La Fiscalía del Tribunal Supremo ha derivado a la de la Audiencia Nacional la denuncia que presentó el cabecilla de la presunta estafa piramidal de Madeira Invest, Álvaro Romillo, en la que confiesa haber entregado al eurodiputado Alvise Pérez 100.000 euros con los que habría financiado la campaña electoral.
Romillo presentó esta denuncia ante la Fiscalía del Supremo al ser Alvise Pérez aforado, y en ella relata, entre otros hechos, que el pasado 27 de mayo hizo entrega de ese dinero al líder de Se Acabó La Fiesta, la agrupación de electores con la que en junio concurrió a las elecciones europeas y obtuvo su escaño.
Ahora, el fiscal del Supremo Fernando Rodríguez ha acordado en un decreto remitirla a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para que ésta pida su incorporación al Juzgado Central de Instrucción número 4, al constatar que ya investiga varias denuncias contra Romillo, y que incluyen los hechos que se atribuyen a Alvise Pérez.
En cuanto a la condición de aforado de éste, la Fiscalía recuerda que el titular del Juzgado, José Luis Calama, al declararse competente para investigar estos hechos rechazó "por prematura" la inhibición al Tribunal Supremo, "sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 118 bis LECrim", que permite ejercer el derecho de defensa a un diputado o senador cuando se le impute un acto punible.
El Consejo de Informativos de RTVE rechaza el decreto del Gobierno por el que se rebaja la mayoría actual para renovar el Consejo de Administración del ente público, e insiste en "la necesidad de establecer mayorías cualificadas para garantizar la pluralidad y la máxima representatividad".
En un comunicado hecho público este martes, el Consejo se refiere a la aprobación en el Consejo de Ministros de un decreto en el que rebaja la mayoría requerida para renovar el Consejo de Administración de RTVE, de modo que no será imprescindible un acuerdo entre el PSOE y el PP y bastará la mayoría absoluta del Congreso y del Senado en segunda votación para la designación de nuevos consejeros.
El decreto facilita así la renovación del Consejo de RTVE ya que hasta ahora era necesaria una mayoría de dos tercios para esa renovación.
El Consejo de Informativos insiste en "la necesidad de establecer mayorías cualificadas para garantizar la pluralidad y la máxima representatividad en el órgano de gobierno de la radiotelevisión pública". Y hace un llamamiento a las fuerzas políticas para "alcanzar acuerdos amplios y mantener el concurso de méritos como mecanismo para garantizar la idoneidad y capacitación de los consejeros".
El Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid ha cumplido su promesa y solicitará la comparecencia en la comisión de investigación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de su esposa, Begoña Gómez.
Así lo han trasladado a los periodistas al filo de que acabase el plazo para presentar el listado de comparecientes, que finalizaba este martes a las ocho de la tarde, y ha sido el último partido en dar conocer los nombres para la comisión que, según las previsiones, arrancará el 13 de noviembre con la citación de Gómez y Goyache, como ya avanzó hace semanas el PP.
A pesar del posible llamamiento de Sánchez a la Asamblea de Madrid, donde los populares tienen la mayoría absoluta, esta comparecencia es bastante improbable ya que el presidente del Gobierno no está obligado a declarar en los parlamentos autonómicos, porque su responsabilidad es hacerlo en el Congreso de los Diputados o el Senado.
Junts per Catalunya ha anunciado este martes que permitirá la tramitación en el Congreso de la proposición de ley para combatir el uso fraudulento de los contratos de alquiler de temporada y de habitaciones, que sus siete diputados tumbaron por sorpresa hace más de un mes.
La diputada Marta Madrenas ha explicado, en declaraciones en el Congreso, que Junts facilitará esta vez la tramitación, una vez que los promotores de la iniciativa (ERC, Sumar, EH Bildu y BNG) la van a volver a registrar con algunos cambios pactados con ellos que la acercan al reglamento europeo.
A falta de registrar el texto, desde ERC, Pilar Vallugera ha explicado que el nuevo texto se basa en el "respeto a las competencias", incluso en la "ampliación de estas competencias", de forma que los alquileres turísticos deban ser "diseñados y regulados por los ayuntamientos", y los de temporada por el Estado (al estar incluidos en la Ley de Arrendamientos Urbanos), y a partir de aquí las comunidades autónomas tengan "toda la capacidad para modificarlo".
Tras apuntar que son cambios "básicamente técnicos", la diputada ha señalado que los grupos que apoyaron la ley de vivienda consideran que tienen el "deber de completar esa ley" con la regulación de los alquileres de corta duración, tras constatar que la oferta de alquiler permanente en Cataluña se ha trasladado a ese mercado, ya que son "mucho más rentables y no están sujetos al tope de subida de alquiler".
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reprochado a Vox este martes en el Senado que sea tan "simple" en sus soluciones ante el fenómeno migratorio, como la expulsión masiva de inmigrantes en situación de irregularidad: "No estamos en la época del colonialismo, es otra época en la que trabajamos", ha recalcado.
"¿Qué creen ustedes, que van a retornar poniendo a los migrantes irregulares en un avión? ¿Se creen que les van a aceptar en cualquier país?", ha señalado el ministro en su respuesta a una pregunta del senador de Vox Ángel Pelayo Gordillo.
Marlaska también se ha referido a los centros de retención para inmigrantes puestos en marcha por la primera ministra italiana, Georgia Meloni, en Albania, un modelo que ha sido rechazado por la Justicia italiana, que ha ordenado llevar de vuelta a los migrantes a Italia.
