La declaración de González Amador permitirá al fiscal general indagar en las maniobras del entorno de Ayuso
La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, deberá sentarse a finales de mayo en el Tribunal Supremo en el marco de la causa en la que se investiga la filtración de sus correos electrónicos. Tras meses de tira y afloja, de autos y recursos cruzados, los dos principales investigados en la causa, el fiscal general del Estado y la fiscal jefa de Madrid, han conseguido que Alberto González Amador sea citado como testigo. Una comparecencia a la que dan enorme relevancia. Y que puede ser clave para aclarar con quién se compartió el mail filtrado, qué papel jugó el jefe de Gabinete de Ayuso y, en definitiva, si fue el empresario el primero en romper el secreto.
El magistrado Ángel Hurtado, instructor del caso, nunca quiso la testifical del empresario, que ejerce como querellante en la causa. A pesar de ser reclamada por las defensas de los investigados, él la veía "innecesaria". Sin embargo, no le ha quedado más remedio que organizarla. Básicamente, porque así se lo ordenó recientemente la Sala de Apelación del Supremo: "Tan a disposición de la instrucción se encuentra el querellado como el querellante, por lo que accederemos a su toma de declaración, en los términos expuestos, es decir, para averiguar todos los contornos de la supuesta difusión de datos".
El instructor fijó la declaración de González Amador este miércoles. Y lo hizo a la vez que anunciaba la recepción de respuesta a las comisiones rogatorias cursadas para recuperar de Google y Whatsapp la información que pudieran tener de García Ortiz. La comparecencia se ha fijado el próximo 23 de mayo. El mismo día que, en principio, se levantaría el secreto de un mes impuesto sobre la información que ha llegado de fuera de España. Algunas voces del entorno de los investigados ven en ello un intento de diluir la testifical, de desviar el foco. Pero en las acusaciones no ven más que una simple coincidencia: "Es un plazo que se puede prorrogar o, como ha ocurrido en otras ocasiones, anticipar".
Las defensas, según las fuentes jurídicas consultadas, buscarán con la comparecencia de González Amador "desactivar la revelación de secretos", apretando al testigo, que tiene obligación de decir la verdad, para saber si fue él y su entorno quien rompió el secretismo alrededor de sus comunicaciones. Un ataque que pueden ejecutar por varios frentes. Así, con casi total seguridad, Abogacía, que representa a los investigados, y Fiscalía preguntarán por qué el empresario ocultó en su querella que el correo electrónico que acabó en los medios no solo fue remitido al Ministerio Público, sino también a los servicios jurídicos estatales.
El mensaje en cuestión entró en la bandeja del abogado del Estado a las 12.58 horas del 2 de febrero de 2024. "Acabo de enviar a la Fiscalía otra propuesta de conformidad penal en relación con una nueva denuncia por delito fiscal", rezaba el mail, que contenía la comunicación original que el abogado de González Amador había remitido minutos antes a una dirección genérica de correo del Ministerio Público –el correo que reconocía la comisión de dos delitos fiscales y que acabó filtrándose–. Por aquel entonces, la Abogacía ni siquiera era aún parte de ningún procedimiento, dado que todavía no se había presentado querella alguna.
Estos datos quedaron plasmados en un informe remitido al instructor hace algunas semanas. Con él, los servicios jurídicos del Estado no pretenden extender la sombra de la sospecha a su propia casa. Es más, el informe concluye que no hay evidencia de que ese mail fuera reenviado. Más bien, buscan restar importancia a la comunicación que acabó publicada. Algo en lo que también ha incidido el Ministerio Público: "Ahonda en el nulo valor confidencial o de naturaleza reservada que se le otorga al contenido del correo [...] incluso por el propio abogado de González Amador, pues en esa fecha la Abogacía del Estado aún no podía ser parte de actuación alguna".
Quién rompió el secretismo
Las defensas y la Fiscalía, que en todo momento se ha opuesto a esta causa judicial, también podrán apretar al testigo, que tiene obligación de responder a todas las partes, para tratar de conocer con quiénes compartió las comunicaciones que mantenía el abogado del empresario con el Ministerio Público. Porque se sabe que, antes de la filtración, algunos periodistas, si bien no tenían el correo, conocían la información contenida en el mismo: que la Fiscalía y la defensa del empresario estaban negociando para que este último reconociera los delitos contra la Hacienda Pública a cambio de no entrar en prisión.
Así lo recogía El Mundo en aquella noticia cuyo titular insinuaba que era el Ministerio Público quien buscaba un pacto –cuando la realidad era totalmente la contraria– y que se publicó antes de que el fiscal general tuviera acceso al correo que horas después acabaría en los medios. "Es un dato que fuentes directas intervinientes en las negociaciones nos contaron", explicó Esteban Urreiztieta, autor de la información, al juez en su declaración como testigo, en la que también reconoció que había tenido acceso a "detalles" del "expediente tributario o inspección" alrededor de González Amador.
"Cuando se revela un secreto y, más aún si el destinatario de lo revelado es un profesional de la información, el secreto o la información reservada ha dejado ya de serlo", recordaba en uno de sus escritos la Abogacía del Estado, que se apoyaba al mismo tiempo en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. De ahí que los servicios jurídicos del Estado consideren importante saber si el secreto sobre el que gira toda esta investigación ya había sido revelado con carácter previo por el entorno de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
El bulo de Rodríguez no fue un error: un mensaje del novio de Ayuso ya indicaba que existía una negociación
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Por el momento, lo que está perfectamente acreditado –y así consta en el sumario– es que el empresario hizo llegar a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Ayuso, el correo del 12 de marzo en el que el fiscal del caso decía al abogado de González Amador que no habría "ningún obstáculo" para poder llegar a un acuerdo en la causa que le acorrala, el mail que sirvió de base para la información anteriormente citada en El Mundo y que no era más que la continuación de una negociación en busca de una conformidad iniciada, realmente, por el abogado del empresario a comienzos de febrero.
También se conoce que el jefe de Gabinete envió el contenido de ese correo la noche siguiente, la misma en la que se produjo la filtración investigada en el Supremo, a su lista de difusión de periodistas. En su declaración ante el juez, Rodríguez repitió una y otra vez que él no reveló ese mail hasta que el contenido del mismo no se encontraba publicado en El Mundo. El problema es que tanto la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, como su jefe de Prensa y la directora de comunicación de la Fiscalía General del Estado aseguraron que llevaba moviendo esa información desde antes de que saliera en el periódico.
Con estos elementos sobre la mesa, el empresario tendrá que aclarar si autorizó la difusión de ese correo electrónico, un permiso que Rodríguez, en su declaración ante el juez, aseguró que tenía. Por otro lado, también deberá explicar cuál fue la información que compartió con el jefe de Gabinete de Ayuso. En este sentido, él ha repetido una y otra vez que no tuvo acceso a toda la cadena de comunicaciones con el Ministerio Público: "No tengo conocimiento de lo que después es un email anterior del 2 de febrero que figuraba en el expediente de la Fiscalía". Ahora habrá que ver si González Amador, con obligación de decir la verdad, lo corrobora en el Alto Tribunal.
