Cuenta atrás para la nueva ley de asilo: ¿puede España desmarcarse del apartheid migratorio de la UE?

El mismo día que vio la luz verde ya se vio que el texto nacía con una marcada oposición. Poco antes de que el Parlamento Europeo votara el Pacto de Migración y Asilo, un grupo de activistas gritaban desde el palco de invitados: "Este pacto mata, vota 'no", protestaban. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificaba en cambio el día de "histórico". Faltaban entonces dos meses para las elecciones europeas y una escasa mayoría de 301 votos a favor frente a 272 en contra aprobaba una reforma legislativa demasiado laxa para la extrema derecha y demasiado dura para la izquierda. Una nueva norma que, en cualquier caso, todos los gobiernos deben cumplir. También el español, que lo implementará, como tarde, antes de junio de 2026.

La adaptación a la nueva hoja de ruta que marca Bruselas llegará a través de la reforma de la ley de asilo, una norma que no se movía desde el año 2009 y cuyas modificaciones llegarán acompañadas también, según informan desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), de un reglamento para implementarlas —y que lleva 15 años pendiente. Fuentes de la organización han enviado este miércoles un decálogo de las líneas que la nueva Ley no debe cruzar. Y piden, como mínimo, un diálogo en torno a todas ellas. Ya ocurrió así, ha especificado durante un desayuno informativo el presidente de la organización, Carlos Berzosa, con las normas de 2009 y con su antecesora, la de 1984.

Todavía queda margen, pero desde Cear indican que el Ejecutivo —con el Ministerio del Interior al frente pero también con la implicación de otros departamentos como el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o el de Juventud e Infancia— ya trabaja en un texto que tendrá que trasponer las líneas generales del pacto europeo. ¿Y cuáles son? 

A grandes rasgos, el plan pasa por acelerar la devolución a las fronteras de los inmigrantes ilegales, reducir los plazos de tramitación de las solicitudes de asilo y establecer un principio de solidaridad en el reparto de los inmigrantes por el continente. Este último había sido de hecho el principal motivo de fricción en el debate en torno al Pacto, unas diferencias que finalmente se resolvieron con un mecanismo de "solidaridad flexible" que obligará a los Veintisiete a responder ante un socio desbordado con la llegada de migrantes reubicando en su territorio a parte de esas personas o pagando una compensación de 20.000 euros por cada rechazo.

En España, uno de los países frontera de la UE, la idea es identificar los perfiles de los migrantes cuanto antes para cribar quién puede quedarse y quién no. Mientras, además, se trabajará en su retorno. Es decir, la idea es que la devolución pueda producirse cuanto antes, según la hoja de ruta que plantea el Ejecutivo, según publicó El País. Por otro lado, se busca que las detenciones sean una alternativa, pero amplía los perfiles de solicitantes que puedan estar privados de libertad. Esta, ha señalado Cear este miércoles, es precisamente una de las vías que podría utilizar el Gobierno para diferenciarse de la hoja de ruta marcada por Bruselas. Porque lo que debería pretender España, defendió de hecho Berzosa, es erigirse como un "dique de contención frente a las políticas contrarias a derechos".

"La nueva ley de asilo marcará un antes y un después en los derechos humanos en España. Aún estamos a tiempo de dar un giro de 180º y liderar otra Europa", dijo durante el desayuno Mónica López, directora de Cear. "Estamos ante una oportunidad histórica de contar con una ley que sea recordada por su carácter vanguardista y garantista", añadió por su parte su compañero en la dirección Mauricio Valiente.

La importancia del contexto y la voluntad política

Sin embargo, no todos los expertos están de acuerdo. Desde Amnistía Internacional, por ejemplo, la investigadora sobre temas migratorios Virginia Álvarez parte del mismo diagnóstico para concluir sin embargo que el pacto europeo no debe aplicarse en España. Lo ideal, señala, no es que haya una nueva norma, sino que la que hay, aun con fallos, se cumpla. "En 2009 ya hubo un retroceso con respecto a lo que teníamos en 1984, pero es que, además, uno de los problemas actuales es que el Estado no cumple sus obligaciones, dejando vacíos de contenido los derechos de las personas migrantes y refugiadas", afirma.

