La desconfianza en las instituciones obstaculiza la lucha contra la violencia machista

"Hay salida a la violencia de género". Es el mensaje que las instituciones tratan de divulgar en sus campañas contra la violencia machista, con el objetivo de transmitir la seguridad y confianza necesarias para que las víctimas acudan a los mecanismos pensados para luchar contra esta lacra. El efecto, no obstante, no siempre es el deseado y en ocasiones la atmósfera creada alrededor de las administraciones se traduce en un clima de desconfianza que dista de la proclamada salida para las mujeres.

La solución ante la discriminación existente contra las mujeres y la violencia de género reside fundamentalmente en las instituciones, pero el mensaje transmitido por las mismas no siempre ha conseguido calar en la ciudadanía. "En determinados sectores de la población se ha instalado una desconfianza consolidada", señala Pilar López Díez, experta en comunicación y género. También Justa Montero, cofundadora de la Asamblea Feminista de Madrid, reconoce que "en general las instituciones no están a la altura" a la hora de "velar por una igualdad real y por oportunidades igualitarias para todas las personas".

En este contexto, conviene distinguir entre las distintas instituciones que operan en base a mecanismos muy diferentes: "Existe un problema muy serio sobre el aparato judicial –pone como ejemplo Montero– que requiere una reflexión y tomar medidas rotundas". Maribel Maseda, enfermera y especialista en Psiquiatría, añade los obstáculos existentes en el plano laboral. Los departamentos que se dedican a la vigilancia y a la transversalidad de las políticas de igualdad en las empresas no cumplen, considera, con los requisitos marcados. "Casi ninguna mujer se atreve a acudir a ellos, es algo generalizado", señala Maseda, "y no lo hacen porque llega antes la represalia que la solución". Al menos, continúa la feminista, "esa es la sensación que tienen las mujeres, y si hablamos de una sensación mayoritaria será porque es real". Ante dicha coyuntura, "la mujer tiene la sensación de que se está enfrentando a alguien" y el organismo que recoge la denuncia "muchas veces también lo asume como un problema porque para averiguar la verdad tiene que abrir enfrentamientos entre departamentos y personas".

Lo que debería ser un camino llano hacia la salida prometida puede convertirse en toda una carrera de obstáculos para la víctima, con la consecuencia de que "aunque no haya ninguna resolución, esa persona ya no puede volver al mismo punto del que ha partido", porque dar el paso de iniciar el proceso deja huella. "Viendo que puede pasar todo esto, la mujer ya se echa para atrás", lamenta Maseda.

Para transformar este clima de desconfianza generalizada, continúa la especialista, las instituciones deben "abandonar el perfil de la mujer maltratada y hablar del perfil del hombre maltratador, que como no está definido tiende a ser invisible". La mujer, por tanto, está expuesta y "acaba siendo la cabeza de turco" por lo que "se esconde al entender que una parte de la sociedad está en su contra".

En esta misma línea se expresa López Díez, quien entiende que, con el objetivo de llevar a cabo políticas públicas que realmente solucionen la violencia masculina contra las mujeres, las administraciones deben "tomar en serio los intereses estratégicos de las mujeres, que no son otros que promover una feminidad autónoma e independiente".

Se trata, continúa la experta, de elaborar políticas que fomenten el respeto por parte de los hombres hacia las mujeres "de la misma forma que se respetan entre ellos" y a su vez "conseguir también que las mujeres aprendan a respetarse a ellas mismas y al resto de las mujeres" evitando de esta manera "que se involucren en relaciones de subordinación y dependencia".

El movimiento feminista como punto de mediación

Ante las carencias institucionales, el movimiento feminista ha sido el responsable de generar espacios participativos en los que las mujeres se sientan acogidas y encuentren respuesta a sus interrogantes. "Las organizaciones de mujeres llevan muchos años identificando los problemas, las medidas que han servido para algo y las que no, tienen experiencia acumulada para ir tanteando posibles soluciones y salidas", expresa Montero.

En este sentido, la feminista destaca que las instituciones "no impulsan por sí mismas los cambios" porque "los mecanismos patriarcales se encuentran muy arraigados en el funcionamiento de las propias instituciones". Por este motivo resulta fundamental el movimiento feminista como "sujeto de interlocución" para impulsar "cambios en las políticas públicas", porque las "instituciones siguen una tendencia totalmente conservadora".

Las trabas que aún se interponen en el seno de las instituciones se traducen en una "evidente carencia de recursos, y cuando existen no siempre son amigables con las mujeres", señala Montero. La revictimización, la incredulidad, la deriva en otros recursos son algunos de los fenómenos que potencian "la desconfianza en lo que tendrían que ser recursos ágiles y directos que resuelvan los problemas".

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Como respuesta, el movimiento feminista ha sido quien de autoorganizarse en distintos espacios –barrios, universidades, empresas, organizaciones de la sociedad civil– donde las mujeres pueden acudir de forma directa y accesible. "Espacios horizontales donde son escuchadas, acogidas y disponen de la información que se demanda", agrega Montero, quien matiza que "lo que no puede hacer es suplir la labor asistencial, porque es una responsabilidad de las administraciones". La sociedad civil, por tanto, ha de entenderse esencialmente como un "punto de mediación" necesario pero no exclusivo.

También López Díez estima que "el trabajo del movimiento feminista es fundamental ahora y lo ha sido siempre desde que las sufragistas consiguieron el derecho al voto y a la educación hasta el logro de la Ley Orgánica de Medidas Integrales contra la Violencia de Género en España". Es precisamente el activismo feminista y su influencia "lo que empuja a las instituciones a establecer normas para corregir el machismo de los hombres".

La experta recuerda asimismo la resolución aprobada en 2013 por el 60% del Parlamento Europeo que recoge promover la asistencia financiera a las organizaciones de mujeres que luchan contra la sexualización y la violencia hacia las mujeres y las niñas. "Pero, al mismo tiempo que promueve entre los estados miembros dar dinero a las organizaciones de mujeres para que sean ellas quienes carguen con la tarea de transformar la sociedad machista, el Parlamento Europeo eliminó las recomendaciones del informe elaborado por la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, perteneciente a la propia Unión Europea", lamenta López Díez. Se trata, en esencia, de un ejemplo de cómo "las instituciones hacen dejación de funciones cuando se trata de resolver la violencia machista".