infoLibre publica el décimo capítulo del ensayo Diputados y senadores. Los privilegiados, escrito por Yolanda González, corresponsal política de este periódico, publicado esta semana por la editorial La esfera de los libros.
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LAS GRANDES EMPRESAS SIEMPRE GANAN
En la X legislatura, y sin contar los contratos menores —los que no superan los 18.000 euros si se trata de servicios o 50.000 en el caso de las obras y para los que no hace falta concurso—, Congreso y Senado han adjudicado contratos por valor de 30 millones de euros. Una cantidad que suele ser muy parecida cada cuatro años. Las cifras en juego son tan jugosas que las empresas pelean por quedarse con la parte más grande del pastel. Unas con más éxito que otras.
Las condiciones que se imponen en estos contratos suelen ser tan exigentes que en buena parte de las ocasiones solo las firmas más grandes reúnen los requisitos para concursar o llegar al final del proceso. Así, ocurre que entre los ganadores nos encontramos nombres tan conocidos como Telefónica, Dragados, Gas Natural, Grupo Ortiz, Viajes Barceló, BBVA… Los que siempre ganan también ganan en el Congreso y Senado. O pelean entre ellos. La batalla, para el mejor postor.
Cafeterías y restaurantes a precios muy populares
«¿Dónde vas a desayunar mejor que aquí? Mira qué precios. Mira qué calidad», bromean un par de trabajadores de mantenimiento del Congreso con un diputado de la Izquierda Plural en la cafetería, pocas semanas antes de la disolución de las Cámaras por la convocatoria de elecciones. «¡Si nos vas a echar de menos!», le dicen a coro.
Los contratos de los servicios de restauración son siempre muy jugosos. Jugosos y polémicos, porque el precio de desayunar, comer, tomar el aperitivo o un café está por debajo del que se oferta en los establecimientos de puertas afuera. Es algo que agradecen los bolsillos de los políticos, funcionarios, periodistas y otros trabajadores acreditados para trabajar en las Cámaras y que enfada al resto de ciudadanos, que ven cómo unos cuantos se benefician de las subvenciones, que salen de los impuestos que todos pagamos.
En la legislatura 2011-2015 las dos instituciones han sacado a concurso sus servicios de restauración. En el caso del Congreso por 2,1 millones en dos años (2014-2015), con posibilidad de prórroga hasta 2017 por la misma cantidad bianual, y en el del Senado por importe de 1,1 millones en tres años con posibilidad de prórroga hasta 2021.
Por poco el bar de copas más barato de España no se llama «Congreso de los Diputados». Y subvencionado vía Presupuestos Generales del Estado. Decimos «por poco» porque esa fue la intención inicial. En los primeros pliegos con las condiciones que debía reunir el servicio a prestar figuraba un anexo con una lista de precios de los productos a ofertar: «Los licitadores presentarán su oferta teniendo en cuenta que los precios de los artículos no podrán superar los importes que figuran en el Anexo I del pliego de prescripciones técnicas», podía leerse en el documento. Hasta ahí, todo normal. Ningún problema. El lío se montó al descubrir entre desayunos, cafés, montados, bocadillos y menús a precios muy económicos, combinados de alcohol a precios todavía más económicos. ¿Un gin-tonic de Larios? 3,45 euros. ¿De Beefeater? 5,05 ¿Un cubalibre de Cacique? 5,25 ¿Un whisky escocés con refresco? 5,85. Y así hasta quince combinaciones diferentes. «¡Esta ronda la pago yo!», comentaba con ironía un grupo de funcionarios cuando se hizo pública la intención inicial. Aunque no solo era el precio, sino la mezcla de varios elementos. Con los ciudadanos apuntando a la clase política como uno de sus principales problemas poco ayudaba trasladar la idea de que a la barra libre de iPhone, iPad, viajes, asesores y subvenciones se sumaba la barra libre de alcohol. Algunos diputados y miembros de la Mesa se llevaron las manos a la cabeza. ¿Cómo era posible que la gente pensase que iban a su puesto de trabajo para beber combinados como si de un bar de copas se tratara?
