El 'caso Ossorio' desnuda el trato de favor a la clase alta de un modelo social "familista" con doble rasero

Dos veces ha protagonizado Enrique Ossorio acontecimientos ilustrativos sobre el sistema de bienestar del Estado español. La primera fue hace un año. Tras un informe de Cáritas que alertaba de la pobreza, el entonces portavoz del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se preguntaba –girándose teatralmente hacia atrás– dónde estarían esos pobres que él no veía. El gesto era elocuente de la insensibilidad de la Administración en relación con la pobreza y de la invisibilidad de los últimos de la fila en una comunidad emblemática por sus políticas de segregación, donde la pérdida de espacios de encuentro interclasista, acreditada por la investigación académica, encapsula a las clases pudientes y reduce su compromiso con lo común.

El segundo acontecimiento se ha conocido esta misma semana: Ossorio, el diputado con más patrimonio de la Asamblea de Madrid, cobra un bono de calefacción para "consumidores vulnerables". La noticia, adelantada por infoLibre, ha generado un terremoto con réplicas. Resulta que la familia de la diputada Mónica García, líder de Más Madrid, percibe la ayuda por la misma razón que Ossorio: su familia es "numerosa", es decir, tiene tres o más hijos, lo que da acceso al bono al margen de la renta. El combo se ha completado con otra noticia de este periódico: Alfonso Serrano, número 2 del PP de Madrid, que declaró 83.420 euros en 2021, percibe un bono social para "vulnerables severos". El caso es distinto, porque Serrano supuestamente no cumple los requisitos, pero conduce a una misma conclusión: la facilidad de acceso a fondos públicos de quien ya tiene recursos de sobra. Este haz de la moneda tiene un envés: la dificultad de acceso a fondos públicos de quien menos tiene.

La vicepresidenta Teresa Ribera, tras la noticia sobre Ossorio, el diputado más rico de la Asamblea de Madrid, anunció un cambio legal. Pero lo cierto es que, para atacar de raíz la regresividad, haría falta no sólo la reforma de numerosos programas de ayuda, sino una interrupción de inercias históricas. Porque, más allá de estos casos llamativos, lo cierto es que la regresividad no es la excepción, sino la regla de un Estado del bienestar que suspende en equidad y reproduce las desigualdades de origen mediante un funcionamiento que en ciencia social se conoce como "familista".

Abundan las medidas que tratan igual al que tiene mucho y al que no tiene casi nada. Por supuesto, no todas encajan en la horma extrema del caso Ossorio. Pero múltiples leyes, ayudas, requisitos y vicios del sistema forman parte de la misma estampa. Dos ejemplos que hicieron ruido: las becas de Ayuso en Madrid, disponibles para parejas con un hijo que ingresen hasta 107.739 euros; y las ayudas para academias privadas de Juan Manuel Moreno en Andalucía que abarcan a familias con ingresos de 80.000 euros. Ampliando el foco a medidas de Estado, han sido objetivo de crítica por su "regresividad" el 20% de subvención a la gasolina o la bajada del IVA a los alimentos de Pedro Sánchez y lo fueron en su día 2.500 euros por hijo de José Luis Rodríguez Zapatero.

Un castigo extra a los más pobres

El debate sobre el alcance que deben tener las ayudas sociales es complejo. Estos días múltiples voces de autoridad han realizado aportaciones.

Regla gral xa policy makers:

*Servicios públicos universales,como educación o sanidad: garantiza mejor la calidad de servicios

*Prestaciones focalizadas a quien lo necesita, evita la redistribución a la inversa como pasa en España

A partir de ahí, pueden discutirse excepciones

— Eloísa del Pino (@delPinoE) March 16, 2023

Las ayudas sociales ‘quirúrgicas’ (limitadas a quienes más las necesitan) exigen la comprobación de rentas. Y -como ha mostrado la experiencia del IMV- para asegurar eficacia, eso requiere una Administración más inteligente y ágil, y menos inercial y burocrática. Mejor recordarlo

— Francisco Longo (@francisco_longo) March 16, 2023

No es una cuestión sencilla. Un argumento frecuente a favor de las ayudas universales, aunque puedan ser impopulares, es que permiten a todas las clases autopercibirse como beneficiarias del Estado del bienestar, lo cual acrecienta su compromiso fiscal. Por otra parte, a menudo las políticas que diferencian por renta quedan lejos de sus objetivos. El Ingreso Mínimo Vital llega sólo al 34% de los hogares previstos, y eso después de casi tres años de ensayo y error. Atención al dato sobre el bono de Ossorio: casi la mitad de las familias vulnerables no lo reciben.

