El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha detallado que los servicios jurídicos de su Ministerio están estudiando si la actuación del presidente de Baleares, Gabriel Le Senne (Vox), constituye un delito de odio o incluso de enaltecimiento del franquismo, y ha avisado de que el Gobierno acudirá al Tribunal Constitucional (TC) si el Govern balear continúa con la derogación de la ley autonómica de memoria.
Así lo ha anunciado el ministro en una entrevista en TVE, que ha recogido Europa Press, en la que cuestionado sobre si sería posible tipificar la actuación de Le Senne como un delito de enaltecimiento del franquismo o de humillación a las víctimas, ha dicho que el Ejecutivo estudiará las "responsabilidades judiciales" y si se está "ante un delito de odio" o ante "justamente enaltecimiento del franquismo".
"Vamos a estudiar si estamos ante un delito de odio, si estamos ante justamente enaltecimiento del franquismo, si lo que se ha hecho es un acto que va más allá incluso de lo que es la propia rotura de lo que es una foto, todo eso lo vamos lógicamente a analizar", ha explicado Torres, apuntando a que hay incluso una responsabilidad que "va más allá del ámbito judicial" y que tiene que ver "con la ética y la moral".
El estudio de acciones legales por parte del Ministerio de Memoria Democrática tiene lugar después de que el presidente del Parlament balear rompiera y arrancara a una diputada socialista una foto de Aurora Picornell, una víctima de la dictadura franquista, durante la toma en consideración la derogación de la ley de memoria democrática el martes.
El también expresidente de Canarias ya había dado órdenes en la tarde del martes a los servicios jurídicos de su cartera para que analicen lo ocurrido y emprendan acciones legales, si procede, conforme a la Ley de Memoria Democrática, ante lo que consideró como un hecho "lamentable, aborrecible, violento, antidemocrático e inhumano" y que debería tener la "total condena de cualquier demócrata".
El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra ha asegurado que cree que el expresidente catalán Carles Puigdemont va a tener "difícil" volver a España. "Yo no lo voy a ver, pero tal y como estoy viendo por dónde van las cosas va a ser difícil. Lo va a tener difícil", ha asegurado.
En declaraciones a los medios a su llegada a los Premios al Mérito por España de la Universidad CEU San Pablo, Guerra ha recordado que la decisión de amnistiar la malversación y la desobediencia que se le atribuyen a los líderes del procés, incluido a Puigdemont, corresponde al Tribunal Supremo y no a la Fiscalía, al mismo tiempo que ha manifestado su deseo de que la decisión final sea acorde con la Constitución.
Preguntado acerca de un posible referéndum en Cataluña, el exvicepresidente ha mostrado su rechazo insistiendo en que "no se puede producir" y que sería "absolutamente contrario a la Constitución".
En relación a la financiación singular para Cataluña, Guerra se ha preguntado si alguien ha explicado lo que eso significa. "Si se refieren a que tenga un sistema privilegiado económico, estoy en contra. Si se refieren a que la singularidad de las comunidades tengan un equilibrio en el reparto, estoy de acuerdo", ha manifestado.
El grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR, por sus siglas en inglés) que lidera la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha incorporado este miércoles a nuevos eurodiputados a su grupo, pasando a sumar 83 y superando a los liberales de Renew como tercera fuerza del Parlamento Europeo, que se quedan con 80 escaños.
El grupo parlamentario de Meloni, en donde se sitúa Vox, ha anunciado en un comunicado que suma a varios parlamentarios que estaban sin grupo, caso de Marion Maréchal, Guillaume Peltier y Laurence Trochu, del partido francés de extrema derecha Reconquista.
Además, se suman otros parlamentarios de formaciones conservadoras como el danés, Kristoffer Storm, el búlgaro Ivaylo Valchev, o el lituano Aurelijus Veryga, así como cinco parlamentarios de la Alianza por la Unión de los Rumanos.
Con estas incorporaciones el grupo derechista se sitúa con 83 representantes y supera los 80 eurodiputados de los liberales, precisamente en un momento en el que los líderes de la UE negocian la renovación de la cúpula institucional comunitaria haciendo valer la mayoría parlamentaria que suman 'populares', socialistas y liberales en la Eurocámara.
