La dependencia económica de las víctimas de violencia machista empieza a ganar visibilidad en los juzgados

El 31 de agosto del pasado año el Ministerio de Justicia lanzó el anuncio: la ministra había decidido poner en marcha un consejo asesor integrado por mujeres para reformar y actualizar la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El objetivo, sumergir a la norma en una perspectiva de género que revisara sus aspectos más básicos. Los primeros resultados han llegado este martes. Tal y como ha revelado la Cadena Ser, una de las propuestas planteadas por las expertas tiene que ver con ampliar los criterios para la concesión de órdenes de protección, de manera que se incluya la dependencia económica de las mujeres como factor clave.

El grupo de expertas ha hecho llegar "múltiples propuestas" al ministerio, después de meses de trabajo. El próximo paso consiste ahora en superar los filtros internos del departamentos y a partir de ahí esbozar el documento que dará pie a un posible anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que a su vez tendrá que pasar por el Consejo de Ministros y por el trámite parlamentario correspondiente.

En el año 2017, un total de 38.501 órdenes de protección fueron incoadas, de las que 802 fueron inadmitidas, 26.044 adoptadas y 11.645 denegadas, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En el año 2018 fueron asesinadas 47 mujeres, de las cuales sólo 14 habían interpuesto denuncia y sólo once solicitaron medidas, de acuerdo con los datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. De entre esas once, en nueve de los casos se adoptaron medidas y en otros dos las mujeres quedaron desprotegidas. La propuesta actual busca fortalecer los criterios judiciales a la hora de conceder protección en denuncias por violencia machista, de forma que la dependencia económica de la mujer hacia el hombre sea tenida en cuenta.

Según se desprende del Boletín sobre Vulnerabilidad Social y Violencia de Género elaborado por Cruz Roja el pasado año, la dedicación única al trabajo doméstico provoca que el 39,1% de las mujeres atendidas en Atenpro estén desempleadasAtenpro, lo que explica que más de la mitad de ellas sufran una situación de pobreza extrema, es decir, que perciban un ingreso mensual inferior a 445 euros al mes. Por otro lado, al estar privadas de estudiar, la mayoría de las víctimas atendidas que sí disponen de un trabajo son obreras no cualificadas (un 45,1%) o se dedican a tareas domésticas o de cuidado de personas (el 26,6%).

La macroencuesta sobre violencia de género confeccionada en 2015 por el Gobierno dedicaba un apartado a la violencia económica, como una forma más de violencia contra las mujeres. Según indica, las situaciones de violencia económica sufrida por las mujeres de 16 años en adelante, se materializan en episodios diversos. Este tipo de violencia ocurre cuando el hombre se niega a darle dinero para los gastos del hogar (lo que fue experimentado por un 6,9% de las encuestadas), le impide tomar decisiones sobre la economía familiar (7,2%) o no le deja trabajar o estudiar fuera del hogar (4,9%). "El porcentaje de mujeres que ha sufrido cualquiera de los escenarios sobre violencia económica (...) de cualquiera de sus parejas a lo largo de toda su vida asciende a un 11,2%, y aumenta hasta el 16,8% cuando se tienen presente únicamente las relaciones ya finalizadas, con la última o anteriores ex parejas", reza la encuesta.

Control sobre la víctima

El ciclo de la violencia de género es amplio e incluye formas sutiles de malos tratos. Los maltratadores ejercen tipos de violencia que en ocasiones distan de lo estrictamente físico. "Una de las principales estrategias y mecanismos que pone en marcha el maltratador es ejercer violencia económica". Habla Bárbara Zorrilla, psicóloga especializada en violencia de género. El propósito de quien desempeña esta clase de violencia tiene que ver con el control y la dependencia. "Generar que la víctima le necesite y se sienta incapaz de salir adelante sin él, especialmente cuando hay menores de por medio", sostiene la psicóloga.

Las formas de ejercer violencia económica abarcan un amplio abanico, no se ciñe únicamente a "pedir los tickets cuando vuelves de la compra", explica Zorrilla. Significa, entre otras cuestiones, la prohibición de trabajar. "Esta obligación de no trabajar no siempre es explícita", continúa la psicóloga, sino que tiende a ser expresada de forma más sutil: "No hace falta, ya lo hago yo, cuida de los niños", son algunas de las fórmulas, "como si les estuvieran haciendo un favor". Las consecuencias son rotundas. "Eso impide por un lado que ella disponga de sus propios recursos económicos y que tenga acceso a otras fuentes de gratificación u otros mensajes alternativos a los que le da su maltratador", comenta la experta.

