Despensas solidarias, poesía o refuerzo educativo para niños vulnerables: las víctimas de la cruzada antivecinal de Vox

Son las once de la mañana, la hora del recreto, y la plaza ubicada frente a la Parroquia de San Cristóbal y San Rafael, se encuentra en plena ebullición infantil. Decenas de niños corren y juegan entre los soportales de esta antigua colonia, levantada allá por la década de los cuarenta para acoger a los trabajadores del Parque Móvil y utilizada ahora por momentos como patio de colegio. De pronto, por una pequeña callejuela asoma Carmen Ochoa, vecina de Chamberí de casi toda la vida. "Es por aquí", indica. En apenas un minuto, frena frente a la puerta de un pequeño local bajo un cartel en el que puede leerse "Casa de cultura y participación ciudadana". Es la iniciativa en la que llevan cuatro años trabajando con mimo, convirtiéndolo en el hogar de buena parte del tejido asociativo del barrio. Un proyecto que ahora el Ayuntamiento de Madrid quiere cortar de raíz rechazando la renovación de la cesión del espacio. Una ofensiva de la administración local que no dudan en atribuir a las presiones de una ultraderecha que desde que entró en el consistorio convirtiéndose en la muleta del equipo de gobierno de José Luis Martínez Almeida no ha parado de exigir una y otra vez el desmantelamiento de lo que llaman "chiringuitos progres". "Ellos señalan con el dedo lo que se tiene que hacer y luego, por la vía legal, lo pisotean todo", apuntan.

Desde su puesta en marcha, la actividad de la Casa de la Cultura ha sido frenética. Sólo durante el año de la pandemia se han celebrado en las instalaciones algo más de un millar de proyectos, cursos, talleres y actividades de todo tipo, de las que han disfrutado más de 17.000 vecinos. Un ejemplo de ello es Cuarto de Estar, una iniciativa vecinal que funciona todos los lunes y que se centra en la socialización de niños y niñas menores de cuatro años. O Inclúyete, un proyecto que tiene como objetivo la socialización y el apoyo mutuo entre personas con dificultades de salud mental. Pero el catálogo de opciones es realmente amplio. Y toca todos los palos. Hay un club de lectura que se celebra una vez al mes; un curso de ópera al que asisten, de media, medio centenar de personas; ciclos de cine; talleres de dibujo; o un amplio abanico de actividades organizadas por las distintas Ampas –kárate, ping-pong o música–. También tienen un proyecto de refuerzo en el estudio para chavales con dificultades económicas. Ahora mismo, alrededor de una docena. Para ello, utilizan una pequeña sala bautizada como "Biblioteca Marcos Ana", en recuerdo al poeta. "Les ayudan estudiantes del Ramiro de Maetzu que vienen de forma voluntaria", relata bajo una boina negra Óscar Álvarez, que ejerce como presidente del espacio. 

El grueso de la financiación se obtiene a través de la cuota que paga cada una de las 26 asociaciones –comenzaron siendo menos de una veintena a las que se fueron sumando más y más– que utilizan el espacio. Unos 36 euros anuales. Otra parte, proviene de la utilización de un pequeño bar tras un mostrador grisáceo que les cedieron. "Por cada consumición se paga un euro", explican. Y la última sale de las ayudas directas que han recibido anualmente del Ayuntamiento de Madrid y que utilizan para ir acondicionando el lugar o abonar la luz o el agua. Pero lo fundamental para ellos es el espacio, de unos 300 metros cuadrados y que gira alrededor de dos amplias salas que multiusos que tan pronto sirven para organizar un recital de poemas como para dar clases de defensa personal. Un local que el consistorio tiene para ceder a colectivos sociales, que consiguieron por concurso en la etapa de Manuela Carmena y cuya concesión ahora la junta de distrito se niega a renovar. "La razón que nos dan es, símplemente, que se están estudiando distintas alternativas para el destino del inmueble", explican.

Carmen Ochoa charla con Óscar Álvarez en la biblioteca. | AS

Tanto para Álvarez como para Ochoa, el desmantelamiento de este proyecto construido en lo que hace décadas era el supermercado de la Colonia de San Cristóbal es un "absoluto desastre" que deja en la estacada a decenas de vecinos Lo dicen, por ejemplo, por la Despensa Solidaria que puede verse nada más acceder al local. Paquetes y paquetes de pasta, legumbres o productos de higiene, entre otros muchos artículos, destinados a la población más vulnerable. "En los momentos más duros de la pandemia, teníamos unas cien familias con estas cestas. Ahora, serán unas 60 o 70", cuentan. Personas que, explican, "corren el riesgo de quedarse tiradas". Como ellas, también todas aquellas personas con problemas de salud mental que se reúnen en el espacio para "romper el estigma" alrededor de estas enfermedades. "Si se cierra, estos problemas corren el riesgo de quedar invisibilizados y en la clandestinidad", detalla Álvarez. "Y, además de esto, supone un golpe importante para el acceso libre a la cultura a través de todas las actividades que organizamos. Las lecturas libres de poemas, por ejemplo, son maravillosas", trata de recalcar también Ochoa.

