El Día Mundial del Agua celebrado este jueves ha sido el señalado para comenzar, parece que ya de manera oficial, las negociaciones y las discusiones con respecto a qué hacemos con los recursos hídricos en España. Dos noticias han sobresalido por encima de la marabunta de declaraciones, posicionamientos y la solemnidad propia de estas jornadas. La primera es el anuncio de la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que volverá a abrir el grifo del polémico transvase Tajo-Segura, una vez las últimas lluvias han propiciado que los embalses de la primera cuenca alcancen el mínimo exigible para hacer desplazamientos de agua. La segunda es la filtración a Europa Press de la propuesta del Mapama al PSOE como primer paso para un Pacto Nacional del Agua que no solo ponga de acuerdo a los partidos, también a regiones con intereses contrapuestos.
Ante las últimas informaciones que apuntaban en ese sentido, Tejerina admitió este jueves que el Gobierno tiene previsto autorizar un nuevo trasvase del Tajo al Segura a partir del 1 de abril, una vez que se reúna la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura y si se superan los 400 hectómetros cúbicos de agua almacenada en los embalses de cabecera del primer río, Entrepeñas y Buendía, como afirma la ley. Con datos de este jueves, provisionales, de la Confederación Hidrográfica del Tajo, ambos ya han superado la barrera y marcan los 412 hectómetros cúbicos acumulados. Los datos del Ministerio, de principios de semana, no llegaban a los 390: el Ejecutivo ha sido realmente rápido en comunicar su visto bueno. La cifra, de cualquier manera, no indica que los embalses del Tajo estén bien: ninguno de ellos supera el 20% de su capacidad total.
Los transvases actuales y los posibles futuros, y las infraestructuras que necesitarían, son el principal escollo del Pacto Nacional del Agua. El Mapama ha enviado al PSOE, el partido con el que el Gobierno quiere consensuar las medidas, sus propuestas. Las intenciones son claras: el documento propone "estudiar la viabilidad técnica, ambiental y económica" de nuevos trasvases entre las distintas demarcaciones hidrográficas pero "siempre que cuenten con el consenso suficiente para una respuesta a largo plazo" y garanticen la "preferencia de la cuenca cedente sobre cualquier otro uso". Los conservadores no tienen tanto problema como los socialistas a la hora de proponer una medida que enfrenta a Castilla-La Mancha y a Murcia, a los partidos de ambas comunidades sin importar tanto el signo, a regantes levantinos y a los manchegos, y a los ecologistas contra todo lo que implique una hectárea de regadío o una infraestructura hídrica más.
El PSOE no se moja
La situación del PSOE es delicada. Los presidentes socialistas de la Comunitat Valenciana y de Castilla-La Mancha, Ximo Puig y Emiliano García-Page, escenificaban en enero la intención de buscar un consenso y dejar atrás las guerras del agua que han marcado la gestión hídrica del país. La realidad es más compleja. Este martes, la portavoz del PSOE-CLM, Cristina Maestre, mostraba su total desacuerdo con un nuevo transvase, asegurando que "la región saldrá gravemente perjudicada por las decisiones del Gobierno español". Solo dos semanas antes, el secretario general de los socialistas murcianos, Diego Conesa, firmaba el Manifiesto Levantino por el Agua estrechando su mano con la del líder del Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, un poderoso agente de presión a favor de que el Tajo aporte el agua que necesita el imperio hortofrutícola levantino.
El mismo Jiménez firmaba una columna este miércoles en La Verdad de Murcia realizando una encendida defensa de las "obras hídricas". "Es filosóficamente insostenible que ingentes masas de agua dulce vayan a parar al mar estos días de lluvia torrencial, procedentes de diversas cuencas del país, mientras que en otras los regadíos agonizan por su escasez", afirmó. Los embalses de los que sale el principal trasvase, en la cabecera del Tajo, están a más de un 80% de desbordarse.
En conversación con infoLibre, el secretario de Área para la Transición Ecológica del PSOE, Hugo Morán, esquiva responder sobre si su formación apoya tanto el traslado de agua del Tajo al Segura como el planteamiento de nuevas infraestructuras, tal y como ha planteado el Gobierno a la formación. No se moja ni en esa medida ni en otras que pone sobre la mesa el Mapama, como las ayudas a la modernización del regadío, la mejora de las interconexiones de las desaladoras y los nuevos tributos para estimular el ahorro. Es cuestión de prioridades, afirma: "Primero, debemos compartir un diagnóstico". Considera Morán que, en primer lugar, los dos grandes partidos deben ponerse de acuerdo en cuáles van a ser los efectos del cambio climático sobre las masas de agua, así como consensuar un análisis sobre "la realidad concesional" de quién está consumiendo los recursos hídricos, para comparar con la disponibilidad real. "Esa es la deficiencia que deberíamos subsanar. Si no sabemos qué valorar, es complicado", zanja.