El Gobierno sostiene que no se han producido avances en la negociación con el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, diese un ultimátum a los de Alberto Núñez Feijóo para cerrar un acuerdo antes de que finalizase el mes de junio.
Aunque el Ejecutivo ha venido reiterando su disposición a alcanzar un pacto para acabar con más de cinco años de bloqueo en el órgano de Gobierno de los jueces, en Moncloa no muestran optimismo y señalan que el hecho de que todavía no se haya fijado una fecha para reunirse con el PP es una mala señal.
Esa reunión tendría que llevarse a cabo, previsiblemente, en Bruselas, entre el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños y el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, los negociadores designados por cada partido, junto a la vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de Estado de Derecho, Vera Jourova, que ejerce de mediadora entre las partes.
Bolaños y Pons ya se han reunido en varias ocasiones durante los últimos meses en Bruselas y Estrasburgo para tratar este asunto, aunque el diálogo no desembocó en un acuerdo y los encuentros se interrumpieron.
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado este martes que "muchas veces" los líderes políticos, entre los que se encuentra el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, "se ven abocados a precipitarse en sus declaraciones" sin "conocer el contenido de la propuesta", en este caso de "financiación singular" para Cataluña.
"Diría que no conoce el contenido de la propuesta --de financiación singular-- y que muchas veces los líderes políticos se ven abocados a precipitarse en declaraciones porque están poniendo antes el parche de que salga el grano", ha deslizado la vicepresidenta del Ejecutivo al ser preguntada por unas declaraciones de Page en las que calificaba de "privilegio" la propuesta de financiación para Cataluña.
De esta forma se ha pronunciado Montero en declaraciones a los medios de comunicación a su entrada al evento 'WomenNow', que ha tenido lugar en Santander. Allí, Montero ha cargado contra un PP que "goza de enorme hipocresía", ya que, según ella, los 'populares' "llevaban en su programa electoral del año 2012 una financiación singular para Cataluña".
La oposición en bloque ha responsabilizado al PP de impedir este miércoles que se tramite la remoción del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, y, por tanto, de permitir que se mantenga en el cargo. "El PP ha elegido a la ultraderecha".
Así lo han indicado los portavoces parlamentarios del PSIB-PSOE, Iago Negueruela; MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia; Més per Menorca, Josep Castells, y la representante de Unidas Podemos en el Parlament, Cristina Gómez, en una rueda de prensa conjunta ofrecida este miércoles tras la Junta de Portavoces.
Cabe recordar que los grupos de la oposición han presentado esta moción de remoción de Le Senne por "negligencia notoria y grave" durante el pleno del martes, en el que el presidente de la Cámara balear arrancó una foto de Aurora Picornell y les Roges del Molinar.
El grupo del Partido Popular Europeo ha renovado este miércoles al alemán Manfred Weber como su presidente para iniciar la nueva legislatura en el Parlamento Europeo que arrancará el próximo 16 de julio y ha elegido a sus diez vicepresidentes de grupo, entre ellos la jefa de la delegación del PP español, Dolors Montserrat.
Es el cuarto mandato que Weber acumula como presidente del grupo parlamentario ‘popular’, que se renueva cada media legislatura, mientras que Montserrat revalida también el cargo que ocupa desde 2023 dentro de la familia europea.
El Partido Popular Europeo se erigió en las pasadas elecciones del 9 de junio al Parlamento Europeo como la fuerza más votada, con 190 escaños de los 720 en juego en toda la Unión Europea; seguido del grupo Socialistas y Demócratas (S&D, con 136) y de Liberales (Renew, con 80).
En su reunión para elegir a la dirección del grupo para los próximos dos años y medio, primera mitad de la legislatura 2024-2029, los eurodiputados ‘populares’ han votado también para nombrar a su decena de vicepresidentes también para un periodo de dos años y medio.
La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo (TS) que amnistíe el terrorismo que se le atribuye al expresidente catalán Carles Puigdemont, al diputado de ERC en el Parlament Ruben Wagensberg y a la plataforma independentista Tsunami Democràtic. La teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez-Conde, ha remitido ya su informe al alto tribunal en el que defiende que "no hay duda" de que los hechos investigados en la causa de Tsunami Democràtic "son incardinables" en la ley de amnistía, "pues se encuentran dentro de los límites temporales por ella y entre los actos susceptibles de ser encuadrados como amnistiables".
