El crimen machista de Elda revela los fallos en el sistema de evaluación de riesgo para víctimas de violencia de género

La mujer de 28 años asesinada este miércoles en Elda (Alicante) a manos de su expareja eleva a 44 el eterno listado de feminicidios en lo que va de año y suma 916 desde el 2003. La joven, que estaba recogiendo a su hijo de tres años del colegio cuando su agresor la mató a tiros, representa uno de los ejemplos más sangrantes de violencia de género. Había denunciado hasta en cuatro ocasiones a su expareja, quien después de quebrar una orden de alejamiento llegó hasta la mujer para dejarle en un estado de muerte cerebral que acabaría con su vida un día después.

La víctima denunció en 2014 por agresión al padre de su hijo, y volvió a hacerlo una vez más en 2016. El hombre fue entonces condenado por violencia de género y recae sobre él una pena de 40 días de trabajo comunitario. Ese mismo año la pareja se rompe y se impone un régimen de custodia compartida respecto al hijo que tienen en común. Pero el abuso por parte de él continúa con un episodio de amenazas de muerte hacia ella. Tercera denuncia. Esta vez llega aparejada de una orden de alejamiento que incumplió tras intentar ponerse en contacto con la víctima telefónicamente ya en 2017. Se produce entonces la cuarta denuncia a principios del mes de noviembre. Un día después del asesinato, el jueves 9 de noviembre, estaba fijado el juicio rápido. Pese a que la víctima acudió reiteradamente a los mecanismos oficiales contemplados en los casos de violencia machista, éstos no fueron suficientes para garantizarle una protección efectiva. ¿Qué falló? La fiscal de Violencia de Género, Pilar Martín Nájera, reconoció este viernes en la Cadena Ser que resulta "muy difícil valorar el riesgo" y lanzó un grito desesperado para exigir una mayor cantidad de medios. Reivindicó la necesidad de unidades forenses de evaluación integral en los juzgados de guardia, algo que la Fiscalía "lleva años" reclamando y que, aunque el Pacto de Estado contra la Violencia de Género contempla poner en marcha en un plazo máximo de dos años, "no puede esperar más".

Según el Protocolo Médico Forense de Valoración Urgente de Riesgo en violencia de género, impulsado en el año 2011, la valoración de riesgo ha de realizarse siempre a petición de la autoridad judicial correspondiente y tiene como objetivo, dentro del ámbito judicial, aportar un elemento más que permita adoptar una decisión sobre la pertinencia y alcance de las medidas de protección de la víctima. Se podrá realizar, la evaluación, de forma urgente –en menos de 72 horas– o de forma programada. La valoración será, por tanto, fundamental a la hora de establecer las medidas destinadas a la protección de la mujer.

Según el Ministerio del Interior, a fecha de octubre de 2017, en España existen 22.699 casos activos de riesgo bajo, 4.566 de riesgo medio, 175 de riesgo alto y únicamente diez cuyo riesgo se eleva al nivel de extremo. La cifra dominante, sin embargo, sigue siendo aquella que no aprecia ningún tipo de riesgo, con 27.869 casos activos en total.

El problema surge cuando una herramienta de evidente utilidad como es la evaluación de riesgo no recaba los resultados esperados. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya denunció en 2016 la existencia de casos de mujeres asesinadas a manos de sus parejas que no solamente habían denunciado previamente a sus agresores, sino que incluso lo habían hecho en varias ocasiones o habían manifestado en su denuncia sufrir "maltrato habitual", sin que ello implicara un agravamiento del nivel de riesgo valorado o la adopción de medidas de protección.

La Fiscalía lo advierte cada año. "Pese a la gran utilidad del Protocolo Médico Forense de Valoración Urgente de Riesgo como herramienta para efectuar la valoración de riesgo objetivo, su uso es muy escaso". El mensaje se repite anualmente en la Memoria de la Fiscalía General del Estado desde que el protocolo se comenzó a implantar. En la memoria de 2013, el Ministerio Público contabilizaba sólo 366 informes siguiendo el protocolo a lo largo del año anterior. "La escasa implantación del protocolo se advierte a simple vista", decía el documento, "sin embargo, ésta es más evidente si se compara el número de informes emitidos con el de solicitudes de órdenes de protección tramitadas". En aquel año, los jueces y fiscales sólo accedieron a un informe en el 1,06% de los casos en que fueron solicitadas órdenes de protección. Con el paso de los años la cifra, prácticamente inmutable, revela lo enquistado de la situación.

La memoria de 2014 cifra en 352 los informes emitidos, mientras que la de 2015 desvela un descenso hasta los 349 y el balance de 2016 recoge un leve ascenso en el número de informes de evaluación, con un total de 421. En este último caso, y "teniendo en cuenta el número de solicitudes de órdenes de protección en las que su utilización podría haber sido de gran utilidad", el aumento "es insignificante". Finalmente, la Memoria del año 2017 supone un batacazo: sólo fueron emitidos 284 informes de conformidad con el protocolo. Supone, esta cifra, el 0,74% de solicitudes de órdenes de protección en las que el apoyo de tales informes "podría haber sido de gran utilidad".

