"No está detenido, el alcalde sólo está retenido. Los periodistas mienten". Así se expresaban furiosos decenas de vecinos de Totana mientras asistían consternados a los registros que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizaban dentro del Ayuntamiento de Totana (Región de Murcia). Era el 29 de noviembre de 2007 y el regidor arrestado era José Martínez Andreo, del PP.
Andreo, considerado "un buen chico del Paretón", una de las pedanías de Totana, permaneció en prisión de forma preventiva durante tres meses. Y en Nochebuena sus partidarios, unas 5.000 personas unidas en torno a la plataforma ciudadana Por el buen nombre de Totana, organizaron una cena de apoyo al regidor a las puertas del centro penitenciario de Sangonera la Verde.
Los incondicionales del PP de esta localidad habilitaron autobuses, que también se fletaron el 1 de febrero de 2008, fecha en que Andreo abonó la fianza de 70.000 euros y abandonó la cárcel. Ese día, los vecinos llenaron las calles del pueblo, al mismo tiempo que lanzaban improperios contra la prensa, a la que acusaban de haberse inventado las informaciones.
Pero el caso de Totana, cuyo pleno municipal había aprobado en enero de 2007 un Plan General Municipal de Ordenación con 59 convenios urbanísticos que posibilitaban la construcción de un total de 40.000 viviendas, lo que superaba con creces la población del municipio, que entonces tenía 28.360 habitantes, no era excepcional, ya que en toda la Región de Murcia se llegaron a proyectar 200.000 viviendas sin tener garantizado el suministro de agua.
Apoyos en prisión
También fueron agasajados otros alcaldes de la Región de Murcia tras ser detenidos e incluso ingresar en prisión. Como por ejemplo pasó con el regidor de Torre Pacheco Daniel García Madrid (PP) o el alcalde del pequeño municipio de Ojós Francisco Salinas (Independiente). En el caso de Salinas, el entonces primer edil fue arrestado por corrupción de menores.
También llamó la atención la imputación por un delito electoral del exalcalde de Fortuna Matías Carrillo. En concreto, a este cargo del PP, cartero de profesión, se le acusaba de comprar votos a cambio de vales de comida, que pagaba el Consistorio que dirigía en tiendas de la localidad.
En todos los casos mencionados a modo de muestra, los cargos políticos han sido condenados o inhabilitados. Por ejemplo, el exregidor de Totana José Martínez Andreo fue condenado a tres meses de cárcel e inhabilitación. En declaraciones al diario La Verdad de Murcia, 9 años después de su detención, aseguró: "He reconocido haber cometido dos delitos y pido perdón por ello, pero lo hice tratando de ser buen alcalde y sin que me haya reportado algún beneficio personal. Ha quedado demostrado que no he metido la mano y la sentencia me parece justa, porque se adapta a lo que de verdad ocurrió".
Contra la corrupción urbanística
¿Quién fue el gran responsable de que se conocieran esos y otros delitos? Sin duda el todavía fiscal superior de la Región de Murcia, Manuel López BernalManuel López Bernal, que en 2006 accedió al cargo con una misión principal: luchar contra la corrupción urbanística. Según los datos ofrecidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) referentes a 2014, la Región de Murcia era una de las comunidades autónomas con más políticos imputados por habitante. En concreto, una comunidad con 1,4 millones de habitantes tenía ese año 80 imputados y 17 condenados.
Llama la atención que en la Comunidad Valenciana (5 millones de habitantes), en la que se han destapado importantes tramas, hubiera en 2014 un total de 110 imputados y 10 condenados, unos dígitos bajos por habitante si se comparan con la Región de Murcia.
Mientras tanto, en otra comunidad como Aragón, con una población similar a la murciana, de 1,3 millones de habitantes, el número de implicados en casos de corrupción era sensiblemente inferior (53 imputados y 1 condenado). En Galicia (2,7 millones de habitantes) había 157 políticos imputados por corrupción y 8 condenados. En Asturias (un millón de habitantes), 38, y 3; respectivamente; en Castilla y León (2,4 millones de habitantes), 10 imputados y 4 condenados; en Cataluña (7,5 millones de habitantes), 178 imputados y 20 condenados; en Extremadura (1,1 millones de habitantes), 7 condenados; en Andalucía (8,4 millones de habitantes), 383 imputados y 56 condenados.
