Las compañías eléctricas más grandes del país, Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP, iniciaron la crisis de la factura de electricidad manteniendo un perfil bajo. Sus representantes y altos cargos no se prodigaban, allá por junio, a opinar sobre la mejor solución para abordar una subida en el recibo de la que muchos, incluido el Gobierno, les culpaban. Sin embargo, conforme pasaban las semanas se han ido animando y en los últimos días han sido numerosas las declaraciones, tanto en público como en privado, sobre el asunto. A excepción de EDP, que ha preferido seguir manteniéndose en un tono bajo.
En líneas generales, las eléctricas están de acuerdo a la hora de proponer medidas para paliar el encarecimiento del recibo: una de las principales medidas sobre la mesa, la modificación del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) para que no dependa de los vaivenes del mercado, despierta unanimidad entre las que han abordado el debate. También lo despierta el rechazo a cualquier medida que limite los millonarios beneficios que están recibiendo a día de hoy por el funcionamiento del pool, como el fin de los beneficios caídos del cielo, así como el mantenimiento de un sistema marginalista, sostenido por la Unión Europea, que muchos expertos piden reformar de cabo a rabo por obsoleto.
El Gobierno planea reformar el mercado regulado. Actualmente, los consumidores sujetos a esta modalidad pagan una cuantía distinta por el kWh dependiendo de los resultados diarios de una subasta que en marzo marcaba precios mínimos gracias a la acción renovable y que ahora está en máximos históricos por el efecto arrastre del gas natural. Para evitar la "ansiedad" de estar pendientes cada día de lo que marca el mercado y para frenar el desgaste político, el Gobierno quiere establecer precios más a largo plazo, para que los vaivenes no afecten a fin de mes. Es una postura que apoyan las eléctricas.
"Desde nuestra compañía entendemos que, además de las medidas que en el corto y medio plazo van a ser implementadas por el Gobierno español, existen otras más eficientes y de carácter estructural que podrían acometerse. Singularmente, la reforma de la tarifa regulada para proteger a los clientes domésticos de la volatilidad del mercado", aseguró hace unos días el consejero delegado de Endesa, José Bogas. Fuentes de Iberdrola ya apuntaban a esta posibilidad desde las primeras subidas llamativas, en junio. "De tener un sistema similar al del resto de los países de Europa (trimestral, anual), el cliente PVPC estaría pagando el precio fijado hace un año y no el precio actual influido por el CO2 y el precio del gas en los mercados internacionales, lo que representaría una factura inferior en un 30% aproximadamente", declaraban estas mismas fuentes.
Naturgy, por su parte, no se ha pronunciado sobre la idoneidad del diseño actual del PVPC. Sí ha lanzado una oferta que ha sido señalada por la prensa especializada por "romper el mercado" y que aprovecha la coyuntura económica y social de manera poco disimulada para atraer a más clientes al mercado libre. El lema es claro: olvídate del pool. olvídate del poolLos clientes que se acojan a la nueva tarifa pagarán "al mismo nivel del precio del pool que tenían antes de esta escalada, es decir, 60 euros/MWh. Van a tener la posibilidad de contratar una tarifa liberalizada que depende solo de nosotros y que se pondrá en marcha a partir del 15 de septiembre", anunció su presidente, Francisco Reynés, en un foro organizado por El Economista.
El argumento de la estabilidad ha sido arguido en numerosísimas ocasiones a lo largo de los años por las principales empresas comercializadoras del país para intentar seducir a los consumidores del mercado regulado, dependientes de la subasta diaria. Sin embargo, las asociaciones de consumidores llevan también recordando años que, de media y a largo plazo, el PVPC es más barato. En la actualidad no, como es obvio: pero si la crisis amaina, las renovables cubren más demanda y el pool cae, los acogidos a ofertas como las de Naturgy pagarán más. Endesa e Iberdrola no se han querido quedar atrás y han iniciado una suerte de guerra comercial para sacar tarifas similares, ofreciendo los mismos importes durante años.
