La cuarta jornada de declaraciones en el juicio que se celebra por el escándalo de las tarjetas denominadas black, porque según un correo electrónico interceptado al ex secretario general de Caja Madrid Enrique de la Torre eran negras a efectos fiscales, ha llevado este jueves a la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid) a exconsejeros de Caja Madrid en representación de CCOO, PSOE, UGT, PP, y la patronal CEOE. Los acusados defendieron en todo momento la legalidad de la utilización de las Visa.
Pero el plato fuerte del juicio que se celebra en la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y en el que permanecen 65 personas procesadas por gastar de forma ilegal, según el fiscal Alejandro Luzón, más de 12 millones de euros, fueron los exdirigentes de CEOE Gerardo Díaz Ferrán y de la patronal madrileña (CEIM) Arturo Fernández.
Luzón, que interpeló primero a Arturo Fernández, empresario de la restauración propietario de la firma Cantoblanco, se interesó por el motivo por el que el concuñado de Fernández, el entonces presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, gastaba cantidades fijas con la tarjeta en sus restaurantes: "¿Esos cargos responden a comidas o una suerte de financiación y acuerdo con Díaz Ferrán?", preguntó el representante del Ministerio Público a Arturo Fernández.
Desayunando en los calabozos
El letrado de Díaz Ferrán reclamó entonces a la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, que esa pregunta la realizara en presencia del interrogado, que se encontraba en los calabozos, ya que permanece en prisión desde diciembre de 2012: "El señor Díaz Ferrán no había podido desayunar hasta ahora, y están dándole de comer en los calabozos", explicó el letrado, que pidió al fiscal que interpelara a Arturo Fernández sobre los gastos de Díaz Ferrán cuando éste ya estuviera de vuelta en el banquillo de los acusados.
Unos minutos después, ya con Díaz Ferrán presente, Luzón volvió a hacer la pregunta a Arturo Fernández sobre los gastos que hacía el presidente de la CEOE, a lo que contestó que los gastos fijos que se reflejan en los extractos de las black eran adelantos a cuenta: "En los restaurantes teníamos buenos clientes como Díaz Ferrán, que hacía muchas reuniones de trabajo. Entregaba a cuenta de sus facturaciones unas cantidades fijas, y al final se le decía si faltaba algo...".
"Se liquidaba", completó el fiscal antes de que Arturo Fernández, a quien se le atribuyen gastos de 38.776 euros, continuara: "Entregaba el dinero a cuenta y luego se liquidaba".
Gastos en restaurantes
En su turno, Díaz Ferrán aseguró a Alejandro Luzón que sólo reconocía los gastos que había hecho en los restaurantes, "y no todos". En este sentido explicó que él consideraba que había hecho el 50% de los gastos que aparecían en restaurantes, "como mucho. Era absurdo que yo me quedara con las copias. Esta hoja [en referencia al excel aportado por Bankia en el que se ven los cargos que hacía con la black] es un papel mojado y sólo sirve para que digan en la televisión que yo me he comprado una mesa", lamentó Díaz Ferrán, que fue interrumpido por su abogado, quien le reclamó que se tranquilizara.
Díaz Ferrán, que insistió en que se le atribuyen gastos que no había hecho, sí explicó por qué pagaba cantidades fijas a los restaurantes de su concuñado Arturo Fernández: "Yo hice esos cargos en los restaurantes en los años 2008 y 2009, con empresarios de Madrid y algunas veces de otras provincias", declaró el reo, que recordó que en aquellos años era presidente de la CEOE y antes de la CEIM de Madrid, "en la que me sucedió Arturo Fernández".
Pero con la crisis, según el testimonio de Díaz Ferrán, que pagó 93.984 euros con su black (la mayor parte en restaurantes de Arturo Fernández) había muchas empresas que no tenían el crédito suficiente para poder seguir trabajando: "Y yo pensé entonces que podía hacer la labor de ayudar a los empresarios por un lado y a Caja Madrid por otro".
