Abascal: “Vox no tiene apego a los sillones”

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha confirmado este jueves que su formación saldrá de los gobiernos de coalición con el PP en Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura y Castilla y León y retirará el apoyo parlamentario en Baleares, donde los 'populares' gobiernan en minoría, para pasar a ser una oposición "leal y contundente" en las regiones citadas. Así lo ha trasladado en una declaración retransmitida en vídeo al término de la reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) que Vox había convocado con carácter de urgencia tras el visto bueno del PP al reparto de menores migrantes no acompañados por las autonomías para aliviar la carga de Canarias, planteado por el Gobierno central y una línea roja para los de Abascal.

En su intervención, el presidente de Vox ha trasladado que la Ejecutiva de su partido "ha constatado" que los pactos suscritos con el PP "están rotos como consecuencia de la agresión" del presidente 'popular', Alberto Núñez Feijóo, al que ha acusado de "obligar a sus presidentes autonómicos a pactar con Pedro Sánchez el reparto de menas ilegales". Y lo hizo, según ha denunciado, "a sabiendas de que su socio, al que han mentido y confundido, no estaba de acuerdo" con tal medida.

Así, ha explicado que la ruptura de los pactos se materializará con la dimisión de los cuatro vicepresidentes autonómicos (Alejandro Nolasco, Aragón; Vicente Barrera, Comunidad Valenciana; José Ángel Antelo, Murcia; y Juan García-Gallardo, Castilla y León) y Vox retirará su apoyo parlamentario al PP en las regiones, lo que incluye Baleares. "Vox pasará a ejercer una oposición tan leal y contundente como en el resto de España", ha agregado, afirmando que su formación no tiene "apego a los sillones".

Abascal ha asegurado que Vox "ha cedido quizá a veces demasiado para salvaguardar" los gobiernos autonómicos con la vista puesta en "consolidar una alternativa nacional", pero ha lamentado que es "imposible pactar con quien no quiere hacerlo" y "pretende imponer políticas de fronteras abiertas”. 

Aludía así a Feijóo, al que ha acusado "primero de impedir y luego de torpedear" los acuerdos en las autonomías. En esta línea, ha arremetido contra el líder 'popular' por "pactar permanentemente con el autócrata corrupto" de Sánchez.

El líder de Vox ha querido remarcar el rechazo de su formación a la inmigración ilegal, del que han advertido "por activa y por pasiva", por generar "inseguridad, delincuencia y un coste económico cada día mayor a todos los españoles". "Nadie ha votado a Vox y me atrevo a decir al PP para que continúe la invasión de inmigración ilegal y de menas", ha subrayado.

Según la propuesta del Ejecutivo, las autonomías en las que PP y Vox gobernaban en coalición acogerían un total de 110 menores migrantes: Aragón, 20; Castilla y León, 21 menores; Comunidad Valenciana, 23; Extremadura, 30; y Murcia, 30. Baleares, donde los 'populares' gobiernan en minoría gracias al apoyo externo de los de Abascal por un acuerdo de investidura, acogería diez. En el PP creen que romper los pactos por acoger "entre 10 y 30 menores" suena a "excusa".

Vox entró en un gobierno autonómico por primera vez en Castilla y León, donde ostentaban la Vicepresidencia y tres consejerías. Después llegaron la Comunidad Valenciana, donde Vox tiene la Vicepresidencia, dos consejerías y la Presidencia de las Cortes; Murcia, donde también tienen la Vicepresidencia y dos consejerías; Aragón, una Vicepresidencia, dos consejerías y la Presidencia del Parlamento; y Extremadura, una consejería. Las cinco comunidades autónomas ya han aprobado los presupuestos para el próximo ejercicio.

La formación de Santiago Abascal ya desligó esta mañana la ruptura de los pactos suscritos en las autonomías de los gobiernos en coalición con los 'populares' en los ayuntamientos.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha apuntado este jueves 11 de julio en relación a la inspección abierta al musical 'Malinche' por la posible situación irregular de algunos de sus integrantes que no se están "siguiendo directrices" porque se trata de un organismo "autónomo".

"La Inspección de Trabajo es un organismo autónomo y no trabaja siguiendo directrices, y por tanto, cuando culminen las investigaciones, como siempre hacemos, se rendirán cuentas", ha explicado Díaz en los pasillos del Congreso de los Diputados a preguntas de los periodistas.

