Los datos desvelan un grave atraso social que motiva las "colas del hambre" y desmiente el tópico de los "mantenidos"

Los datos del impacto de la pandemia sobre la pobreza y la desigualdad se suceden. Un informe de Oxfam Intermón de enero desveló que el número de personas que viven con menos de 16 euros al día se ha incrementado en casi 790.000. La pobreza severa en España afecta ya a más de 5 millones. La crisis del covid-19 ha dejado a 750.000 más en lo que se conoce como zona de "riesgo de pobreza o exclusión”, según un estudio de Caixabank. Sí, es una situación excepcional. Y claro, por supuesto que hay "colas del hambre", uno de los asuntos estrella del debate electoral madrileño de la noche del miércoles. Pero, aunque los informes con sello reciente puedan generar otra impresión, las colas no han venido con el virus. Estaban ahí antes, porque sus causas son profundas. Y, a menudo, inadvertidas.

Entre esas causas destaca un subdesarrollo del gasto social en España que los datos ponen de manifiesto clamorosamente. ¿Ejemplos? España gasta en políticas contra la exclusión un 0,2% del PIB, frente a un 0,6% en la UE-27. Son 59,5 frente a 183,2 euros por habitante al año. El atraso en gasto social se extiende a las partidas para familia, infancia y vivienda. Dentro de España, pese a que la Comunidad de Madrid tiene el mayor PIB per cápita, existen seis comunidades con menor tasa de riesgo de pobreza, según el INE. Además, es la quinta que menos gasta en servicios sociales por habitante.

El epidemiólogo Manuel Franco, estudioso del origen y las implicaciones de la desigualdad y referente en este campo, afirma que España sufre "un déficit claro" de políticas sociales, que cabe conectar con el fenómeno de las llamadas "colas del hambre". "Como buen país católico, lo fiamos todo o casi todo al apoyo familiar. El Estado cubre lo mínimo. En el caso de las colas del hambre, además, han tomado la iniciativa especialmente organizaciones, no el Estado. Por un lado, organizaciones de caridad cristiana, con un histórico papel en España; por otro, ONG y las asociaciones vecinales con mayor fuerza social. Ha sido la iniciativa comunitaria la que ha funcionado ahí, más que el Estado", señala, subrayando el sinsentido que supone considerar "mantenidos", como ha hecho la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a los que se ven abocados a esas colas.

Un sinsentido porque los datos muestran precisamente una falta de mantenimiento social del Estado.

España, lejos de la ue

Las tablas de Eurostat, cuyos datos vienen del European System of Integrated Social Protection Statistics (Esspros), son elocuentes [se puede acceder a los datos aquí, en Population and social conditions, concretamente en Social protection].

España gastó en 2018, último año actualizado con datos de todos los países, 5.948 euros por habitante en lo que Eurostat llama "protección social". ¿Qué hay bajo ese epígrafe? Las principales políticas del Estado del bienestar, excluyendo la educación. Es decir, sanidad, discapacidad, tercera edad, familia, infancia, vivienda e inclusión.

Esta partida supuso un 23,1% del PIB. El conjunto de la UE-27 estuvo en 8.076,4, un 26,7% del PIB, 3,6 puntos más que España. Francia (31,4% del PIB), Alemania (28,4%), Italia (27,9%) y Holanda (27,1%), entre otros, quedan por delante de España. No es sólo que, como puede entenderse, países más ricos que España gasten más en bruto en protección social, sino que lo hacen además en mayor proporción en relación a su riqueza nacional.

El amplio concepto de "protección social" ofrece una perspectiva del déficit histórico de gasto social, pero no se ciñe estrictamente al problema de las llamadas "colas del hambre". Se puede afinar. ¿Cómo? Mirando el gasto contra la exclusión social, expresión superior de la precariedad y la falta de recursos. Aquí España también falla, se queda corta. La Comisión Europea ha llegado reclamar a España que haga un esfuerzo en este punto. El Gobierno lo está intentando con medidas como el Ingreso Mínimo Vital, cuyo posible impacto –menor del previsto– aún no se refleja en Eurostat, que llega hasta 2018. De momento, lo que se ve es sombrío: el gasto en políticas para la inclusión alcanza los 59,5 euros por persona al año (2018) en España, un 0,2% del PIB. En Europa son 183,2 euros y el 0,6%. En Francia, 356,7 euros y el 1%. España se queda a cuatro décimas de la UE-27. Destaca el esfuerzo contra la exclusión social de Dinamarca, que pese a que tiene un problema menor en este campo, dedica un 1,5% del PIB, casi 800 euros por persona al año. Estamos a años luz.