El presidente Jesús Posada salió a enfriar el asunto asegurando que en toda su carrera política había visto a muy poca gente tomando gin-tonics en la Cámara: «No es la costumbre de los diputados en absoluto», defendió en una entrevista concedida a Radio Nacional de España (RNE). Pero el incendio se había propagado. Al órgano de gobierno llegaron quejas de IU, ERC y UPyD reclamando que las bebidas de alta graduación desapareciesen del listado de productos con precio tasado. Esto, unido a la presión social, llevó a la Mesa a reconsiderar la propuesta inicial y modificar el anexo. Si el 14 de mayo de 2013 se habían aprobado los pliegos para este procedimiento, el 4 de junio se rectificó. El listado de combinados desapareció, lo que indicaba que para estas bebidas el precio era libre, es decir, el que fijase la empresa que ganase el concurso. Nada de subvenciones públicas.
El 10 de diciembre de 2013 Eurest Colectividades S. L. se hacía con el concurso poniendo fin a veintidós años de servicio del Grupo Cantoblanco. Este último está presidido por el empresario Arturo Fernández, presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, expresidente de la Confederación Empresarial Independiente de Madrid (CEIM-CEOE), la patronal madrileña, y exvicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). El fin de su relación con el Congreso de los Diputados fue el comienzo de una mala racha que culminó con la dimisión en sus puestos en la CEIM y en la CEOE. Lo hizo a finales de 2014, salpicado por el escándalo de las tarjetas black de Caja Madridtarjetas black . Según la investigación, gastó 37.300 euros con este medio de pago en su etapa de consejero en la entidad. Pero lo hizo con cierto criterio si se tiene en cuenta que 10.500 euros del total los gastó en sus propios restaurantes. Cuando el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu le interrogó por estos gastos en sus establecimientos su respuesta fue contundente, no se le puede negar: «Son más baratos y son míos», dijo.
Según el acuerdo al que llegó la empresa que tomó el relevo a la de Arturo Fernández en la cafetería del Congreso de los Diputados, el menú del día en el autoservicio no puede superar los 9 euros; un desayuno compuesto de café, tostada o bollería o churros nunca costará más de 1,05 euros; 1,70 un bocata de tortilla; 2,95 una ración de ensaladilla; 0,95 una caña de cerveza y 1,65 una copa de vino de Rioja. Son solo algunos ejemplos. Además de encargarse de los servicios de cafetería y restaurante, la empresa adjudicataria también es responsable de la venta automática mediante máquinas expendedoras ubicadas en las dependencias de la Cámara, además de los desayunos y almuerzos de trabajo. Eurest, perteneciente a Compass Group, se presenta como una empresa líder en restauración con más de sesenta años de historia. Emplea a más de 11.000 personas en España y sirve más de 75 millones de comidas al año. Casi un año después de hacerse con el concurso, la empresa se convertiría en noticia al conocerse que había estado utilizando durante años unas instalaciones que no tenían licencia para uso industrial. Así lo desveló el diario El Mundo. Eurest reaccionó cerrando la cocina que tenía alquilada en dependencias de la Fundación Instituto San José, en la zona sur de Madrid. No obstante, desde la Cámara se insistió en que toda la comida que se servía en la institución se elaboraba dentro del propio Congreso. Es decir, que no se servía nada que no se hubiese cocinado «en casa». Las instalaciones sin licencia para uso industrial que pusieron a Eurest en el punto de mira están adscritas al Arzobispado de Madrid. En teoría, desde esa cocina solo se podía elaborar comida para los organismos que gestionaba la citada fundación religiosa. En edificios anexos al que tenía alquilado Eurest la Fundación Instituto San José gestiona un hospital y un geriátrico.
En los primeros meses de aterrizaje de esta empresa en el edificio de la Carrera de San Jerónimo, Celia Villalobos, como vicepresidenta, se encargó personalmente de supervisar la prestación de este servicio. «Desconocían la casa y necesitaban unos meses de rodaje hasta asentarse», señalan fuentes conocedoras de este proceso. Gracias a los pliegos de este concurso se supo que los servicios de cafetería y restaurante los prestan 51 personas y que el contrato más extendido es el indefinido.