La ministra ha confirmado que Inspección de Trabajo está investigando este asunto, pero no se informará del resultado hasta que no culminen las actuaciones. Asimismo, ha señalado que estas investigaciones se han hecho a petición de la Policía.

"La Inspección de Trabajo es un organismo autónomo y cursa investigaciones como se hacen de manera ordinaria. El Ministerio de Trabajo tiene un convenio de colaboración con el Ministerio del Interior en actuaciones que requieren de la colaboración institucional y, en este caso, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado", ha afirmado.

Díaz ha pedido también "respeto" para todas las instituciones y organismos que están trabajando en este caso, tanto a las Fuerzas de Seguridad del Estado como a la Inspección de Trabajo. "Cuando culminen las actuaciones, podremos tomar una posición, pero a día de hoy no podemos señalar absolutamente nada más", ha concluido.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, cree que "hay margen" para que se alcance un acuerdo con la patronal para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales en la mesa del diálogo social, que se reunirá el próximo miércoles para seguir trabajando en el asunto.

Díaz se ha mostrado "convencida" de que hay margen para el acuerdo después de que Trabajo propusiera el pasado lunes a la patronal dar más flexibilidad a las empresas para acometer esa reducción de la jornada. "La patronal se mostró partidaria de discutir la propuesta", ha subrayado la vicepresidenta en los pasillos del Congreso este jueves.

A renglón seguido, ha explicado que recientemente se ha reunido con empresas que ya han reducido la jornada, incluso por debajo de las 37,5 horas semanales, y ha visto los efectos "muy positivos" de implantar la medida, que, según ha destacado, implica una mayor productividad para las empresas y más bienestar para las personas que trabajan en ellas.

Además, Yolanda Díaz ha hilado esa reducción de la jornada laboral con el auge de la Inteligencia Artificial (IA) y sus efectos sobre el trabajo: "En un momento en el que estamos diseñando cómo conseguir que las máquinas avancen y nos reduzcan la carga de trabajo, lo que no podemos hacer es pedirle a los humanos que trabajemos como máquinas", ha enfatizado.

La titular de Trabajo también ha defendido reducir la jornada porque en España las 40 horas semanales están vigentes desde hace 40 años y porque hay una "distribución irregular de la productividad" entre la empresa y los trabajadores. "Por tanto, estoy convencida que hay margen en la mesa de diálogo social para alcanzar un acuerdo", ha remachado.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha cuestionado el procedimiento del juzgado de Instrucción 41, una vez que se ha conocido un segundo informe de la UCO que descarta irregularidades de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Grande-Marlaska ha realizado estas manifestaciones, al ser preguntado por un segundo informe de la UCO que descarta irregularidades en la actuación de Begoña Gómez. Ha sido tras entregar los diplomas a los militares ucranianos que han finalizado esta formación en el marco de la Misión de Asistencia Militar de la Unión Europea en Apoyo a Ucrania (EUMAN UA), en la sede de la Unidad de Acción Rural de la Guardia Civil.

El ministro del Interior ha dicho que había conocido "por la prensa" el segundo informe de la UCO, pero ha recordado que "en su primer informe ya dijo que no veían ninguna conducta susceptible de irregularidad concreta, lo que vuelve a referir en este segundo informe".

Grande-Marlaska ha indicado, "con todo el respeto" a las resoluciones judiciales, "pero ha habido, hay resoluciones judiciales en ese procedimiento del juzgado de instrucción 41, que dentro de mi experiencia de más de 30 años en la instrucción y en el enjuiciamiento penal, adolecen de lo que es o lo que justifica una investigación".

Todo ello, porque "ha habido algún auto donde se ha hecho referencia a investigar toda la vida profesional de la señora Gómez desde que su marido accede a la presencia del gobierno". "Ese es el paradigma de una instrucción prospectiva que está proscrita en nuestro ordenamiento jurídico", ha concluido el ministro del Interior.

La ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha afirmado este jueves que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, debe decidir si quiere hacer oposición constructiva o destructiva, después de que Vox haya planteado romper pactos autonómicos con los populares por acordar con el PSOE el reparto de más de 300 menores migrantes no acompañados.