Otra de las reformas que ya tramita el Congreso es la de la eliminación de los beneficios caídos del cielo. Mediante el sistema marginalista actual, la tecnología más cara, en la actualidad la que utilizan las centrales de ciclo combinado, marcan lo que cobrarán las demás. Hidroeléctricas y nucleares, considera el Gobierno, ya están amortizadas (a diferencia de las renovables), y no tienen que pagar por el CO2 que emiten, por lo que la reforma les descontará lo equivalente a lo que cobran derivado de la tasa que sí abonan las centrales de gas y que infla la cuantía.
El rechazo es unánime de nuevo. La medida impone "cargas injustificadas sobre tecnologías no emisoras", aseguró el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, en la última junta de accionistas. "Esta propuesta está basada en fundamentos erróneos, como que esas instalaciones están totalmente amortizadas, pese a las ingentes inversiones realizadas en ellas desde el año señalado en el anteproyecto de ley", opina Endesa. Ninguno de los presidentes y altos cargos de las principales compañías eléctricas han opinado sobre otra de las posibles modificaciones que plantean aquí los expertos: subastas diferenciadas en las que el gas no marque la retribución de otras tecnologías mucho más baratas. La iniciativa permitiría unos beneficios más razonables de las compañías.
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Iberdrola, tanto off the record como en público, pone el foco sobre la reducción de impuestos. El Gobierno ya ha suspendido el impuesto del 7% a la generación eléctrica, que abonaban las propias empresas, y ha rebajado el IVA del 21% al 10%. El siguiente paso es prescindir del 5% que pagan los consumidores. Las arcas públicas se verían menos afectadas que en otras ocasiones, ya que el Estado recibe el dinero de los derechos de emisión de CO2, un mercado al alza corresponsable de la subida de la electricidad. El cálculo es complejo, pero algunas estimaciones hablan de 2.500 millones de euros anuales. "Son muchos los factores que afectan al precio de la electricidad; pero, sin duda, el más significativo es el grado de impuestos, cargas y tasas que se le imponen y que en buena medida pagan los ciudadanos", declaró Galán. Otra decisión que dejaría intactos sus beneficios.
Las eléctricas han sido acusadas por la propia ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, de falta de "empatía social", sobre todo en lo referente a la gestión de las hidroeléctricas. La organización de consumidores OCU les acusó de inflar el precio de la hidroeléctrica hasta marcar el precio por encima del gas: aunque analistas han considerado que esta situación es normal dentro del funcionamiento del pool y que no se trata de una trampa. Por otro lado, el vaciado de embalses como el de Monfragüe, en Cáceres, por parte de Iberdrola, ha hecho estallar la indignación. "Si no hubiéramos desembalsado el precio hubiera sido más alto", defendió la consejera delegada de la eléctrica, Ángeles Santamaría. "Hemos actuado como teníamos que actuar, no era una opción".
Las compañías, por último y en conclusión, se oponen tajantemente a la transformación de un sistema marginalista causante, por su propio diseño, de que el precio del gas genere una lluvia de dinero para todas las tecnologías y un susto para los consumidores. Es "el mejor sistema", para Endesa. Es necesario mantener la "ortodoxia", defiende Iberdrola. "Incuestionable", para Acciona.
infoLibre ha mandado un cuestionario a los departamentos de prensa de Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP, las cuatro principales empresas generadoras de electricidad del país, para recabar su opinión sobre la crisis de la factura de la luz. Endesa y Naturgy confirmaron que responderían: al cierre de este reportaje no lo han hecho. EDP declinó participar en la pieza debido a que, desde 2020, ya no se trata de una empresa comercializadora: sin embargo, sus centrales siguen participando en el mercado marginalista que sube la factura del mercado regulado.
Estas son las cuestiones remitidas:
-¿Qué medidas considera [la eléctrica] necesarias y viables para bajar la factura de la luz en el mercado regulado?
-¿Funcionarían subastas diferenciadas para hidroeléctricas y nucleares, como las de renovables, donde se estableciera un precio fijo a cobrar durante años o se eliminara la competencia del gas natural?
-¿Qué opinión les merecen las palabras de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, asegurando que a las eléctricas les falta "empatía social"?
-¿Qué opinión les merecen las medidas planteadas hasta el momento? En especial, la reforma para atajar los llamados "beneficios caídos del cielo". ¿Creen que hidroeléctricas y nucleares están sobrerretribuidas?