El Consejo de Ministros ha nombrado subgobernadora del Banco de España a Soledad Núñez, que desde 2018 era miembro del Consejo de Gobierno y de la Comisión Ejecutiva de la entidad y que llegó a ser directora general del Tesoro y Política Financiera en los Ejecutivos de José Luis Rodríguez Zapatero.
Núñez, nacida en Badajoz en 1957, será la número dos del Banco de España bajo la dirección de José Luis Escrivá y sustituirá en el cargo a Margarita Delgado, cuyo mandato finaliza este miércoles. Además, se ha acordado el nombramiento de Lucía Rodríguez y Jordi Pons como consejeros, con lo que se completan los puestos vacantes.
El Partido Popular había rechazado participar en este nombramiento al entender que de esta forma "blanqueaban" la designación de Escrivá, que anteriormente había ejercido como ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, como nuevo gobernador del Banco de España.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido hoy en el Senado que su departamento gestiona la contratación pública "con el máximo rigor y transparencia" y ha destacado que en los últimos meses ha implementado "importantes mejoras en la lucha contra la corrupción que están reconocidas a nivel internacional".
En el pleno del Senado, ha respondido así al senador del PP, Enrique Ruiz Escudero, que ha preguntado en una interpelación sobre la política de Sanidad en materia de contratación, lo que ha derivado nuevamente en un fuerte cruce de reproches entre ambos en el Senado sobre la adquisición de material durante la pandemia, la gestión sanitaria en la Comunidad de Madrid o los protocolos en las residencias, entre otros asuntos.
García ha destacado que el Ministerio de Sanidad está trabajando en una ley de gestión pública del Sistema Nacional de Salud "cuyo objetivo principal es erradicar las prácticas más dudosas y opacas" de las que, ha opinado, el PP "sabe tanto".
Asimismo, ha remarcado la creación de un observatorio dentro del Sistema Nacional de Salud para "prevenir, fiscalizar y luchar" contra el fraude y la corrupción y ha destacado que se trata de una "iniciativa pionera" que "no tiene precedentes" y que "ha sido objeto de felicitación internacional".
El Ejército israelí reconoció este martes que sus fuerzas "muy probablemente" mataron "sin querer" a la activista turcoestadounidense Aysenur Ezgi Eygi durante una protesta cerca de la localidad de Nablus, en Cisjordania ocupada.
Tras realizar una investigación sobre los hechos, el Ejército aseguró que "es altamente probable que fuera alcanzada sin querer por fuego israelí que no iba dirigido contra ella", sino contra un presunto instigador en una manifestación que calificó de "disturbio".
Israel no dio más detalles sobre quién era el objetivo de su ataque, que ocurrió durante una marcha semanal organizada por el Movimiento de Solidaridad Internacional (ISM, en inglés) contra la expansión de los asentamientos judíos en Cisjordania que, según testigos, transcurrió de manera pacífica.
El sábado, el gobernador de Nablus, Ghassan Daghlas, aseguró que la autopsia realizada a la activista confirmó que murió por un disparo en la cabeza realizado por un soldado israelí.
El Gobierno de Canarias y el Partido Popular han suscrito este martes un acuerdo sobre la emergencia migratoria, que involucra a las 12 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas que gobiernan los populares, y que será remitido al Ejecutivo de Pedro Sánchez para su negociación.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto con el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, han presentado en rueda de prensa este acuerdo que establece nueve puntos, entre ellos los criterios para las derivaciones de los menores no acompañados que llegan a las costas de Canarias y Ceuta y la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería.
Feijóo ha señalado que este documento es una hoja de ruta ante la inexistencia de una política migratoria, ha acusado al Gobierno central de dar "bandazo a bandazo" y de no cumplir con sus competencias en política migratoria, extranjería y retorno de inmigrantes irregulares.
En el documento se contempla la convocatoria de una conferencia de presidentes para tratar la política migratoria y la declaración de emergencia migratoria nacional y, en lo que a menores se refiere, se determinan los porcentajes en los que las comunidades autónomas tendrán competencias sobre los menores acogidos y sobre los que será el Gobierno central el responsable.
