El juez Eloy Velasco acordó en la noche de este viernes prisión incondicional comunicada para el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y para el expresidente de Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino. Para Pablo González y Juan José Caballero, hermano y cuñado del expresidente, el juez acordó prision eludible bajo fianzas de 4 millones y de 100.000 euros, respectivamente.
En el caso del consejero de OHL, Javier López Madrid, y del exdirector de la Agencia de Informática y Comunicación (ICM) José Martínez Nicolás, el juez resolvió la libertad que se convertirá en prisión si no depositan 100.000 euros antes de las 12 horas del 28 de abril. En su auto el juez insistirá en que investiga delitos de organización criminal, blanqueo, falsificación, prevaricación, malversación y fraude.
La Fiscalía había pedido prisión incondicional para Ignacio González y José Martínez Nicolás y una fianza de un millón de euros para Javier López Madrid. El expresidente de la Comunidad de Madrid ha prestado declaración ante el magistrado instructor de la Audiencia Nacional Eloy Velasco durante dos horas y 45 minutos. González lo ha negado todo y ha escuchado las grabaciones telefónicas de las que fue objeto en el curso de la investigación. En ellas aparece González de interlocutor y algunas de las preguntas que le han hecho han versado sobre por qué no denunció ciertas irregularidades a su llegada al Canal de Isabel II, del que fue presidente de 2003 a 2012. El que es considerado por la investigación presunto cabecilla de la trama ha afirmado que siempre ha actuado en el plano de la legalidad, según fuentes de la acusación. El exmandatario regional fue trasladado a la cárcel de Soto del Real.
El expresidente de la Comunidad de Madrid habría desviado de la Agencia de Informática y Comunicación (ICM), dependiente de la administración regional, un millón de euros para sanear las cuentas del PP de Madrid, según el juez Eloy Velasco. Fuentes jurídicas citadas por Europa Press han señalado que entre los indicios delictivos que el juez atribuye al expresidente madrileño también está el cobro de una comisión de 1,4 millones de euros por parte de OHL que habría sido autorizada por el consejero de la constructora Javier López Madrid. El pago de dicha comisión se habría llevado a cabo a través de un banco con sede en Suiza.
El pago está vinculado, de acuerdo con las pruebas recabadas por la UCO y aportadas al sumario, con el fallido proyecto de unión ferroviaria entre los municipios madrileños de Móstoles y Navalcarnero. La información sobre este abono tendría su origen en los requerimientos que la Guardia Civil realizó este jueves en la sede de OHL y de otras empresas como Indra, Saerco, Licuas y PwC, en este último caso por los proyectos de la agencia pública ICM.
Se da la circunstancia de que la ICM es una de las empresas públicas implicadas en el caso Púnica por su mediación en los trabajos encargados al presunto conseguidor de la trama, Alejandro de Pedro, para realizar trabajos de reputación online en beneficio de otros dirigentes del PP de Madrid.
La Operación Lezo se inició el miércoles a primera hora con la detención de Ignacio González y de su hermano Pablo y su cuñado, José Juan Caballero. La investigación judicial señala a los dos últimos por su posición destacada dentro de un entramado al que se le atribuye, entre otros, el delito de organización criminal. Ambos han sido enviados este viernes a prisión. Concretamente, Pablo González y José Juan Caballero están acusados de ser los promotores de la construcción del campo de golf en Chamberí, en el centro de Madrid, tras una polémica venta de suelo hasta entonces propiedad del Canal de Isabel II. En esta operación también habría participado el expresidente madrileño, según los indicios que obran en la causa que instruye el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6.
Según la investigación judicial, Pablo González y José Juan Caballero crearon empresas ad hoc primero para la construcción y, posteriormente, para la explotación y mantenimiento, de un campo de golf en Chamberí sujeto a una fuerte controversia, ya que contó con el rechazo de algunas plataformas vecinales y de partidos de la oposición que cuestionaban el procedimiento y utilidad de este tipo de instalación. Además, Velasco relaciona a González con La compra en 2013 por Inassa, la filial suramericana del Canal de Isabel II, del 75 por ciento de la sociedad brasileña Emissao Engenharia e Construçoes. La operación supuso, según el juez, el desvío de 25 millones de dólares (23,3 millones de euros) del patrimonio público madrileño y se realizó "a través de cuentas no autorizadas en paraísos fiscales" mediante un mecanismo de "premeditada sobrevaloración del precio de compra de las participaciones".
El instructor del caso Lezo atribuye además al expresidente madrileño del PP responsabilidad en facturaciones ficticias y manejo habitual de dinero en efectivo, según las mismas fuentes.
Las dos 'manos 'de Aguirre, en prisión
Ignacio González es el segundo hombre fuerte de la expresidenta autonómica y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, que ha entrado en prisión acusado de formar parte de una trama de corrupción, después de que Francisco Granados lo hiciera en octubre de 2014, en el marco de la trama Púnica.
Por su parte, López Madrid –condenado a medio año de cárcel por el caso de las tarjetas black– ha declarado "efusivamente" ante el juez durante poco más de una hora. Anticorrupción solicitaba para el yerno de Juan Miguel Villar Mir cárcel eludible bajo fianza de un millón de euros por autorizar supuestamente el pago de una comisión por valor de 1,4 millones de euros al expresidente regional.
La defensa de González hasta este viernes ha sido ejercida por el letrado Gonzalo Rodríguez Morurullo, que acompañó a su cliente durante los registros en su despacho y su domicilio. No obstante, en las últimas horas el exmandatario ha cambiado de abogado y durante la declaración está siendo asistido por Esteban Mestre.
Velasco decretó en la noche del jueves el ingreso en prisión provisional eludible bajo el pago de una fianza de 4 millones de euros para la exdirectora financiera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond y de 100.000 euros para el exgerente Adrián Martín –que ya ha prestado aval– y que fueron los primeros en pasar a disposición del juez en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la empresa pública de gestión del agua.
Les imputa presuntos delitos de pertenencia en organización criminal –un cargo del que de momento no acusa la Fiscalía Anticorrupción–, blanqueo, falsificación de documentos públicos, prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos.
Estas dos personas están presuntamente relacionadas con la adquisición irregular de la empresa brasileña Emissao Engenharisa e Construçoes que hizo el Canal de Isabel II en 2013 por un importe de 23,3 millones de euros.
El fiscal jefe de Anticorrupción tapó en 2009 el escándalo del campo de golf adjudicado por González
Además el juez también tomó declaración el jueves en calidad de investigado al empresario Adrián de la Joya por su implicación en la trama relacionada con el cobro de una comisión de la multinacional OHL, y le ha dejado en libertad sin medidas cautelares.
Igualmente han prestado declaración en esta causa el presidente y el director de La Razón, Mauricio Casals y Francisco Marhuenda, respectivamente, por presuntas coacciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para que no denunciara las irregularidades detectadas en el Canal de Isabel II.
La operación Lezo estalló este miércoles y llevó inicialmente a la detención de 12 personas, de las que tres fueron puestas en libertad en las siguientes horas. Además del registro en las dependencias del Canal de Isabel II, la operación que desarrolla la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha llevado también a la intervención en las sedes de OHL, Indra, Saerco y Licuas, además de la Agencia de Informática y Comunicación de la Comunidad de Madrid.
El juez Eloy Velasco acordó en la noche de este viernes prisión incondicional comunicada para el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y para el expresidente de Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino. Para Pablo González y Juan José Caballero, hermano y cuñado del expresidente, el juez acordó prision eludible bajo fianzas de 4 millones y de 100.000 euros, respectivamente.