El pacto migratorio de la UE, la "gran" reforma que endurece la acogida y que la extrema derecha aplaude

La Presidencia española del Consejo de la UE (en nombre de los 27 y respetando su mandato) y el Parlamento Europeo alcanzaron a primera hora de la mañana de este miércoles el acuerdo final que dará vida al nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, una reforma supuestamente en profundidad de la gestión migratoria en el continente que en la práctica cambiará poco y servirá apenas para que durante meses se hable de un asunto que alimenta el voto a la extrema derecha.

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, se mostró encantada del pacto pues podrá venderlo como uno de los principales logros de su mandato. El ala derecha del Partido Popular Europeo, la que domina el bávaro Manfred Weber y que busca pactar con la extrema derecha tras las elecciones europeas del próximo 9 de junio, exultaba esta mañana. Los diplomáticos y funcionarios españoles al mando de la negociación por parte de los gobiernos tuvieron un margen de maniobra muy limitado porque entre los 27 lograr una posición común fue como arrancar una muela del juicio sin anestesia.

Más allá de los condicionantes y las consecuencias políticas, la supuesta gran reforma es un ratón que no atajará ninguno de los problemas de la gestión migratoria. Los gobiernos presionaron desde hace semanas a los eurodiputados con el argumento de que de no cerrarse la reforma se estaría alimentando a la extrema derecha. Una especie de “acepten esta reforma que gusta a la extrema derecha para que no venga la extrema derecha”.

Quienes lo han defendido estos más de tres años pasados desde que Von der Leyen lo presentó en septiembre de 2020 aseguran que servirá para hacer frente a la inmigración irregular, para ordenarla, y siempre respetando dos principios, el de la solidaridad (entre Estados miembro) y el de la responsabilidad (endurecimiento del control fronterizo para seguir poniendo ladrillos en la fortaleza europea).

La solidaridad entre Estados es muy limitada. Los países de entrada (España, Italia, Malta, Grecia) seguirán siendo responsables de las solicitudes de asilo de quienes entren en Europa. Los demás Estados miembros podrán enviar de vuelta a esos países del sur a quienes hayan pasado primero por ellos antes de llegar al norte. A cambio, habrá cuotas de reparto de esos solicitantes de asilo, pero lejos de los números de los que van llegando no ya en 2015 sino incluso este año. El Gobierno que no quiera echar una mano acogiendo su cuota de solicitantes de asilo podrá mostrar su “solidaridad” pagando 20.000 euros por cada persona no acogida o ayudando de otra forma, por ejemplo con funcionarios que gestionen el procesamiento de solicitudes de asilo.

En la práctica lo que se pone por escrito ahora es lo que funciona desde que se implantó en 2016 en las islas griegas y que funciona en Canarias o Lampedusa. A partir de ahora los gobiernos deberán hacer un filtro en el punto de llegada, en las islas, donde se procederá a “procedimientos fronterizos”. Y en esos lugares podrán encerrar durante semanas a quienes, por su nacionalidad, tengan menos probabilidades de ser aceptados como refugiados. Un margen de maniobra enorme para enviar a esas prisiones (pero no las llame usted así aunque se les encierre y no puedan salir por su voluntad), simplemente por su nacionalidad, a personas que sí podrían tener derecho a asilo por otras razones.

Canarias, Sicilia, Lampedusa o las islas griegas del Egeo serán así de manera ya oficial una especie de prisiones de acogida. Mientras los llegados sean pocos el sistema aguantará, pero cuando su número crezca reventará porque nadie sabe ni puede mantener a varios miles de personas en Lampedusa o El Hierro.

A los encerrados se les estudiarán sus solicitudes de asilo a través de un proceso acelerado y se les mantendrá encerrados hasta su deportación. Pero esa promesa de deportaciones rápidas y masivas choca también con la realidad política. La tasa media de deportaciones de personas que han recibido una orden de expulsión en la última década, a nivel europeo, se mueve entre el 30% y el 40%. El resto se queda de forma irregular. Los gobiernos no consiguen deportar más porque los países de origen no los aceptan.

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La Unión Europea quiere cambiar eso a través de una política exterior de zanahoria (ventajas comerciales, visados más fáciles) y palo (sanciones comerciales, limitación o eliminación de visados), pero es una idea que intenta aplicar desde hace casi una década sin éxito alguno. Nunca funcionó y además alinea a los países del sur contra una Unión Europea madrastra, antipática. O, como decía este miércoles Josep Borrell (y recordaba en su newsletter matinal el veterano corresponsal Christian Spillman) “una política migratoria demasiado restrictiva” alimenta la desconfianza del sur del planeta hacia Europa.

Los valores europeos se pisotean en esta reforma, según más de 50 ONG, entre ellas Amnistía Internacional, Oxfam o Save the Children. En una carta escribieron: “El pacto europeo sobre migración y asilo será el reflejo de las políticas fracasadas del pasado y agravará las consecuencias”. Será, denuncian, “un sistema poco funcional, costoso y cruel que fracasará en cuanto sea puesto en marcha y que deja cuestiones cruciales sin responder”. Las ONG exigen que la política de encerrar a los recién llegados (incluso a niños) se elimine, así como las deportaciones hacia países que no son seguros y la discriminación racial.

No es la política migratoria que haría Santiago Abascal o que haría Marine Le Pen. Ellos se limitarían, si los militares se prestaran al crimen, a poner a la Armada a dar la vuelta en alta mar (y enviar a una muerte segura) a las barcazas de migrantes y solicitantes de asilo. Pero que no sea una salvajada ultra no la convierte en una política migratoria ni humana ni eficaz.