También habla de "oportunidad", pero en el peor sentido de la palabra. Y con ella coincide el catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de València Javier de Lucas. "No es cuestión de tener o no tener margen, sino de que es absolutamente impensable que España se desmarque de la Unión Europea", lamenta. "Es una tendencia terrorífica en la que el Gobierno se va a mantener, no hay voluntad política para otra cosa", añade. Y fundamenta esa opinión en dos aspectos: en que el próximo 20 de mayo entra en vigor el reglamento de extranjería que endurece las peticiones de asilo —una evidente declaración de intenciones, entiende De Lucas—, y en las relaciones que el Ejecutivo mantiene con el reino de Marruecos, país incluido como "seguro" en la nueva lista elaborada por la Comisión Europea con el objetivo de acelerar las devoluciones.

Gemma Pinyol, directora de políticas migratorias en Instrategies e investigadora asociada Gritim-UPF, lo subraya. Y lo hace porque el contexto, critica, no es el más propicio para una política migratoria verdaderamente integradora. "Es lo que más me preocupa: en qué momento y situación ha nacido el pacto europeo que ahora hay que aplicar", señala, desde el otro lado del teléfono. Es un momento, dice, "muy complicado" a nivel nacional, internacional y europeo. Y este texto sólo es uno de los muchos ejemplos de ello. "El pacto propone una serie de reglamentos de obligado cumplimiento que afectan claramente al derecho de asilo", critica. En primer lugar por ese cribado previo que pretende establecer qué personas pueden o no acceder al asilo. "Ya no es una cuestión de concederlo o no concederlo, sino de quién puede llegar a ser solicitante", lamenta.

Asilo en embajadas, protecciones específicas y sin detenciones

Hay aun así algunos márgenes que el Gobierno sí puede aprovechar para desmarcarse de estas políticas. Lo necesario es, a juicio de Cear, escuchar a la sociedad civil, como se hizo cuando se aprobaron las leyes de 1984 y 2009. El decálogo presentado este miércoles, de hecho, ya ha sido enviado al Ejecutivo por un lado y a los grupos parlamentarios por el otro.

En primer lugar, lo que plantean es que se garanticen las vías legales y seguras para solicitar la protección internacional, algo que debería pasar por el mantenimiento de un aspecto que, aunque contempla la norma actual, no se aplica de manera adecuada: la posibilidad de pedir asilo en embajadas y consulados para evitar, explica la ONG, "que las personas tengan que arriesgar sus vidas en rutas cada vez más peligrosas y mortales". Apuntan también en este sentido al reasentamiento, es decir, al traslado directo desde terceros países.

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Por otro lado, consideran muy relevante que se mantengan las protecciones que hoy ya existen, pero inciden en la importancia de que verdaderamente se cumplan. En este sentido, exigen que se garantice la asistencia jurídica gratuita y los intérpretes. Y que los plazos máximos desde que se solicita el asilo hasta que se obtiene no supere, nunca, los 26 días.

También abogan por evitar las detenciones, algo que debe ser "el último recurso y siempre de forma motivada", aunque siempre con la prioridad de medidas alternativas. Del mismo modo, exigen respetar el principio de no devolución y siempre teniendo como máxima, en este sentido, que el derecho de asilo es individual, por lo que no pueden en ningún caso establecerse medidas como ese listado de países "seguros". Por ello inciden también en la importancia de garantizar condiciones "adaptadas" a personas en situación de vulnerabilidad e incluir siempre las garantías para niños, niñas y adolescentes, los cuales deben poder tener acceso a un "tutor o tutora legal en un plazo de 15 días". Hay que garantizar, insisten, en que el derecho a la vida en familia prime sobre todo lo demás.

Queda poco más de un año para que el texto tenga que estar aprobado. Para entonces también habrán visto la luz las normas del resto de países europeos de los que, por el momento, no hay noticias. Según lamenta Cear, tanto la participación de la sociedad civil como la transparencia, hasta ahora, han brillado por su ausencia.