Más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales de la Comunitat Valenciana han convocado una nueva manifestación el próximo 1 de febrero para exigir la dimisión del president de la Generalitat, Carlos Mazón, tres meses después de las riadas por la dana que dejaron más de 200 fallecidos.
Se trata de la cuarta manifestación que se celebra para exigir la dimisión del president por su gestión de la dana, tras las del 9 de noviembre, que reunió a 130.000 personas, la del 30 de noviembre, con casi 100.000, y la del 29 de diciembre, con cerca de 80.000 asistentes, según los datos de la Delegación del Gobierno.
La protesta, que llevará de nuevo por lema "Mazón dimisión", partirá a las 18:00 horas de la plaza del Ayuntamiento de València, mientras que el día en que se cumplen tres meses de la dana, el 29 de enero, se llevarán a cabo actos en varias localidades, como por ejemplo Alicante, Alcoy o Burjassot.
Según han informado este martes los convocantes, la convocatoria responde a "la inactividad, la falta de responsabilidad y la gestión nefasta" del Consell ante la catástrofe del pasado 29 de octubre, y pretende exigir "justicia, reparación y dignidad".
La manifestación recorrerá las calles de las Barcas, Poeta Querol, Paz, plaza de la Reina, Bordadores y Micalet para acabar en la plaza de la Virgen y pretende visibilizar "la censura que se está empezando a poner en marcha, la falta de transparencia, la impunidad, la falta de responsabilidad y la incompetencia en la reconstrucción".
Al menos 387 migrantes han llegado a lo largo de martes a las costas canarias, concretamente a El Hierro y Tenerife, a bordo de embarcaciones precarias, mientras Salvamento ha salido en busca de otros dos cayucos en aguas cercanas a La Restinga, en la isla del meridiano.
Según han informado a EFE fuentes de la sociedad estatal, el último rescate se ha producido a 33 millas náuticas de El Hierro tras la intervención del avión Sasemar 102 y la salvamar Ácrux, que pudo rescatar a alrededor de 80 personas que van rumbo a La Restinga, al sur de El Hierro.
En esta isla también están activos otros dos rescates tras detectarse dos ecos en el radar SIVE de la Guardia Civil, a siete y tres millas náuticas cada una.
Además, cerca de la una de la tarde desembarcaron en el puerto de Los Cristianos a los ocupantes de una embarcación que fue localizada cerca de Punta Rasca, al sur de Tenerife, y en la que viajaban 91 personas, entre ellas un número indeterminado de mujeres y menores que fueron puestos a salvo tras intervenir las salvamar Adhara y Alpheratz.
A lo largo de la mañana también se rescató cerca de El Hierro a 46 migrantes, entre ellas cuatro mujeres, que viajaban a bordo de una embarcación precaria, después de que por la mañana arribaran otros dos cayucos con un total de 170 personas a bordo, repartidos en dos barcazas en las que viajaban 89 y 81 personas respectivamente.
Los líderes de los siete pueblos originarios de Panamá rechazaron este martes el "reclamo irresponsable" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a "recuperar" el canal interoceánico, y defendieron la soberanía panameña sobre la vía que une el Atlántico y el Pacífico.
"El Canal de Panamá, hoy y siempre, seguirá siendo del pueblo Panameño", expresó en una declaración pública el Consejo Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas (Coonapip), integrado por los líderes de los siete pueblos originarios y las 12 estructuras de Congresos y Consejos indígenas de Panamá.
El Consejo señaló que las afirmaciones de Trump violan "flagrantemente los Tratados Torrijos Carter" firmados en 1977 y que cristalizaron la reversión del canal y sus áreas adyacentes a Panamá tras "una lucha generacional y el apoyo internacional" haciéndose así "justicia al reclamo histórico" del país centroamericano.
En Panamá hay siete etnias indígenas Emberá, Wounaan, Guna, Ngäbe, Buglé, Naso y Bri-Bri, agrupadas territorialmente en seis comarcas, emberá-wounaan, guna yala, ngäbe-buglé, madugandí, wargandí y la reciente naso.
La mayoría de los indígenas, que representan el 17,2 % de los 4,2 millones de habitantes de Panamá, vive en la pobreza, especialmente los que permanecen en las comarcas.