Con el contrato de restauración del Congreso en sus manos, Eurest concursaría después para hacerse con los mismos servicios del Senado, pero fracasó. La empresa saliente, Mesa Real Gestión y Servicios de Comida S. A., se hacía con el primer puesto, logrando la mejor puntuación de un listado de siete firmas especializadas en el sector. Una reunión de la Mesa del Senado del 30 de junio de 2015 adjudicaba a esta empresa el contrato por 1.005.000 euros (1.105.500, IVA incluido) por tres años prorrogables a otros tres. La fecha prevista de inicio era el 15 de septiembre de 2015. Para tomar este tipo de decisiones se constituye una Mesa de Contratación. En este caso integrada por un presidente y un vicepresidente, ambos miembros de la Mesa del Senado, tres vocales (la letrada mayor adjunta para asuntos administrativos, el interventor y el director de Presupuestos y Contratación) y una secretaria, la jefa del Departamento de Patrimonio Artístico de la Cámara. Esta última con voz pero sin voto, tal y como figuraba en los pliegos de condiciones.
En esta ocasión no hubo escándalo equiparable al que se montó cuando al Congreso se le ocurrió fijar un precio máximo a las bebidas de alta graduación alcohólica. El órgano de gobierno del Senado optó por dejar que fuese la adjudicataria la que fijase los precios de este tipo de productos. De todo el listado, el precio más alto se lo lleva el del almuerzo de gala. Ha de incluir aperitivo, primer plato, segundo plato, postre, cafés y delicias, vino y aguas minerales y cava brut. ¿Su precio máximo? 68,18 euros más IVA. En lo que tiene que ver con los trabajadores de estos departamentos, al igual que en el Congreso la empresa que gana el concurso tiene la obligación de subrogarse respecto del personal que presta servicio en el momento de la convocatoria. En el caso del Senado, la plantilla estaba integrada por 23 trabajadores, el grueso de ellos con contrato indefinido.
La facturación media por todos los servicios de cafetería y restaurante de la Cámara Alta en los últimos años ha oscilado entre los 50.000 y los 60.000 euros mensuales, lo que supone unos ingresos anuales de unos 700.000 euros. Evidentemente la facturación no es uniforme y los adjudicatarios se enfrentan a bajones en los ingresos los meses en los que la actividad desciende, como ocurre cuando hay convocatoria de elecciones o en verano.
Una legislatura de 4,2 millones para Telefónica
Cuando quedaban solo dos meses para agotarse la X legislatura, Telefónica ocupaba un puesto muy destacado en lo que a adjudicaciones de contratos se refiere. Esta empresa del IBEX 35 se hizo con la mejor puntuación en cinco concursos convocados por el Congreso y otros cinco por el Senado. En total sumaban 4,25 millones de euros (3,23 y 1,02 millones de euros respectivamente). De todos los contratos el más jugoso fue adjudicado en julio de 2012 por un valor de 1,6 millones de euros. ¿El concepto? La prestación del servicio técnico de televisión del Congreso. Por un lado la empresa es la encargada de «la captación, realización, grabación, catalogación, difusión y distribución de las señales audiovisuales de cuantos actos públicos tengan lugar en la Cámara, con los equipos técnicos» del Congreso. Por otro se encarga también de la «programación, planificación, elaboración de programas y emisión del Canal Parlamento» y del seguimiento de medios audiovisuales. Telefónica Servicios Audiovisuales (TSA) no llegaba de nuevas. Desde 2009 venía prestando otros servicios que anteriormente habían recaído sobre la Universidad Complutense y la productora televisiva Mediapro.
Desde la década de 1990 el Congreso distribuye gratuitamente las imágenes que capta su señal institucional a los medios de comunicación que lo solicitan. «El fin de este servicio es, por una parte, conseguir la mayor difusión posible de todas las actividades que tienen lugar en el Congreso, mediante su transmisión a través de diferentes medios, y por otro facilitar el trabajo de los medios de comunicación acreditados en la Cámara, especialmente los audiovisuales, proveyéndoles en directo o en diferido de imágenes», advertía la convocatoria que apareció en el BOE el 5 de abril de 2012. El 3 de julio de 2012 se firmaba el acuerdo de adjudicación por un periodo de tres años y medio con posibilidad de prórroga hasta 2018. La de TSA había sido la oferta «económicamente más ventajosa», según se informó desde las Cortes Generales. Los pliegos que acompañan a las convocatorias de concursos son una forma de sortear la opacidad de las instituciones. El problema es que hay que bucear entre folios y folios de información en busca de detalles. A la hora de presentar ofertas, las empresas necesitan conocer con la mayor precisión posible el escenario sobre el que van a tener que trabajar y, conscientes de ello, los convocantes ofrecen algunos datos que les sean de utilidad a la hora de poner precio al servicio. Este concurso, por ejemplo, nos desvela que el Congreso dispone de doce salas dotadas con cámaras fijas con control remoto. En total, cuarenta y cinco cámaras. O que la sala mejor dotada —diez cámaras— es el hemiciclo. También que para desarrollar este tipo de trabajo la plantilla mínima necesaria es de veinte personas. Y que para la grabación y distribución de una sesión plenaria se necesita la interacción de nueve personas.
