Amnistía Internacional exige la reforma de la 'ley mordaza'

El director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, ha exigido este lunes 1 de julio la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus críticos como Ley Mordaza, porque es "una amenaza real en España contra la libertad de expresión y los derechos de reunión pacífica y de información", según informa Europa Press.

Beltrán se ha expresado así en el cuarto aniversario de la entrada en vigor de la norma, que fue aprobada definitivamente en marzo de 2015, con los votos de PP y UPN y el rechazo de toda la oposición, tras 16 meses de tramitación parlamentaria.

"Cuando entró en vigor en 2015, pensábamos que esta Ley nacía muerta porque los partidos que ejercían la oposición en aquel momento mostraron su rechazo, pero han pasado cuatro años, se ha producido un cambio de gobierno, una parálisis institucional y el caso es que sigue vigente hoy", ha denunciado el director de Amnistía.

En relación con los efectos que la normativa tiene sobre los derechos anteriormente citados, Beltrán ha señalado que en estos cuatro años la ley se ha venido empleando "contra cientos de periodistas mientras intentan documentar abusos" y contra "miles de activistas que defienden el derecho a la vivienda o al medioambiente y decenas de miles de personas que han sido multadas por manifestarse o realizar actos de protesta pacíficos".

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"Pedimos al Parlamento que reforme de una vez por todas los artículos que socavan la libertad de información, expresión y reunión pacífica en los primeros seis meses desde su constitución", ha insistido el director de Amnistía Internacional.

Según la organización, que ha recogido más de 125.000 firmas para pedir la modificación de la ley, esta norma "también ha supuesto la ampliación de la potestad sancionadora de la Administración, aumentado el margen de discrecionalidad de las Fuerzas de Seguridad del Estado en sus intervenciones relativas a la seguridad ciudadana, sin introducir mecanismos de control adecuados que impidan los abusos".

Por último, ha puesto de relieve que su aplicación, por parte de las Fuerzas de Seguridad, "ha impactado de forma negativa en el ejercicio del derecho a la libertad de información, y ha llegado a traducirse en autocensura para periodistas y personas que quieren documentar las actuaciones policiales".