El canal es un pilar de la economía de Panamá. Entregó en diciembre pasado al fisco un aporte anual de 2.470,7 millones de dólares, que se invertirán en proyectos para el desarrollo nacional, según dijo el presidente panameño, José Raúl Mulino.
"Compatriotas, como presidente quiero expresar de manera precisa que cada metro cuadrado del Canal de Panamá y sus zonas adyacentes es de Panamá y lo seguirá siendo. La soberanía e independencia de nuestro país no son negociables", dijo Mulino el pasado 22 de diciembre, un día después de que Trump hablara de recuperar la vía, un mensaje que ha reiterado el gobernante ante la insistencia del presidente estadounidense.
El Instituto Valenciano de la Edificación (IVE) de la Generalitat ha llevado ya a cabo más de 9.500 inspecciones en edificios de 54 municipios afectados por la dana y ha determinado que 305 de ellos deben ser demolidos total o parcialmente.
Así lo ha indicado este martes la vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, quien ha informado además de que se han decretado 1.458 viviendas inhabitables, "que no quiere decir que no se puedan volver a habitar", y 516 desalojos de viviendas, así como que se han realizado 200 apuntalamientos.
La también consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha precisado que las inspecciones se realizan con técnicos y profesionales y permiten a los vecinos "tener esa tranquilidad de poder volver a sus casas con seguridad".
En relación con el accidente, con una víctima mortal y un herido, el pasado sábado por el derrumbe de una escalera en un garaje afectado por las inundaciones en Benetússer, ha indicado que el trabajador falleció realizando unas labores de limpieza de lodos.Estos trabajos, ha recordado, han sido asumidos por la Diputación de Valencia con el contrato de distintas empresas para agilizar esa limpieza de los garajes, "ante la imposibilidad de los propios propietarios y de los ayuntamientos" de llevarla a cabo.El trabajador fallecido y el herido "llevaban semanas trabajando en el mismo edificio" y un día después del accidente iban a regresar a sus lugares de origen, en Cartagena y Algeciras, respectivamente, ha informado Camarero.
Fue "un accidente muy trágico, que está bajo investigación" en la que colabora también el IVE, ha precisado.
El Gobierno ha aprobado hoy más de 161 millones de euros al Plan de Publicidad y Comunicación Institucional 2025 de sus ministerios, un 16,6 % más que el año pasado, con 146 campañas con las que pretende "difundir información relevante para toda la ciudadanía".
Así se desprende de la página web de La Moncloa, que cifra el plan en radios, prensa, revistas y formatos interactivos en 146,16 millones de euros, mientras destinará otros 109,57 millones a la comunicación comercial, es decir las campañas de algunos organismos y centros que pertenecen a la administración central.
El año pasado el Gobierno invirtió en publicidad y comunicación institucional un total de 138.299.864 euros y en las comerciales otros 131.760.443.
Las campañas del Ministerio de Interior para la seguridad vial están a la cabeza de la inversión con más de 11,4 millones de euros, al igual que las del Ministerio de Igualdad para erradicar la violencia contra las mujeres, con más de 10 millones a los que se suman 1.245.000 euros contra al discriminación.
Le siguen en inversión las campañas del Ministerio de Economía con casi 5 millones de euros, así como las de Vivienda y Agenda Urbana (3,5 millones, aproximadamente) y Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, departamento que tendrán un presupuesto de 3,4 millones para temas como la sostenibilidad y la lucha contra las adicciones.
El Gobierno de Aragón ha pedido explicaciones al Ejecutivo central por el traslado de migrantes procedentes de Canarias en aviones del ejército a la base aérea de Zaragoza sin informar a la comunidad, una medida "puntual y extraordinaria", según la Delegación del Gobierno en Aragón, que no ha supuesto que se amplíen las plazas destinadas a su atención en la región.
Desde la Delegación del Gobierno de Aragón han expresado su malestar porque se utilice políticamente un tema tan sensible como es la atención a las personas migrantes y que se critique que no se ha informado "cuando no hay ninguna ampliación ni nueva apertura de la que informar".
Aunque habitualmente los traslados de personas migrantes que llegan a Canarias al resto del país para ser atendidos en centros gestionados por distintas entidades se realizan en vuelos civiles, han apuntado estas fuentes, la Secretaría de Estado de Migraciones solicitó al Ministerio de Defensa el uso de dos aviones del Ejército del Aire para reforzar la gestión del repunte de llegadas a las islas en las fechas navideñas.