Pese a que TSA había sido la empresa ganadora de este concurso, esto no evitó que surgieran roces entre Televisión Española y el Congreso cuando se planteó la cobertura del acto institucional de proclamación de Felipe VI como rey de España, en junio de 2014. En cuanto se supo que la filial de Telefónica iba a ser la encargada de captar la señal, los consejos de los informativos hicieron público su malestar. Los sindicatos entendían que una cadena pública como TVE disponía de mejores medios técnicos para cubrir un acto de tal envergadura. La Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) también reclamó al Congreso que apostara por lo público en vez de recurrir a una compañía privada para la retrasmisión del evento. «Aunque no se trata de una decisión ilegal, siempre que se garantice el acceso universal de los ciudadanos a este evento de interés general, AUC considera un mal precedente no optar por RTVE, ya que ello supone dar un mensaje de menosprecio al audiovisual público y genera problemas innecesarios de coordinación y utilización de recursos», consideraba la organización en un comunicado. Estas demandas no encontraron ningún tipo de acogida. Llegado el día, TSA se encargó de la cobertura de la ceremonia que tuvo lugar en el hemiciclo y TVE de lo que ocurriese en el resto de ubicaciones. Frente a las opiniones contrarias, en la Cámara se confesaban muy tranquilos con la cobertura institucional de este acto en manos de Telefónica. Aseguraban que sus empleados conocían perfectamente el trabajo en sede parlamentaria porque es ahí donde pasaban todas las semanas y que la objetividad en el tratamiento de las imágenes estaba garantizada. En este sentido recordaban la cláusula 31 del pliego administrativo que se hizo público cuando se convocó el concurso: «La realización y la producción de las imágenes a que se refiere el presente procedimiento se han de ajustar estrictamente a criterios profesionales y de neutralidad política. La Cámara, a través de la Dirección de Comunicación, velará especialmente para asegurar que las señales institucionales producidas por el equipo de televisión del Congreso cumplan estos requisitos».
A este contrato le sigue en cuantía otro cuyas prestaciones sí están relacionadas directamente con la telefonía. Es el convocado para la adjudicación de los servicios de telefonía móvil, fija y otras comunicaciones del Congreso de los Diputados. Le fue adjudicado a una Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por Telefónica de España y Telefónica Móviles a finales de 2014, y el monto fue de 1,2 millones de euros. En principio, expira en 2016, pero existe la posibilidad de alargarlo hasta 2017. En 2012, y también en el caso del Congreso, nos encontramos con un contrato similar pero de un precio menor al tener un periodo de vigencia de un solo año: 361.362,24 euros. Estas son las adjudicaciones en las que se incluyen los iPhone y las líneas ADSL para los domicilios de sus señorías y los teléfonos de la Cámara, entre otros servicios. Se da la circunstancia de que Telefónica ganó un concurso similar, también ese mismo año, en el Senado. La cantidad de la adjudicación es muy parecida a la de la Cámara Baja: 364.639,21 euros. Ya en 2015 el Senado volvió a sacar a concurso el «servicio de comunicaciones móviles», que fue a parar a Vodafone por un importe de adjudicación de 896.535 euros hasta 2017. En el acuerdo definitivo de la Mesa del Senado, sellado el 7 de julio, se precisa que esta empresa de telefonía era «el único licitador admitido».