Lo ha dicho en declaraciones a la prensa en Viladecans (Barcelona), donde ha invitado textualmente a los populares a comportarse como un partido de Estado: "El señor Feijóo tiene una oportunidad de oro par decidir qué quiere ser de mayor".

Ha asegurado que el presidente popular debe elegir "si quiere seguir inmerso en una oposición destructiva, de criticar todo sin poner ninguna alternativa sobre la mesa, o si, por primera vez, quiere plantearse y quiere trasladar una oposición constructiva".

La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, ha criticado que "de nuevo el PSOE ha preferido pactar con el Partido Popular" el reparto de menores migrantes no acompañados de Canarias.

"Cataluña es la comunidad más tensionado. Por lo tanto, si Cataluña tiene que estar implicada en este reparto, Cataluña tiene que tener voz y nosotros hemos dejado claro que si los votos de Junts son necesarios nosotros no podemos donar votos", ha señalado este jueves Nogueras en declaraciones a los medios en el Congreso de los Diputados.

En este punto, ha incidido que el PSOE haya "preferido pactar con la derecha española" y he defendido la abstención de Cataluña en el reparto de menores migrantes no acompañados durante la Conferencia Sectorial celebrada este miércoles por no tener "voz".

"Hay un acuerdo, un pacto entre el PP y el PSOE. Creemos que aquí algunos están confundiendo solidaridad con abuso e imposición. Nosotros queremos que el Gobierno lo haga bien", ha zanjado.

Las comunidades autónomas del PP han votado este miércoles en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia a favor del reparto de 347 menores migrantes. Sin embargo, han decidido no pronunciarse sobre la reforma de la Ley de Extranjería.

La Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha acusado al PP de falta de "empatía" y de estar "desnortado" en materia migatoria frente a la política "eficaz" del Gobierno y ha puesto como ejemplo de al jugador de la Selección Española de Fútbol, Nico Williams, cuya familia llegó a España procedentes de Ghana tras saltar la valla de Melilla.

"De que estamos hablando, de una carrera hacia la insolidaridad, hacia el desonocimiento, hacia lanzar mensajes confusos a la ciudadanía, mostrando un total desconocimiento de las competencias cuando la política del Gobierno de España es una política eficaz y ambiciosa, cuando lo que se está poniendo encima de la mesa es una modificación legislativa para que esa solidaridad pase a ser obligatoria", ha indicado Saiz durante su participación en el Consejo General de Economistas.

En este sentido, ha instado a la responsabilidad del Partido Popular par que esté a la altura del Gobierno y "que haga una oposición constructiva en una política de Estado". "Ningún gobernante se puede poner de perfil ante la situación de menores no acompañados que vienen totalmente desprotegidos a nuestro país", ha argumentado la ministra después de recordar las palabras de Nico Williams "el héroe de la Selección Española", en las que contaba "como venían aquí a buscar un futuro mejor y a dar de comer a sus países".

Por ello ha insistido en pedir al PP, al que ha acusado de "inacción", la "solidaridad que ellos piden en Europa". "Que la tengan en el país, en el marco de nuestras fronteras, que no se pongan de perfil, que se está hablando de menores no acompañados, personas absolutamente desprotegidas y vulnerables", ha argumentado.

Por otra parte, Elma Saiz se ha referido al informe de la AiREF sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y ha asegurado que el Gobierno trabaja ya en algunas de estas mejoras como el plan de accesibilidad a la prestación y un plan de comunicación y ha reprochado a comunidades autónomas del PP como Madrid y Andalucía que hayan reducido el presupuesto dedicado a las rentas autonómicas de protección. "Esto no es una buena noticia, no es un comportamiento adecuado y apelo a la corresponsabilidad porque el IMV no es la única herramienta para conseguir una inclusión plena", ha argumentado.

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha anunciado este jueves que su partido, como parte personada en el caso de los ERE, pedirá la abstención de tres magistrados del Tribunal Constitucional, Inmaculada Montalbán, María Luisa Balaguer y Cándido Conde-Pumpido, que preside el tribunal de garantías. En este último caso, ha indicado que su formación quiere que se aparte de los recursos que afecten a este caso como ya hizo cuando era magistrado del Tribunal Supremo.

En una rueda de prensa en el Congreso, Bendodo ha afirmado que el Constitucional "no puede convertirse en un órgano de relectura" o de "revisión de las sentencias" y ha resaltado que más de 20 juzgados, incluida la Audiencia Provincial de Sevilla y el propio Tribunal Supremo, "confirmaron y ratificaron las sentencias a los condenados por prevaricación y malversación".