Se hicieron así dos vuelos militares en unas fechas de gran demanda en vuelos regulares, han explicado, uno el 31 de diciembre desde El Hierro, y otro desde Lanzarote, el 9 de enero, con cien personas cada uno, que aterrizaron uno en Torrejón y otro en la Base Aérea de Zaragoza, desde las que se trasladaron a otros puntos de España que no se pueden, han aseverado, facilitar.
Conocida la realización de estos vuelos, el presidente del Ejecutivo aragonés, Jorge Azcón, ha considerado este martes "inadmisible" que el Gobierno de España traslade inmigrantes hasta Aragón "con secretismo" y sin avisar a las autoridades autonómicas.
"No es la primera vez que ocurre y en anteriores ocasiones se faltó a la verdad sobre los términos en que se hicieron esos traslados", ha añadido en su cuenta de la red social X, donde ha exigido "explicaciones inmediatas" al Gobierno Central y saber si algunos de esos inmigrantes han sido alojados en Aragón. Azcón ha aseverado que "sin lealtad, responsabilidad y colaboración institucional cualquier política de inmigración es imposible".
Sumar ha defendido este martes la necesidad de "democratización" y de "reestructuración profunda" del sistema judicial ante "su aparente falta de imparcialidad y de neutralidad", en una comparecencia en la que ha valorado la aprobación de un anteproyecto para modificar la ley del Poder Judicial, aunque con matices.
El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y portavoz en temas de Justicia del Grupo Plurinacional Sumar, Enrique Santiago, se ha referido en rueda de prensa a la aprobación por parte del Gobierno de un anteproyecto para modificar esa ley, de 1985, que prevé un sistema público de becas de 4 años de duración por el valor del salario mínimo interprofesional (SMI) para los opositores que quieran acceder a la carrera judicial y que prohibirá también la financiación privada de las asociaciones judiciales.Santiago ha afirmado que se trata de "una propuesta positiva", aunque Sumar hubiese querido "que fuera más allá", y ha anunciado que intentará que así sea en el período de enmiendas.
Ha hecho un llamamiento al Partido Socialista "para que se mantenga y no se deje llevar por las presiones" de la derecha y de ultraderecha, y ha anunciado que trabajará con todos los grupos parlamentarios "para conseguir el máximo apoyo, en especial de las fuerzas parlamentarias democráticas, que saben que es necesario acabar con esta utilización política del Poder Judicial".
Ha añadido que "quizá la tarea más importante que tenemos por delante" sea "la democratización, la reestructuración profunda de un sistema judicial que tiene realmente preocupado a la inmensa mayoría de este país, ya que no hay día que no haya una noticia que nos escandalice por la aparente falta de imparcialidad y de neutralidad".
El eventual ingreso de Ucrania en la OTAN, como máxima garantía de seguridad, depende en última instancia de Donald Trump, quien acaba de asumir la presidencia de EE.UU., según el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.
Tras intervenir ante la asamblea anual del Foro Económico Mundial (WEF), Zelenski comentó a un grupo de corresponsales que, si bien hay "cuatro países" miembros de la OTAN que, a día de hoy, se oponen a la adhesión de Ucrania, en realidad todo dependería de una decisión favorable de Estados Unidos. "La mayoría de los aliados lo apoya, pero cuatro países se oponen a nuestra adhesión a la OTAN: Estados Unidos, Alemania, Eslovaquia y Hungría", pero a la hora de la verdad, "todo depende de los Estados Unidos y, específicamente, de su presidente", comentó Zelenski tras intervenir ante la conferencia anual del WEF en esta localidad de las montañas suizas.
"Si el presidente Trump quiere ver a Ucrania en la OTAN, todos lo apoyarán; si él no está preparado para ello, no estaremos en la OTAN", dejó claro. En su opinión, la pertenencia a la Alianza Atlántica sería una garantía no sólo para Ucrania, sino también para EE.UU., Europa "y la propia Rusia", porque, argumentó, "la OTAN representa un compromiso: dentro de ella, Ucrania no podría en el futuro ir contra Rusia".
Para EE.UU. y Europa sería, además, la solución "más barata", frente a propuestas como el despliegue de fuerzas europeas de mantenimiento de la paz. Zelenski no quiso responder a la pregunta de cuántos soldados extranjeros serían necesarios, llegado el caso, pero indicó que 200.000 representa "un mínimo".
