Con la llegada de septiembre lo hará también el inicio del curso escolar y, en consecuencia, la preparación de los materiales educativos por parte de las familias, que este año desembolsarán, por alumno, una media de 185 euros en Primaria y 249 en Secundaria, según datos difundidos por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Eso sí, siempre que residan en una comunidad autónoma en la que no exista un modelo de gratuidad a través del préstamo y la reutilización con cobertura para todos los alumnos o no tengan derecho a acceder a los sistemas de ayudas para familias que están situación de vulnerabilidad que funcionan en el resto.
En un informe específico publicado en octubre de 2013 [consultar, aquí], el Defensor del Pueblo defendió la "generalización progresiva" de los sistemas de ayudas a los libros de texto y, en último término, el acceso plenamente gratuito de todos los alumnos que cursan enseñanzas obligatorias a los "materiales imprescindibles". En ese mismo documento, la institución constataba la existencia de "diferencias no aceptables" entre unas y otras comunidades autónomas en cuanto al grado de consecución del objetivo de plena gratuidad y proponía la elaboración de un catálogo o carta de servicios mínimos para todas las autonomías.
Desde entonces, ha habido algunos avances, pero se mantienen las desigualdades. Y si hay algo claro es que el gasto para las familias es muy diferente en función de su lugar de residencia. Esta es una cuestión con la que se muestra muy crítica la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa), que representa a 12.000 asociaciones de familias de los centros públicos. Su presidenta, Leticia Cardenal, explica que la política de becas debería asegurar que todo el alumnado, con independencia de su renta familiar, dispusiera del mejor material educativo para su formación, pues la propia Constitución explicita la gratuidad de todas las etapas educativas.
No obstante, esta organización también aboga por "repensar a fondo el modelo" y mantiene que es momento de buscar fórmulas alternativas a los libros de texto convencionales a través de materiales digitales y otros recursos. De hecho, cuestiona que persistan programas en muchas autonomías que "privilegian a la industria del libro de texto por encima de las necesidades pedagógicas del siglo XXI, mucho más necesitadas de materiales curriculares contextualizados que potencien la innovación y la creatividad".
Lo cierto es que Andalucía, Navarra y la Comunitat Valenciana son las únicas autonomías en las que está en vigor un modelo de gratuidad a través del préstamo y la reutilización con cobertura para todos los alumnos y en el que los libros son propiedad de los centros. En el caso de las dos primeras este programa se mantuvo incluso en los años más duros de la crisis. En la Comunitat Valenciana el modelo, que se implantó el curso pasado, es algo diferente porque es universal aunque voluntario, similar al que se iba a implantar en la Comunidad de Madrid a partir de este curso, si bien finalmente se ha retrasado al siguiente por un "problema legal" en los trámites establecidos en la ley que lo consagra, según fuentes del Ejecutivo regional. Para este curso se mantendrá el programa de becas para familias desfavorecidas, que ha incrementado su presupuesto hasta los 22 millones de euros.
Además, en el País Vasco, existe de 2007 un sistema de préstamo de libros de texto para Primaria y 1º y 2º de ESO para que las familias no tengan que hacer un importante desembolso todos los años. Aun así, cada alumno paga, según el curso en el que esté, entre 27 y 45 euros para adherirse voluntariamente a este programa y el Departamento de Educación aporta a cada centro entre 36 y 109 euros por alumno.
Los estragos de la crisis
El análisis de la situación de estas ayudas en las diferentes autonomías confirma que la crisis también ha hecho estragos en los modelos de ayuda para acceder a los materiales didácticos necesarios en la etapa obligatoria. De hecho, hasta cinco comunidades que tenían implantados programas de gratuidad universales los cambiaron en un contexto generalizado de recortes por modelos más restrictivos, aunque siempre ligados a la renta.
Es el caso de Aragón, donde el antiguo Gobierno del PP cambió a partir del curso 2012 ese sistema por otro progresivo de becas que alcanzaba a menos del 15% del alumnado. El actual Ejecutivo PSOE-CHA ha avanzado su voluntad de volver a la gratuidad, si bien por ahora mantiene las becas en forma de cheque –160 euros en Primaria y 230 en Secundaria– para las familias que tienen ingresos anuales inferiores a 15.039,18 euros en el caso de familias de cuatro miembros. Dedicará a este programa 3,5 millones.