Un viejo mercado para 20.000 personas

A poco más de media hora en transporte público de allí, junto a la rotonda de Legazpi y frente a las instalaciones del Matadero, se alza un edificio rojizo de planta baja. A sus espaldas, varias décadas de historia. A finales de los años treinta, echó a andar como el Mercado Central de Frutas y Verduras de Madrid. Pero poco a poco fue cayendo en el olvido de una ciudad que trató de reconvertirlo en intercambiador de transporte, centro comercial o espacio gourmet. Hasta 2017, cuando el consistorio de la capital puso en manos de decenas de colectivos parte de las instalaciones. Nació de esta manera el Espacio Vecinal Arganzuela (EVA), que ocupa alrededor de 1.000 de los 4.000 metros cuadrados por los que se extienden las instalaciones. "Somos un espacio autogestionado, participativo, abierto y horizontal", explica Álvaro Pacho, vecino del distrito de 38 años que forma parte de un proyecto por el que han pasado solo durante el último año alrededor de 20.000 personas. "No hay un lugar mejor para lo que hacemos", asevera al otro lado del teléfono. Es cierto que en ocasiones se queda algo pequeño. Pero bueno, con lo que tienen se han ido apañando. 

Tampoco esta iniciativa parece convencer al consistorio de la capital. Al igual que en Chamberí, el equipo de gobierno local también ha decidido no renovar la concesión. En este caso, por la pretensión de instalar en el inmueble al Samur-Protección Civil. Los vecinos, para nada, rechazan la puesta en marcha de esta base en el antiguo Mercado Central de Frutas y Verduras. Sin embargo, defienden que son perfectamente compatibles ambos proyectos en las instalaciones. "Hay un ala que es exactamente igual y que podría acoger los servicios que quiere el ayuntamiento, a lo que se suma la enorme explanada como aparcamiento", dice Pacho. Pero el consistorio se mantiene inamovible en su postura. Se terminó y se terminó. El próximo lunes, las llaves tienen que estar en manos de la administración local. Eso sí, siempre y cuando la justicia no diga lo contrario. Porque además de recoger apoyos masivamente –ya tienen cerca de 20.000 firmas–, y organizar una protesta este domingo, la asociación encargada del espacio ya ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Ejecutivo municipal de no prorrogar la cesión de las instalaciones. De momento, se aferran con todas sus fuerzas a esta vía.

El joven reprocha al ayuntamiento que ni siquiera se haya molestado en evaluar "el trabajo" realizado por los vecinos durante años. "No pueden destruir todo esto", dice. Al otro lado del teléfono, desgrana con delicadeza proyectos y proyectos. Pone el ejemplo del préstamo de bicicletas o de las clases de español a migrantes organizadas por distintos colectivos. Pero también las actividades destinadas a los mayores, el colectivo más golpeado durante la pandemia. "Bailes, teatro, música, costura…", señala. Al fin y al cabo, dice Pacho, la compañía es la "mejor cura contra la soledad" en una ciudad en la que 253.000 personas de más de sesenta años viven solas en casa. A esto se le suman otras como biblioteca, sala de estudio, ludoteca, prácticas deportivas de todo tipo, festivales de cine, radio o un estudio de grabación. Y, por supuesto, respaldo a los jóvenes que más lo necesitan desde el estallido de la pandemia. "Se están donando, reparando y dando a más de 250 estudiantes de la ESO equipos informáticos. Esto ha sido gracias al colectivo evaLAB, que lleva desde el principio en EVA, y las Ampas que nos han pedido ayuda", apunta.

Pero si hay algo que han cuidado especialmente durante la crisis sanitaria esta ha sido, también, la Despensa Solidaria. "Como vimos que los servicios sociales no daban abasto, y en contacto con otras redes de apoyo, pusimos en marcha una recogida de alimentos para conformar cestas que se entregan a quienes lo necesitan", cuenta. Sólo entre mayo y junio, 615 madrileños se beneficiaron de esta iniciativa, de los que dos centenares eran menores. Una cifra que ahora se encuentra en 347 personas, de las que algo más de un centenar son chavales. En total, 93 familias que, dice el joven, ahora se quedarán en la estacada si se destruye todo lo que se había levantado con tanto esfuerzo. "Al menos, quedarnos hasta el final de la pandemia", pide Pacho, quien no tiene ninguna duda de que las presiones de una ultraderecha que desde que entró en el consistorio cargó contra los "chiringuitos ideológicos" han sido decisivas para el desmantelamiento de la iniciativa. Un análisis en el que coinciden desde Chamberí: "Es una actitud retrógrada, arbitraria y caciquil", apuntan Ochoa y Álvarez.

