Como se han encargado de recordar incesantemente las asociaciones de familiares de usuarios de residencias, las carencias de la atención al mayor en España no se resumen únicamente con el covid. La Diputación del Común, el equivalente al Defensor del Pueblo en Canarias, elaboró un informe previo a la explosión de la pandemia [consúltelo aquí en PDF] en el que recogía la dantesca situación de varios centros del archipiélago: brotes de sarna, chinches, suciedad y desperfectos en las habitaciones; falta de personal especializado, de recursos y de intimidad de los residentes; y, en general, un escenario de abandono de los ancianos. El documento ha sido publicado por la Cadena Ser, que explica que el Parlamento autonómico tiene en su poder el estudio desde noviembre de 2020 y aún no ha dado fecha al organismo para su presentación.
La investigación fue llevada a cabo por la Adjunta a la Diputación del Común para la protección de los derechos de las personas mayores, Milagros Fuentes, realizando 25 visitas a centros de Gran Canaria, La Palma, Lanzarote y Tenerife con una duración aproximada de una hora y 45 minutos cada una. El documento atestigua que la explosión de la pandemia impidió a Fuentes y a su equipo concluir la labor, que también se encontró con la barrera de algunas residencias que se negaron a facilitar el acceso o que no entregaron la documentación requerida.
El informe, extenso y detallado, atestigua graves deficiencias en sanidad, higiene y cuidados básicos. En algunas residencias, explican, se detectaron dos brotes de sarna, infestaciones por chinches, "baños con evidentes signos de suciedad", mobiliario roto y desgastado o dormitorios "sin orden ni limpieza". En cuanto a la comida, la investigación relata menús con comidas preelaboradas o precocidas y almuerzos en soledad, sin ningún tipo de apoyo para lo más básico: "Personas que comen solas, en un rincón del salón, sin interacción y de espaldas al resto de la actividad del centro. (...) Personas que se mantienen con manchas de restos de comida, sin cambios de ropa salpicada durante el resto de la jornada".
"Resulta indescriptible la conmoción que produce encontrar esta falta de higiene y salubridad en los centros, sin ser detectada por las administraciones encargadas de inspeccionar y velar por el funcionamiento en los recursos para personas mayores, y, a su vez, sin ser desvelada por familiares u otras personas que accedan a las instalaciones. Apelamos a la responsabilidad social de trabajar por un mínimo de bienestar de las personas mayores", concluye el documento.
Otro tipo de carencias son evidenciadas por la investigación de la Diputación del Común. Por ejemplo, la escasez de visitas médicas, que en algunos centros "se distancian casi en un año". "Quién supervisa las sujeciones, o cómo se detectan situaciones de maltrato institucional, quién conoce el menú, quién realiza la valoración continúa de la capacitación funcional y la movilidad", se pregunta el equipo de Fuentes.
Las residencias no cuentan con personal especializado para llevar a cabo otras actividades, tareas e iniciativas que vayan más allá de la manutención y el alojamiento: solo el 43% ofrecen servicios de fisioterapia, por ejemplo, vitales para las personas mayores: y solo el 35% brinda terapia ocupacional. "Resulta evidente la escasa presencia de profesionales especializados para el desarrollo de estos programas, por tanto, a pesar de haber más de un tercio de centros que dicen contar con esta prestación, su implementación es insignificante".
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Las habitaciones individuales, donde se garantice además la intimidad de las personas mayores, brindan por su ausencia en la mayoría de las ocasiones. "Son pocos los centros que logran que las habitaciones sean zonas además de confortables, espacios humanizados y de apariencia agradable para sentirlos como un hogar". Incluso hay centros que, de manera "inexplicaable" según el documento, cobran a los residentes por el lavado de ropa personal.
Fuentes, en declaraciones a la Cadena Ser, detalla prácticas degradantes y contrarias a los derechos de los ancianos no incluidas en la investigación. ""En un centro notamos que los residentes no hablaban, nadie hablaba. Al día siguiente, haciendo una toma de datos nos dimos cuenta de que los tenían a todos chutados, con medicación. Quietos, no hablan, no dicen nada, no molestan, ¡ya está!".
El informe llama a las autoridades y administraciones canarias a mejorar el control y la supervisión sobre las residencias, y a las propias empresas les exige más atención sobre la dignidad de las personas mayores. En referencia a la pandemia y su brutal impacto en los geriátricos, "es tarde para cambiar lo ocurrido", reconocen: "pero es hora de reflexión, de toma de decisiones y planificación del impacto en la salud y los servicios a largo plazo para las personas mayores; deben reconocer y enfrentar los desafíos particulares que enfrentan, incluida su capacidad para acceder a tratamientos, atención médica y social (...) Las personas mayores tienen los mismos derechos a la vida y a la salud que todas las demás personas".
Como se han encargado de recordar incesantemente las asociaciones de familiares de usuarios de residencias, las carencias de la atención al mayor en España no se resumen únicamente con el covid. La Diputación del Común, el equivalente al Defensor del Pueblo en Canarias, elaboró un informe previo a la explosión de la pandemia [consúltelo aquí en PDF] en el que recogía la dantesca situación de varios centros del archipiélago: brotes de sarna, chinches, suciedad y desperfectos en las habitaciones; falta de personal especializado, de recursos y de intimidad de los residentes; y, en general, un escenario de abandono de los ancianos. El documento ha sido publicado por la Cadena Ser, que explica que el Parlamento autonómico tiene en su poder el estudio desde noviembre de 2020 y aún no ha dado fecha al organismo para su presentación.