Otra de las formas más habituales es, añade, endeudarse sin el consentimiento de la víctima. "Nos encontramos con muchas mujeres que han firmado créditos o que están en situación de bienes gananciales y se quedan fuertemente endeudadas", alimentando de esta manera el "miedo a no poder afrontar procesos judiciales, que tienen un coste no sólo emocional, sino también económico". En ese recorrido, la sutil violencia económica deja ver sus dientes y termina por "contribuir a ese confinamiento mental en el que se encuentra la víctima" y que, en esencia, impone la idea de que "sin su maltratador no puede seguir", agrega Zorrilla.

Cuando hay menores de por medio la situación para las víctimas se recrudece. La dependencia económica en este contexto afecta a "todo lo que tiene que ver con la custodia de los menores" y los maltratadore adoptan estrategias como "dejar de pagar la pensión, no compartir ninguno de los gastos, dejar de pagar los colegios y amenazar con esto". Esa amenaza, advierte Zorrilla, "encadena también de alguna manera a las mujeres, les impide denunciar y las mantiene atadas a esa relación". La conclusión es obvia y abre la puerta a un futuro demoledor para las víctimas: "Cuanto más sometida y más subordinada esté la mujer a su agresor, más legitimado se siente él para seguir incrementando esa violencia que ejerce".

Positivo pero insuficiente

¿De qué manera influirá la propuesta del grupo de expertas en la situación de las mujeres maltratadas? Las letradas consultadas por este diario difieren en sus análisis: hay quien lo considera una medida positiva, sin paliativos, y quien desconfía de su potencial si es desarrollada de forma aislada. La valoración a la hora de conceder órdenes de protección se lleva a cabo "sin criterios establecidos porque a los jueces les parece que eso vulnera la independencia judicial", explica María Naredo, abogada especialista en violencia contra mujeres y directora general de prevención y atención frente a la violencia machista en el Ayuntamiento de Madrid. Al final, por tanto, la imposición de medidas de protección depende de la "libre valoración de los jueces en muy poco tiempo", únicamente teniendo en cuenta que debe "haber un riesgo actual objetivo".

Para Gema Fernández, abogada de Women's Link Worldwide, es imprescindible que los legisladores y los jueces "entiendan que la violencia de género no es únicamente una violencia física, sino que se trata de un fenómeno muy complejo en el que intervienen muchos factores". Es ahí donde la abogada sitúa aspectos como la dependencia económica, la emocional o la presencia de hijos. Todo ello, dice, "puede favorecer que la situación de violencia se mantenga durante mucho tiempo".

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Una mujer que está sufriendo violencia, por tanto, y depende económicamente de su agresor "puede tener miedo a denunciar, a ir a declarar o incluso puede llegar a retirar la denuncia, porque su medio de vida depende de la persona que agrede". Partiendo de esa base, no queda otra opción que ofrecer respuestas multidisciplinares que atiendan a la complejidad de la situación. Es necesario que los jueces "juzguen con una perspectiva de género y, por otro lado, que el Estado ofrezca alternativas a las mujeres que son dependientes económicamente de sus agresores para que la responsabilidad de acabar con esa situación de violencia no recaiga únicamente en ellas".

En la batalla por hacer de la justicia un territorio libre de estereotipos de género, Fernández cree positivo que se tenga en cuenta la dependencia económica a la hora de conceder medidas de protección, porque "es un factor más que influye y perpetúa la violencia de género". Por ello, argumenta, el sistema de justicia "debe tener en cuenta que si una mujer es dependiente económicamente de su agresor y se ve obligada a convivir con él, su vida puede correr un serio peligro".

Las juristas consultadas coinciden en lo positivo de la propuesta pero difieren en su peso. Incorporar la dependencia económica como criterio a tener en cuenta es "un elemento clave, pero debe venir junto a otros". Así lo considera Naredo. Para la letrada, el criterio "traído de una manera aislada no va a aportar demasiado", porque los juzgados de violencia deben "tener absolutamente en cuenta todas las situaciones" que intervienen en el ciclo de la violencia. La valoración debe, a su juicio, ser "muchísimo más holística, global, atender a elementos sociales, económicos o aquellos relativos a los menores, como por ejemplo traer a los niños y niñas a la valoración". Todavía a día de hoy, lamenta la jurista, "hay muchos aspectos que no se están teniendo en cuenta", de manera que se hace necesario "convocar a los jueces para, desde un enfoque de género, valorar el riesgo global" teniendo en cuenta todos aquellas circunstancias que podrían resultar decisivas.