El embrollo a cuenta del espionaje político con Pegasus sigue lejos de resolverse. En el Gobierno fiaban todas sus explicaciones a la comparecencia de este jueves en el Congreso de la directora del CNI, Paz Esteban, en la Comisión de Secretos Oficiales. Según fuentes presentes en esa comisión, la máxima responsable operativa de la inteligencia española aportó a los diputados toda la documentación relativa a las autorizaciones judiciales de 18 dirigentes independentistas. De las demás, hasta llegar a las 65 acreditadas por la investigación de Citizen Lab, se desvinculó dejando la puerta abierta a la injerencia de "potencias extranjeras". Además, aseguró "desconocer" la existencia de algún tipo de célula autónoma dentro del propio CNI que pudiera haber llevado a cabo esos seguimientos al margen de cualquier tipo de control, siempre según las fuentes consultadas conocedoras de su intervención.
En la documentación aportada por Paz Esteban, que compareció durante casi tres horas y media, se aportaban, según esas mismas fuentes, las motivaciones razonadas de los seguimientos ordenados por un juez del Tribunal Supremo, así como todo tipo de detalles de las informaciones recabadas principalmente en cuanto a movimientos de las personas espiadas. Según ha podido confirmar infoLibre con varias personas presentes en la comparecencia, entre esas autorizaciones judiciales está la de Pere Aragonès, al que se le habría espiado en calidad de Conseller de Economía y vicepresidente de la Generalitat y no como presidente, según las fechas aportadas y encuadradas en la anterior legislatura.
En la Moncloa, tras marcar distancias en los últimos días con la ministra de Defensa, Margarita Robles, y con la propia directora del CNI, intentan apagar el fuego con el independentismo y desvincularse de ese tipo de decisiones. Remarcan que en ningún caso el Ejecutivo "ordena ni autoriza" este tipo de decisiones e incluso van más allá: "El CNI no anda contando al Gobierno a quién le realiza seguimientos o de qué modo obtiene las informaciones", asegurando que el servicio de inteligencia "está obligado a trasladarle la información obtenida" al Ejecutivo pero no "la forma" en la que la obtenga. "En los informes no se detallan las personas espiadas", añaden.
"¿Cómo vamos a estar tranquilos?"
La intranquilidad a partir de las noticias sobre casos de espionaje a varios diputados ha ido en aumento y se ha extendido entre los pasillos de la Cámara. "La sensación ahora mismo es que han podido espiarnos a todos", confiesa un portavoz. Hace unos días, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, reunió a las direcciones de todos los grupos parlamentarios. En esa reunión uno de los diputados presentes le puso voz a esa sensación de vulnerabilidad y consultó la posibilidad de que los servicios informáticos del Congreso pudieran también analizar sus teléfonos móviles en busca de algún rastro de Pegasus. La presidenta ofreció esa posibilidad, aunque no aclaró que esos servicios de la Cámara estén capacitados técnica y legalmente para detectar y comunicar esa intrusión.
Una preocupación que se extiende también al propio seno del Ejecutivo. "¿Cómo vamos a estar tranquilos cuando hablamos por teléfono? Es imposible. Por supuesto que ahora pienso que me han podido espiar a mí también", reconoce una persona que se sienta actualmente en el Consejo de Ministros. Esos temores no han sido paliados tras la comparecencia de la directora del CNI. Más bien, todo lo contrario. Porque Paz Esteban acreditó espionajes con tutela judicial de 18 líderes independentistas pero no, por supuesto, de ningún ministro, ni del presidente del gobierno ni de las otras 47 personas que, según Citizen Lab, también tuvieron Pegasus en sus teléfonos.
El Gobierno anuncia que los teléfonos de Sánchez y Robles fueron infectados con Pegasus entre mayo y junio de 2021
¿Quién, entonces, ordenó o llevó a cabo esas otras labores de espionaje sin orden judicial? Según fuentes presentes en la comparecencia de este jueves, la directora del CNI se desvinculó de ellas y abrió la puerta a la posibilidad de que detrás de ellas estuvieran "potencias extranjeras". Sobre la hipótesis defendida por algunos grupos políticos y que tendría que ver con células de la propia inteligencia española actuando por libre y a espaldas del propio Gobierno, Paz Esteban se limitó a zanjar que lo desconoce, siempre según esas fuentes. "El sentimiento de inseguridad es enorme", admite una exalto cargo del Ejecutivo que admite la gravedad al asunto: "No se puede dar esta sensación de desmadre y que parezca que hay gente que pueda ir a su bola con cosas tan graves. Hay que poner orden", sostiene.
Podemos, Junts y ERC piden la desclasificación de documentos
Tras la comparecencia de la directora del CNI en el Congreso, Podemos y los independentistas catalanes han insistido en exigir la dimisión de la ministra de Defensa y también de la desclasificación de los documentos aportados a la comisión de secretos oficiales.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, trasladó en un comunicado su exigencia de que "se desclasifique la autorización judicial por la que he sido espiado para conocer las motivaciones y poder ejercitar el derecho de defensa". En la misma línea se mostró el portavoz de Podemos, Pablo Echenique, Podemos que ve "reforzada" su exigencia de responsabilidades por el espionaje y pide igualmente desclasificar los documentos del CNI.
El embrollo a cuenta del espionaje político con Pegasus sigue lejos de resolverse. En el Gobierno fiaban todas sus explicaciones a la comparecencia de este jueves en el Congreso de la directora del CNI, Paz Esteban, en la Comisión de Secretos Oficiales. Según fuentes presentes en esa comisión, la máxima responsable operativa de la inteligencia española aportó a los diputados toda la documentación relativa a las autorizaciones judiciales de 18 dirigentes independentistas. De las demás, hasta llegar a las 65 acreditadas por la investigación de Citizen Lab, se desvinculó dejando la puerta abierta a la injerencia de "potencias extranjeras". Además, aseguró "desconocer" la existencia de algún tipo de célula autónoma dentro del propio CNI que pudiera haber llevado a cabo esos seguimientos al margen de cualquier tipo de control, siempre según las fuentes consultadas conocedoras de su intervención.