¿Qué fue de la Ley de Libertad de Conciencia? Por el manto de silencio que la cubre, nadie diría que es un compromiso de gobierno con todos los honores, que atañe además a dos cuestiones especialmente delicadas para cualquier proyecto progresista: las libertades individuales y las relaciones del poder civil con el hecho religioso. Recogida en el programa del PSOE, incluida en el acuerdo de la coalición gobernante, la ley ha quedado en cambio casi totalmente excluida del debate político. La legislatura se aproxima a su tramo final –queda un año y medio como máximo– sin que haya constancia de ningún avance. Ni en 2020, ni en 2021, ni en 2022 ha figurado en el plan normativo del Ejecutivo.
A preguntas de infoLibre, el Ministerio de Presidencia no detalla ningún avance, limitándose a señalar que la ley no está descartada. No es un mensaje suficiente para quienes reivindican su aprobación. El PSOE, partido mayoritario de la coalición de gobierno, empieza a recibir presiones para que el intento de superar la ley de 1980 no vuelva a quedarse en el cajón, como ocurrió en 2010. Dichas presiones llegan tanto de la sociedad civil como de Unidas Podemos, que forma parte del Gobierno como socio minoritario. Europa Laica y el grupo morado han presentado sendas iniciativas legales. Y no se quedan sólo en la Ley de Libertad de Conciencia, sino que apuntan contra los Acuerdos con la Santa Sede de 1976-1979, anclaje del especialísimo estatus de la Iglesia católica en España.
Compromisos y expectativas, cumplimientos e incumplimientos
El acuerdo de gobierno entre el PSOE y UP, suscrito en diciembre de 2019, recoge el siguiente compromiso en su artículo 5.5, dentro del capítulo de "Nuevos derechos": "Aprobaremos una Ley sobre Libertad de Conciencia que garantice la laicidad del Estado y su neutralidad frente a todas las confesiones religiosas". No hay más detalle.
Sobre el papel, el contenido debería ser ambicioso. El Gobierno se formó con elevadas expectativas en el campo del laicismo y la separación Iglesia-Estado. Y había sido el propio presidente Pedro Sánchez el que las había generado a lo largo de su trayectoria, en la que había ganado las primarias del PSOE apoyándose en mensajes laicistas y había llegado a defender la supresión de la referencia a la Iglesia en la Constitución, la inclusión en la misma del "principio de laicidad" y la denuncia de los acuerdos con la Santa Sede.
¿Se han cumplido las expectativas laicistas? No las más elevadas. De hecho, la derogación de los acuerdos con la Santa Sede no está en el acuerdo de gobierno. Medidas drásticas no ha habido. La relación Iglesia-Estado sigue como estaba. Ahora bien, ha habido avances en materias que afectan a la Iglesia. Y no sólo en materias, también en gestos. Sánchez y sus gobiernos –el de coalición, pero también el salido de la moción de censura de 2018– han ejercido con pulcritud aconfesional, una excepción en la democracia española. Quedan para la historia las tomas de posesión sin símbolos religiosos y el homenaje desprovisto de ropaje religioso a las víctimas del covid.
El Gobierno de coalición ha avanzado en terrenos sensibles para la jerarquía católica, como la eutanasia, y prevé una reforma de la ley del aborto. Ambas iniciativas cuentan con la oposición frontal del episcopado, que también se enfrentó a la reforma legal para penalizar el acoso a las puertas de las clínicas de aborto. A todo ello se suma la Lomloe, una norma educativa que rebaja el estatus de la asignatura de Religión, al no computar para la nota oficial.
En el otro lado de la balanza, el Ejecutivo ha acabado avalando las inmatriculaciones de la Iglesia, que en lo esencial ha hecho prevalecer su posición. No se han producido las "modificaciones legislativas" para recuperar los bienes inmatriculados "indebidamente". El Gobierno sólo anota en su balance en este campo una mayor transparencia y el cuestionamiento de un millar de registros. Además, la jerarquía católica mantiene de momento sus privilegios fiscales, incluida la exención del IBI incluso en inmuebles en los que hace negocio. La fiscalización de la relación económica Iglesia-Estado por parte del Tribunal de Cuentas no ha supuesto cambios de fondo. No ha habido avances hacia la autofinanciación. La Conferencia Episcopal sigue acumulando superávit gracias al dinero público y enviando parte de estos fondos a Trece TV. Está por ver en qué queda la investigación del Defensor del Pueblo sobre la pederastia.
1980, 2010 y 2022
Para cerrar el balance falta la Ley de Libertad Conciencia, que sigue pendiente. En España aún rige la Ley de Libertad Religiosa, de 1980, que dejaba atrás el nacionalcatolicismo pero sin amenazar en nada la relación prevalente del Estado con la Iglesia. Con José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa llegó a formarse un grupo de trabajo para una norma que superase la de 1980, pero el presidente acabó metiéndola en un cajón en 2010, ya con la crisis económica encima. Curiosidades de la historia: aunque fue acusado por el PP y la Conferencia Episcopal de abanderar un "laicismo radical", Zapatero fue el presidente que subió la asignación vía IRPF a la Iglesia del 0,5239% al 0,7% por cada equis marcada, un incremento que ha permitido a la institución recibir 2.653,98 millones en los últimos diez años.
Casi doce años después del carpetazo de Zapatero, ¿llegará al Consejo de Ministros un anteproyecto de Ley de Libertad de Conciencia? Aunque está en el acuerdo de gobierno, no ha figurado en ningún plan normativo del Ejecutivo. "Esta ley no está en el plan normativo de este año, lo que no significa que se descarte", señala a infoLibre el Ministerio de Presidencia.