Comidas con empresarios
El expresidente de la patronal CEOE recordó entonces que Caja Madrid tenía su negocio principal en el crédito hipotecario, "y cayó en picado. Y era bueno que Caja Madrid profundizara más y por eso reuní a empresarios en comidas de 20, 30, 10 y 15 en las que, por una parte, les iba aconsejando que fueran a Caja Madrid y a otros también les pedía que echaran una mano. Y de ahí vienen los gastos de las comidas", declaró.
Y como esta actividad era en beneficio de la caja, Díaz Ferrán consideró que no tenía que pagarlo de su bolsillo. "Eran gastos en favor de Caja Madrid y de los empresarios, y me pareció normal pagar esas comidas”, completó.
"Increíble" estar en el banquillo
Por su parte, el expresidente de la comisión de control de Caja Madrid Pablo Abejas negó que este órgano tuviera algo que ver con la emisión y gestión de las tarjetas y ha indicado que le parece "increíble" estar sentando en el banquillo de los acusados.
Abejas precisó que en los seis años que estuvo en la caja "nunca jamás" obtuvo ninguna comunicación relativa al uso de la tarjeta –y cuyo límite en su caso era de 25.000 euros– y que era un hecho conocido su uso por parte de otros miembros de la entidad, por lo que no le extrañó la práctica.
Por su parte, el exconsejero de Caja Madrid a propuesta del PP Jesús Pedroche dijo que la entidad le negó acceder al desglose de los gastos efectuados con su tarjeta black en 2007 y que lo solicitó porque los cargos que le constaban a la entidad no coincidían con los que él apuntaba en su "contabilidad doméstica".
También nombrado por el PP, Darío Fernández Yruegas precisó ante el tribunal que nunca "ni de forma verbal ni por escrito" se le comunicó por parte de la entidad que había actuado de manera incorrecta al utilizar la tarjeta.
"Absolutamente inocente"
Otro de los exconsejeros promovidos por la formación conservadora, Alberto Recarte, aseguró que es "absolutamente inocente" de los delitos que se le acusa y añadió que para que haya apropiación indebida tiene que existir una motivación económica, algo que rechazó.
Tanto Mercedes Rojo como Francisco José Moure, que fueron nombrados consejeros a propuesta del PP, explicaron a preguntas del fiscal Anticorrupción que confiaban en la gestión de Caja MadridCaja Madrid y que no tuvieron dudas de que la caja se encargaba de la fiscalidad de las tarjetas.
Gonzalo Martín Pascual, exconsejero de la entidad por UGT y que cargó 129.750 euros, testificó por su parte que nunca receló de l tarjeta que le fue otorgada y que si hubiera dudado de su legalidad la hubiera devuelto.
En representación del PSOE, el exconsejero José María Arteta hizo hincapié en que el listado de los gastos facilitado por Bankia estaba "plagado de errores": "He contabilizado más de doscientos. Hay anotaciones que están mal, a mí se me atribuyen gastos en una conocida cafetería y a la vez una comida en una marisquería", precisó Arteta, que respondió que utilizó el plástico para gastos de libre disposición relacionados con la actividad de la entidad.
Comisión de control
Por su parte, Rodolfo Benito (CCOO) aseveró que lo único que reconoce del desglose de gastos de la Visa es el "daño" que le ha ocasionado y agregó que hizo un uso de la tarjeta "controlado".
Finalmente, los miembros de la comisión de control de Caja Madrid –Rubén Cruz Orive, Antonio Rey de Viñas y Antonio Cámara Eguinoa– defendieron en su turno de declaraciones ante el tribunal que se les dijo que la fiscalidad de las Visa dependía de la entidad. Los tres acusados destacaron que nunca tuvieron motivos para dudar de la legalidad de la tarjeta.
La cuarta jornada de declaraciones en el juicio que se celebra por el escándalo de las tarjetas denominadas black, porque según un correo electrónico interceptado al ex secretario general de Caja Madrid Enrique de la Torre eran negras a efectos fiscales, ha llevado este jueves a la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid) a exconsejeros de Caja Madrid en representación de CCOO, PSOE, UGT, PP, y la patronal CEOE. Los acusados defendieron en todo momento la legalidad de la utilización de las Visa.