La Audiencia Nacional ha condenado a siete años de cárcel al exvicepresidente y exconsejero de Justicia madrileño Alfredo Prada por delito continuado de prevaricación y malversación agravada por 24 contratos -por un total de 40 millones- en la construcción del Campus de la Justicia entre los años 2005 y 2011.
Según ha informado el tribunal, la Sección Primera de la Sala Penal condena por el mismo delito a penas de 3 años y 6 meses de cárcel a cuatro empleados que formaron parte del equipo directivo de este proyecto: Isabelino Baños (director general técnico), Alicio de las Heras (director financiero), Andrés Gómez Gordo (director del área de Seguridad) y Félix José García de Castro (letrado asesor).
Para todos los condenados, la Sala ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas. El sexto acusado, Mariano José Sanz, es absuelto porque el tribunal entiende que el máster del que disfrutó fue pactado en concepto de indemnización por su despido.
A todos los acusados se les absuelve del delito de fraude contra las administraciones públicas que les atribuían las acusaciones ejercidas por el Ministerio Fiscal y la Comunidad de Madrid.
El PP ha rechazado la enmienda del PSOE a su proposición para reconocer a Edmundo González Urrutia como ganador legítimo de las elecciones venezolanas del 28 de julio porque no reconoce su triunfo y pide que se ponga en valor "toda la labor de mediación" del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Una enmienda que el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha tachado de "indecente e inmoral que pone a los pies de los caballos la oposición del PSOE", aunque ha pedido a este partido que elija "si está con Maduro o con la democracia" y apoye que Edmundo González sea declarado como "ganador legítimo" de las elecciones de Venezuela.
Después, el portavoz socialista, Patxi López, le ha respondido que "la indecencia de esta enmienda está en las palabras del señor Tellado, que cada vez que habla lo hace exclusivamente para vomitar insultos" y ve "lamentable" que en el PP tengan un portavoz "que ha arrasado con la educación y con el respeto imprescindible en política".
Los socialistas quieren que se vote su enmienda y rechazan votar la iniciativa del PP por puntos (tiene nueve), aunque son coincidentes en algunos, como exigir al régimen de Nicolás Maduro el cese inmediato de la represión o apoyar la comparecencia en el Congreso del Centro Carter para que detalle sus conclusiones sobre las elecciones. Y rehúsan reconocer la victoria de Edmundo González, que ha pedido asilo político en España, porque si bien "todos podemos tener el convencimiento intimo de que es el ganador, hacen falta las actas", ha argumentado.
A la izquierda del PSOE, su socio de Gobierno, Sumar, votará que no a la proposición no de ley, aunque en caso de que se votara por puntos, valorarían la abstención en un par de ellos, ha señalado su portavoz, Íñigo Errejón.
La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha arremetido contra la proposición de ley que el Congreso debate este martes para reconocer a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela al considerar que con esta iniciativa el PP solo pretende "dividir" y "roza la absoluta irresponsabilidad" y el "cinismo".
La iniciativa, que puede salir adelante si el PNV la apoya junto a Coalición Canaria, será enmendada por el grupo socialista para tratar de incidir en la posición que defiende el Ejecutivo respecto al resultado de los comicios venezolanos y el estatus de Gónzález, que recibirá junto a su esposa asilo político tras llegar a España.
El objetivo, ha explicado la ministra en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, es mantener una posición unánime en el seno de la Unión Europea, cuyos países miembros exigen, como España, plena transparencia y la entrega de las actas de los comicios del 28 de julio, que según la oposición ganó González.
Pero Alegría ha aprovechado además para atacar al PP por los mensajes que está lanzando tras la llegada del líder opositor a Madrid para pedir asilo, en especial el apoyo del dirigente popular Esteban González Pons a Maria Corina Machado después de que Edmundo González abandonara Venezuela.
Así, ha remarcado que mientras González Pons "solicita" que se reconozca a Machado como presidenta de Venezuela, el PP exige en su iniciativa parlamentaria en el Congreso que sea Edmundo González.
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha afirmado este martes al Gobierno andaluz que dirige Juanma Moreno ha rechazado "expresamente" por carta 112 millones de euros destinados a crear 12.000 plazas de educación infantil públicas y gratuitas en su comunidad, dinero que se distribuirá ahora entre el resto de autonomías
Como primer paso, ha explicado en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, hoy se ha aprobado destinar 32 millones de euros para poner en marcha 2.900 plazas de educación infantil de 0 a 3 años pública en siete comunidades, y se diseñarán nuevas convocatorias para el resto de fondos.
