Más de un centenar de ONG han dado un paso al frente para transmitir un mensaje común: "La situación es insostenible". Es el grito unánime de las organizaciones que el próximo sábado 17 de junio saldrán a la calle –concretamente a la madrileña plaza de Cibeles– para denunciar las políticas europeas en materia de refugiados, y que pretenden de este modo combatir la inmovilidad de los gobiernos que "blindan sus fronteras ante la llegada de miles y miles de personas buscando refugio".
Las plataformas en defensa de los derechos humanos han sumado fuerzas en la elaboración de un manifiesto que ha reunido hasta este lunes más de 500 firmas y el apoyo de sindicatos y formaciones políticas como CCOO, Equo o el PSOE. Las ONG –entre las que se encuentran Amnistía Internacional, Cear, Ecologistas en Acción o Sos Racismo– recuerdan, a través de la acción organizada, que la grave situación de los refugiados en Europa, lejos de avanzar hacia la integración y el respeto de los derechos fundamentales, se ve afectada día tras días por las políticas restrictivas de las autoridades europeas y el blindaje de sus fronteras.
La principal consecuencia del inmovilismo gubernamental, señala Paco Castejón, activista de Ecologistas en Acción, apunta a la "normalización de lo que jamás debería ser aceptable". Castejón denuncia en conversación con infoLibre que, a día de hoy, "millones de personas refugiadas están viviendo en campamentos abarrotados", situación que "empieza a normalizarse" entre la ciudadanía, "acostumbrada a que cada semana mueran personas en naufragios". El peligro de este escenario, continúa el activista, es que "no se tomen medidas y convivamos con ello sin que nos remueva".
La realidad de los refugiados dibuja un paisaje marcado por el progresivo aumento de las personas que huyen de su país para "salvar sus vidas por conflictos armados, vulneraciones de derechos, violencia y persecuciones". Según las ONG, en 2016 un total de 1.259.265 personas trataron de encontrar refugio en territorio europeo solicitando protección internacional, de las cuales sólo 15.755 lo hicieron en España. La cifra se torna abismal en el caso de los desplazados: más de 31,1 millones en 2016, uno cada segundo.
El mar Mediterráneo, continúan las asociaciones, "se ha convertido en la mayor vergüenza de Europa", siendo la tumba de 35.000 personas en los últimos 17 años, y casi 7.000 desde el año 2016. Los gobiernos, incluido el español, "podrían haber evitado estas muertes si las personas hubiesen contado con vías legales y seguras para obtener protección", sentencian las organizaciones.
Incumplimiento de España
A principios de mayo, el Gobierno señaló que entre 2014 y lo que va de 2017 se presentaron 16 quejas en los centros dependientes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, relativas al incumplimiento de sus compromisos de acogida con la Comisión Europea. A fecha de hoy, España únicamente ha recibido a un 7% de las 17.337 personas que prometió acoger. Cear denunció a finales del pasado año que si España mantiene este ritmo de acogida serán necesarios más de 40 años para cumplir con el cupo asignado, en lugar de los dos comprometidos.
Paco Castejón estima que la situación a nivel estatal "es demencial", ya que se ha cumplido "una pequeñísima parte de los compromisos, a pesar de que hay muchas asociaciones dispuestas a trabajar en ello, los ayuntamientos se han mostrado a favor, y la sociedad civil está preparada". El activista lamenta que el Gobierno de Mariano Rajoy "se escude" en una legislación europea basada en que "las personas deben pedir refugio en el país al que llegan", en lugar de apoyarse en "la distribución de refugiados y en el rechazo de acuerdos como el de Turquía".
El resultado final de esquivar este tipo de medidas, concluye, es que existe "una sociedad generosa y solidaria frente a un Gobierno que no está haciendo nada". El portavoz reclama que el Ejecutivo debe "tomar cartas en el asunto atendiendo a las necesidades de estas personas", y pide a todo el arco político que lo trate como asunto prioritario en sus agendas: "La oposición de izquierdas sí apoya a los refugiados, pero se encuentran tan preocupados por conflictos internos, crisis política o corrupción, que tapan el problema aunque sea incluso más urgente", sentencia.
Lor organizadores de la manifestación solidaria no olvidan, además, que las multinacionales españolas y las potencias mundiales "están también en el origen de las causas de estas migraciones forzosas: guerras provocadas por intereses económicos y energéticos, vulneración de derechos y esclavitud laboral".
Contra las barreras
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Ante este escenario, la sociedad civil se ha organizado para exigir este sábado un giro de timón que derive en unas políticas más humanas e integradoras. Reclaman, por lo tanto, que España y el resto de los países europeos garanticen "el acceso a unas vías legales y seguras, como corredores humanitarios o la posibilidad de solicitar asilo en embajadas". Piden también "medidas urgentes de acogida" y solicitan su aplicación inmediata,"haciendo hincapié en las necesidades especiales de protección de las personas en situación de vulnerabilidad como niños y niñas, mujeres y personas LGTBI".
A nivel europeo, resulta fundamental la suspensión de la firma y los acuerdos de control fronterizo, retorno y readmisión con países que no respetan los derechos humanos, de modo que se lleven a cabo "políticas de acogida que garanticen la dignidad y la inclusión de las personas refugiadas y migrantes".
Finalmente, y como expresión de la importancia de tratar el problema de raíz, las plataformas requieren a los responsables gubernamentales un refuerzo de la cooperación al desarrollo "para trabajar en las causas que provocan los desplazamientos de las personas refugiadas, y evitar que sigan huyendo".
Más de un centenar de ONG han dado un paso al frente para transmitir un mensaje común: "La situación es insostenible". Es el grito unánime de las organizaciones que el próximo sábado 17 de junio saldrán a la calle –concretamente a la madrileña plaza de Cibeles– para denunciar las políticas europeas en materia de refugiados, y que pretenden de este modo combatir la inmovilidad de los gobiernos que "blindan sus fronteras ante la llegada de miles y miles de personas buscando refugio".