Y todo este trabajo, cuya cabeza visible desde 2006 en la Fiscalía de Murcia es Manuel López Bernal lo ha venido desarrollando un reducido grupo de fiscales. Como José Luis Díaz Manzanera, el responsable de perseguir los delitos urbanísticos y contra el medio ambiente; y que es el fiscal que ha encabezado la investigación del denominado caso Auditorio contra el presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez. Díaz Manzanera es uno de los fiscales que aspira a suceder a López Bernal si el actual fiscal general del Estado José Manuel Maza no le renueva en su puesto en los próximos días.
Otros de los fiscales que han destacado por su lucha contra la corrupción son Juan Pablo Lozano, que está adscrito a la Fiscalía Anticorrupción y el encargado de los delitos económicos, contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social en la Región de Murcia, Jaime Sánchez Nogueroles.
Querellas y allanamientos
Tanto López Bernal como Juan Pablo Lozano han sido objeto de ataques personales. El primero recibió dos querellas interpuestas por la Asociación Justicia y Libertad, que no fueron ni siquiera admitidas a trámite por la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
Lozano ha sufrido dos robos en su vivienda en seis meses. En uno de ellos, en julio pasado, los asaltantes le robaron un ordenador que contenía documentos sobre sus investigaciones, entre las que destacan los casos Novo Carthago, Umbra, Rotondas y AVE.
El pasado martes, un subinspector de Hacienda que actúa como perito en una investigación secreta de la Fiscalía de Murcia también sufrió un robo en su vivienda. La Policía investiga si los asaltantes de esta casa manipularon el ordenador personal del funcionario de la Agencia Tributaria.
El trabajo del fiscal superior de Murcia no siempre ha contado con el apoyo de toda la sociedad civil murciana, cuyas fuerzas vivas le han acusado de investigar a personas respetables dejando sin atajar la delincuencia común. Sus pesquisas no tenían freno, aunque se tratara de los propietarios de Polaris World, la empresa que más publicidad repartía entre los medios de comunicación regional, con potentes campañas también a escala estatal.
Sentencias blandas
El fiscal López Bernal, cuya trayectoria en Murcia es muy dilatada, fue conocido por destapar también un caso de presunta corrupción judicial. Se trata de las denominadas sentencias blandas o bondadosassentencias blandas o bondadosas, tal y como definió el caso el periodista de La Opinión de Murcia Chema Gil.
Eso fue en enero de 1991, y el periodista Chema Gil dio a conocer las investigaciones que realizaba el entonces fiscal antidroga Manuel López Bernal acerca de unas sentencias consideradas blandas o bondadosas contra narcotraficantes por parte de la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia, sin celebrar la vista oral. En este asunto se vieron implicados tres jueces, un exfiscal y un abogado, que acabaron querellándose contra López Bernal, que durante años tuvo que defenderse de la persecución de los aludidos.
En 2006, López Bernal como jefe máximo de la Fiscalía en Murcia da un fuerte impulso a la lucha contra la corrupción. Y logra destapar numerosas causas, como por ejemplo Novo Carthago, Tótem, Biblioteca, Limusa, Ninette (Malaya), Umbra, Valhalla, Zerrichera, AVE o Barraca. Los imputados no son exclusivamente políticos del PP, aunque sin duda sí son los más importantes en una Comunidad Autónoma en la que gobierna este partido desde 1995, lo que supone 22 años. Además, el poder regional no tiene un contrapeso en los diferentes municipios, que también controlan los cargos de la formación de Mariano Rajoy, que llegó a recibir casi el 60% de los votos, pese a los continuos casos de corrupción destapados.
El cargo político de mayor relevancia que ha sido imputado ha sido el exalcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, al que durante muchos años se le consideró el sucesor de Ramón Luis Valcárcel, que fue presidente regional entre 1995 y 2014, año en el que fue elegido europarlamentario por el PP. Cámara está con un pie en el banquillo de los acusados en el caso Umbra.
Dos años sin sacar dinero
La investigación del fiscal y del juez destapó que Cámara disponía de 750.000 euros en el banco, 4 casas, 4 plazas de garaje, 3 coches y ninguna hipoteca. La unidad familiar del entonces regidor de Murcia, que ingresaba un máximo de 80.000 euros anuales, vivió dos años sin sacar un euro de sus cuentas y en 2007 y 2008 solo gastó 13.450 euros, especifica La Verdad de Murcia.
