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El community manager del PP andaluz tuvo días mejores que el pasado 12 de octubre. La Fiesta Nacional se le complicó cuando, pasadas las 18.00 horas, en pleno martes festivo, publicó un tuit.
El partido del presidente Juan Manuel Moreno presumía así de una ayuda pública de más de 100 euros para formación privada de la que se beneficia una familia con ingresos de 80.000 euros. Y ello en una comunidad en la que el salario medio bruto pasa raspado de los 22.000. Al tuit le cayeron palos de todos los colores.
Al día siguiente lo intentó arreglar con otro mensaje en el que aclaraba que un matrimonio que gana 20.000 euros también se ahorraría 108 euros, lo que desató una inmediata catarata de críticas por falta de progresividad. El 13 de octubre acabó siendo otro día largo para el community, sí, pero al mismo tiempo tuvo un lado positivo: sin pretenderlo, había ofrecido una pista elocuente sobre cómo funciona de verdad España y quién disfruta más de lo que es de todos. Porque, a pesar del machacón discurso sobre las "paguitas", lo cierto, lo que dicen los datos, es que el Estado del bienestar mima a quienes ya están una posición de relativa comodidad, en detrimento de los más necesitados. Los tuits resultaron más certeros acerca de cómo y quién recibe ayuda que las acarameladas proclamas del tipo "que no se quede nadie atrás". Sí que se quedan mucho atrás. Y España arrastra un déficit en su capacidad de rescate.
Escasez y desequilibrio
España es un país comparativamente tacaño en ayudas públicas, si bien el presupuesto general de 2022, si se llegara a aprobar como está previsto, supondría un hito en la historia del gasto social. A la espera de disponer de datos homogéneos para una visión europea con el efecto de la pandemia, las tablas pre-covid de Eurostat sitúan a España por debajo de los resultados de la UE-27 en gasto en sanidad, discapacidad, tercera edad, familia, infancia, vivienda e inclusión. El Estado dedica a todas las áreas englobadas dentro de la "protección social" 3,6 puntos menos de PIB que la UE. Pese a las elevadas tasas de pobreza, España gasta en inclusión un 0,2% del PIB, frente a un 0,6% en la UE. A vivienda dedica un 0,1%, cuatro veces por debajo del club comunitario, si bien está en vías de subida.
El Gobierno, en su Plan 2050, ha asumido el problema. Incluso ha ido más allá. No sólo reconoce las elevadas pobreza y desigualdad. Eso no tendría especial mérito, dado que los informes que lo ponen negro sobre blanco se suceden desvelando realidades como la existencia de 11 millones de personas en exclusión, "una fuga imparable hacia una sociedad más desigual", un "incremento inédito" de la privación severa hasta los 3,3 millones de personas y un crecimiento de la brecha entre los deciles más ricos y pobres. Lo llamativo es que el Gobierno acepta que el diseño del Estado del sistema fiscal y de provisión social enquista el problema. La desigualdad se alimenta de la "insuficiente capacidad recaudatoria y redistributiva" de un país en el que "las personas más pobres pagan más impuestos, en términos relativos, que las de clase media, y las transferencias sociales están menos focalizadas en los colectivos vulnerables que en otros países de nuestro entorno", señala el Plan 2050. Hay un déficit comparado de "redistribución de renta y riqueza".
Efecto redistributivo de los impuestos directos.
Ayudas hacia arriba
Las políticas fiscales y sociales, señala el diagnóstico, no ejercen suficiente "acción correctora". Concretamente, las "prestaciones familiares tienen un efecto muy pequeño". El IRPF provoca una redistribución menor que la media de la UE. El diseño mismo del sistema de protección concede "un menor peso relativo a las transferencias que más benefician a los colectivos más pobres, como ayudas a la vivienda, infancia o inclusión social", recoge el Plan 2050. Resultado: un sistema en el que el quintil más rico recibe más transferencias públicas (30%) que el más pobre (el 12%). En la OCDE, sólo Portugal, Italia y Grecia tienen sistemas más regresivos.
Proporción de transferencias públicas por grupos de ingresos.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó en 2020 una radiografía de nuestro sistema de ayudas, Eficacia y equidad del gasto social. El caso de España, que ya apuntaba a la existencia de un embudo. Tenemos, señalaba el informe, unos sistemas de prestación contributiva –pensiones y desempleo– sólidos, que cubren bien a los trabajadores con trayectoria consolidada en el sistema. Hasta ahí, la parte aprobada. Pero también hay asignaturas suspensas. "La menor asistencia social se dedica a los más vulnerables, que son los niños y los hogares con bajos ingresos", señala el informe, que indica que el problema se agrava en el sur. La proporción de las prestaciones familiares que se destinan al 40% más pobre apenas supera el 30%, por debajo de la UE, donde a su vez hay menos pobreza de media. En el envés de la moneda, "los hogares más acomodados reciben una parte sustancial de las prestaciones", añade el informe.
