El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado este lunes que los informes de su departamento que entregarán al Tribunal Supremo van a "desmontar algunas de las falsedades que se están viviendo en sede judicial" y, en concreto, demostrar que lo dicho por Aldama sobre obras supuestamente amañadas o pago de mordidas "es falso".
En declaraciones a los periodistas antes de participar en un desayuno informativo organizado en Valladolid por El Diario de Castilla y León-El Mundo y también en su intervención dentro del acto, Puente ha sostenido que "llega un punto" en el que ya no se cree nada de lo que diga alguien como Aldama, de quien ha ironizado con que entregue a los juzgados "papelitos subrayados en color rosa y verde" que posteriormente se demuestran sin relevancia.
"Todo lo que ha dicho es absolutamente falso", ha resumido Puente, quien ha reconocido que "es evidente" que Aldama estuvo "por ahí", aunque lo que "está por determinar" es el "para qué o qué es lo que aportó" un hombre que no conocía ni le había visto en su vida, según ha dicho, aunque ha añadido que las fotos que van apareciendo no aportan "nada nuevo".
"Ya se ha explicado en multitud de ocasiones que ese señor participó en no sé qué manera, eso tendrá que explicarlo quien le dio entrada en negociaciones con el Gobierno o con embajadores de Venezuela, no es nada nuevo", ha rematado.
El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) ha pagado ya más de 290 millones de euros a los afectados por la dana de Valencia y ha recibido 226.630 solicitudes de indemnización, de las que 209.544 están en tramitación, según informa EFE.
Según estos datos, actualizados por el Gobierno este lunes, solo en este fin de semana el Consorcio ha abonado más de 100 millones de euros, ya que el viernes eran 158 los millones desembolsados por este organismo, que depende del Ministerio de Economía a través de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y que estos días cumple su 70 aniversario.
En cuanto a las ayudas directas para paliar daños personales, materiales en vivienda y enseres, en establecimientos y comunidades de propietarios, y gastos de corporaciones locales, se han transferido 16,5 millones de euros y se han registrado casi 28.600 peticiones.
Asimismo, la Agencia Tributaria ha acordado el pago de 253,4 millones de euros en ayudas directas a empresas y autónomos, con un total de 26.567 solicitudes, de acuerdo con los datos actualizados.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cree que la decisión del Tribunal Supremo de estudiar una demanda presentada por su pareja, el empresario Alberto González Amador, contra la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, por presunta intromisión en su honor, demuestra que “donde el Gobierno intenta echar tierra están siempre saliendo flores”.
En declaraciones a los medios durante la presentación del Plan de Inclemencias Invernales, Díaz Ayuso ha dicho que González Amador es “un ciudadano que se está defendiendo solo ante todos los poderes del Estado, que se han organizado en una operación para intentar destruirme a mí”.
Por ello, más que valorar que el Supremo vaya a estudiar esa demanda por vulneración del derecho al honor de su pareja, Díaz Ayuso ha querido destacar “cómo puede la vicepresidenta del Gobierno y la responsable de Hacienda filtrar o estar detrás de posibles filtraciones de datos particulares de ningún ciudadano”.
La portavoz adjunta de Podemos, María Teresa Pérez, ha exigido este lunes al Gobierno que reactive las medidas del escudo social para mantener indefinidamente la suspensión de desahucios a inquilinos en situación de vulnerabilidad, que vencerá a partir del 31 de diciembre si no se prorroga, según informa EFE.
En una rueda de prensa, Pérez ha advertido de que si esta moratoria decae, esto supondría un "absoluto drama social" para muchas familias afectadas, y ha pedido al Gobierno que no se excuse en el fin de la pandemia o en la inflación por la guerra de Ucrania, y convierta dichas medidas en estructurales.
"Un gobierno que se dice progresista y de izquierdas no puede permitir que los desahucios a personas vulnerables se reactiven", ha subrayado.