Donde reina el IBEX 35
Volviendo a las empresas del IBEX 35, en el listado de adjudicatarias de importantes contratos en las Cámaras nos topamos con Gas Natural, que en octubre de 2013 ganó el concurso para el suministro de energía eléctrica de los edificios del Congreso de los Diputados. El importe de adjudicación fue de 2.160.447,61 euros para unos inmuebles que consumen una media anual de 11 millones de kilowatios/hora. A esta cantidad había que sumarle 453.694 euros en concepto de IVA. BBVA también tiene un pie dentro del Congreso de los Diputados. En junio de 2014 su división de autorenting, dedicada al alquiler de vehículos, se hizo con un contrato de más de 938.000 euros. Creada en 1995, esta división de la entidad bancaria gestiona una flota de más de cuarenta mil coches con oficinas propias en las principales ciudades españolas. Y presta servicio a otras instituciones públicas como ayuntamientos y comunidades autónomas.
Mediante este acuerdo, BBVA Autorenting pone a disposición de la Cámara 25 vehículos hasta 2017 con la posibilidad de ampliar la relación contractual hasta 2019. Según el mismo, el Congreso dispone de 12 coches híbridos en alquiler y 13 diésel, todos ellos de cinco plazas, salvo dos monovolúmenes de nueve plazas. La gama de colores de todos ellos es la misma: oscuro metalizado, según consta en la convocatoria. En los pliegos de condiciones se precisa que en el supuesto de que los vehículos fuesen multados mientras dure la relación entre BBVA y el Congreso, el adjudicatario se encargará de hacer frente a todas las sanciones que tengan relación con el estado del coche. Las derivadas de la conducción corren a cargo del arrendatario.
Anualmente suelen reservarse en los presupuestos unos 6.000 euros para hacer frente a este tipo de multas. El Congreso de los Diputados tiene asignados 16 conductores del Parque Móvil del Estado. En el caso del Senado son 9. Según este tipo de contratos, el arrendatario solo se encarga de las tareas de mantenimiento que tengan que ver con la limpieza y el combustible. El resto queda en manos de la empresa que se ha hecho con la concesión.
Descuentos en el carburante
«Descuento del 5,10 por ciento sobre el precio del carburante en el momento en que se realice cada repostaje, a lo largo de la duración del contrato». Esta es una de las condiciones que figura en el documento oficial de la Dirección Técnica de Infraestructuras e Instalaciones del Congreso que lleva fecha del 25 de noviembre de 2014 y mediante la que Solred S. A. (Repsol) se convierte en suministradora de combustible del parque móvil de esta Cámara. El presupuesto máximo asciende a 55.000 euros y el consumo anual estimado es de 33.000 litros de gasóleo y 11.000 de gasolina sin plomo. Es decir, que los vehículos que cubren las necesidades de desplazamiento de la Cámara consumen 44.000 litros de combustible al año.
Solred ganó por haber presentado la oferta más ventajosa económicamente. Los pliegos de condiciones contemplaban sesenta puntos extra para la empresa que ofreciese el mayor porcentaje de descuento. Otros elementos que hacían que la balanza se inclinase a favor de una u otra firma de las que entraron a concurso eran el número de estaciones de servicio en las cercanías de la Cámara y las desplegadas en la Comunidad de Madrid.
600.000 euros por legislatura para vestir a los ujieres
Congreso y Senado gastan unos 600.000 euros por legislatura en equipar al personal uniformado que presta servicio en sus dependencias (ujieres, conductores, motoristas y trabajadores de mantenimiento). Esta es la cantidad que resulta de sumar todas las adjudicaciones en vestuario y calzado realizadas a empresas del sector desde que Mariano Rajoy ganó las elecciones legislativas. El reparto queda como sigue: 126.000 euros de gasto en el Senado y 476.688,54 en el Congreso. Tres son las adjudicatarias beneficiadas en estos concursos: Palomeque S. L. para el calzado, y El Corte Inglés y el Corte Militar para los uniformes.
Relojes siempre en punto y a punto
Tener al día los veinticuatro relojes más valiosos que forman parte del patrimonio del Senado cuesta 10.800 euros cada tres años. Esta es la cantidad, sin IVA, que la Cámara Alta acordó pagar entre 2015 y 2017 al relojero Alberto Barba Huerga por el mantenimiento de 14 relojes de sobremesa antiguos, 7 de pared, 2 relojes patrón con cuatro receptores cada uno —sirven para sincronizar una red de relojes— y 1 reloj de pie.
