El Consorcio de Compensación ha pagado ya más de 290 millones a afectados por la dana

La Policía Municipal de Madrid ha detenido al conductor que atropelló mortalmente la pasada madrugada a un repartidor en bicicleta en el distrito madrileño de Usera y se dio a la fuga a pie tras abandonar el vehículo. El hombre se ha entregado poco después de las 17:00 horas de la tarde de este lunes en la Comisaría de Policía Judicial de Tráfico del cuerpo municipal, según han informado a EFE fuentes policiales.

El accidente se produjo en la calle Mirasierra esquina con la calle de la Cuesta en la madrugada del domingo a este lunes, cuando, por circunstancias que se investigan, el conductor del coche perdió el control del vehículo e impactó contra un semáforo, contenedores y demás mobiliario urbano hasta embestir al repartidor. Los sanitarios de Samur-Protección Civil sólo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre, que presentaba politraumatismos.

Después de huir del lugar a pie, los ocupantes dejaron el coche abandonado en una zona ajardinada de donde efectivos de Bomberos de Madrid se encargaron de retirarlo. Posteriormente, el vehículo fue trasladado a la Comisaría Judicial de Tráfico de la Policía Municipal para avanzar en las pesquisas y esclarecer los hechos.

El Gobierno ha acordado este lunes transferir 700 millones de euros del Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas a la Generalitat de Valencia, con un interés del 0%, para atender gastos extraordinarios provocados por la dana del pasado 29 de octubre.

Los fondos serán librados de manera directa a favor de la comunidad autónoma, "con destino exclusivo a sufragar los citados gastos extraordinarios", informa Hacienda. "A las disposiciones de recursos" con cargo "al Fondo de Financiación CCAA 2024 que se realicen en virtud de este acuerdo se les aplicará un tipo de interés fijo del 0% anual", informa la nota.

El Gobierno ha adoptado una serie de medidas dirigidas a mitigar los perjuicios causados por la DANA, a atender a las necesidades de la población afectada y a reponer a su estado las infraestructuras, bienes y servicios dañados. "El Ejecutivo ha aprobado tres reales decretos leyes con medidas muy potentes que movilizan 16.600 millones de euros y que además contemplan ayudas directas que los damnificados no tendrán que devolver y que recibirán de manera ágil y sin papeleo y burocracia", concluye el comunicado de Hacienda. 

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha negado este lunes las acusaciones del empresario y comisionista Víctor de Aldama en su declaración judicial en el Tribunal Supremo y ha asegurado que son "las mismas mentiras" y no ha aportado "ni una sola prueba".

En declaraciones a la prensa antes de participar en un homenaje en el Congreso de los Diputados a las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, Torres ha dicho que hoy se "ha vuelto a vivir lo mismo" que en la declaración judicial de Aldama en la Audiencia Nacional el pasado 21 de noviembre: "las mismas mentiras, las mismas falsedades y ni una sola prueba".

Aldama ha tratado de desmontar en el Supremo la versión del exministro José Luis Ábalos sobre contratos de obra pública, y ha cifrado entre 3,5 y 4 millones de euros las comisiones que dice haber cobrado, de las que una parte fue destinada, sin precisar, al PSOE. Según fuentes jurídicas, el empresario ha relatado asimismo que pagó el alquiler de tres apartamentos turísticos por el barrio de Atocha en Madrid en los que estuvo Ábalos y el ministro Torres, en compañía de mujeres.

"No puede haber pruebas de lo que nunca pasó, de lo que nunca ocurrió. Por tanto, y de nuevo, es un ataque que es inaceptable al honor, a la honestidad", ha considerado Torres. El ministro ha calificado además la declaración de Aldama de "injuriosa y calumniosa" y ha comunicado que examinará junto a sus servicios jurídicos la declaración de hoy del empresario "para ampliar la acción judicial pertinente".

El depuesto presidente sirio, Bachar al Asad, negó el lunes haber traicionado a su pueblo al reaparecer en Moscú, nueve días después de abandonar el poder, tomado por los insurgentes islamistas en rápida ofensiva desde el norte del país.

"La persona que nunca abandonó la resistencia en Palestina y el Líbano, ni traicionó a los aliados que le apoyaron, no puede ser la misma persona que renuncie a su propio pueblo o traicione a su ejército y a la nación a la que pertenece", dijo en una declaración fechada el día de hoy en la capital rusa. El documento, publicado en Telegram por su oficina de prensa, lleva el título "Explicación del presidente Bachar el Asad sobre las circunstancias que le llevaron a marcharse de Siria".

Asad se justifica ante su pueblo

"Durante los últimos acontecimientos no me planteé ni una sola vez la posibilidad de renunciar o solicitar asilo en otro país ni recibí ninguna propuesta al respecto de ninguna parte o individuo. El único plan de acción era continuar luchando contra la matanza terrorista", explica.