Para el Ministerio Público, es "claro" que "ninguno de los hechos investigados" en la causa de Tsunami Democràtic ha causado de "forma intencionada" una "grave violación de los derechos humanos regulados en los artículos 2 y 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y en el derecho internacional humanitario, esto es, muerte, torturas, incluso esclavitud".
Además, la Fiscalía insiste en que es "claro" que a ninguno de los encausados se les imputa haber causado muerte, aborto, ni torturas o tratos humanos o degradantes, por lo que entiende que "los hechos objeto de investigación en la presente causa" son amnistiables.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este miércoles contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que considera que "traga con todo" y que ha colado en el sistema "maniobras propias de una dictadura". "Sanchismo es chavismo", ha sostenido.
Así lo ha trasladado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrado en la Real Casa de Correos, donde ha hecho balance del primer año de legislatura y donde ha sostenido que la situación de la región y del resto de autonomías "sería muchísimo mejor" si el Gobierno de la Nación "no estuviera secuestrado, débil y entregado a los intereses" de, entre otros, "los separatistas".
Ayuso ha alertado de que se están pagando "peajes a delincuentes para seguir en la poltrona" mientras se ha llevado a España "a los peores niveles de calidad democrática desde la dictadura". En este punto, ha señalado que la votación que tuvo lugar ayer en la Junta de Fiscales de Sala, "a manos de un fiscal que jamás ha cosechado prestigio alguno pero que hoy es una vergüenza y un auténtico peligro para la carrera, demuestra la gravedad del momento".
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, considera que el fallo del Tribunal Constitucional que anula la condena por prevaricación en el 'caso de los ERE' para la exministra socialista Magdalena Álvarez es un "indulto por la puerta de atrás". Además, ha denunciado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ya anticipase esa decisión judicial es un mitin de su partido, algo que ha calificado de "sorprendente y alarmante".
Así se ha pronunciado después de que el Pleno del Tribunal Constitucional haya estimado parcialmente el recurso de Magdalena Álvarez contra la sentencia por la que se le condenó a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación en el caso ERE. Ha anulado la condena y ha ordenado a la Audiencia Provincial de Sevilla que dicte una nueva sentencia en la que rebaje la pena.
En declaraciones en el Congreso, Gamarra ha asegurado que éste es el "mayor caso de corrupción de la historia de España que, como no puede ser de otra manera, afecta al Partido Socialista" y ha añadido que eso "no hay ninguna sentencia del Constitucional que lo pueda borrar".
"Hoy no es un buen día para todos aquellos que creemos en la lucha implacable contra la corrupción en nuestro país", ha enfatizado, para subrayar que 680 millones de esa "trama" con "más de cien" ramificaciones no llegó a los parados sino que "se desvió a amigos, a familiares o a la compra de cocaína".
La Fiscalía ha pedido este miércoles al Tribunal Supremo (TS) que aplique la ley de amnistía a la malversación y la desobediencia que se le atribuye a los líderes del procés, incluido el expresidente catalán Cales Puigdemont.
El Ministerio Público también reclama la amnistía para los exconsejeros procesados en rebeldía Toni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsatí, y para la secretaria general de ERC, Marta Rovira; así como para el exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras y para los exconsejeros condenados Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.
Asimismo, aboga por levantar las órdenes nacionales de detención que pesan sobre Puigdemont, Puig, Ponsatí y Rovira. Y pide declarar el archivo de la causa que se mantiene abierta en su contra.
Así consta en el escrito, recogido por Europa Press, que el Ministerio Público ha presentado ante el alto tribunal bajo la firma de la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, y del fiscal de Sala jefe de lo Penal de la Fiscalía del TS, Joaquín Sánchez-Covisa.
Ambos fiscales han asumido la causa del procés por encargo del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de que ayer martes la Junta de Fiscales avalara su postura sobre la ley de amnistía frente a la de los cuatro fiscales que llevaban el procedimiento y que participaron en el juicio celebrado en 2019.