Su trabajo, según el acuerdo al que llegó con el Senado, consiste en dar cuerda y ajustar semanalmente todos los relojes mencionados, engrasar sus respectivas maquinarias al menos una vez al año y sustituir, con cargo al precio pactado, las pilas gastadas y las piezas necesarias para garantizar su correcto funcionamiento.
Todos estos trabajos se realizan fuera de las horas de funcionamiento de la Cámara y el cambio horario de invierno y verano se ajusta en el momento preciso. La máxima es que en ningún momento los relojes del Senado marquen una hora incorrecta.
Negociados sin publicidad, contratos menores… El territorio donde reina el «dedazo»
La incidencia de los contratos negociados sin publicidad, es decir, aquellos para los que no se convoca concurso pese a superar los límites de los contratos menores, no ha sido especialmente alta en la última legislatura. Pero no hay que despreciar los datos. La Cámara Baja solo registró 5 de estos procedimientos y la Alta, 17. La ley pone coto: no deben superar los 60.000 euros si se trata de servicios o suministros o 200.000 en el caso de las obras. Este tipo de acuerdos no goza de muy buena prensa. Son de todo menos transparentes. Por lo general, al no existir una convocatoria pública, favorecen las adjudicaciones a dedo y van contra los principios de transparencia, publicidad, concurrencia, no discriminación e igualdad de trato que han de guiar cualquier proceso en el que haya en juego dinero público.
De las cinco empresas a las que el Congreso adjudicó un contrato por el procedimiento negociado y sin publicidad es International Business Machines, S.A. (IBM) la que más dinero se embolsó: 1.800.021 euros por el «servicio de mantenimiento integral de la plataforma central del sistema informático». Así consta en el BOE del 14 de abril de 2015. Le sigue Oracle (473.206,16 euros) con un contrato para suministro, actualización y soporte de licencias informáticas, un campo en el que Telefónica también se proclama ganadora de otro de estos contratos negociados sin publicidad por valor de 21.716 euros. Los otros dos contratos de este tipo fueron a parar a las empresas Eynzelnet Systems, S. L. y Global Geomática, S. L. La primera, una consultora de tecnologías y sistemas de información, fue la adjudicataria de la renovación de las licencias de mantenimiento del software «de virtualización de aplicaciones y escritorios» por 22.747 euros. La segunda, del sector de la topografía y la cartografía, se hizo con el contrato para el levantamiento planimétrico del Palacio del Congreso de los Diputados por 41.500 euros.
En el caso del Senado, este procedimiento sirvió, por ejemplo, para que la empresa SGS Tecnos S. A. se hiciese con el servicio de control de calidad del aire ambiental de uno de los edificios que integran la Cámara por 15.480 euros. O para que Docout S. L., firma especializada en la gestión documental, fuese encargada de la externalización parcial de documentación de la Secretaría General del Senado con un presupuesto de 42.000 euros. También están en este listado de contratos el del mantenimiento de los relojes mencionado anteriormente, el de suministro de calzado para los ujieres (21.000 euros) o los servicios de jardinería para los edificios del Senado (19.100 euros). Pero la adjudicación más cuantiosa de todas fue la del contrato de suministro para la actualización, soporte técnico y mantenimiento del sistema de gestión y almacenamiento de vídeo de la Cámara: 205.085,75 euros. Fue a parar a la empresa Tecnologías Digitales Audiovisuales, S. L.
El procedimiento negociado sin publicidad ha sido el favorito de las administraciones en los últimos años. Incluso el Tribunal de Cuentas llegó a quejarse de la proliferación de este tipo de acuerdos. En su defensa, los órganos adjudicadores siempre esgrimen que recurren a ellos cuando se requiere agilidad. Una agilidad, sostienen, de la que carecen los procesos ordinarios.
Vayamos ahora a los contratos menores. Se les llama así por su cuantía, pero agrupados suponen un importante desembolso para las arcas públicas. Solo entre abril y junio de 2015, los últimos datos oficiales en el momento de redactar estas líneas, el Congreso de los Diputados había adjudicado 205 de estos contratos por un valor de 281.013 euros, y el Senado 122 que sumaban 183.664,42 euros. Contando los datos de 2014 la Cámara Baja recurre, de media, a 226 contratos de este tipo valorados en 483.876 euros al trimestre, frente a los 133 de la Cámara Alta (255.182 euros).