Es decir, no es sólo que haya ossorios con ayudas para "vulnerables", es que las capas sociales que a menudo son caricaturizadas como cazadoras de paguitas se quedan sin percibir las ayudas a las que tienen derecho. ¿Por qué? Sobresalen tres motivos: 1) La elevada probabilidad de no llegar ni a enterarse de que la ayuda existe. 2) La dificultad para completar los procesos, que suelen incluir trámites complicados. 3) La obligación de demostrar la pobreza ante la Administración, que crea estigma en sus receptores.

Suspenso en progresividad y redistribución

El caso Ossorio es un síntoma de un problema mayor: el déficit en progresividad y redistribución. Lo admite el propio Plan 2050 del Gobierno: la desigualdad se alimenta de la "insuficiente capacidad recaudatoria y redistributiva" de un país en el que el sistema de protección concede "un menor peso relativo a las transferencias que más benefician a los colectivos más pobres, como ayudas a la vivienda, infancia o inclusión social". El quintil más rico recibe más transferencias (30%) que el más pobre (el 12%). En la OCDE, sólo Portugal, Italia y Grecia tienen sistemas más regresivos.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) coincide. Un informe de 2020 alerta de un contraste estructural: tenemos unos sistemas de pensiones y desempleo sólidos, que cubren bien a los trabajadores consolidados en el sistema, mientras "la menor asistencia social se dedica a los más vulnerables", sobre todo en el sur del país. La proporción de las prestaciones que se destinan al 40% más pobre apenas supera el 30%, por debajo de la UE. Al mismo tiempo, "los hogares más acomodados reciben una parte sustancial de las prestaciones", añade el informe. España está un 15% por debajo de la media de la UE en cuanto al poder redistributivo del gasto social, según el FMI. En 2022 la OCDE apuntó el dedo en la misma dirección con un informe que certificaba que el 20% más rico se lleva el triple de ayudas públicas que el 20% más pobre. Los porcentajes pueden variar. La conclusión siempre es la misma: hay una ley del embudo que favorece a los de arriba.

A esto se suma que el sistema de protección es contributivo. Recibimos en función de lo que damos. La precariedad del mercado laboral se traslada a una mayor dificultad para acceder al sistema de prestaciones. Los más castigados son mujeres, jóvenes e inmigrantes. Quien está fuera del mercado laboral se queda fuera sistema de desgravaciones reembolsables ligadas al IRPF. Un ejemplo: la deducción a madres trabajadoras que llevan a sus hijos a educación de 0 a 3 años. Este tramo educativo es un ejemplo de libro de un ámbito en el que el diseño de las políticas favorece a los que ya están en mejor posición. Un dato: acuden al ciclo 0-3 más del 60% de los niños de familias de mayor renta, frente a menos de un 30% de las que sufren riesgo de pobreza.

En cuanto al sistema fiscal, el propio Plan 2050 admite que el IRPF provoca una redistribución menor que la media de la UE. Un testimonio de la regresividad del modelo lo da el informe de 2022 Desigualdad de la renta y redistribución, de la economista Clara Martínez Toledano, que concluye que los deciles inferiores de renta están sujetos a un tipo medio del 28%, mientras que los que figuran en el extremo opuesto de la tabla soportan un 27%. El 1% más rico acapara casi 3 puntos más de la renta total que el 50% más pobre.

Mejora insuficiente

Tras la redistribución fiscal, la desigualdad de la renta disponible persiste en España. El coeficiente de Gini, una medida de desigualdad de uso extendido en la UE, se reduce sólo en 0,18 puntos tras la acción correctora del Estado, frente a 0,2 en la UE. El 50% más pobre concentra un 14% y un 17% de la renta nacional antes y después de la redistribución fiscal, respectivamente. Sólo 3 puntos de corrección. Es decir, el déficit redistributivo está acreditado.

Los anteriores son datos de 2018 y 2019. La pregunta es: ¿hay enmienda con el actual Gobierno? La respuesta: sí, pero no lo suficiente como para cambiar la inercia, más aún cuando la pandemia ha tenido un efecto agravador de desigualdades. Los datos de 2021 de Eurostat muestran que España incrementa la brecha de ingresos disponibles incluso tras un mayor acción correctora del Estado. El 20% más rico se aleja y multiplica ya por 6 la renta del más pobre.