España es el décimo país de la UE que menos redistribuye renta a través de gasto social, con datos de 2018. El coeficiente de Gini, una medida de desigualdad de uso extendido en la UE, se reduce sólo en 0,18 puntos, frente a un 0,2 en la UE. Los impuestos y las pensiones, más que las transferencias (como en Irlanda y el Reino Unido), son responsables de alrededor del 60% de esa reducción. España está un 15% por debajo de la media de la UE en cuanto al poder redistributivo del gasto social. Tras la redistribución fiscal, la desigualdad de la renta disponible persiste.
"Lagunas" en las rentas mínimas
El informe señala que hay "lagunas" en la cobertura y gestión de los programas de rentas mínimas, lo que impide una lucha eficaz contra la pobreza. "Aunque los regímenes de renta mínima se dirigen a todos los hogares en situación de pobreza, la cobertura real es muy inferior a la de los hogares necesitados", indica el estudio. El limitado impacto de las rentas mínimas tiene mucha letra pequeña. El FMI pone de relieve que hay hogares "reacios a solicitar las ayudas debido a la estigmatización o a la complejidad de las normas", con "falta de precisión en la definición de los mecanismos y requisitos de elegibilidad y administración complicados". Antes de la pandemia, sólo ocho de cada cien diez bajo el umbral de la pobreza y la exclusión recibían rentas mínimas de inserción. De los 24 países europeos con información disponible sobre la adecuación de la última red de protección a las necesidades de los más necesitados, España era el 6º peor, según el Observatorio Social La Caixa. Luego, durante la crisis del covid-19, el Gobierno logró la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), reconocido por las organizaciones que combaten la pobreza como un punto de inflexión. ¿Significa eso que ha desaparecido el déficit social? No. Al menos, todavía no.
Según un reciente informe de Cáritas, sólo un 26% de los hogares en pobreza severa han conseguido realizar el trámite. De los que han logrado solicitarlo, sólo el 18,6% lo está cobrando o al menos lo tiene concedido. "Hay colectivos que sufren situaciones de dificultad por circunstancias socioeconómicas que no son ni recogidas ni reconocidas por la actual normativa del IMV", señala Cáritas, que apunta entre las "principales barreras" la forma en que se calcula el nivel de ingresos y la definición de unidad de convivencia. Cáritas llama a todas las administraciones a "volcar esfuerzos" por el IMV, que se enreda en una excesiva burocracia y que en abril llegaba a menos gente que las rentas de inserción.
Aitana Alguacil, profesora en la Universidad Carlos III y una de las autoras de los últimos informes de la Red contra la Pobreza, se encuentra entre quienes mantienen confianza en los posibles efectos favorables del llamado "escudo social". Pero, al mismo tiempo, cree que los que ya estaban más hundidos tras la Gran Recesión siguen a la intemperie. Y lo ilustra con un dato, salido del último informe de la Red. El porcentaje de quienes tienen "mucha dificultad" para llegar a fin de mes registra su mayor subida interanual en 2020, del 7,8% al 10%.
Grado de dificultad para llegar a fin de mes. El porcentaje de los que pasan mucha dificultad pasa del 7,8% al 10% en un año.
El IMV supone un punto de inflexión en el reconocimiento de derecho sociales que no puede ocultar el hecho una buena parte de sus posibles beneficiarios acaban por no recibirlo. Así lo ve la economista Elena Costas, cofundadora de la plataforma Ksnet. Uno de los motivos, uno prosaico, es que los destinatarios a menudo no saben que tienen derecho. Costas cita como buena práctica el envío de SMS del Ayuntamiento de Barcelona a posibles beneficiarios de un fondo de infancia. Otro posible problema es que no lo entienden. A veces, recalca la editora de Politikon, ni siquiera las ONG lo entienden, por lo que el problema parece imputable al lenguaje administrativo.
