Tres meses después, la primera macrodenuncia que presentaron los familiares de las víctimas de las residencias madrileñas echa a andar en los tribunales. Las cuatro fiscalías que recibieron la querella por un presunto delito de discriminación —la Provincial y las de Alcalá de Henares, Getafe-Leganés y Móstoles-Fuenlabrada-Alcorcón— han acordado abrir diligencias por cada uno de los denunciantes, por los que investigarán 109 causas sobre la presunta denegación de asistencia sanitaria de 115 mayores —de los cuales 111 murieron entre marzo y abril de 2020. Las organizaciones 7.291 Verdad y Justicia y Marea de Residencias ya lo han celebrado, pero también con una advertencia: a partir de ahora, los pasos deben darse con bastante más rapidez.
Fue el pasado 10 de octubre cuando abrieron este nuevo camino. Después de que casi todas sus iniciativas judiciales fueran archivadas —en muchos casos sin ser ni siquiera escuchados—, los familiares de las víctimas de lo sucedido en las residencias durante la pandemia de covid entregaron a la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, un documento de más de un centenar de folios en los que detallaban los motivos por los cuales entienden que lo sucedido en estos centros de mayores podría ser constitutivo del delito enmarcado en el artículo 511 del Código Penal, que castiga la "denegación de la prestación sanitaria por motivos discriminatorios". Acusaban de ello a 29 personas, entre las que se encuentran los que fueran directores de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, firmante y autor de los dos Protocolos de la Vergüenza que impidieron la derivación a los hospitales y tras los cuales 7.291 mayores murieron en los geriátricos, como desveló infoLibre. Y también a Pablo Busca, director del Summa 112 en aquel momento, Antonio Burgueño, director del plan de choque que supuestamente incluía una medicalización de las residencias que jamás se produjo, y los geriatras de enlace responsables de aplicar los protocolos en los 25 hospitales públicos de Madrid.
Un mes tardó Lastra en empezar a trabajar. "Una actuación más que criticable, pero que por desgracia ya no nos sorprende, después de casi cinco años mirando para otro lado y realizando afirmaciones sobre lo ocurrido en las residencias que no se corresponden con la realidad", lamentan las dos plataformas en un comunicado publicado este miércoles. Una vez remitida la macrodenuncia a las cuatro fiscalías, son estas las que han decidido empezar a investigar. Y las que han llamado ya a declarar a decenas de familiares, que empezarán a acudir ante el juez, previsiblemente, a partir de este 8 de enero.
Una casi inminente prescripción
No hay tiempo que perder. Así al menos lo recuerdan ahora las familias, que vuelven a insistir en que a partir de la segunda quincena de marzo prescribirá el posible delito de discriminación cometido con esos 115 mayores. Por eso piden que, una vez se hayan producido las declaraciones, se judicialice rápidamente la causa. Sobre todo porque, dicen, ya aportaron "una abundante prueba documental para demostrar la comisión de los delitos".
En primer lugar, la macrodenuncia aporta pruebas de que la Consejería de Sanidad, entonces dirigida por Enrique Ruiz Escudero (PP), conocía en qué estado se encontraban las residencias, una información que también recibían diariamente la viceconsejera Ana Dávila-Ponde (hoy consejera de Familia, Juventud y Servicios Sociales), Mur y Peromingo. Señala también que gran parte del personal sanitario que hacía falta en los geriátricos era enviado al "hospital milagro" de Ifema y que las derivaciones empezaron a limitarse antes incluso de la aprobación del famoso Protocolo de la Vergüenza. Y que los fallecidos aumentaron allí "donde el Protocolo bloqueó totalmente o casi por completo las derivaciones".
Tres meses después, la primera macrodenuncia que presentaron los familiares de las víctimas de las residencias madrileñas echa a andar en los tribunales. Las cuatro fiscalías que recibieron la querella por un presunto delito de discriminación —la Provincial y las de Alcalá de Henares, Getafe-Leganés y Móstoles-Fuenlabrada-Alcorcón— han acordado abrir diligencias por cada uno de los denunciantes, por los que investigarán 109 causas sobre la presunta denegación de asistencia sanitaria de 115 mayores —de los cuales 111 murieron entre marzo y abril de 2020. Las organizaciones 7.291 Verdad y Justicia y Marea de Residencias ya lo han celebrado, pero también con una advertencia: a partir de ahora, los pasos deben darse con bastante más rapidez.