Daniel Sorando, sociólogo: "Los inquilinos saldrán peor parados en las comunidades opuestas a la ley de vivienda"

Cuando Daniel Sorando (Zaragoza, 1984) habla de vivienda, la conversación tan pronto gira en torno a la ideología, la sociología y hasta la psicología colectiva como deriva hacia cemento, compraventas y plusvalías. De Blackstone a la PAH, de las políticas desarrollistas a las posibilidades de reforma, todo queda integrado en un mismo análisis, según el cual el derecho a la vivienda en España ha estado históricamente subordinado –y no será fácil que deje de estarlo– a las rentabilidades proporcionadas por un mercado a la medida de la clase rentista que está en la raíz de la avería de nuestro ascensor social.

Las asentadas inercias y los desequilibrios de poder en el mercado sólo pueden cambiarse con políticas decididas, continuadas y costosas, expone Sorando, autor de First we take Manhattan. La destrucción creativa de las ciudades, un ensayo sobre la gentrificación, así como de artículos sobre la burbuja del alquiler, sobre los ganadores y perdedores del crash de 2008 o sobre la incapacidad de la lógica capitalista para integrar el derecho a la vivienda. Profesor de la Universidad de Zaragoza, Sorando sigue con máximo interés las últimas medidas anunciadas por el Gobierno, tanto la ley pactada con ERC y Bildu como la movilización de inmuebles de la Sareb y la financiación milmillonaria de nueva vivienda para alquiler. Su balance se mueve en una gama de grises.

Tormenta de valoraciones tras la anunciada ley. ¿Es un "cambio de paradigma histórico" o un "ardid electoralista"?

La ley es resultado de la tensión entre dos fuerzas. Por un lado, los movimientos sociales, como la PAH y los sindicatos de inquilinas, que han encontrado eco en Unidas Podemos, ERC y Bildu. Inspirándose en la experiencia catalana, han empujado al acuerdo la segunda fuerza, el PSOE, reticente porque representa una idea de estabilidad sostenida sobre la condición sagrada de la propiedad inmobiliaria. El PSOE nunca ha querido cambiar el modelo Arrese [por el falangista José Luis Arrese, ministro de Vivienda de 1957 y 1960, que dijo la famosa frase “queremos un país de propietarios, no de proletarios”]. Además de defender las subvenciones fiscales a los propietarios, ahora Pedro Sánchez hace anuncios ambivalentes, como esas 43.000 viviendas financiadas por el Estado pero de promoción privada. Eso es algo con lo que hay que cortar.

¿Pero ve una avance en esta ley?

La ley sale de una relación de fuerzas característica de los avances del Estado del bienestar español, producto del empuje de una fuerza universalizadora, democratizadora, que parte en los 70 de las fábricas y del movimiento vecinal y que siempre choca con otra fuerza, en este caso defensora del vaciamiento del Estado del bienestar a beneficio de clases medias y altas. Si hasta ahora los logros universalistas se habían producido en la educación, la sanidad y las pensiones, ahora llegan a la vivienda. El movimiento en defensa del derecho la vivienda logra por primera vez introducir ideas en la ley.

El PSOE representa una idea de estabilidad sostenida sobre la condición sagrada de la propiedad inmobiliaria. Nunca ha querido cambiar el modelo Arrese

¿Usted sitúa al PSOE dentro de esa corriente que inicialmente se opone a la universalización? ¿También en temas como la sanidad y la educación?

Es verdad que el desarrollo del Estado del bienestar en los 80 se produce con su protagonismo, pero no veo esos avances como algo salido del PSOE, sino de la calle. Y dentro de los avances, siempre han quedado salvaguardas para beneficiar a las clases medias, como colegios concertados, deducciones para fondos de pensiones, ayudas a los seguros de salud... Siempre existe esa tensión. ¿Qué pasaba con la vivienda? Que ni siquiera había existido tensión. La arquitectura legal, con alguna excepción, la consideraba un bien de inversión, no un derecho. Ahora se ha dado un paso para cambiarlo. ¿Se van a resolver todos los problemas? Claro que no. Queda mucho.