Sin ceñirse sólo al IMV, Costas cita como problemas de los programas sociales los fallos de diseño, la burocracia... Y un factor más profundo: la "desconfianza". Cada vez más las empresas que licitan al sector público no tiene que demostrar a priori el cumplimiento de todos los requisitos, explica. "Ya tenemos muchas ayudas a empresas basadas en esta garantía. Pero esto es algo que cuesta mucho trasladar a las ayudas sociales. Mi hipótesis es que hay un prejuicio: creemos que una persona vulnerable es más susceptible de entrar en comportamientos fraudulentos, de mentir para obtener una ayuda".
El economista Herwig Immervoll, uno de los autores del informe de la OCDE 2017 que analizaba pros y contras de la renta básica, también hace un balance crítico. "Algunos de los programas de ayuda más importantes no están bien dirigidos a quienes más los necesitan". "Por ejemplo", añade, "durante la recuperación tras la crisis financiera mundial, el 20% más pobre de los hogares españoles en edad de trabajar sólo recibió alrededor de un tercio de la cantidad que estaba disponible para las familias más acomodadas". Al otro lado de la balanza, la respuesta al covid "ha sido diferente", con un "mayor enfoque en la ampliación del apoyo social" aunque todavía con "lagunas".
Un modelo "familista"
El sociólogo Daniel Sorando, profesor en la Universidad de Zaragoza, coloca el dedo sobre una tabla del estudio de la OCDE, que muestra una clasificación de los países según las transferencias a los sectores de población más ricos y más pobres.
Clasificación de los países según las transferencias a los sectores de población más ricos y más pobres.
España sale mal parada. "Esto dice mucho de nuestro Estado del bienestar. Junto a España están en posición bastante escandalosa y similar Italia, Grecia y Portugal. Son los sospechosos habituales por tener todos el mismo régimen de bienestar social familista en el que se responsabiliza a las familias del bienestar de la población, familista con el consiguiente efecto de reproducción de la desigualdad", señala.
"Predominan las políticas regresivas, no distributivas. Y se benefician los sectores bien situados con mayor capacidad para capturar políticas sociales", añade Sorando. El ejemplo "perfecto", afirma, está en las políticas de vivienda, con figuras como la VPO, una política no accesible para los más golpeados, sino sobre todo orientada a mejorar la situación de la clase media, subvencionando con dinero público su acceso en propiedad. Es lo que Sorando llama "política de vivienda censitaria", que ha sustituido a la casi inexistente vivienda social pública, apartado en el que España está entre los más rezagados de la UE.
La barrera del IRPF
Las prestaciones no contributivas llegan sólo al 20%, según datos del Plan 2050. Este escaso porcentaje es especialmente grave por los problemas de elevado paro y economía sumergida. "Tenemos un estado del bienestar contributivo. Lo que recibimos del Estado depende en gran medida de lo que hayamos aportado", explica Elena Costas. ¿Qué provoca eso? "La precariedad del mercado laboral se traslada a una precariedad en el sistema de prestaciones del Estado". Los más castigados son mujeres, jóvenes e inmigrantes, a su vez los que ocupan peor posición en el mercado laboral
Los datos refutan el mito del crecimiento como antídoto de la desigualdad: la pobreza crece incluso con el PIB al alza
"El sistema de desgravaciones reembolsables ligadas al IRPF beneficia a quien ya tiene unos ingresos y deja fuera a los que no", explica la profesora de Sociología Ana Arriba, especialista en rentas mínimas, que pone como ejemplo de este sesgo la deducción a madres trabajadoras que llevan a sus hijos a guarderías. Los presupuestos de 2022, aún por aprobar, incluyen casi 42.000 millones de euros en beneficios fiscales.
"Tenemos un sistema súper contributivo que beneficia principalmente a las clases medias o altas. Salen ganando los insiders del sistema laboral, mientras se pierde más acceso a las ayudas del Estado del bienestar cuanto más débil es la vinculación con el sistema laboral", sintetiza Xabier García Fuente, investigador en la Universidad de Barcelona sobre redistribución e historia de los sistemas del bienestar. A su juicio, las dos asignaturas pendientes son programas de garantía mínima eficaces y, más en general, servicios sociales más potentes. Aquí cita expresamente la vivienda, que ve "abandonada" como política pública.
García Fuente hace un alto para recalcar que, aunque España tiene un déficit innegable en el impacto de sus políticas sociales en los más pobres, habría que plantearse que lo más eficaz podría ser incorporarlos generando una alianza entre estos y las clases medias, de forma que se mantenga el compromiso de estas con el Estado del bienestar, clave para su prestigio y buen funcionamiento. En este sentido, advierte de los riesgos de que un posible deterioro de la educación y la sanidad públicas lleven a una "huida" de clases medias y altas a modelos a la oferta privada.
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