Una propuesta de amplio espectro de Europa Laica
El PSOE está ya bajo presión por este retraso. El principal ariete en la sociedad civil es Europa Laica, la organización de referencia del movimiento laicista, que aprobó en su asamblea de mayo una actualización de su anterior propuesta legislativa, de 2009. "Regular el derecho a la libertad de conciencia está pendiente desde la ley de 1980, que es ya una ley impropia del tiempo que vivimos. El Gobierno tiene este tema olvidado. No está en el plan normativo a pesar de figurar en el acuerdo del Gobierno de coalición de avanzar en cumplimentar estas carencias democráticas. Pretenden que quede otra vez en el cajón, no interesa. No hay voluntad política de hacer nada que irrite a la jerarquía [católica]", señala el presidente de Europa Laica, Juanjo Picó. "Ademas –añade–, es necesario ya avanzar en la aconfensionalidad o laicidad estatal según mandata el artículo 16 de la Constitución".
La propuesta de Europa Laica, de 20 páginas, es una enmienda a la posición de la Iglesia en España, con énfasis en su acceso al dinero público y a la enseñanza. Su aprobación sería un revolcón histórico a la institución. La norma, de inspiración republicana y acento francés, incide en la protección de la libertad de conciencia y la separación Iglesia-Estado, sobre todo en los espacios en los que se puede entender que hay un trato preferente para la institución católica. Al mismo tiempo que establece mecanismos para proteger la libertad de creer –o no creer– y de expresar –o no– esas creencias, señala que dichas creencias no deben tener "ningún tipo de protección legal especial" frente a la libertad de expresión, lo que apunta contra el controvertido delito de ofensa a las sentimientos religiosos.
Se trata de una ley de amplio espectro, que abarca las inmatriculaciones, la eutanasia y el aborto, los límites de la objeción de conciencia, la neutralidad del espacio y los medios públicos y de las ceremonias estatales, la protección de la infancia frente al adoctrinamiento dogmático o la obligación de los cargos públicos de abstenerse de participar oficialmente en ritos religiosos o de poner a las instituciones –o sus instalaciones– al servicio de los mismos. La norma establece que el Gobierno llevará al Congreso la ruptura de los acuerdos con el Vaticano.
La ley establece lo siguiente: "Ninguna administración pública podrá destinar recursos públicos [...] de forma directa, indirecta o en condición de privilegio" a las entidades religiosas "para promover o favorecer su creación, desarrollo o proselitismo", ni tampoco para "financiar su viabilidad y sostenimiento". Es decir, no podría haber casilla de la Iglesia en el IRPF. También sería el fin de los privilegios fiscales. Los bienes culturales histórico-artísticos de la Iglesia "formarán parte del Patrimonio Histórico Español", aunque en ellos se permitiría el culto. Además de la fiscalidad, el otro frente en el que se centra la norma es la educación. "El Estado no sostendrá con fondos públicos a los centros educativos privados de una opción de conciencia particular", señala la ley. De modo que se acabaría la concertada católica, principal bastión de influencia de la Iglesia en España.
La iniciativa parlamentaria de Unidas Podemos
UP, por su parte, está a la espera de que la Comisión Constitucional del Congreso debata su proposición no de ley (PNL) de "impulso de cambios normativos concernientes a la libertad de conciencia y la laicidad". Se trata de una iniciativa "trabajada junto a Europa Laica y Andalucía Laica, con reivindicaciones históricas del movimiento laicista y que pretende volver a poner este tema encima de la mesa", explica la diputada del grupo morado Martina Velarde. "Aunque las PNL no son vinculantes, es importante que este tema no se olvide, más aún cuando hay un acuerdo en el programa de gobierno de coalición", explica. A su juicio, España mantiene "un déficit en este terreno [separación Iglesia-Estado], con casos evidentes como el del alumno de Córdoba que denunciaba la presencia de crucifijos en espacios escolares públicos". "Sería tremendo que no saliese adelante la ley, ni me lo planteo. Es un acuerdo de gobierno, es algo firmado, no es algo que nos saquemos de la manga a mitad de legislatura", expone Velarde, para quien estamos ante una "asignatura pendiente".
Es cierto, como admite Velarde, que las PNL no son vinculantes. Pero el Gobierno puede hacerlas suyas, más aún cuando hay un acuerdo previo. La exhumación de Franco se realizó porque la reclamó el Congreso en una PNL. Será interesante ver el resultado de la votación de la iniciativa presentada por los diputados de UP Martina Velarde y Txema Guijarro, que insta al Gobierno a medidas como estas:
– Presentar al Congreso una Ley de Libertad de Conciencia.
– Presentar al Congreso la derogación de los Acuerdos con la Santa Sede del año 1976.
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– Recabar las notas simples de los bienes inmatriculados por la Iglesia desde 1946 hasta 1998, para revertir después las inscripciones sin justificación documental.
– Garantizar mediante cambios legales que los bienes de interés cultural en posesión de las instituciones eclesiásticas "sean declarados de dominio público".
De momento no hay fecha para la votación.
¿Qué fue de la Ley de Libertad de Conciencia? Por el manto de silencio que la cubre, nadie diría que es un compromiso de gobierno con todos los honores, que atañe además a dos cuestiones especialmente delicadas para cualquier proyecto progresista: las libertades individuales y las relaciones del poder civil con el hecho religioso. Recogida en el programa del PSOE, incluida en el acuerdo de la coalición gobernante, la ley ha quedado en cambio casi totalmente excluida del debate político. La legislatura se aproxima a su tramo final –queda un año y medio como máximo– sin que haya constancia de ningún avance. Ni en 2020, ni en 2021, ni en 2022 ha figurado en el plan normativo del Ejecutivo.