Cuatro bulos que el PP ha copiado a Vox para explotar la inmigración contra el Gobierno

El Partido Popular (PP) abrazó este miércoles el argumentario completo de Vox en materia de migraciones. Desde la denuncia de los programas de migración ordenada y legal a petición de las empresas españolas que necesitan una mano de obra que no encuentran aquí, como hizo su líder, Alberto Núñez Feijóo, hasta la petición de que el Gobierno ponga en marcha “deportaciones masivas” de migrantes, como exigió su mano derecha y portavoz en el Congreso, Miguel Tellado.

La política migratoria que defiende el PP, al igual que la de la ultraderecha de Santiago Abascal, se sostiene sobre mentiras y bulos. Entre ellos, el mito del “efecto llamada”, la idea de que España sufre “una invasión” de migrantes africanos, la exigencia de una carta de cumplimiento de las leyes que no está prevista en ninguna parte y la discriminación sin base de los refugiados cuando proceden de África.

El efecto llamada

No existe ninguna prueba de que las políticas públicas o las declaraciones de los dirigentes de un país atraigan la llegada de migrantes, y sí muchas evidencias de que la motivación de quienes llegan a España, por tierra, por vía aérea o utilizando una embarcación, tiene otro origen. Los motivos son más complejos y están relacionados con una combinación de factores económicos, sociales y políticos en los países de origen y destino. Los estudios realizados en el caso de España destacan la importancia de las condiciones en los países de origen, así como de las redes migratorias preexistentes como los principales determinantes de los flujos migratorios.

Hablar de efecto llamada es un clásico de la derecha. Nadie, según todos los informes publicados sobre este asunto, es llamado a abandonar su hogar, atravesar el continente africano y jugarse la vida en una travesía incierta, sino que se ve obligado a huir de manera desesperada de la guerra, la pobreza y la explotación.

PP y Vox repiten a menudo que el Gobierno no actúa en los países de origen para frenar la salida de pateras y luchar contra las mafias que se dedican al tráfico de personas. Sin embargo, ese es el eje de la política migratoria del Ejecutivo español, tanto en Marruecos como en los países del África Occidental que está visitando Pedro Sánchez (Mauritania, Senegal y Gambia), en los que, desde hace años, trabajan policías y guardias civiles españoles en colaboración con las autoridades locales.

La invasión

Es otro de los argumentos de Vox que el PP ha hecho suyo, hablando de “inmigración descontrolada”, y repitiendo que existe una “situación de emergencia migratoria”. Feijóo y los suyos ponen todo el foco en la llegada de pateras y cayucos, que se ha disparado en los últimos meses al mismo ritmo que se ha incrementado el número de personas que huyen de la violencia desatada en buena parte de los países del Sahel, en particular Malí. En realidad, a España han llegado en los últimos años muchos más inmigrantes y refugiados procedentes de Venezuela y de Ucrania, que no lo hacen en patera, sino a través de los aeropuertos y las fronteras terrestres.

Lo único que está en situación de emergencia en estos momentos son los servicios de asistencia a los migrantes en Canarias o en Ceuta, en particular los que se ocupan de los menores no acompañados. Pero solo porque PP, Vox y Junts se niegan a implementar mecanismos de traslado obligatorio de estas personas a otras comunidades para aliviar la situación en las islas y en las ciudades autónomas.

De hecho, fuentes policiales sostienen que estas son las principales vías de entrada de migrantes irregulares en España, no las costas españolas. En 2023, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el grueso de los migrantes llegó de Colombia (42.600) y de Venezuela (27.300). Marruecos ocupa el tercer lugar, con 25.800 personas, pero el resto de los diez primeros puestos está dominado por países de América Latina: Perú, Argentina, Honduras y Ecuador.

La evolución histórica de las llegadas de migrantes a España demuestra que la cifra aumenta en períodos de bonanza económica, en consonancia con la existencia de ofertas de trabajo, y se reduce en momentos de crisis. No solo no existe una invasión, sino que, si España y Europa quieren garantizar su futuro demográfico, deben incrementar la llegada de extranjeros. Todos los estudios demográficos predicen que Europa en general, y España en particular, no tiene futuro a menos que se abran a recibir inmigrantes. En el caso español, con un envejecimiento que alcanzará al de Japón dentro de 16 años, algunos ya se atreven a ponerle fecha: el año 2050. Si seguimos como hasta ahora, a partir de entonces la economía y el Estado del bienestar serán insostenibles.

La carta de cumplimiento 

Feijóo se sacó de la manga este miércoles una exigencia que no existe para permitir la llegada de migrantes de manera regular. A la condición de tener un contrato de trabajo, que sí es un requisito legal (salvo para los refugiados y no en todos los casos), añadió la exigencia de obligarles a firmar una “carta de cumplimiento de nuestras leyes”. Detrás de este planteamiento está el intento de relacionar a los migrantes con problemas de seguridad.

Tal carta no existe, ni en España ni en la Unión Europea (afecta a toda la UE, porque hay libertad de movimientos entre países). Francia intentó aprobarla, en pleno debate sobre la inmigración durante la última campaña electoral, pero no convenció a los demás socios de la Unión. Pretendían exigir el conocimiento del francés y el acatamiento expreso a los principios de la república francesa, dos requisitos incompatibles con la legislación internacional en materia de derechos humanos. 

No obstante, la cuestión no está cerrada. En septiembre volverá a estar sobre la mesa. Si Feijóo quiere que se imponga, tendrá que ser asumido por el conjunto de la UE.

Refugiados sí, pero no

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El PP y Vox no quieren refugiados de África. La mayoría de los que llegan en los últimos meses a las costas españolas, en particular a Canarias, y concentran el rechazo de la derecha proceden de Malí y huyen de la violencia. No son migrantes económicos. Solo en Mauritania se apiñan en campos de refugiados más de 200.000 personas.

Todo lo contrario ocurre con los que llegan de Ucrania, más de 200.000 personas, según las estadísticas del Gobierno de España, a los que el PP y las comunidades gobernadas por la derecha, en particular Madrid, se han mostrado dispuestos a acoger sin límite de ninguna clase.

Algo parecido sucede con los migrantes procedentes de Venezuela, la mayoría de los cuales ni siquiera tienen el estatus de refugiados. Según datos del INE, su número roza las 400.000 personas (de las que 174.000 tienen también la nacionalidad española), casi la mitad de ellas afincadas en la Comunidad de Madrid. Su presidenta no sólo no se opone a su llegada, sino que hace constantes declaraciones felicitándose de que la capital se haya convertido en un polo de atracción para quienes, según sus palabras, huyen de las dictaduras de América Latina.