El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha acordado mantener separadas a las cuatro acusaciones populares en la causa que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, una postura que choca con la que se sigue en la causa contra el exministro José Luis Ábalos en el mismo tribunal. Hurtado ha dictado un auto en el que justifica que las cuatro acusaciones populares personadas en esta causa dispongan de su propia representación y defensa porque tienen intereses diferentes.
Explica que, aunque existe una generalizada tendencia a agrupar a las acusaciones bajo una misma representación, ello no significa que deba convertirse en regla general sin analizar las circunstancias de cada caso.
El magistrado considera que dos de las acusaciones populares como son el Colegio de Abogados de Madrid y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), tienen intereses corporativos propios, que no coinciden con los del resto de las acusaciones, por lo que deben llevar por separado sus respectivas postulaciones.
Respecto a las otras dos acusaciones, el sindicato Manos Limpias y la Fundación Foro Libertad y Alternativa, el instructor no ve inconveniente a que, por ahora, sigan manteniendo su propia representación y defensa, ya que la diferencia a que sea una más, o dos, las acusaciones populares que intervengan en la causa, en principio, no perturbaría, la buena marcha del proceso.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha advertido este lunes que, con la aprobación hoy del protocolo de objetores de conciencia al aborto en el Consejo Interterritorial, las comunidades que aún no lo tienen se han quedado ya sin "excusas" para ponerlo en marcha, según informa EFE.
"El aborto es un derecho fundamental y nuestra misión es garantizar ese derecho y ese cumplimiento sin excepciones y sin más demoras. La modificación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo garantiza el acceso libre, seguro y gratuito en una sanidad pública, pero su incumplimiento en diferentes lugares de nuestro territorio sigue siendo una realidad inadmisible", ha denunciado la ministra antes de presidir el último Interterritorial del año.
La Guardia Civil está registrando este lunes empresas que tiene en Calatayud (Zaragoza) Luis Alberto Escolano, socio del comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, y que ya compareció como imputado en la Audiencia Nacional en esta causa.
Según han confirmado a EFE fuentes próximas a la investigación, agentes de la UCO se han personado esta mañana en la sede de las empresas de Escolano para proceder a su registro.
En su declaración en noviembre como investigado ante el juez que investiga el caso Koldo en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, Escolano solo accedió a responder a su abogado y se limitó a desvincularse de los contratos de compra de mascarillas por los que se investiga a esta trama.
Su abogado también le preguntó por dos empresas que tiene en Portugal, respecto de las que afirmó que ninguna de ellas tenía relación con la trama de las mascarillas.
Alumnado, profesorado y familias del Instituto de Educación Secundaria (IES) Berenguer Dalmau de Catarroja (València) se han concentrado este lunes ante este centro educativo, afectado por la dana, para exigir a la conselleria que dé soluciones para los estudiantes, que mantienen las clases telemáticas o en otros centros.
Varias decenas de personas han acudido a esta protesta, convocada después de que el conseller de Educación, José Antonio Rovira, afirmara la semana pasada en Les Corts que este lunes, 16 de diciembre, el cien por cien del alumnado que resultó afectado por las inundaciones de la dana del pasado 29 de octubre habría vuelto "a su plena normalidad".
Desde el centro Berenguer Dalmau han querido mostrar este lunes que la normalidad no ha vuelto todavía a las aulas de las zonas afectadas por la dana, según ha explicado Álex Navarro, alumno de cuarto de la ESO y uno de los organizadores de la concentración.
Ha explicado que el alumnado de la ESO está todavía haciendo clases por internet, con tres o cuatro horas diarias, con lo que están perdiendo "un montón de clases" y eso afectará a su "rendimiento a largo plazo".
Los de Bachillerato están yendo por las tardes a otro centro educativo, lo que implica un cambio de hábitos con el que, según cuenta este alumno, "no están cómodos" y también están perdiendo clases.