El porcentaje de PIB dedicado por el Estado español a políticas contra la exclusión social no se ha incrementado ni una décima desde 2009. Está fijo en el 0,2%.

Hay otras áreas consideradas muy sensibles en el combate contra la pobreza en las que España también palidece. En el apartado de "Familia e infancia", España gasta 326,9 euros por habitante al año y un 1,3% del PIB (2018). Se queda lejos del conjunto de la UE-27: 672,1 euros y 2,2%.

Y la vivienda, por supuesto. España, a la cola en alquiler social entre los principales países europeos, gasta en políticas públicas de vivienda 27,3 euros por habitante al año y un 0,1% del PIB, frente 115 euros y un 0,4% de la UE-27, siempre con datos de 2018. La UE cuadruplica a España.

Un problema se añade a los datos fríos: el gasto social en España no alcanza en el grado suficiente a las capas más bajas de la sociedad. Así lo ha declarado incluso el Fondo Monetario Internacional, que señaló en enero de 2020 que las prestaciones familiares en efectivo que se destinan a los hogares con menor renta apenas superan el 30%, por debajo de la UE.

España

Dentro de España también es posible realizar comparaciones. La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, con datos cerrados de 2019, ha establecido una clasificación de gasto por habitante específicamente en "servicios sociales" por comunidades. Las tres que más gastan son Navarra (694,3 euros), Asturias (451,1) y Extremadura (446,4). Las tres que menos, Baleares (151,74), Canarias (217,5) y Murcia (251,5). Madrid, la comunidad con mayor PIB per cápita, es quinta por la cola, con 277,84 euros, casi 22 por debajo del conjunto de España (299,78). Madrid no recuperó hasta 2019 el gasto por habitante de 2012.

Evolución del gasto por habitante en servicios sociales en España y Madrid (2007-2009). Fuente: Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.

La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales destaca cómo Madrid, incluyendo educación, sanidad y servicios sociales, es la segunda comunidad con menos inversión por habitante, sólo por delante de Cataluña. Por cada madrileño se invierten 2.222,61 euros, casi 276 euros menos que en el conjunto de España (2.498,54).

Hay un área de gasto especialmente significativa a la hora de evitar esas "colas del hambre" que tanto preocupan en campaña: las rentas mínimas de inserción. La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha comprobado que en España sólo perciben rentas mínimas el 7,97% de las personas en riesgo de pobreza. Las diferencias entre comunidades son abismales. La que mayor porcentaje cubre es Navarra (70,35%), por delante del País Vasco (63,03%) y a una distancia sideral Cantabria (18,43%). En la parte baja están Canarias (1,5%), Castilla La Mancha (2,01%) y Andalucía (3,19%). Madrid está en el 9,36%.

La posición de Madrid está lejos de corresponderse con su PIB per cápita, el mayor de España con 35.913 en 2019, según el INE. Las otras dos únicas comunidades que están por encima de 30.000 euros son País Vasco y Navarra, con fiscalidades propias, que son las que tienen con mucha diferencia mayor cobertura. Otro dato: Madrid es la séptima región por la cola en tasa de riesgo de pobreza, según la última estadística del INE, anterior a la pandemia. Madrid tiene una tasa del 15%, mayor que Navarra (7,7%), País Vasco (10%), Baleares (12%), La Rioja (12,3%), Castilla y León (12,9%), Cataluña (13,9%).

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El Ingreso Mínimo Vital no ha solucionado el problema de la insuficiente cobertura en toda España. De momento, la prestación del Gobierno llega a menos gente que las rentas de inserción de las comunidades, como ha publicado este periódico. Hay 565.195 beneficiarios del IMV frente a 697.124 de las rentas de inserción, que existen desde hace tres décadas. Únicamente el 6,4% de la población bajo el umbral de la pobreza en España se ha beneficiado del Ingreso Mínimo Vital. Las comunidades con una mayor cobertura son Navarra (14,2%) y Aragón (12,2%). Y las que menos Baleares (3,5%), Cataluña (4,2%) y Castilla La Mancha (4,2%).