Los primeros 32 millones, según ha explicado el Ministerio de Educación en un comunicado, irán destinados a Aragón, Asturias, Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia y Navarra.
Esas comunidades habían manifestado su disposición a recibir más financiación dentro del programa de impulso de escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil con nuevas plazas de titularidad pública, prioritariamente para niñas y niños de 1 y 2 años, en el marco de los fondos europeos del Programa de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Alegría ha hecho hincapié en que si pueden hacer esta distribución de fondos es porque el Gobierno andaluz ha rechazado expresamente ejecutar esos recursos, que habrían permitido ofrecer 12.000 plazas públicas gratuitas para las familias de la comunidad y ayudarles a conciliar su vida laboral y personal.
La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Govern de Cataluña, Sílvia Paneque, ha urgido este martes al poder judicial a aplicar "sin subterfugios" la ley de amnistía y a "respetar" las normas aprobadas por el poder legislativo.
Así lo ha afirmado después de que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena haya rechazado el recurso del expresidente catalán Carles Puigdemont contra su decisión de no aplicarle la ley de amnistía al delito de malversación por el que está procesado en rebeldía.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Govern, Paneque se ha remitido a anteriores declaraciones del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en las que fue "muy claro" a la hora de pedir que se aplique la ley de amnistía "con la máxima celeridad y sin subterfugios".
El Govern del PSC pide "respeto a las decisiones judiciales", pero también reclama al poder judicial que "respete aquellas que derivan del poder legislativo", incluida la ley de amnistía, que "viene a mejorar y recuperar la normalización política, social e institucional en Cataluña".
Por otra parte, Paneque no ha querido valorar el hecho de que el Tribunal Constitucional acumule recursos contra la ley de amnistía, la mayoría presentados por comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, pero también uno del gobierno socialista de Castilla-La Mancha.
El Consejo de Ministros ha aprobado extender la prevención de riesgos laborales a las empleadas del hogar, que ahora tendrán derecho a la evaluación de riesgos de su puesto y a exámenes médicos, algo que será obligatorio para quienes las emplean y cuyo cumplimiento será facilitado por el Estado.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que la norma protege a "las invisibles, las que sostienen nuestras vidas, nos cuidan y, hasta hace muy poquito, carecían de derechos".
El texto del real decreto, al que ha tenido acceso EFE, prevé que el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) ponga a disposición de las personas empleadoras la herramienta que permitirá evaluar el puesto de trabajo.
Asimismo, detalla que las empleadas del hogar podrán realizar la formación en prevención por Internet, en tanto que los reconocimientos médicos se incluirán en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.
Junts ha responsabilizado este martes a ERC de haber "roto de forma grave la posibilidad de mantener la unidad independentista a corto plazo" al haber votado a favor de la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat.
"Ante esta grave coyuntura, no tenemos derecho a rendirnos ni a renunciar a nada. El anhelo de autogobernarnos viene de lejos y no cesaremos en la lucha para conseguir un objetivo político, la independencia de Cataluña, que es legítimo y, además, lo impulsamos de forma democrática y pacífica. Por eso, esta Diada tenemos que estar presentes más que nunca", ha señalado la formación independentista en un manifiesto difundido con motivo de la Diada.
JxCat, que dice aspirar a "representar a los herederos del 1-O", apuesta por "contribuir" a que todas las personas que se han movilizado "de manera ejemplar durante más de una década vuelvan a ver un horizonte de esperanza".
La decisión de ERC sobre Illa, añade Junts, obliga a "repensar la estrategia para conseguir la independencia de Cataluña": "La gente está y nosotros estamos y estaremos al lado de nuestro país en defensa de nuestra lengua, nuestra cultura y nuestras instituciones".
"En el momento actual es la hora de volver a movilizarnos, de rehacer puentes y trabajar para seguir haciéndonos dignos de la confianza que nos ha dado la gente. Esta Diada decimos bien alto y claro que todavía estamos aquí, y que estaremos hasta conseguir la plena libertad", concluye el manifiesto.