Asad, que gobernó con mano de hierro su país desde la muerte de su padre, Hafez, en el año 2000, intentó justificar su fuga, que fue descrita por el embajador sirio en Moscú, Bashar Jaafari, como "vergonzosa y humillante". "Cuando el Estado cae en manos de los terroristas y se pierde la capacidad de realizar una contribución significativa, cualquier cargo queda vacío de contenido y su labor se vuelve inútil", dijo Asad.

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado este lunes que su formación "sostiene" los presupuestos generales del Estado por el "interés en la estabilidad de este Gobierno del Estado", ya que la alternativa es "sustancialmente peor".

Otegi ha señalado en una rueda de prensa en Pamplona, donde se ha reunido la Mesa Política de la coalición, que negociarán con "una posición constructiva" porque cuando EH Bildu está en los acuerdos "gana la gente". "Usaremos los presupuestos para mejorar la vida de la gente de nuestro país", ha dicho, tras afirmar que con este Gobierno se pueden negociar asuntos que serían imposibles con otro.

En otro orden de cosas, Otegi se ha referido a la propuesta de acuerdo presupuestario con el Gobierno vasco y ha explicado que cuando se dice "no", se está diciendo no "a cambiar la política de vivienda o de salarios, no a las siglas de EH Bildu". "Hemos hecho una propuesta que no es táctica, que ha venido para quedarse. Propusimos un acuerdo en términos muy simples, qué hacer con el dinero público que tenemos, dónde invertirlo. Sumar todos los recursos que hay en estos cuatro territorios del sur de nuestro país y ver dónde se invierten", ha recordado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cree que la decisión del Tribunal Supremo de estudiar una demanda presentada por su pareja, el empresario Alberto González Amador, contra la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, por presunta intromisión en su honor, demuestra que “donde el Gobierno intenta echar tierra están siempre saliendo flores”.

En declaraciones a los medios durante la presentación del Plan de Inclemencias Invernales, Díaz Ayuso ha dicho que González Amador es “un ciudadano que se está defendiendo solo ante todos los poderes del Estado, que se han organizado en una operación para intentar destruirme a mí”.

Por ello, más que valorar que el Supremo vaya a estudiar esa demanda por vulneración del derecho al honor de su pareja, Díaz Ayuso ha querido destacar “cómo puede la vicepresidenta del Gobierno y la responsable de Hacienda filtrar o estar detrás de posibles filtraciones de datos particulares de ningún ciudadano”.

La portavoz adjunta de Podemos, María Teresa Pérez, ha exigido este lunes al Gobierno que reactive las medidas del escudo social para mantener indefinidamente la suspensión de desahucios a inquilinos en situación de vulnerabilidad, que vencerá a partir del 31 de diciembre si no se prorroga, según informa EFE.

En una rueda de prensa, Pérez ha advertido de que si esta moratoria decae, esto supondría un "absoluto drama social" para muchas familias afectadas, y ha pedido al Gobierno que no se excuse en el fin de la pandemia o en la inflación por la guerra de Ucrania, y convierta dichas medidas en estructurales.

"Un gobierno que se dice progresista y de izquierdas no puede permitir que los desahucios a personas vulnerables se reactiven", ha subrayado.

El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha acordado mantener separadas a las cuatro acusaciones populares en la causa que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, una postura que choca con la que se sigue en la causa contra el exministro José Luis Ábalos en el mismo tribunal. Hurtado ha dictado un auto en el que justifica que las cuatro acusaciones populares personadas en esta causa dispongan de su propia representación y defensa porque tienen intereses diferentes.

Explica que, aunque existe una generalizada tendencia a agrupar a las acusaciones bajo una misma representación, ello no significa que deba convertirse en regla general sin analizar las circunstancias de cada caso.

El magistrado considera que dos de las acusaciones populares como son el Colegio de Abogados de Madrid y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), tienen intereses corporativos propios, que no coinciden con los del resto de las acusaciones, por lo que deben llevar por separado sus respectivas postulaciones.

Respecto a las otras dos acusaciones, el sindicato Manos Limpias y la Fundación Foro Libertad y Alternativa, el instructor no ve inconveniente a que, por ahora, sigan manteniendo su propia representación y defensa, ya que la diferencia a que sea una más, o dos, las acusaciones populares que intervengan en la causa, en principio, no perturbaría, la buena marcha del proceso.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha advertido este lunes que, con la aprobación hoy del protocolo de objetores de conciencia al aborto en el Consejo Interterritorial, las comunidades que aún no lo tienen se han quedado ya sin "excusas" para ponerlo en marcha, según informa EFE.

"El aborto es un derecho fundamental y nuestra misión es garantizar ese derecho y ese cumplimiento sin excepciones y sin más demoras. La modificación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo garantiza el acceso libre, seguro y gratuito en una sanidad pública, pero su incumplimiento en diferentes lugares de nuestro territorio sigue siendo una realidad inadmisible", ha denunciado la ministra antes de presidir el último Interterritorial del año.