"Podría ser el fin de Galicia". Era domingo, 22 de febrero de 2009. Faltaba una semana para las elecciones gallegas y las últimas encuestas legalmente publicables apuntaban a un escenario muy ajustado, pero la práctica totalidad apuntaban a que la reelección del Gobierno de coalición entre el PSOE y el BNG era posible y que podrían volver a sumar mayoría absoluta frente al PP, en el que Alberto Núñez Feijóo debutaba como candidato a la presidencia.
Ese domingo, jornada aún considerada como la de mayor difusión de la semana para los diarios impresos y siete días antes de la cita con las urnas, el presidente de Pescanova publicó un insólito artículo de opinión en La Voz de Galicia. Insólito, entre otros aspectos, porque abogaba abiertamente por un cambio de Gobierno en Galicia, es decir, por una victoria con mayoría absoluta del PP de Feijóo. "No podemos esperar más", clamaba Manuel Fernández de Sousa-Faro.
De Sousa-Faro mostraba así, en plena campaña electoral, un rol político que no era nuevo en su persona, pero que solía ejecutar en la sombra. Era conocido por los partidos políticos, los gobernantes y los medios de comunicación, pero mucho menos por el público en general, por el electorado. El Tribunal Supremo acaba de condenar al entonces todopoderoso empresario a seis años de prisión, dos menos de los que le había impuesto en 2020 la Audiencia Nacional, en una amplia sentencia que ha tenido un eco político mucho más pequeño que el rol político que el acusado jugó en Galicia durante décadas
Tal y como informó Praza.gal, el Supremo ratificó que De Sousa-Faro era autor de un delito continuado de falsedad en las cuentas anuales de la antigua Pescanova, en concurso medial con un delito continuado de falseamiento de información económico y financiera y por otro delito de alzamiento de bienes. Al contrario que la Audiencia Nacional, lo absolvió de los delitos de falsedad en documento mercantil y de estafa agravada.
La sentencia del Supremo asume los hechos denunciados por la Audiencia Nacional, que, en resumen, acusó a De Sousa-Faro de estructurar "métodos de financiación" para Pescanova basados en "relaciones comerciales ficticias". Todo, para "poder seguir disfrutando del financiamiento bancario" y hacer atractiva a Pescanova para captar inversores confiados en "los buenos datos económicos publicados" cuando "la situación real (...) era diametralmente opuesta", transcribe también el alto tribunal.
Durante el transcurso de este enorme caso —solo la sentencia del Supremo supera las 400 páginas—, la investigación apuntó que este fue el método ideado por De Sousa-Faro para tratar de esquivar las turbulencias que comenzaron con el estallido de la crisis a finales de 2008 y que las operaciones ilegales ya habían comenzado a ser "planeadas" en esos primeros meses de 2009. Es decir, mientras el empresario clamaba por desalojar de la Xunta al PSOE y al BNG. "Es necesario un cambio urgente", escribió en aquel artículo de opinión, porque el Gobierno de izquierda impusiera "atascos en barreras ideológicas, idiomáticas o geográficas".
Según su escrito, el bipartito de socialistas y nacionalistas había evidenciado una "falta de capacidad o de conocimiento" y había caído en "distracciones" que habían arriesgado las "cotas de producción que Galicia se ha venido labrando con esfuerzo y tesón". En caso de que el "cambio" no llegase, el panorama que esbozó era apocalíptico: "Continuaremos con la destrucción de empleo y ello podría ser el fin de Galicia; la vuelta a la emigración"
Con aquella llamada implícita a votar al PP de Feijóo, De Sousa-Faro culminó una legislatura de una abierta confrontación con la Xunta. Entre otros asuntos, porque la coalición de izquierdas había frenado su proyecto para construir una piscifactoría en Cabo Touriñán, que había sido autorizado por el Gobierno ya en funciones de Manuel Fraga, el último Consello de Goberno antes del cambio, y con Feijóo como vicepresidente primero. Según una sentencia del Supremo dictada en 2015, esta autorización del gabinete de Fraga fue irregular.
Frente al rechazo del Gobierno de coalición a la instalación de la piscifactoría en Touriñán, sustentada sobre todo en motivos medioambientales, Feijóo llegó a proclamar que PSOE y BNG habían provocado la "fuga de Pescanova" a Portugal. La empresa había optado por abrir otra fábrica en Mira, a unos cien kilómetros de Oporto. En vísperas de las elecciones de 2009, periodistas gallegos fueron invitados a visitarla. En 2017, los bancos portugueses que la habían financiado terminaron vendiéndola por ruinosa.
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Los deseos electorales del empresario se cumplieron de aquel 1 de marzo de 2009: el PP logró la mayoría absoluta con la que un mes y medio después Feijóo fue investido como presidente. En los primeros compases de su mandato, no ahorró elogios para De Sousa-Faro, un "ejemplo de galleguismo empresarial" al frente de una empresa, Pescanova, "consecuencia de muchas decisiones valientes adoptadas por Manuel Fernández de Sousa-Faro y su equipo", dijo al entregarle el premio Gallego del año en 2010 del Grupo Correo Gallego.
Feijóo y su gobierno también abrieron la puerta a reactivar proyectos como el de Touriñán, que fueron silenciandose cuando, en 2013, Pescanova quebró y comenzó su periplo judicial que ahora termina. Un silencio similar con el que la política gallega recibió la condena definitiva a De Sousa-Faro.
Aquí puedes leer el texto original en gallego.
"Podría ser el fin de Galicia". Era domingo, 22 de febrero de 2009. Faltaba una semana para las elecciones gallegas y las últimas encuestas legalmente publicables apuntaban a un escenario muy ajustado, pero la práctica totalidad apuntaban a que la reelección del Gobierno de coalición entre el PSOE y el BNG era posible y que podrían volver a sumar mayoría absoluta frente al PP, en el que Alberto Núñez Feijóo debutaba como candidato a la presidencia.