Un modelo "familista"

El caso Ossorio podría hacer pensar a algún profano que el vicepresidente se ha beneficiado de una de las abundantes ayudas a las familias existentes en España. En absoluto. España gasta en políticas de familia e infancia un 1% del PIB, frente a un 1,9% de la UE-27, según datos de 2021 de Eurostat. Pero, ¿no éramos un Estado que da mucha importancia a la "familia"? Aquí hay un malentendido. En España, explica Daniel Sorando, profesor de Sociología en la Universidad de Zaragoza, se habla mucho de "familia" en la política pero ha "pocas políticas de apoyo a la familia".

Ello podría sorprender en un Estado considerado "familista", al igual que Italia, Portugal y Grecia, habituales en las últimas posiciones en los rankings de protección social. Pero es normal si tenemos en cuenta que lo que en realidad hacen los modelos "familistas", influenciados por la cultura católica, es atribuir a la "familia" un papel central en el acceso a servicios y bienes básicos, lo cual reproduce las desigualdades de origen. "Es una paradoja", dice Sorando: "El régimen de bienestar familista abandona a la mayoría de las familias".

La dependencia y la vivienda ofrecen a juicio de Sorando dos ejemplos canónicos de "familismo". En cuanto al a vivienda, destaca la figura de la VPO, una política orientada a mejorar la situación de la clase media, subvencionando con dinero público su acceso en propiedad. Las tablas de Eurostat dan la medida da la inmensa tarea pendiente de España en materia de vivienda. En la UE-27 las políticas de vivienda se quedan en el 0,3% del PIB, con datos de 2021. En España no llegan ni al 0,1%.

Así que el "familismo", un modelo capitidisminuido de Estado del bienestar en el que la familia –y la caridad cristiana– actúa como complemento del Estado, es útil a los intereses de los individuos de mejores familias, que tendrán mayores posibilidades de heredar vivienda o conseguir un aval para comprarla, también para hacerse un seguro sanitario o complementar sus ingresos tras la jubilación con una pensión privada.

En cuanto a la educación infantil, un estudio que desvela su sesgo a favor de las clases altas –elaborado por Lara Navarro y Marga León, investigadoras del Instituto d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona y de la Universitat Autònoma de Barcelona– incluye una crítica al "familismo". "La fuerte solidaridad intergeneracional en los países del sur de Europa explicaría el infradesarrollo de la política familiar, al mismo tiempo que constituiría su resultado", concluyen las autoras.

El modelo que atribuye a la familia funciones sociales básicas tiene efectos especialmente graves en la actual fase del capitalismo, en la que "la estructura de clases ha pasado de estar basada mayoritariamente en el tipo de empleo y los salarios a estarlo en la propiedad de activos –financieros o inmobiliarios–", como ha escrito la antropóloga Nuria Alabao, autora en Ctxt.

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El caso de Ossorio, señala Sorando, no en sí mismo una práctica "familista", sino una consecuencia del tipo del Estado del bienestar al que conduce el "familismo", en el que la renta pierde peso como medidor. "El criterio redistributivo no aparece por ningún lado", señala. Políticas de este tipo están detrás de dos fenómenos interconectados: 1) La avería del ascensor social. 2) La creciente dependencia de los padres para lograr una buena posición en la vida. "El sueño meritocrático anglosajón se ha desmoronado y ha sido reemplazado por el darwinismo social de la parentocracia", apunta el sociólogo Xavier Martínez-Celorrio en el ensayo Vidas low cost. Ser joven entre dos crisis (Catarata, 2021). En el mismo trabajo Jaime Aja, José Hernández y Eduardo Sánchez advierten de que el ladrillo heredado está ganando importancia a la hora de conseguir una buena posición en detrimento de los títulos educativos, para los que –aunque el origen importa– es importante el esfuerzo.

Ossorio es un encendido defensor de que con el mérito se logra todo en la vida, se venga de donde se venga. Con esfuerzo, todo se puede conseguir: ese es su mensaje meritocrático. A los que critican su acceso al bono social les ha regalado un consejo: "Si alguien tiene envidia, le invito a ser familia numerosa".

Para que el consejo fuera verdaderamente acorde a la realidad, el vicepresidente debió decir: "Si quieren ayuda del Estado, no sean tan pobres".