Primero de diciembre de 2020. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acude a primera hora de la mañana al Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal. El centro cumple un año desde su apertura. Y, como joya de la corona de la política sanitaria regional, la presidenta lo convierte en el escenario desde el que anuncia su plan sanitario de cara a la Navidad. Con una variante ómicron disparada, la líder del Ejecutivo promete una prueba de antígenos gratuita para cada ciudadano. Pero pasan los días. Las semanas. Y entre inmensas colas a la puerta de las farmacias, la promesa de Ayuso va diluyéndose como un azucarillo. Tanto, que las fiestas se cierran con tres de cada diez ciudadanos de la comunidad autónoma sin el prometido test en sus manos, según los datos oficiales del propio Gobierno madrileño. Más de 1,9 millones de personas.
"Lejos de volver a los cierres masivos de manera alarmante, lo que vamos a hacer es no generar confusión y actuar", se arranca Ayuso en la rueda de prensa. Entonces, la situación estaba, más o menos, bajo control. La región registraba aquel día una incidencia acumulada de 149 casos por cada 100.000 habitantes a dos semanas. La quinta más baja del país. Sin embargo, una nueva variante amenazaba con propiciar otra potente ola. Pocas horas antes de la comparecencia, el servicio de microbiología del Hospital Gregorio Marañón confirmaba la presencia de ómicron en la región. Y con las fiestas navideñas a la vuelta de la esquina, y con ellas el más que previsible aumento de los contactos sociales, todas las comunidades se preparaban para un más que previsible auge de los contagios.
Madrid, a diferencia de otras regiones, descartó las restricciones. Y lo apostó todo a una suerte de política sanitaria de autodiagnóstico. "El Gobierno va a repartir un test de antígeno para cada madrileño para que en caso de reuniones sociales lo haga de manera segura", se encarga de anunciar Díaz Ayuso desde el Zendal. Pero la realidad, sin embargo, terminó siendo otra. El 10 de enero, el número de pruebas financiadas por el Ejecutivo regional dispensadas en las farmacias fue de 4.833.620, frente a 6,8 millones de tarjetas sanitarias que en aquel momento tenía registrado el Gobierno madrileño. Es decir, que una vez superados los días grandes de las fiestas –Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y Reyes– un 30% de los ciudadanos no habían accedido a los test prometidos, según los datos facilitados por el Gobierno regional a Más Madrid a través de una petición de información.
Para Javier Padilla, autor de la petición de información, el plan diseñado por la Comunidad de Madrid para las fiestas ya tenía de inicio un "efecto limitado". "El valor de estos test está en la repetición. Si te haces uno, obtienes una fotografía fija. Y en aquella ola era muy normal que el positivo no saliera hasta horas después del inicio de los síntomas", explica el también médico de familia. A pesar de ello, el Ejecutivo regional apostó decididamente por esta fórmula. "Y ni así se terminó cubriendo a toda la población. La mayor parte de las pruebas se entregaron cuando pasaron las fechas importantes de las fiestas de Navidad", apunta el parlamentario en conversación con infoLibre.
Por eso, se pregunta si el objetivo real del Ejecutivo regional con esta medida era proteger realmente la salud pública o "publicitar" un tipo de pruebas que comenzaron a venderse entonces como churros. De ahí que Más Madrid solicitase del mismo modo información sobre la distribución de todos los test de Ayuso por "zona básica de salud" o "unidad geográfica asimilable". "Queríamos saber si también aquí se había fomentado la existencia de desigualdades, si se habían suministrado más pruebas en unas zonas que en otras. Porque la capacidad que tienen para pagar un test en Alcobendas, por poner un ejemplo, no es la misma que en Vallecas", señala. Pero el Gobierno se ha negado a aportar esos datos.
El plan estrella del Ejecutivo regional se puso en marcha con una compra masiva de pruebas. Según la información que consta en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, antes de la Nochebuena el Gobierno había adjudicado al menos ocho licitaciones para la compra de más de siete millones de test. Sin embargo, tardaron en comenzar a ser distribuidos por las farmacias. La idea inicial es que estuvieran disponibles para los ciudadanos el 15 de diciembre. Pero no fue así. Los primeros repartos se retrasaron una semana respecto a la fecha prevista. ¿El motivo? Los "problemas de suministro" que habían tenido "por parte de los proveedores".
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Y para cuando llegaron, la demanda superó con creces a la oferta. Conseguir uno de esos test gratuitos se convirtió en una auténtica odisea. Las colas en las farmacias fueron permanentes. Esperas que, en muchos casos, no servían para absolutamente nada. Las pocas unidades que de media se iban distribuyendo volaban. Y algunas boticas trataban de ahorrar tiempo a los clientes colgando carteles a sus puertas: "No hay test de la Comunidad de Madrid". A los ciudadanos no les quedaba otra que plantarse en la puerta del establecimiento a primerísima hora de la mañana si no querían terminar condenados a deambular de establecimiento en establecimiento a la espera de que la suerte les sonriese.
"En una semana hemos pasado de una demanda de menos de 20.000 test al día a superar las 250.000: doce veces más", explicaban entonces desde Cinfa, el laboratorio farmacéutico que se encargaba de distribuir una de las pruebas que regalaba el Gobierno regional. El reparto fue, por tanto, extremadamente lento. Hasta el 27 de diciembre, una vez superada Nochebuena y Navidad, solo se habían distribuido entre la población 1,2 millones de pruebas, una cantidad que únicamente cubría al 17,6% de los ciudadanos madrileños. Y para el día de Reyes, según los datos del Colegio de Farmacéuticos, el reparto solo había llegado al 36,8% –unos 2,5 millones de test–. El acelerón, por tanto, no se produjo hasta después de las fechas importantes. Justo las que se pretendían cubrir con esta estrategia de autodiagnóstico.
Ante los problemas de acceso a las pruebas, muchos ciudadanos las pagaron de su bolsillo, con un precio que oscilaba entre los seis y los ocho euros. Las ventas de estos productos se dispararon. Sobre todo, en la Comunidad de Madrid. Tanto en la semana de Nochebuena como en la de Año Nuevo, la región lideró el ranking autonómico con más de tres millones de test vendidos.
Primero de diciembre de 2020. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acude a primera hora de la mañana al Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal. El centro cumple un año desde su apertura. Y, como joya de la corona de la política sanitaria regional, la presidenta lo convierte en el escenario desde el que anuncia su plan sanitario de cara a la Navidad. Con una variante ómicron disparada, la líder del Ejecutivo promete una prueba de antígenos gratuita para cada ciudadano. Pero pasan los días. Las semanas. Y entre inmensas colas a la puerta de las farmacias, la promesa de Ayuso va diluyéndose como un azucarillo. Tanto, que las fiestas se cierran con tres de cada diez ciudadanos de la comunidad autónoma sin el prometido test en sus manos, según los datos oficiales del propio Gobierno madrileño. Más de 1,9 millones de personas.