La PAH y los sindicatos de inquilinos critican la norma por quedarse corta.

Estos movimientos presentaron su propia ley, que el PSOE rechazó y Unidas Podemos asumió primero y luego abandonó para llegar a este acuerdo. La crítica es lógica. La ley deja vías de escape y coladeros. Se ha eliminado uno: antes las subidas de la renta del alquiler podían superar lo establecido en caso de acuerdo entre las partes. En una relación de poder tan favorable al casero, esto provocaba una competición entre inquilinos. Ahora bien, quedan otras vías de escape. La ley no regula los alquileres de temporada, otro posible coladero para la búsqueda de rentabilidad de los propietarios. Hay que tener en cuenta que, desde la anterior crisis, se ha cocinado políticamente el mercado para centrar la rentabilidad en el alquiler. Ahora esa rentabilidad va a encontrar algunos límites. Lógicamente, se buscarán formas de evitarlos. No es ninguna anomalía. El mercado funciona así. Si se cierra una vía, se intenta abrir otra.

¿Y la norma deja mucho espacio para eso?

Habrá que ver cómo se persigue el fraude, el incumplimiento de la norma. Pero, incluso en el supuesto de que hubiera inspecciones y control, ahí está el alquiler de temporada como un riesgo. Y no es el único elefante en la habitación.

¿Qué otro elefante hay?

Uno de tamaño considerable: las viviendas de uso turístico. Otra vía de agua.

¿La ley puede incentivar paradójicamente el paso de vivienda a alquiler turístico?

Sin duda. Esto no tiene truco. Si los beneficios se reducen en el alquiler residencial, ahí habrá otro mercado, el turístico, con mayor rentabilidad. Es cierto que eso no va a ocurrir en todas partes, sólo en grandes ciudades, algunos barrios, el litoral, las islas... Pero también es cierto que ahí se concentran los principales problemas.

La ley deja vías de escape y coladeros. Incluso si hubiera inspecciones, ahí está el alquiler de temporada como un riesgo. Y no es el único elefante en la habitación. Hay otro de tamaño considerable: las viviendas de uso turístico

¿El turismo es intocable?

El turismo es intocable, eso seguro, pero también la actividad inmobiliaria. Se llevan un porcentaje elevado del PIB. Hay miedo a tocar el turismo y la construcción porque no hay una apuesta decidida por otro modelo.

¿Es coherente que un mismo gobierno se proclame defensor de la función social de la vivienda y mantenga la búsqueda de récords turísticos?

No es coherente, no. Es jugar a dos barajas contradictorias. Buena parte de la recuperación del negocio inmobiliario desde 2013-2014 se basa en el turismo, no sólo el alquiler sino la compra de segundas residencias por ciudadanos británicos, franceses, alemanes... Pero el turismo genera rentas del trabajo bajas. Las sociedades que hacen reposar una mayor parte de su economía en el turismo son aquellas en las que menos familias pueden irse una semana de vacaciones al año. Si juntamos sus dos efectos, bajos salarios y presión sobre el mercado inmobiliario, el turismo es justo lo contrario de lo que necesita el derecho a la vivienda, que son rentas del trabajo fuertes y desmercantilización.

En el terreno laboral el Gobierno ha hecho un trabajo con la subida del salario mínimo y la reforma laboral. ¿Suficiente para compensar la subida de la vivienda?

Los salarios, en términos reales, apenas han crecido. Mientras tanto, la vivienda ha seguido empobreciendo a los más débiles y enriqueciendo a los que se han hecho con propiedades a precio de saldo después del pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Es verdad que con los ERTE y el salario mínimo el mundo del trabajo se está sosteniendo mejor que en la anterior crisis, pero sigue sin dar garantías a la mayoría de inquilinos o hipotecados.

El Gobierno no es coherente. El turismo es justo lo contrario de lo que necesita el derecho a la vivienda, que son rentas del trabajo fuertes y desmercantilización

¿Qué medidas de la ley tienen mayor potencial transformador?