"Quiera o no el PSOE, el caso de los ERE es el mayor caso de corrupción de la historia de España con más de 700 millones de euros de los parados andaluces dedicados a otras cuestiones", ha aseverado Bendodo, quien ha asegurado que "hasta 70 familiares y personas vinculadas con el Partido Socialista se beneficiaron de ayudas ilegales o de falsas prejubilaciones".

En este contexto, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP ha avanzado que su partido reclamará la abstención de tres magistrados del TC. En concreto, solicitará al presidente el TC que se aparte de los recursos que afecten al caso de los ERE para "garantizar la imparcialidad y velar por el correcto funcionamiento del TC", tal y como ya hizo cuando era magistrado del Tribunal Supremo porque siendo fiscal general del Estado participó en la tramitación del asunto, según ha recordado.

Bendodo ha señalado que Conde Pumpido reconoció en aquel entonces "estar afectado por una causa de incompatibilidad" y con su abstención se garantizaba la imparcialidad del Tribunal Supremo. "¿Por qué se abstuvo entonces y ahora no, siendo la misma causa y los mismos condenados?", se ha preguntado, para añadir que "la falta de congruencia es palmaria y es cuestión de números y votos".

El exlíder de Podemos Pablo Iglesias cree que las investigaciones extrajudiciales a cargos electos de Podemos por orden del Ministerio del Interior en 2015 y 2016, cuando se realizaron consultas en bases policiales sobre 55 diputados de la formación, quedarán "en impunidad después del regalo que le ha hecho el PSOE al PP" al acordar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En una entrevista de este jueves en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha considerado que con este acuerdo, los socialistas están "dando legitimidad a la derecha mediática", por lo que ve con escepticismo que prospere la causa abierta por Podemos para denunciar el caso.

El también exvicepresidente del Gobierno ha criticado que en España hay sectores de la policía, la judicatura, la política y los medios de comunicación "que actúan abiertamente al margen de la ley con notable impunidad para alterar el proceso democrático".

"No es un editorial de un periódico, es la puñetera realidad en la que vivimos, que se va comprobando continuamente", ha insistido Iglesias, que si bien espera equivocarse, no ve posible que un juez sea capaz de meter en la cárcel a un ministro del Interior del PP o, textualmente, a uno de los periodistas mafiosos que difunden bulos.

También ha señalado que los únicos medios que le han llamado para hacer algún comentario al respecto son catalanes, en sus palabras, hecho que a su juicio demuestra que "las cloacas en España tienen una dimensión policial, una dimensión judicial y una dimensión mediática".

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha calificado de "incomprensible e injustificable" el rechazo de la Generalitat de Cataluña al reparto de menores migrantes y ha tildado de "miserable" a Vox por amenazar con romper gobiernos autonómicos por esta cuestión, si bien duda de su determinación de romper esas coaliciones.

También ha urgido a registrar ya la reforma de la Ley de Extranjería, para pautar una solidaridad obligatoria de menores extranjeros no acompañados, y ha cargado contra las contradicciones del PP, que un día pide "sacar a las Fuerzas Armadas" contra la migración y al otro acepta un acuerdo de acogida.

En declaraciones a los medios en el Congreso, Errejón ha manifestado que el acuerdo de reparto entre las comunidades es "muy rácano", que supone en el caso de las autonomías acoger una media de 30 menores.

Al respecto, ha denunciado que también hay que ser "miserable" y "mala persona" por lanzar el aviso de romper gobiernos autonómicos por la acogida de una treintena de menores, en referencia a Vox. Eso sí, ha matizado que la posibilidad de que Vox deje sus "chiringuitos" tiene que verlo, porque hasta ahora eso no ha pasado durante toda su trayectoria política.

Respecto a la oposición de la Generalitat de Cataluña de oponerse a ese reparto, Errejón ha respondido que es "absolutamente incomprensible e injustificable". También ha opinado que ve "muy incómodo" al PP en la parcela migratoria, dado que un día pide la intervención del Ejército y al siguiente el Gobierno de Canarias, del que participa el PP, demanda solidaridad al resto para acoger a menores migrantes. "Es una contradicción flagrante", ha zanjado.