Cuelgamuros, año uno de la exhumación: "Vivimos entre la resignación de la espera y la ilusión por los avances"

La llamada que llevaba décadas esperando se produjo, finalmente, un tórrido mes de julio. "Tengo una buena noticia que darte. Lo hemos identificado", escuchó Fausto Canales tras descolgar el teléfono. Quien hablaba al otro lado del aparato era el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Y a quien se refería era a Valérico Canales, el padre que una cuadrilla falangista arrebató a Fausto cuando sólo tenía dos años. El plan de exhumación en el Valle de Cuelgamuros, ese mausoleo franquista que acabó convertido en la mayor fosa común de todo el país, empezaba a dar los primeros frutos apenas tres semanas después de su inicio. Unas labores que, un año más tarde, avanzan lentamente sin que las familias sepan aún cuándo podrán volver a abrazar a sus seres queridos.

Los trabajos en las criptas de la Basílica, donde se encuentran inhumados los restos de casi 34.000 personas, se iniciaron en junio de 2023, una vez superada la ofensiva en los tribunales de algunos grupos ultras. Desde entonces, según los datos aportados a mediados de julio por el Ministerio de Política Territorial y Memoria, se ha logrado identificar a trece represaliados. Once de ellos, entre los que se encontraba el padre de Fausto, fueron asesinados en los municipios abulenses de Aldeaseca y Fuente El Saúz. Y los otros dos, últimos en ser localizados, fueron trasladados a Cuelgamuros desde una fosa común ubicada en la localidad maña de Borja. Son Juan Chueca Sagarra y Esteban Giménez Ezpeleta.

El primero de ellos, jornalero de profesión, fue asesinado en el verano de 1936. Tenía entonces 42 años y cinco hijos. El más pequeño, Enrique, falleció unas semanas antes de que se produjera la identificación, por lo que no ha podido cumplir su deseo de volver a reunirse con su padre por última vez. Giménez Ezpeleta, por su parte, era un agricultor de Magallón vinculado al sindicato UGT que tras el estallido de la Guerra Civil fue llamado como tantos otros a comparecer en el consistorio de la localidad por una cuestión aparentemente sin importancia. Pocas horas después, el hombre fue fusilado. "Por fin podrá descansar junto a mi abuela", celebró su nieto y actual alcalde de la localidad maña, Esteban Lagota, tras recibir la noticia.

"Nada nos va a hacer cejar en nuestro empeño de devolver a las familias los restos de sus deudos", aseguró el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, hace poco más de un mes en la Comisión Constitucional del Senado. Una comparecencia en la que ofreció, además, algún detalle más sobre el avances de los trabajos de exhumación en el complejo monumental ubicado en plena sierra de Guadarrama. Así, señaló que se habían trasladado al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencia Forense setenta muestras para proceder a su identificación genética. Las labores en Cuelgamuros arrancaron con la previsión inicial de recuperar los restos de 60 personas. Una cifra que se ha incrementado con el paso de los meses. Ahora, el Gobierno tiene sobre la mesa 170 solicitudes de exhumación.

Un plan ambicioso por fases

La ambiciosa operación del Ejecutivo, que está llevando a cabo un grupo multidisciplinar integrado por forenses, arqueólogos o antropólogos, se planteó desde un primer momento por fases. Atendiendo al volumen de peticiones y a que se cree que ahí pueden yacer los restos de los hermanos Lapeña, caso que cuenta con una resolución judicial pendiente de ser ejecutada desde hace siete años, se decidieron empezar los trabajos por la capilla del Santo Sepulcro, ubicada a la derecha del altar mayor a cuyos pies se encontraba hasta hace no mucho el dictador y que cuenta con cinco niveles de columbarios. Y que una vez concluida esa primera fase, se seguiría con la capilla del Santísimo para, por último, abordar todas las que se ubican a los lados de la nave de la basílica.

Joan Pinyol está a la espera de estas últimas. En concreto, de la del Pilar, donde en la década de los noventa fueron trasladados los restos de su abuelo desde la capilla del Santísimo, en la que habían sido inhumados inicialmente, por unas filtraciones de agua. Se llamaba Joan Colom. "Era un hombre de paz que murió al final de la guerra sin entrar en ella", cuenta su nieto al otro lado del teléfono. Fue movilizado por la República en octubre de 1938. Y estuvo en la retaguardia hasta que el frente se le "echó encima" con la ocupación de Cataluña. Colom fue apresado y trasladado a un campo de concentración en la Seu Vella. Allí, según el acta de defunción que su abuela pagó "seis veces más cara" que la viuda de un franquista, falleció por tifus.

El cuerpo del hombre fue arrojado a una fosa común. Y allí estuvo hasta julio de 1965, cuando las autoridades decidieron, con nocturnidad y alevosía, trasladarlo junto con otro medio millar de personas al Valle de Cuelgamuros. La familia no fue consciente de ello hasta 2008, cuando vieron su nombre en un listado de trasladados publicado por la revista Sàpiens. Más de cuatro décadas en las que estuvieron llevando flores a una "tumba vacía". En cuanto se enteraron de que los restos de Colom estaban en el mausoleo, comenzaron una larguísima batalla para recuperarlos. "Hicimos peticiones y demandamos su exhumación, pero durante años nos la negaron con excusas de todo tipo", relata Pinyol. Una lucha que llega hasta la actualidad.