Violencia machista, población vulnerable y memoria histórica

Madrid no es el único lugar en el que PP y Ciudadanos han acabado cediendo a las presiones de Vox. También ha ocurrido en Andalucía, donde los votos de la formación que lidera Santiago Abascal resultan decisivos para la gobernanza. Lo sabe bien Prodiversa, con más de dos décadas de trabajo a sus espaldas. "Lo que están haciendo es una crueldad", dice Juan Carlos Espejo, su presidente. En los dos últimos años, asevera, han perdido buena parte del respaldo económico que recibían de la Junta que ahora lidera Juan Manuel Moreno Bonilla. "En total, calculo que nos han recortado un 40%", estima al otro lado del teléfono. Un agujero que ha puesto contra las cuerdas varios de sus proyectos. En primer lugar, pone sobre la mesa el Punto de Atención a la Mujer (PAM), un servicio de referencia en la entidad desde hace tres lustros enfocado a las mujeres en riesgo de exclusión y víctimas de la violencia machista. "Da apoyo jurídico, psicológico, social y laboral tanto a ellas como a hijos e hijas", cuenta el presidente de Prodiversa. Un servicio que alcanzaba, señala, a algo más de medio centenar al año, una cifra a la que ahora les resulta complejísimo llegar.

Cientos de vecinos se concentran contra el desalojo del Espacio Vecinal de Arganzuela y responder al "acoso" del Ayuntamiento

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"El año pasado, la línea de ayuda para mujeres maltratadas y vulnerables fue eliminada, por lo que estirando lo que teníamos llegamos hasta junio. De momento, no se ha vuelto a reactivar, se ha quedado desierto este apoyo", explica Espejo. El presidente, además, suma a este problema el de la falta de financiación que habitualmente venían recibiendo para trabajar en zonas de exclusión social. Y esto también golpea con fuerza sobre el proyecto que llevan años desarrollando en Palma-Palmilla, uno de los barrios más pobres de España, con una renta media anual por habitante por debajo de 7.000 euros. "Tras estudiarse las necesidades, se crea un itinerario formativo y laboral para ayudar a estas personas. Además, por ejemplo, se dan clases de español a migrantes", dice el presidente de Prodiversa. Sin embargo, el colectivo denuncia que la iniciativa se encuentra prácticamente en stand by desde comienzos de enero. "Prometieron que iban a sacar las ayudas, pero todavía no se ha hecho", dice. En total, quedan en la estacada alrededor de 400 familias. "La continuidad en el tiempo de un proyecto de estas características es fundamental, porque te permite generar confianza", lamenta Espejo.

A dos horas en coche de Málaga, en la provincia de Sevilla, Cecilio Gordillo descuelga el teléfono. Lo hace para hablar, también, de iniciativas golpeadas por la retirada de fondos de la Junta de Andalucía. En su caso, afecta al colectivo memorialista. Y, en concreto, al proyecto Todos los Nombres. Esta base de datos cuenta, a día de hoy, con 904 microbiografías, 1.603 documentos y 105.270 nombres correspondientes a represaliados por el franquismo en Andalucía, Extremadura y el norte de África. Hasta 2019, el proyecto recibió una ayuda directa por parte del Ejecutivo regional de 10.000 euros. Sin embargo, tras la entrada de PP y Ciudadanos en el Gobierno, el respaldo desapareció por completo. "Ahora estamos trabajando sin un solo duro de apoyo autonómico", cuenta Gordillo, que explica que fueron la iniciativa que más datos de represaliados puso sobre la mesa del exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en la investigación de los crímenes del franquismo. "Fueron más de 20.000", detalla el también coordinador de Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía.

El proyecto, que hace las funciones de oficina de atención a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, sigue vivo por el momento. Lo ha hecho, durante estos años, gracias a las aportaciones voluntarias, con las que han mantenido un equipo diminuto de un historiador, un archivero y un informático. Este año, sin embargo, respirarán algo más tranquilos gracias a la subvención de 12.000 euros que le ha concedido el Gobierno central y otros 8.000 euros del Ayuntamiento de Sevilla. "Claro que en la retirada de estas ayudas a la memoria histórica tiene mucho que ver Vox, aunque me gustaría aclarar que también en su día nos la retiró el PSOE. Pero no hay que poner el acento solo en esto, porque este partido puede presionar, pero los que gobiernan y toman las decisiones son el PP y Ciudadanos", sentencia. Algo en lo que también hacen hincapié desde el pequeño local de Chamberí. De hecho, confiesan, su estrategia pasa por intentar convencer a los naranjas de que la supervivencia del proyecto es necesaria para el barrio. El objetivo, que Cs se desmarque, tal y como ya ocurrió con el famoso mural feminista de Ciudad Lineal. Y, por supuesto, por presionar en la calle. Para ello, ya han convocado una protesta el próximo 15 de febrero.