Un tribunal de hombres tendrá la última palabra sobre la aplicación de la paridad a la cúpula judicial

La entrada en vigor de la ley de paridad se ha convertido en un elemento clave para el centenar de nombramientos discrecionales que el Consejo General del Poder Judicial tiene que afrontar tras cinco años y medio de bloqueo por el PP. A la espera de que los nuevos vocales se pongan de acuerdo sobre cómo aplicar en sus designaciones la norma que establece un reparto de sexos del 60%-40%, la última palabra sobre el criterio elegido corresponderá a la sección sexta de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo. En su composición actual, se trata de una sección formada únicamente por hombres en la que, solo en algunos casos de sustitución, entra una mujer. Solo en el Tribunal Supremo, que las magistradas lleguen al mínimo del 40% de representación en las presidencias de sala y en la composición de cada una de ellas requeriría la elección de 22 mujeres para las 29 vacantes pendientes de cubrir.

Los informes manejados hasta ahora por el órgano de gobierno de los jueces establecen criterios dispares. El primero, elaborado por la comisión de igualdad del Consejo para la cobertura de las cuatro presidencias de sala vacantes en el Supremo, establecía que, para llegar al umbral mínimo del 40% que establece la ley de paridad, al menos dos de las cuatro plazas en juego debían corresponder a mujeres. La presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, encargó sin embargo un segundo estudio al gabinete técnico del órgano –este para todos los nombramientos a realizar– que concluía que el criterio del sexo solo debía operar en caso de que entre los candidatos y candidatas hubiera igualdad de méritos para el puesto al que optaran. La comisión de igualdad ha comenzado a elaborar un tercer informe que, previsiblemente, establecerá que la paridad debe operar tanto en el reparto de presidencias como en la composición de cada sala para todos los nombramientos pendientes. Pero la última palabra la tendrá el Pleno.

El reparto de las designaciones por sexos para lograr una representación paritaria de las mujeres en los principales cargos judiciales –representan el 57,2% de los más de 5.000 jueces españoles– se ha convertido en una cuestión clave en el órgano de gobierno de los jueces, que ya tiene sobre la mesa las ternas de candidatos para cubrir las cuatro presidencias del Supremo que están vacantes -Civil, Penal, Contencioso-Administrativo y Social-. Salvo la de lo Civil, a la que solo se ha presentado un hombre, el conservador Ignacio Sancho, a las otras tres plazas han optado tres magistradas: las progresistas Ana Ferrer (Penal), Pilar Teso (Contencioso) y Concepción Ureste (Social). Los candidatos defendidos por los conservadores son todos hombres (Andrés Martínez Arrieta, Pablo Lucas y Juan Molins, respectivamente).

El criterio sobre cómo aplicar la paridad será esencial para estas designaciones. Si se impone el defendido por la comisión de igualdad del Consejo, dos de los tres magistrados aspirantes a las presidencias apoyados por los 10 vocales a propuesta del PP no tendrían ninguna opción. Los conservadores, por el momento, se niegan a negociar los nombramientos mientras sus candidatos ejercen las presidencias a las que aspiran en funciones por la vía de los hechos al ser los más antiguos en sus destinos. El tiempo corre a su favor.

La cuestión es tan sensible que, según fuentes del órgano de gobierno de los jueces, lo más probable es que, en caso de que la situación, finalmente, se desbloquee y se acuerden los nombramientos a las presidencias, las designaciones, muy probablemente, se recurran ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Es la sección sexta de esa sala, la que dirime los recursos contra los acuerdos del Pleno y de la comisión permanente del CGPJ, la que, en ese caso, tendrá la última palabra sobre el criterio a aplicar a la hora de poner en marcha la ley de paridad en la composición de los órganos judiciales.

En su actual composición, esa sección está formada íntegramente por hombres. Según el artículo 638 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la forman el presidente de la Sala y los presidentes de las secciones segunda, tercera, cuarta y quinta. Actualmente, sus integrantes son Pablo Lucas (candidato de los conservadores a presidir el Consejo y a presidir la sala, y actual presidente en funciones), el conservador Luis Díez-Picazo (en sustitución de Lucas, que actúa como presidente), el expresidente del CGPJ a propuesta del PP Carlos Lesmes, el también conservador Francisco José Navarro y el progresista José Manuel Bandrés. En contadas ocasiones, ha entrado a formar parte de ellas una mujer en sustitución de alguno de los titulares: se trata de la progresista y actualmente candidata a presidir la Sala de lo Contencioso, Pilar Teso.

El presidente o una mayoría de magistrados tendrán la posibilidad de elevar la decisión al pleno de la Sala y que sean la totalidad de sus magistrados y no la sección sexta la que decida. En ella la representación femenina actual es mayor, pero muy minoritaria. Mientras el Consejo no cubra las 16 vacantes que tiene, de ese órgano forman parte tres magistradas frente a 14 hombres y la mayoría de sus miembros (12) son de sensibilidad conservadora. Los sucesivos nombramientos pendientes cambiarán esa composición, pero el proceso, apenas iniciado en el órgano de gobierno de los jueces, puede llevar meses.

Contra la sentencia que dicte el Supremo, ya sea la sección sexta o el pleno de lo Contencioso, cabe recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, al que, finalmente puede llegar el criterio a aplicar para garantizar la paridad en los nombramientos judiciales. Frente a la excesiva presencia masculina y el escoramiento a la derecha del alto tribunal, el órgano de garantías sí mantiene una representación paritaria. Cinco de sus doce miembros son mujeres y la mayoría de sus magistrados son de adscripción progresista.