«Se consideran contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de contratos de servicios o suministros», se precisa desde las Cortes Generales. El proceso es muy sencillo y está libre de toda burocracia porque, y así se informa desde las Cámaras, «podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación». Es decir, nada de convocatoria, nada de pliegos, nada de publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, nada de apertura de sobres con las diferentes ofertas y nada de publicación de la adjudicación con el precio definitivo acordado. En estos casos el ciudadano y las empresas del sector con las que no se ha contactado para ofrecerles el servicio se enteran a hechos consumados. Hasta la inauguración de los respectivos portales de la transparencia las Cámaras no desvelaron estos datos, que en los últimos años estaban entre los secretos mejor guardados. Las cifras se ofrecen con periodicidad trimestral. La información que se pone a disposición de los ciudadanos no es, sin embargo, homogénea. El Congreso se limita a reseñar el motivo del contrato, el adjudicatario y el precio convenido. Más transparente, el Senado añade a estos datos el número de ofertas estudiadas. Aunque la legislación no obliga existe el compromiso de ambas Cámaras de solicitar presupuesto, como mínimo, a tres empresas cuando se superan determinadas cantidades. El límite a partir del que esto ocurre es desconocido.
Al igual que los procedimientos negociados sin publicidad, hablar de contratos menores es hablar de adjudicaciones a dedo, fuera del control público. Y si los primeros gozan de mala prensa, los menores tienen peor fama todavía. Han sido la herramienta a la que recurrían las tramas corruptas para sortear la ley. ¿Cómo? Parcelando contratos que por su cuantía tenían que haberse adjudicado con concurso de por medio. En ocasiones la maniobra era tan descarada que el montante del contrato menor solo se separaba por unos céntimos de la cantidad por la que ya era obligatorio convocar un concurso.
Otra de las pegas que se puede poner a estos contratos es que las empresas a las que se les encarga la prestación del servicio acaben siendo siempre las mismas. A priori, el compromiso de Congreso y Senado, y así lo dejan por escrito, es «en la medida de lo posible diversificar los proveedores». Una voluntad inicial que no siempre se consigue. En los listados de contratos menores se repiten con mucha frecuencia los mismos nombres.
No debemos confundir el hecho de que estemos hablando de contratos de cuantías menores, algunos por debajo incluso de los 50 euros, con que esto implique que las beneficiarias sean pequeñas y medianas empresas. Hay de todo: desde floristerías de barrio para arreglos florales, quioscos de prensa, farmacias… a constructoras tan conocidas como Dragados o el Grupo Ortiz o multinacionales como Apple, la firma que se encarga de suministrar y reparar los iPads de sus señorías.
Es precisamente Dragados, empresa de construcción del grupo ACS, propiedad del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, la que se ha hecho con el contrato menor de mayor cuantía desde que estos datos son públicos: 55.801,40 euros (IVA incluido) por la «conexión de la nueva red de agua caliente y fría sanitaria» del Congreso. Esta adjudicación se produjo en el último trimestre de 2014. Un periodo en el que también se le adjudicó la dotación de medidas de seguridad para la limpieza de lucernarios de escribanías y hemiciclo por 17.911,39 euros.
No es Dragados la única constructora que aparece en el listado de agraciadas con contratos menores. Los datos hechos públicos por el Congreso dejan al descubierto diez adjudicaciones de este tipo en nueve meses. En total, 107.176,46 millones de euros. En este campo el trimestre más fructífero para Ortiz Construcciones y Proyectos, S. A. fue el comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2014. En este periodo recibió siete encargos de la Cámara Baja por un total de 97.273,78 euros. Los dos contratos más altos rozan los 50.000 euros sin IVA que la ley pone como límite a los contratos menores por obras. Uno de 42.917,19 euros por el «pavimento en zonas de cocina y restauración» y otro de 42.726,44 euros por la reforma de la galería de la planta baja del palacio. ¿Casualidad?