En este sentido, ha pedido que "no se siga mintiendo" pues la normalidad no ha vuelto a estas zonas, así como que se les dé una solución para reabrir los centros y retomar las clases.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha vuelto a lanzar un mensaje de tranquilidad a los mutualistas de Muface porque la sanidad pública está "perfectamente" preparada para asumir su asistencia y es además "el mejor lugar" donde pueden ser tratados.
Antes de presidir el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde va a tratar con los consejeros las implicaciones que tendría un eventual trasvase de los funcionarios al sistema público de sanidad, García ha respondido así a las comunidades del PP que han criticado que no haya incorporado al orden del día la aprobación de un acuerdo para instar al Gobierno a licitar un nuevo concierto de Muface.
La ministra ha recordado que esto es competencia del Ministerio de Función Pública y ha insistido en que todo este asunto se ha generado porque a las aseguradoras "no les dan los números". "No nos engañemos, ellas son las que tienen que firmar ese convenio, y hasta ahora no lo han firmado porque los mutualistas no les salen rentables", ha enfatizado.
En el caso de que finalmente no se alcance un acuerdo con el Ministerio de Función Pública, los mutualistas deben tener la "tranquilidad" de que "la sanidad pública puede asumir perfectamente una carga" que supone absorber un 2,4 % de población más.
Por eso, les ha pedido que "no se preocupen" porque "la sanidad pública es la mejor referencia y es el mejor lugar donde se puede tratar a los pacientes", entre otras cosas porque cuenta con algo "tan potente" como la Atención Primaria, que hoy se va a reformar con un nuevo plan 2025-2027.
El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y su homólogo polaco, Radosław Sikorski, cuyo país asume la presidencia del Consejo de la Unión Europea el 1 de enero, acordaron este lunes "dar un paso más" en el impulso de la petición del Gobierno de España para conseguir la oficialidad del catalán, gallego y euskera entre las lenguas oficiales de la UE, informaron fuentes españolas.
Los ministros, que se reunieron en los márgenes del Consejo de Exteriores que se celebra hoy en Bruselas, "han acordado dar un paso más a través de una reunión de sus respectivos secretarios de Estado de la UE que se celebrará próximamente para lograr ese objetivo", dijeron las fuentes de Exteriores.
A su llegada al Consejo de Exteriores de la UE, Albares aseguró que hará "todo" lo que esté en su mano para impulsar esta iniciativa, que insistió "no es un asunto político, en el sentido de politizado, sino es un asunto de identidad nacional, un asunto verdaderamente de Estado y Constitución española".
La líder del ultraderechista Agrupación Nacional (RN), Marine Le Pen, salió relativamente satisfecha de su primer encuentro con el nuevo primer ministro francés, François Bayrou, y valoró que el "método" presentado le parece "más positivo" que el del anterior jefe de Gobierno, Michel Barnier. "El método parece más positivo, ahora hay que esperar a que sea útil", declaró al salir de la reunión en Palacio de Matignon, sede del Gobierno.
La dirigente de la extrema derecha aludía a la moción de censura que RN votó junto a la izquierda y que sirvió para forzar el pasado 4 de diciembre la dimisión del conservador Barnier, quien estuvo apenas tres meses en el cargo. La tres veces candidata presidencial había justificado su decisión por sentirse ninguneada por el antiguo jefe de Gobierno.
En todo caso, Le Pen matizó que es "lo suficientemente experimentada" como para quedar satisfecha con "una sola conversación" con el centrista Bayrou.
También recordó sus reivindicaciones: defensa del poder adquisitivo, el control de la inmigración, "la grave crisis de seguridad" y el cambio del sistema electoral del actual mayoritario hacia uno proporcional, que, según Le Pen, reflejaría de manera más fiel en escaños que su partido fue el más votado en las elecciones de este año.
"Sabemos que el primer ministro (Bayrou) es favorable al sistema proporcional. Se trata de un tema que debería ser prioritario tras los Presupuestos", agregó.