La ley acierta al combinar dos líneas de actuación: construir vivienda social y controlar los alquileres. No hay que elegir. Debe avanzarse en los dos terrenos y la ley lo recoge. La vivienda social es básica para que no haya que condicionar toda la vida por la vivienda, porque llegado el caso el Estado está ahí y puede proporcionar una. Hay que cambiar el modelo para desplazar las estrategias de aseguramiento social y los horizontes de progreso de la vivienda al trabajo, para que el futuro dependa más del trabajo y menos de la vivienda, para que la vivienda deje de condicionarnos y organizarnos toda la vida. Pero, claro, hemos perdido casi 7 millones de viviendas públicas en 70 años. No podemos esperar ahora otros 70 años para recuperarlas. Mientras tanto, hay que atender situaciones urgentes con el control del alquiler, que ha probado capacidad para reducir la desigualdad y la transferencia de rentas de inquilinos a propietarios. Vamos a ver la concreción. Va a ser un interesante experimento natural.

¿Por qué?

Al haber distinta aplicación en cada comunidad, veremos qué modelo es mejor. Yo no tengo dudas: en comunidades como la madrileña, opuestas a la ley, los inquilinos van a salir peor parados.

Hay que cambiar el modelo para mover las estrategias de aseguramiento social y los horizontes de progreso de la vivienda al trabajo, para que el futuro dependa más del trabajo y menos de la vivienda, para que la vivienda deje de condicionarnos toda la vida

¿Más medidas destacables de la ley?

Es básico impedir que una vivienda promovida como pública pierda esa condición pública. Hay un dato escalofriante, que comentaba antes: desde 1952 se han construido en España unos 7 millones de viviendas con fondos públicos, pero se han perdido casi todas. Se han privatizado. Si no, habría un 25% de viviendas públicas. Estaríamos en la liga de Austria, Dinamarca, Países Bajos. Es obvio que llegamos tarde, pero por lo menos se empieza a revertir, en línea con lo que ya se hace en Euskadi. También es importante subir del 30% al 40% las reservas de suelo para vivienda pública.

Va a ser un interesante experimento natural. Al haber distinta aplicación en cada comunidad, veremos qué modelo es mejor. Yo no tengo dudas: en comunidades como la madrileña, que está en contra de la ley, los inquilinos van a salir peor parados

¿La política de vivienda está demasiado determinada por los fondos de inversión?

Los fondos tienen mucho poder e influencia. No tanto por tener muchas viviendas, que las tienen, sino por su peso en todos los sectores, incluido el accionariado del IBEX.

Piensa en Blackstone, por ejemplo.

Sí. Y es cierto que hay fondos que amenazan con marcharse si la regulación no les gusta.

¿Qué pasaría?

Si vendieran sus viviendas, sería una señal de que algo pasa en el mercado. Hay que tener en cuenta que la mayoría del patrimonio de los hogares españoles es vivienda. En otros países está más diversificado, aquí no. Una pérdida de valor de este patrimonio atacaría el tuétano, el corazón del sistema de aseguramiento social, que fía la estrategia de reproducción de su posición en la sociedad a que la vivienda no pierda valor. ¿Todo esto sería lesivo para el derecho a la vivienda? No, al contrario. Lo facilitaría. Pero encontraría enorme resistencia social. Y es lógico. No debemos moralizar la cuestión, sino politizarla.

¿A qué se refiere?

Lo fácil es concluir que los propietarios son avariciosos, que lesionan el derecho a la vivienda... Lo que ocurre es simplemente que la vivienda se utiliza como medio de aseguramiento de las clases medias y altas en un contexto que no ofrece garantías por medio del trabajo. Si los hogares de clase media y alta se aferran al alquiler es porque no ven que el trabajo dé garantías para sus hijos e hijas. Sin un modelo alternativo de obtención de rentas por la vía del trabajo, es difícil seducir a esas clases medias y altas convencidas de que sus intereses están alineados con el de los grandes propietarios. El problema es que el trabajo está como está, con salarios congelados y pérdida de poder adquisitivo.