Consenso ecologista
Si las comunidades autónomas mantienen profundas diferencias, incluso dentro del seno de los partidos, las organizaciones ecologistas parecen ir todas a una. Más de 50 entidades ambientales presentaron este jueves en el Congreso un acuerdo sobre el agua que rechaza los trasvases "en defensa de nuestros ríos y por el agua pública". Para estos activistas, el problema no es solo la ausencia de oferta por la sequía meteorológica, sino el exceso de demanda por, entre otras razones, un regadío sobredimensionado que causa una sequía hidrológica. "El anunciado Pacto Nacional por el Agua, basado en proponer nuevos regadíos, embalses y trasvases (…) no resuelve los problemas señalados ni tiene en cuenta los efectos del cambio climático", defiende el manifiesto.
Las organizaciones apuestan por "detener la construcción de nuevos embalses y trasvases, incluidos los previstos en los planes 2015-2021, así como revisar todos los trasvases existentes”, en favor de una planificación que tenga en cuenta las necesidades de cada territorio de manera "acorde a los recursos disponibles" y contra las "injusticias interterritoriales". El texto defiende, además, respetar el caudal ecológico de los ríos evitando su sobreexplotación y "detener el crecimiento de las demandas", tanto en la agricultura intensiva como en los núcleos urbanos. "Se trata, en definitiva, de pasar de las estrategias de oferta a los nuevos enfoques de gestión de la demanda que promueve la UE".
La propuesta realizada por el Ministerio es "nefasta", según Natalia Funes, del área de Agua de Ecologistas en Acción. "No es lo que necesita la población. En 25 años, debido al cambio climático, hemos perdido el 20% del agua disponible", sostiene. La activista, como el resto de los firmantes, defiende que solo se puede paliar una eventual crisis hídrica con un frenazo en seco a las nuevas hectáreas de regadío. Con respecto al resto de medidas del Gobierno, considera que son "trampa": "Siempre que se han tomado decisiones similares, como la modernización del riego, al final han dejado de lado la eficiencia y les ha servido para consumir más", acusa.
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Equo, por su parte, también criticó la propuesta gubernamental. "El PP vuelve a insistir, con una falta terrible de entendimiento, en un modelo de aumento de infraestructuras", denunció la coportavoz de la formación integrada en Unidos Podemos, Marta Santos. Ante la propuesta del "tributo ambiental" para el riego, la formación señaló que el Ejecutivo, hace unos meses, ya reconoció que no aplicaba a lo previsto los 133 millones de euros que recaudó a las hidroeléctricas y que, en principio, estaban destinados a la protección y a la mejora de los cauces de los ríos.
Los ecologistas de Greenpeace han firmado el Acuerdo Social por el Agua, pero han ido un paso más allá. A través de la plataforma de denuncia Fíltrala, han abierto un buzón para que anónimos puedan señalar los 510.000 pozos ilegales que reconoció el Gobierno en 2006, agrupados en mayor medida en el Levante español, y los más de un millón que estima la organización. "La mitad del agua bombeada de los acuíferos –sobreexplotados y contaminados– se extrae al margen de la legalidad", denuncian. "Según datos oficiales del Instituto Geológico y Minero de España", citan, “actualmente el 44% de las masas de aguas subterráneas está en mal estado cuantitativo y/o químico".
Greenpeace se hace eco de una curiosa paradoja: España es el primer país del mundo en número de embalses por habitante y kilómetro cuadrado, pero aun así se enfrenta a problemas de abastecimiento. Para los ecologistas está claro: hay que reducir la demanda. Los regantes se niegan en rotundo, ya que es su forma de vida. Y el Gobierno no parece que tenga intención. Habrá que esperar a la hipotética firma de un Pacto Nacional del Agua, si es que algún día llega.
El Día Mundial del Agua celebrado este jueves ha sido el señalado para comenzar, parece que ya de manera oficial, las negociaciones y las discusiones con respecto a qué hacemos con los recursos hídricos en España. Dos noticias han sobresalido por encima de la marabunta de declaraciones, posicionamientos y la solemnidad propia de estas jornadas. La primera es el anuncio de la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que volverá a abrir el grifo del polémico transvase Tajo-Segura, una vez las últimas lluvias han propiciado que los embalses de la primera cuenca alcancen el mínimo exigible para hacer desplazamientos de agua. La segunda es la filtración a Europa Press de la propuesta del Mapama al PSOE como primer paso para un Pacto Nacional del Agua que no solo ponga de acuerdo a los partidos, también a regiones con intereses contrapuestos.