Doce meses después de su inicio, la familia afronta los trabajos de búsqueda e identificación en el complejo monumental con un torrente de sentimientos encontrados. "Vivimos entre la resignación de la espera y la ilusión por los avances, aunque sean lentos", desliza el nieto en conversación con infoLibre. El tiempo, en estos casos, juega en contra de una generación a la que no quedó más remedio que convivir con el miedo y el silencio. La madre de Pinyol tiene en estos momentos 94 años. "Hace dieciséis que vive con la esperanza de ver regresar el cuerpo de su padre", sostiene el escritor, que acaba de publicar ¡Te sacaré de ahí, abuelo! (Traficantes de Sueños, 2024). Y su tía, otra de las hijas de Colom, falleció hace ahora tres años.

Una espera que nadie sabe cuánto se prolongará. "No nos han dado una estimación de tiempo", explica al otro lado del teléfono Eduardo Ranz. El abogado, que representa a nueve familias que han pedido la exhumación de sus seres queridos, critica la lentitud de los trabajos, que contrasta con la rapidez con la que se sacaron del complejo monumental los cuerpos del dictador Francisco Franco y del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera. "Nadie entiende por qué no se trabaja de continuo", completa. Algo en lo que también incide el nieto de Colom. "Igual es necesario un refuerzo con otro equipo que permita acelerar", deja caer el escritor, que para nada critica la labor que realiza el grupo multidisciplinar: "Es muy profesional, trabaja a conciencia".

Las últimas noticias que ha recibido Pinyol es que las labores continúan centradas en el Santo Sepulcro. Una capilla que presenta ciertas dificultades. El plan inicial del Gobierno, de hecho, contemplaba ir apuntalando cada una de las salas de la capilla a medida que finalizasen en las mismas los trabajos. Unas labores que también se han visto ralentizadas por la continua ofensiva judicial ultra. El pasado mes de septiembre, un juzgado de Madrid anuló la licencia de obras sobre la que se apoyan las exhumaciones. La sentencia fue recurrida por la Abogacía del Estado, que alegó que ni el informe del arquitecto estaba mal motivado ni las obras a realizar iban a ser profundas e irreversibles.

La Audiencia Nacional, por su parte, paralizó en diciembre de forma cautelar los trabajos en Cuelgamuros tras recibir el recurso de la nieta de una mujer allí inhumada, representada por el colectivo ultracatólico Abogados Cristianos, en el que se alegaba que las labores que se estaban realizando implicaban "cierto grado de profanación". Ocho días después, y tras analizar las alegaciones presentadas por la Abogacía del Estado, el mismo juzgado dejó sin efecto la suspensión al observar que las exhumaciones se estaban realizando en un lugar diferente de aquél donde reposaban los restos que la recurrente decía querer proteger. "Pelearemos en todas las instancias judiciales los intentos de paralizar esta operación", advertía Torres hace poco más de un mes en el Senado.

Hacia la resignificación de Cuelgamuros

La nueva Ley de Memoria Democrática prevé, entre otras cosas, convertir el complejo monumental en un "lugar de memoria democrática" cuya "resignificación" irá destinada a dar a conocer "a través de planes y mecanismos de investigación y difusión" las "circunstancias de su construcción, el periodo histórico en el que se inserta y su significado", a fin de "fortalecer los valores constitucionales y democráticos". Un proceso que ha avanzado lentamente con el cambio de denominación del mausoleo –ha pasado de llamarse Valle de los Caídos a llamarse Valle de Cuelgamuros– o la exhumación y traslado de los restos de Franco y Primo de Rivera, que llevaban décadas inhumados a los pies del altar mayor, un lugar preeminente dentro de la Basílica.

En el marco de dicha operación para transformar el complejo en un centro de interpretación, el Gobierno constituyó a comienzos de julio la Comisión Interministerial para la Resignificación, de la que forman parte los titulares de varios departamentos –Presidencia, Hacienda, Trabajo, Transición Ecológica, Transportes, Vivienda, Cultura, Ciencia o el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional –. Dicho órgano realizará, por ejemplo, una propuesta de "asignación de los bienes inventariados" adscritos a Cuelgamuros a los distintos departamentos ministeriales. O impulsará la elaboración del esperado real decreto que establezca el nuevo marco jurídico aplicable al complejo, que hasta ahora se ha regido por un andamiaje legal heredado del franquismo.

De esto último depende, fundamentalmente, el futuro de la comunidad benedictina en el mausoleo. Un futuro que Torres parece tener claro. "Los monjes no pueden estar en ese emplazamiento", repitió el ministro de Política Territorial y Memoria durante su comparecencia en la Comisión Constitucional del Senado.