Sin un modelo alternativo de obtención de rentas por la vía del trabajo, es difícil seducir a esas clases medias y altas convencidas de que sus intereses están alineados con el de los grandes propietarios

En contra de lo concluido en algún análisis, según usted Arrese no ha muerto

No, Arrese sigue vivo... Pensemos que casi el 80% de los hogares tienen vivienda en propiedad. Mucha población piensa que sus intereses están alineados con la gran propiedad inmobiliaria. Ese es el gran éxito de Arrese. Pero hay alternativas. Cuando hablamos de vivienda, hablamos de la posible transformación de toda la sociedad. Podemos pensar en un modelo en el que el aseguramiento social no dependa de la vivienda dentro de la familia, como ocurre en los Estados familistas del sur de Europa, donde la herencia y el reparto de las rentas son clave en las estrategias... Podemos pensar en un modelo en que el aseguramiento tenga al Estado como garantía, de forma que la familia y el origen pierdan peso a la hora de determinar tus posibilidades. Ahora, a la espera de la concreción y la aplicación de las medidas, damos un paso en la dirección igualitaria. Ahora bien, si los movimientos por la vivienda no siguen la lucha, corremos el riesgo de volver atrás.

Otro interés que puede salir tocado es el de las socimis.

Es posible, sí. Las socimis son instrumentos financieros para que los fondos de inversión obtengan beneficios altísimos en torno al alquiler. Si las rentabilidades no les convencen, algunas podrían optar por el mercado turístico, otras por llevarse el dinero otra parte, lo que desde la perspectiva del derecho a la vivienda sería una buena noticia.

¿Es previsible un incremento de la informalidad y la irregularidad?

Sí. Partimos ya de una base potente. Según Gestha, el 40% de los alquileres no se declaran en el IRPF. Vuelvo a lo mismo: si metemos limitaciones a la rentabilidad, habrá búsqueda de alternativas. Lo que dudo es que la oferta se reduzca. Se ha visto en Cataluña, donde los propietarios no dejan de tener beneficio. Lo que sí habrá son intentos de burlar las limitaciones. Será básica la concreción y la vigilancia de las zonas tensionadas y de los límites al alquiler.

¿Hay poca inspección?

Poca. Ha costado muchísimo en los ayuntamientos, por ejemplo Madrid y Barcelona, investigar las viviendas de uso turístico. Para esta ley hay que formar profesionales y darles medios. Por otro lado, hacen faltas estadísticas fiables sobre el mercado para los índices anunciados. Sin estadísticas, son imposibles.

Dudo que la oferta se reduzca. Lo que sí habrá son intentos de burlar las limitaciones. Será básica la concreción y la vigilancia de las zonas tensionadas y de los límites al alquiler

¿En las comunidades del PP la ley puede quedar en papel mojado?

Veremos. A corto plazo creo que buena parte de la ley no se va a aplicar. Pero en la medida en que las medidas de la ley sean eficaces, podrían suponer una presión insoportable. Eso sí, si gobiernan PP y Vox en diciembre, se cortaría todo de raíz. Si sigue el gobierno de coalición, la posibilidad de que la ley se aplique en todo el territorio dependerá de la movilización social. Si en Cataluña, País Vasco e Islas Baleares los problemas de los inquilinos se reducen, sería costoso no aplicarla.

¿Ve un riesgo de dumping entre comunidades? Es decir, que ante la entrada en vigor de la ley, comunidades del PP se ofrezcan como refugio para los capitales.

Es posible, sí. Puede ocurrir. Pero, ojo, también es posible que haya promotoras a las que les sea rentable construir en las comunidades en las que funcione la ley si se subvenciona su actividad, lo cual sería volver financiar al complejo financiero-inmobiliario, al que llamo así en una analogía con el complejo industrial-militar del que hablaba [el presidente de Estados Unidos Dwight] Eisenhower. Sería volver a lo mismo.

A corto plazo creo que buena parte de la ley no se va a aplicar en las comunidades del PP. Pero si las medidas de la ley son eficaces, podrían suponer una presión insoportable. Eso sí, si gobiernan PP y Vox, se cortaría todo de raíz

¿Alcanza las 50.000 viviendas de la Sareb y las 43.000 más anunciadas para paliar el déficit de alquiler social?