El que no está formalmente imputado es el propio Ramón Luis Valcárcel, pese a que la jueza Miriam Marín García, con el apoyo de la Fiscalía de López Bernal, le pidió que declarara de forma voluntaria como investigado en el marco del caso Novo Carthago. En concreto, la magistrada alertó de indicios que apuntan a que para conseguir la reclasificación urbanística que era necesaria para el proyecto Novo Carthago, se entregasen por la promotora Hansa Urbana incentivos económicos a distintas autoridades con potestad para dar viabilidad a dicho proyecto: "Entre ellos, al anterior presidente de la Comunidad [Ramón Luis Valcárcel], que podría haber recibido los emolumentos a través de su hija (María Rosario) o de su cuñado Juan Francisco Cruz Alfaro, socio de Faromur".
Los 123.070 euros que la hija mayor de Ramón Luis Valcárcel, Rosario, y su esposo, Fulgencio Perán, ingresaron en sus cuentas a lo largo de once meses de 2007, procedían, según sus declaraciones, de regalos por su boda, que se celebró en octubre del mismo año. En concreto, la investigación del fiscal del caso, Juan Pablo Lozano, logró destapar que Perán realizó 30 ingresos consecutivos el día 27 de septiembre de 2007, todos ellos por importe de 1.000 euros y en su gran mayoría con billetes de 500 euros.
Proyecto avalado por Valcárcel
En diciembre de 2006, apenas unos meses después de ser nombrado fiscal superior de Murcia, López Bernal inició sus pesquisas sobre esta urbanización de Cartagena, cuyo desarrollo contó con el apoyo explícito del Consistorio de Pilar Barreiro (PP), pero también del Gobierno regional encabezado por Valcárcel.
De hecho, el expresidente murciano participó de forma activa en la presentación del proyecto urbanístico, que diseñado en una de las últimas zonas vírgenes del Mediterráneo español Novo Carthago, fue avalado públicamente por Valcárcel antes de que se iniciara la reclasificación de los terrenos.
La lista de políticos murcianos no se acaba, ni mucho menos, con Cámara y el entorno familiar de Valcárcel. Otros imputados son exconsejeros como Antonio Cerdá, Francisco Marqués o Joaquín Bascuñana, los dos últimos también delegados del Gobierno. El exdiputado regional del PP y exalcalde de Totana Juan Morales ha llegado a ingresar en prisión.
Por eso la lista de agraviados por el trabajo del Ministerio Público podría ser muy elevada, y por eso peligra también la continuidad del máximo responsable de la Fiscalía en la Región de Murcia, Manuel López Bernal, pendiente de la propuesta que haga el nuevo Fiscal General y de la decisión que tome, la próxima semana, el Consejo Fiscal.
El fiscal cesado en Murcia pone en evidencia al ministro Catalá y desvela que informó al jefe de Anticorrupción de los ataques que recibió
La gota que colma el vaso
A la vista del rosario de incidentes relacionados con la investigación de la corrupción en Murcia, ya no puede sorprender lo ocurrido a lo largo de la última semana, cuando se conoció el auto del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en el que se atribuye la posible comisión de tres delitos al actual presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, y de otros cinco a la senadora del PP Pilar Barreiro, por su relación con la trama Púnica, a través de la cual habrían pretendido adjudicar contratos desde la consejería de Educación a una empresa que realizaría trabajos para mejorar su imagen personal. El presidente murciano presumió públicamente de haberse enterado de que cuatro fiscales del Supremo se oponían a su imputación, o, lo que es lo mismo, se jactó de haber accedido a una información reservada de la Fiscalía General. Como estos últimos días ha venido publicando infoLibre, Pedro Antonio Sánchez ha sido incapaz de explicar un hecho absolutamente anómalo que ha provocado la indignación de las principales asociaciones de fiscales, incluida la solicitud de dimisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá, que no sólo ha defendido a su compañero de partido sino que además cargó contra las fiscales del caso que no compartían la decisión tomada por sus superiores.
Murcia ha venido siendo una especie de laboratorio en el que se concentran los signos más evidentes de la galopante corrupción política ligada a la burbuja inmobiliaria, aunque en pocas zonas de España sería posible encontrar además tantos ejemplos de trabas a la justicia o de presiones de distinto signo a todo aquel que pretenda levantar las alfombras, ya se trate de fiscales, periodistas o inspectores de Hacienda.
"No está detenido, el alcalde sólo está retenido. Los periodistas mienten". Así se expresaban furiosos decenas de vecinos de Totana mientras asistían consternados a los registros que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizaban dentro del Ayuntamiento de Totana (Región de Murcia). Era el 29 de noviembre de 2007 y el regidor arrestado era José Martínez Andreo, del PP.