Durante la X legislatura el Congreso estuvo en obras de rehabilitación, unas tareas presupuestadas en 4,5 millones de euros que corrieron a cuenta de Patrimonio del Estado y que le fueron encargadas a Dragados. De nuevo, Florentino Pérez. Si por algo pasarán a la historia estas obras, además de por su precio, es por los episodios de la gotera y la misteriosa desaparición de los disparos del golpe de Estado del 23-F. Veámoslo. El 11 de septiembre de 2013 es el día de vuelta al trabajo de los diputados tras el descanso estival. En la calle, llueve. El hemiciclo comienza a llenarse de políticos que todavía conservan el moreno de sus vacaciones y que se saludan efusivamente. Y entonces empieza a llover también dentro: una fisura en el techo dio pie a que el agua empezara a caer a chorros sobre algunos escaños del PSOE y la Izquierda Plural. El presidente del Congreso se vio obligado a suspender la sesión hasta las diez de la mañana para que se pudiesen secar los asientos de los diputados y buscar una solución transitoria a la grieta hasta que fuera cubierta de forma definitiva. El agua había afectado al sistema eléctrico, informaba el presidente, y no había que correr riesgos. Al final, a las diez fue imposible retomar la actividad. Tuvo que pasar una hora más para que sus señorías volvieran a sus asientos.
El incidente contó incluso con un comunicado de Dragados, la empresa adjudicataria de las obras que se estaban realizando en la cubierta, rechazando cualquier relación entre lo ocurrido en el hemiciclo y los trabajos que ellos estaban realizando. «Dragados quiere precisar que la inundación en la tribuna de prensa del Hemiciclo del Congreso y las filtraciones de la cubierta, a consecuencia de una importante tromba de agua, justo al comienzo de la sesión plenaria, se han producido con independencia de las obras que se están llevando a cabo, tal y como confirma el informe elaborado por el Servicio Técnico del Congreso. Las filtraciones de agua en el interior de la Cámara han tenido lugar como consecuencia del taponamiento de varios desagües antiguos embutidos en las paredes del edificio y no tiene nada que ver por tanto con la obra de remodelación en ejecución», sostenía la empresa en un comunicado distribuido a la prensa. Había que salvar su reputación.
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Ese mismo día Posada no ganó para disgustos. Una vez que se solucionó el asunto de la gotera se reparó que en el techo del hemiciclo, en la misma zona, habían desaparecido algunos de los disparos de bala que habían permanecido intactos desde el 23 de febrero de 1981. En concreto se echaban de menos cinco tiros sobre la tribuna de prensa. Habían sido borrados en el transcurso de las obras. Más que borrados, en el lugar que antes ocupaban se había colocado una rejilla de ventilación. Posada mostró su sorpresa por lo ocurrido dejando claro en los pasillos de la Cámara que «la orden que se dio es que se respetara al máximo todo lo que había». «Vamos a investigar», dijo. Pero no había marcha atrás. Más de un mes después, a finales de octubre, el Congreso hacía inventario del número de disparos del 23-F que había en su salón de plenos. Eran 35 y ya no se incluía en el recuento los cinco que desaparecieron por arte de magia durante las obras. «La premura con la que se realizaron los trabajos —poco más de un mes—, los problemas de la instalación, el reducido espacio de que se disponía en la estructura de madera, así como la dificultad para acceder a la documentación sobre el 23-F, por su carácter reservado, han contribuido a la eliminación de algunas señales de la que no fueron conscientes ninguna de las personas que han intervenido en la obra», concluía el informe de la Secretaría General de la Cámara.
Volviendo al Senado, el contrato menor más importante adjudicado es de 37.724,44 euros y recayó sobre Aparejadores Constructores, S. A. para el refuerzo del forjado de dos despachos de la primera planta del edificio principal. Antes de decidirse por esta empresa, el órgano de contratación de la Cámara consultó con otras dos constructoras más. Es lo mismo que ocurrió con otra de las adjudicaciones de este tipo más cuantiosas durante la legislatura 2011-2015: los 34.406,01 euros por la reforma de dos despachos que fueron a parar a Sacristán F5 S. L.
Parte importante de estos gastos denominados menores de Congreso y Senado tienen que ver con la adquisición de libros, periódicos, suscripciones a plataformas de información digitales, material de oficina, reparación de mobiliario o con la prestación de servicios como traducciones o transcripciones de sesiones parlamentarias. Por la trascripción de una comisión suelen pagarse precios que van desde los 100 a los más de 700 euros, según la información aportada por las Cámaras.
infoLibre publica el décimo capítulo del ensayo Diputados y senadores. Los privilegiados, escrito por Yolanda González, corresponsal política de este periódico, publicado esta semana por la editorial La esfera de los libros.