Medios y voluntad política

La fiscal de Violencia de Género apuntaba la mañana del viernes a la urgencia de implantar unidades de valoración forense integral. La última Memoria de la Fiscalía ya venía advirtiendo que resulta "esencial la total implantación de estas unidades a fin de poder contar con informes elaborados conjuntamente por los profesionales que la componen en los procedimientos penales y civiles relacionados con la violencia de género". Asunto clave es que dichas unidades puedan "atender a todos los juzgados, sin que su operatividad pueda ser suplida por los equipos psicosociales, por otra parte sobrecargados". Pese a ser una reivindicación tradicional de la Fiscalía, "no se ha conseguido esta pretensión" y de hecho la dinámica habitual es que "se evita la petición de informes salvo cuando es estrictamente necesario" debido a la carga excesiva de trabajo y la falta de especialización.

Susana Martínez, presidenta de la Comisión para la investigación de malos tratos a mujeres, también pone el acento en la valoración de riesgo. Actualmente la evaluación "se hace por el sistema VioGen, que es informático y con una plantilla estándar, por la Policía y la Guardia Civil". Esto conlleva que, "al ser un tema estándar, se basa en un test de preguntas que son iguales para todas". El problema, por tanto, es que quedan fuera profesionales expertos que puedan tener en cuenta factores como "el maltrato psicológico, el control o la sintomatología de la víctima para ver hasta donde llega su miedo". Un psicólogo, subraya Martínez, puede detectar casuísticas que un sistema informático no capta. Eso supone que, en muchas ocasiones, se determina un riesgo "medio o bajo cuando luego el peligro es muy superior".

En este contexto, la Ley contra la Violencia de Género de 2004 prevía la creación de las unidades de valoración forense integral, cuya presencia es a día de hoy "anecdótica". "La generalidad de juzgados no cuenta con estas unidades", denuncia Martínez. Lo que ocurre, añade, es que el juez para dictar medidas adecuadas tiene que contar con medios de valoración, uno de los datos clave para decretar prisión provisional, control telemático y otras medidas concretas que van más allá de la orden de alejamiento, recuerda la experta. Si no hay medios, agrega, no hay unidades.

En la falta de medios incide también Marisa Fernández, abogada especializada en violencia contra la mujer y miembro de la asociación de Dones Juristes. "Siempre falla la falta de medios para la valoración de riesgos", denuncia la abogada en conversación con infoLibre. Pero, añade, "falta también voluntad política". Fernández coincide en que las unidades y la correspondiente evaluación apenas se ponen en marcha. Lo habitual es, por el contrario, "evaluar la credibilidad de la mujer". "Esta es la perversión del sistema", censura. La reivindicación de las expertas se ajusta al efectivo cumplimiento de los requisitos que marca la ley, pero "las leyes a veces son papel mojado", lamenta Fernández. Cuando no existe un "equipo interdisciplinar que evalúa el riesgo", sino un "equipo penal sin formación de género, abiertamente lo que hacen es evaluar si la mujer es creíble".

La letrada entiende que, para que los jueces puedan basar sus decisiones en principios sólidos, deben "estar dotados de medios, sobre todo forenses". "No se puede decidir con suficiente criterio sin conocer el riesgo", añade. Pero para ello hacen falta "dinero, recursos y formación", los tres pilares fundamentales para cualquier avance. "Hay que poner recursos y trabajar en formación de género", pero además se hace necesario "cambiar muchas mentalidades, un trabajo que tampoco se ha iniciado" y que además es "lento y necesita tiempo". Sólo será posible, a su juicio, "con voluntad política y económica, que no existe más allá de vagas y ambiguas declaraciones". Fernández critica, en esta misma línea, que la "apariencia de interés no es real, y sólo se demuestra con políticas y con dinero".

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Con ella coincide Susana Martínez al advertir que la única salida posible es la aplicación de la ley, la dotación de medios económicos y la voluntad política. Los juzgados, añade, deben contar con expertos en violencia de género y un equipo de valoración compuesto por médicos, psicólogos y trabajadores sociales para investigar el entorno. "Si desde el minuto uno en que se inicia el procedimiento el juzgado cuenta con profesionales, el juez podría imponer medidas más concretas", expone Martínez, quien además incide en que la violencia machista cuenta con unas características muy específicas, como la continuidad, el elemento afectivo, la dependencia o la diferencia de fuerzas. "Cada caso es único", relata, por lo que "o se cuenta con profesionales formados en violencia de género o todo seguirá igual".

"Esto es una urgencia. Faltan medios, presupuesto y unidades forenses, se sabe desde hace años", considera también Justa Montero, miembro de la Asamblea Feminista de Madrid, en conversación con este diario. Si de algo tiene que servir el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, recalca, es para que se aplique "inmediatamente con carácter de urgencia el presupuesto y las medidas necesarias".

La situación es que "las mujeres que denuncian están desamparadas ante la justicia y expuestas a que las asesinen". Y pese a ello, resulta fundamental que las mujeres se sientan amparadas para salir adelante. El Pacto de Estado, por ejemplo, contempla "otros mecanismos para acceder a recursos de atención sin necesidad de hacer denuncia". Hay que "exigir que se aplique de inmediato todo esto y que las mujeres se sientan respaldadas", sostiene Montero. "Hay que decir que si todas colaboramos, incluidas las instituciones, no tiene por qué ocurrir esto ni va a volver a pasar", concluyen las expertas.