Insistió en que su país nunca reconocerá legalmente la ocupación por Rusia de una parte de su territorio, y que tratar a las dos partes en este conflicto en pie de igualdad constituye ya "una derrota para Ucrania". "Nosotros somos las víctimas, no empezamos la guerra. Fue (el presidente ruso, Vladímir) Putin quien lo rompió todo. Él es el culpable", subrayó. "Y no quiere poner fin a la guerra, porque no ha alcanzado el objetivo que se marcó, que era acabar con la independencia de Ucrania".
Uno de los líderes políticos de Hamás, Zaher Yabarin, acusó este martes al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de trasladar la guerra desde Gaza a Cisjordania ocupada para mantenerse en el poder, después de que las fuerzas israelíes anunciaran el comienzo de una macrooperación en Yenín.
"En Cisjordania, Netanyahu quiere ahora una guerra abierta con los hijos del pueblo palestino para mantener su liderazgo", dijo Yabarin a la cadena catarí Al Jazeera, en declaraciones compartidas por el grupo islamista. Yabarin, responsable de las operaciones del grupo en Cisjordania ocupada, dejó claro que el pueblo palestino está "preparado para hacer lo posible para expulsar a la ocupación".
La ciudad de Yenín y su campamento de refugiados, en el norte de Cisjordania, es uno de los bastiones históricos de las milicias palestinas, y suele ser escenario de violentas redadas israelíes. Este martes, el Ejército israelí anunció el comienzo de una operación a gran escala contra la localidad, a la que apodaron "Muro de hierro", y al menos ocho palestinos han muerto desde que comenzó la incursión, este mediodía.
Netanyahu defendió la ofensiva en un mensaje en el que dijo que Israel pretende "erradicar el terrorismo" en la zona.
Cabe destacar que la macrooperación llega dos días después del comienzo del alto el fuego en la Franja de Gaza, que incluye un intercambio semanal de rehenes israelíes por prisioneros palestinos en cárceles de Israel.
El presidente autonómico de Groenlandia, Múte B. Egede, mostró este martes su disposición a dialogar con el nuevo Gobierno estadounidense del presidente Donald Trump, pero resaltó que la isla "no está en venta", según informa EFE.
"Estamos trabajando en una reunión para explicar cuál es la posición de Groenlandia", dijo en rueda de prensa en Nuuk (capital groenlandesa) Egede, quien recordó que si Estados Unidos quiere tener mayor influencia sobre la isla tiene que hablar con su Gobierno.
Trump ha reiterado en varias ocasiones en las últimas semanas, la última ayer tras ser investido presidente, la necesidad de controlar esta isla autónoma, que le quiere comprar a Dinamarca, y no ha descartado acciones de fuerza o sanciones económicas contra Copenhague si no cede. "Nuestro país y nuestra población son los que decidirán qué va a ocurrir. Otros países no pueden decidir qué haremos", afirmó Egede, reiterando que los groenlandeses no quieren ser "ni estadounidenses ni daneses".
El mandatario groenlandés admitió que la situación es "difícil", a la vez que llamó a la calma y a la unidad de esta isla de más de 2 millones de kilómetros cuadrados -el 80 % cubierto de hielo de forma permanente- y habitada por unas 57.000 personas.
Horas antes de la comparecencia, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, se reunió con los líderes de varios partidos políticos en Copenhague para tratar la cuestión, y también hubo otra reunión del Gobierno con representantes empresariales y sindicales.
Sareb no ha recibido ninguna oferta en la primera fase del conocido como 'Proyecto Viena', que incluía 50 suelos en los que levantar 3.770 viviendas de alquiler asequible y abrirá un periodo de análisis con el sector para valorar las causas y plantear los cambios que sean precisos para poder relanzarlo.
El lunes se cerró el plazo para que los interesados pudieran presentar sus ofertas a la licitación de esta primera fase, de más de 460 millones de inversión, y que tenía como finalidad la construcción de viviendas de alquiler asequible en suelos cedidos por la sociedad durante 80 años en 39 municipios ubicados en grandes ciudades o en su área de influencia.
Sin embargo, Sareb no ha recibido ninguna oferta en la licitación de estos primeros lotes, según ha apuntado en un comunicado.