“Será otra más de esas leyes que se ponen a la cola para su más inmediata derogación, porque la oposición está decidida a actuar en defensa de esa persona que se levanta temprano en Ciudad Rodrigo, que se pone una camiseta verde o blanca y que viene a Madrid a sentirse, sencillamente, ciudadano y no súbdito”, decía en el Congreso José Ignacio Sánchez Amor, por entonces diputado del PSOE y hoy secretario de Estado de Política Territorial, un 26 de marzo. En aquella jornada, pero de hace cuatro años, la Cámara aprobaba, solo con los votos del PP, la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana: más conocida, por sus detractores, como la ley mordaza.
Cuatro años después, las perspectivas para aquellos que consideran que esta norma limita gravemente derechos tan importantes como el de expresión, manifestación y reunión son oscuras: el adelanto electoral y la consecuente disolución de las Cortes ha dejado en nada lo que al principio iba a ser una derogación, como prometió el PSOE, y luego pasó a una reforma. A la comisión no le ha dado tiempo a nada, y la mayoría parlamentaria a favor de la modificación puede perderse a partir del 28 de abril.
“Se ha desmovilizado la protesta ciudadana”, lamenta Carlos Escaño, portavoz de una de las organizaciones más activas contra la ley mordaza, Amnistía Internacional. El activista recuerda que el Gobierno del PP se lanzó a elaborar una nueva norma de seguridad ciudadana que sustituyera a la de 1992 “después de todas las movilizaciones que tuvieron lugar después de una grave crisis económica”. “En lugar de escuchar las demandas de la población”, lamenta, se optó por reprimirlas.
La reforma de la ley mordaza dio sus primeros pasos en marzo de 2017, cuando fue tomada en consideración la proposición del PNV. Por entonces, el PSOE mantenía su criterio: la derogación. Un criterio que fue mantenido, incluso, por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, meses después de tomar posesión: “Vamos a avanzar en derechos, derogando la ley mordaza, porque ninguna sociedad realmente libre persigue la libertad de expresión”, dijo. Sin embargo, y tras meses de retraso por la ampliación de los plazos de las enmiendas, en octubre se constituyó la ponencia y los grupos apostaron por la modificación del texto legal, en vez de por su eliminación. No se ha conseguido, a pesar de que ya había mucho trabajo adelantado: se había conseguido un consenso en torno a más de la mitad de la norma del PP.
Amnistía Internacional prefería la reforma, con el objetivo de ir más allá, ya que tampoco ve con buenos ojos la ley Corcuera, el texto anterior de 1992 que volvería a estar vigente con la derogación. “Tenía elementos que eran mejorables. Por algo era llamada la ley de la patada en la puerta”, recuerda Escaño. “No queremos volver a lo anterior”. A partir de ahora, sin embargo, todo es incertidumbre.
Para la organización, y otras muchas que comparten trinchera en la oposición a la ley mordaza, hay varios puntos en concreto que criminalizan y desmovilizan la protesta social, y que han generado una cascada de sanciones durante estos cuatro años de vigencia. Se refieren a los artículos 37.4 y 36.6 de la normativa. El primero se refiere a las "faltas de respeto o consideración cuyo destinatario sea miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones". El segundo considera grave "la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación”. Los datos del Ministerio de Interior de 2016 y 2017, los últimos disponibles, hablan de 73.000 sanciones por ello, casi 80 multas diarias, cuyo importe total podría ascender a las decenas de millones de euros. “Hay una falta absoluta de mecanismos que supervisen la actuación policial. En todas estas sanciones, hay una gran dificultad para rebatir la versión del policía, más los costes aparejados a recurrir”, explica el activista de Amnistía.
Amnistía Internacional exige la reforma de la 'ley mordaza'
Otro punto polémico es la disposición adicional que, en la práctica, legitima las conocidas como devoluciones en caliente: devolver a un migrante que ha accedido por cauces irregulares a territorio español al país desde el que se ha producido la entrada, sin prestarle asistencia médica o legal o darle la posibilidad de solicitar asilo. “Estas enmiendas no proporcionan garantías claras contra las devoluciones en calientedevoluciones en caliente y las expulsiones en caliente, ni salvaguardas adecuadas para garantizar el derecho de cualquier persona a pedir asilo, independientemente del modo en que lleguen a territorio español”, señaló en noviembre el Consejo de Europa. El Gobierno de Sánchez también ha incurrido en estas prácticas.
Han sido cuatro años de manifestaciones multitudinarias, de quejas de casos particulares en todos los frentes, de profesiones, como la de periodista, afectadas por las características propias del oficio, como explicaba Reporteros sin Fronteras en su informe referente a 2018. El último episodio se ha conocido esta misma semana. Ecologistas en Acción se ha hecho eco de la revocación, por parte del Ministerio del Interior, de una multa de 600 euros impuesta a una activista por protestar contra el vertido ilegal de tierras y escombros en una finca protegida en El Pardo (Madrid).
“Mª Ángeles Nieto y Ecologistas en Acción muestran su satisfacción por la resolución del Ministerio del Interior pero recuerdan que son muchas las personas que están siendo sancionadas, detenidas y encarceladas, en base a la ley mordaza, una norma injusta que debe ser derogada cuanto antes”, afirma la ONG ambiental. Por ahora, cuatro años después, habrá que seguir esperando.
“Será otra más de esas leyes que se ponen a la cola para su más inmediata derogación, porque la oposición está decidida a actuar en defensa de esa persona que se levanta temprano en Ciudad Rodrigo, que se pone una camiseta verde o blanca y que viene a Madrid a sentirse, sencillamente, ciudadano y no súbdito”, decía en el Congreso José Ignacio Sánchez Amor, por entonces diputado del PSOE y hoy secretario de Estado de Política Territorial, un 26 de marzo. En aquella jornada, pero de hace cuatro años, la Cámara aprobaba, solo con los votos del PP, la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana: más conocida, por sus detractores, como la ley mordaza.