Diez de las empresas de publicidad y servicios investigadas en el marco de la supuesta financiación ilegal del PP madrileño se repartieron al menos 23,4 millones en contratos públicos de esa comunidad durante la década de poder de Esperanza Aguirre al tiempo que prestaban servicios electorales a su partido. Y aparentemente, también a Fundescam, la fundación utilizada por el PP de Madrid para financiar parte de sus campañas. Así lo constatan los documentos de Hacienda incorporados al sumario de Púnica y que dejan al descubierto un sinfín de pagos, muchos de ellos de exiguo importe y por tanto de difícil rastreo para la oposición.
Los pagos procedían tanto de la Comunidad de Madrid y sus sociedades y organismos públicos como de ayuntamientos gobernados por el PP, entre ellos el de Pozuelo de Alarcón (1,8 millones), gobernado en el cuatrienio 2011-2015 por la actual presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados. ¿Utilizó el PP entre 2004 y 2015 su formidable poder autonómico y municipal en Madrid para financiar sus campañas con fondos extra aportados en realidad por las mismas administraciones cuyo adelgazamiento propugnaba? Ese es el gran interrogante. La gran sospecha que el hallazgo de documentos como la agenda secreta de Francisco Granados o los incautados al exgerente regional del PP, Beltrán Gutiérrez, han ido afianzando.
Los papeles de la Agencia Tributaria incorporados ahora a la pieza de la Operación Púnica sobre financiación del PP engrosan así una lista de "empresas factureras". La UCO, que basa buena parte de sus conclusiones sobre la financiación ilegal en los archivos informáticos incautados al exgerente regional del partido, Beltrán Gutiérrez, utiliza esa expresión en uno de sus informes para referirse a las cuatro sociedades del grupo Over Marketing. El propietario de Over ya confesó en 2012 ante el juez del caso Palma Arena, José Castro, no solo que el amaño de contratos era habitual también en Madrid sino que la compensación por esos amaños consistía en cobrarle al PP menos de lo que realmente costaban los servicios electorales prestados en paralelo.
Las otras seis compañías cuyos datos ha analizado infoLibre aparecen en los informes del sumario de Púnica o en el auto por el que el juez Eloy Velasco envió a prisión a Ignacio González señaladas como supuestas partícipes de la operativa de financiación del PP. Las seis están vinculadas entre sí por lazos todavía difíciles de desenredar.
Las diez empresas cuyos datos sobre operaciones con terceros -los pagos y cobros anuales efectuados o procedentes de un mismo cliente y cuyo importe supera en total los 3.000 euros- constan en el sumario de Púnica y ha analizado este diario comienzan con estas cuatro: Over Marketing, Traci Comunicación, Abanico de Comunicación y Link América, integrantes del mismo grupo y que a lo largo del periodo percibieron 15,5 millones de la Comunidad y de distintos municipios para cuyos alcaldes hicieron la campaña de 2007: entre ellos Móstoles, que pagó nada menos que casi cinco millones en total.
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Las otras seis son las siguientes: Sintra Consultores, que recibió 1,12 millones en contratos públicos y le facturó al PP 599.999 euros en 2007; Swat (1,97 millones), Back RVS (2,84 millones), Digital Plane (1,14 millones), Krea Producciones (386.137 euros) y Croma 21 (405.044 euros). Las cuatro últimas están aparentemente conectadas entre sí. Pero los vínculos llegan más lejos. Por ejemplo, en el registro del domicilio del propietario de Sintra Consultores la Guardia Civil encontró una carpeta de Swat.
Los papeles de la Agencia Tributaria presentan como una constante el cruce de facturas entre las diversas compañías investigadas. Esa es una técnica usual cuando se trata de camuflar una facturación ficticia destinada a incrementar los gastos de manera artificial para pagar menos impuestos o cuando lo que se pretende es borrar el rastro hasta el cliente original. Es ese cruce de facturas el que sugiere que hay otro buen número de compañías involucradas en la operativa investigada por el juez Velasco, a punto ya de abandonar el juzgado 6 de la Audiencia Nacional y de dar el relevo a su sustituta provisional, la jueza Carmen Lamela.
Diez de las empresas de publicidad y servicios investigadas en el marco de la supuesta financiación ilegal del PP madrileño se repartieron al menos 23,4 millones en contratos públicos de esa comunidad durante la década de poder de Esperanza Aguirre al tiempo que prestaban servicios electorales a su partido. Y aparentemente, también a Fundescam, la fundación utilizada por el PP de Madrid para financiar parte de sus campañas. Así lo constatan los documentos de Hacienda incorporados al sumario de Púnica y que dejan al descubierto un sinfín de pagos, muchos de ellos de exiguo importe y por tanto de difícil rastreo para la oposición.