España ha perdido unas 7 millones de viviendas promovidas con fondos públicos. Ahora hablamos de 90.000. Está bien, por algo se empieza. Pero las de la Sareb, cuando empiezas a mirar, son menos. Además, hay que tener en cuenta que el objetivo de la Sareb era vender todo el parque indigerible de los bancos, porque lo digerible ya lo compraron los fondos y los hogares de clase media y alta. Queda lo indigerible, que lo pagamos todos con un préstamo que supone 35.000 millones de deuda pública. Y está en las periferias, en las ciudades fantasmas de la burbuja inmobiliaria. Es de justicia que la Sareb cumpla una función social, pero los efectos son limitados. Seguiremos lejos de un parque en alquiler social con buenas condiciones de calidad, cantidad y localización. La solución requiere de promoción de vivienda con fondos públicos, producida por el Estado. Claro, eso supone gasto público, pero es que España gasta apenas un 0,1% del PIB en vivienda, frente a un 0,5% en otros países europeos. Tenemos margen para avanzar ahí y no con más subvenciones a unas entidades privadas que han sido parte del problema. Las 43.000 viviendas siguen en esa línea equivocada de facilitar el negocio a los promotores. Hay que dejar de hacerlo y apostar por la promoción pública.

Una vivienda tarda en construirse.

Pero hay que empezar. Y, mientras tanto, hacer camino con otras medidas. Por ejemplo, adquirir viviendas privadas, como se hace en Barcelona o en París. Así se combate la segregación urbana.

Las 43.000 viviendas anunciadas por Sánchez siguen en esa línea equivocada de facilitar el negocio a los promotores. Hay que dejar de hacerlo y apostar por la promoción pública

¿Por qué rechaza la colaboración público privada en la producción de vivienda?

La rechazo si trata de garantizar el negocio a unas promotoras con la actividad limitada por la insolvencia de buena parte de la población. En lugar de financiar entidades que buscan beneficio, hay que sacar el beneficio de la ecuación de la vivienda mediante la promoción pública o con entidades sin ánimo de lucro. Y dejar de una vez por todas atrás el modelo Arrese. Hay que superar esa sociedad conservadora que gira en torno a la propiedad inmobiliaria y desmontar poco a poco el complejo financiero-inmobiliario, que condiciona toda la política de vivienda. Avanzar hacia el derecho a la vivienda requiere avanzar en el desmontaje de este complejo. Por eso debe dejar de recibir apoyo público. No podemos perder el dinero para garantizar el derecho a la vivienda en los beneficios privados de ese complejo. Y el Estado no es la única alternativa. También se puede hacer con las asociaciones de vivienda, como las que hay en Reino Unido y Austria, que producen vivienda sin ánimo de lucro.

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Va a costar mucho. No hay tradición, no hay estructuras, todo hay que aprenderlo. Pero es una vía a explorar. En España hay iniciativas de cesión de uso, de cooperativas... Son gérmenes que se deben fomentar. Nuestro sistema mercantilizado no está en nuestro ADN. Nuestra cultura y tradición son resultado de decisiones económicas y políticas. Si tomamos otras decisiones, produciremos otras tradiciones.

Hay que sacar el beneficio de la ecuación mediante la promoción pública o con entidades sin ánimo de lucro. No podemos perder el dinero para garantizar el derecho a la vivienda en los beneficios privados del complejo financiero-inmobiliario

La alternativa de Alberto Núñez Feijóo es más suelo, más construcción, más oferta.

Me parece pornográfico. Cualquiera que viera lo que pasó desde la ley del suelo de Aznar hasta el pinchazo de la burbuja sabe que así cebamos la mayor crisis económica, política y social de la democracia. Ese modelo funciona como una estafa piramidal, en la que todos los que van comprando confían en que habrá una revalorización, hasta que explota la burbuja y el último que ha llegado paga. Y el último, claro, suele ser el más vulnerable.