También en Castilla-La Mancha el programa de gratuidad se vio resentido tras la llegada al Gobierno de los conservadores, en 2011. Entonces se cambió por un sistema de becas, que el actual Ejecutivo del PSOE volvió a modificar por otro combinado en el que los colegios públicos reciben una cantidad para comprar libros en función del número de alumnos beneficiarios, que también se establece en función de la renta. En total, el Gobierno castellano-manchego invertirá en esta cuestión 5,6 millones de euros.
Galicia ha recorrido este mismo camino acabando con la gratuidad universal y apostando por ayudas progresivas, de entre 90 y 170 euros, para el alumnado de 1º y 2º de Primaria, cuyos libros no se pueden reutilizar. El resto de escolares a los que se les reconoce el derecho toman los manuales de los bancos de libros de los centros, que también reciben subvenciones con este fin por parte de la Xunta. En total, la inversión prevista para el próximo curso es de 7,2 millones de euros.
La Rioja también suprimió en 2013 el programa de gratuidad, aunque lo empieza a recuperar parcialmente a partir de este curso, cuando la cobertura será universal para los alumnos de 3º y 5º de Primaria y 1º de Formación Profesional Básica. Para el resto de niveles educativos habrá ayudas en función de la renta familiar y el presupuesto total asciende a tres millones de euros. Algo similar ocurrió en Murcia, donde se pasó de un bono-libro universal de entre 100 y 150 euros para determinados cursos a ayudas monetarias de importe similar que se otorgan directamente a las familias más necesitadas. Además, a partir de este curso, todos los alumnos de 3º y 4º de Primaria, FP Básica y centros de Educación Especial tendrán los manuales gratis a través de la creación de bancos de libros. En los próximos años se irán incorporando el resto.
La que se avecina
Además de en las autonomías citadas, el modelo de préstamo y reutilización para familias vulnerables gestionado por los centros funciona en otras comunidades. Está vigente en Asturias, donde la subvención por beneficiario es aproximadamente de 105 euros, con un presupuesto para el próximo curso de 1,9 millones de euros; en Castilla y León, con una ayuda valorada en 240 euros en Primaria y 310 en Secundaria y un gasto previsto es de 15 millones de euros; en Cantabria, donde hace dos años se cambió el sistema de ayudas directas a las familias por otro en el que los fondos también son gestionados directamente por los centros escolares dotado con 2,1 millones de euros; o en Canarias, donde colegios e institutos reciben dinero para comprar libros que luego reparten a los alumnos más necesitados, con una dotación de 7,4 millones de euros. También en Extremadura son los centros los que se encargan de repartir los materiales a los alumnos que han resultado beneficiarios según sus niveles de renta. Para este curso, el presupuesto previsto es de seis millones de euros.
En Baleares, por otro lado, son los centros los que tienen que solicitar la adhesión al programa, aunque los públicos están obligados a hacerlo si lo demandan el 10% de los alumnos. Actualmente son 156 los colegios e institutos que participan en el sistema y que recibirán el curso que viene 50 euros por alumno beneficiario para actualizar su fondo de libros y material didáctico. Si no llega para adquirir todo el material, las familias ponen el resto.
Por último, Cataluña es la única comunidad autónoma en la que no hay ayudas directas a las familias para la adquisición de libros de texto. Sí existe un programa de subvenciones para que ciertos centros seleccionados según el perfil socioeconómico de los alumnos adquieran libros y material informático que reparten entre los estudiantes.
Con la llegada de septiembre lo hará también el inicio del curso escolar y, en consecuencia, la preparación de los materiales educativos por parte de las familias, que este año desembolsarán, por alumno, una media de 185 euros en Primaria y 249 en Secundaria, según datos difundidos por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Eso sí, siempre que residan en una comunidad autónoma en la que no exista un modelo de gratuidad a través del préstamo y la reutilización con cobertura para todos los alumnos o no tengan derecho a acceder a los sistemas de ayudas para familias que están situación de vulnerabilidad que funcionan en el resto.