y correspondientes a los ejercicios de entre 1999 y 2003 que acreditarían pagos de mordidas por valor de casi dos millones de euros a cargos públicos de PP, PSOE e IU en distintos municipios de la Comunidad de Madrid.