"¿Ve cómo intentar ser demasiado perspicaz, según ustedes, en la lucha contra la inmigración no tiene éxito cuando se vulneran los derechos fundamentales y la ley internacional en materia humanitaria?", ha señalado el ministro sobre este modelo que, ha subrayado, el Gobierno de España no aprueba.
El Pleno del Congreso emprenderá el próximo martes 29 de octubre la tramitación por la vía de urgencia de la reforma de la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, según ha acordado este martes la Junta de Portavoces.
El pleno debatirá la toma en consideración del texto pactado por PSOE, Sumar, EH Bildu y al que se han sumado ERC, el PNV y BNG, en un nuevo intento de cambiar la ley vigente desde 2015 y cuya reforma ya ha fracasado en dos ocasiones.
La proposición de ley, registrada en la primera semana de octubre, es fruto del acuerdo sobre los cuatro artículos en los que hasta el momento no ha habido consenso: el material antidisturbios, la desobediencia y resistencia, las faltas de respeto a la autoridad y las devoluciones en caliente.
En concreto, se plantea la retirada progresiva de las pelotas de goma y su sustitución por medios menos lesivos, así como terminar con las sanciones "injustificadas o basadas en interpretaciones subjetivas" en las faltas de respeto a la autoridad.
El ministro del Interior de Austria, el conservador Gerhard Karner, planteó este martes que la Unión Europea estudie opciones legales para deportar a migrantes a Siria y Afganistán, dos países inmersos en largos conflictos internos.
"También es necesario, y sé que no es algo fácil, que discutamos cómo podemos retomar las devoluciones a Siria y Afganistán", declaró Karner en su intervención en una conferencia del Centro Internacional para el Desarrollo de Política Migratoria.
Para el ministro, la UE debe defender mejor sus fronteras externas, trabajar más con los países de origen y conseguir un sistema de devolución de inmigrantes más eficaz. Además, añadió que, aunque se han logrado avances, es esencial fortalecer la cooperación con terceros países considerados seguros y mejorar el marco legal europeo para facilitar las deportaciones.
"Una política funcional de devoluciones es un aspecto importante de un sistema migratorio creíble", declaró Karner, que aplaudió los pasos en esa línea dados por la Comisión Europea.
Junts se ha unido a los votos del PP y Vox para rechazar en el Congreso de los Diputados una iniciativa de Sumar y PSOE que perseguía controlar y frenar la creación de nuevas universidades privadas.
La Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso ha rechazado la proposición no de ley de Sumar que instaba a reformar las distintas normativas universitarias para que en la creación de nuevas universidades resultara vinculante un informe preceptivo de la Conferencia General de Política Universitaria.
La iniciativa que había sido apoyada por el PSOE también pedía reforzar "significativamente los requisitos académicos de profesorado, de investigación, de solvencia económica y de equipamientos e infraestructuras" con el fin de garantizar los estándares de calidad en las propuestas de nuevas universidades y para que las administraciones pudieran actuar en caso de que hubiera que corregir requisitos que no se cumplen.
El diputado de Sumar Francisco Sierra ha criticado que se esté "especulando" con la educación universitaria y ha lamentado que en los últimos años se hayan creado "universidades monotemáticas y corporativas, mientras las universidades públicas están en la cuerda floja".
Un hombre ha matado a su mujer en el municipio almeriense de La Mojonera en el domicilio de ambos donde estaba una niña de tres años, una de las cuatro hijos de la pareja y posteriormente se ha entregado a la policía local.
Así lo ha explicado a EFE el alcalde de la localidad, José Miguel Hernández, quien ha informado de que sobre las 12.30 horas el presunto autor se ha presentado ante la Policía Local para confesar el crimen.
Ha indicado que el matrimonio, de oriegn marroquí, residía en la calle Cuarta de La Mojonera junto a sus cuatro hijos –de tres, seis, 14 y 19 años–, que han quedado bajo la atención de familiares, que también residen en este municipio.
"Ahora estamos viendo con la Delegación del Gobierno de la Junta y con la Subdelegación del Gobierno qué se puede hacer, porque ha dejado cuatro hijos y cómo está la situación, por qué le ha cogido allí, en la casa, a la niña de tres años", ha precisado.
El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha avisado al PSOE de que la legislatura puede depender de la "encrucijada" con vivienda y ha pedido a la ministra del ramo, la socialista Isabel Rodríguez, que lleve "propuestas" y no "excusas" a su comparecencia este miércoles en el pleno.
"La ministra y el PSOE tienen que saber que su ministerio se encuentra en una verdadera encrucijada de la que puede depender la legislatura. O se está con los rentistas o con el cumplimiento de la Constitución española", ha afirmado en una rueda de prensa en el Congreso.
Errejón ha dicho que es "insostenible permanecer más tiempo con los brazos caídos" en materia de vivienda y ha asegurado que su grupo estará muy atento a lo que diga la ministra este miércoles en el pleno del Congreso de los Diputados, donde comparece presionada por sus socios de Gobierno de Sumar y otros socios parlamentarios. "La ministra no puede llegar con excusas. Tiene que llegar con propuestas", ha añadido.
El portavoz parlamentario de Sumar asegura que los socialistas son "conscientes de la relevancia de la comparecencia" de este miércoles, por lo que confía en que "actuarán en consecuencia", pero no sabe si la ministra presentará alguna medida nueva. "Deseo que sí. Pero espero que no sean bromas de mal gusto (...) ni globos sonda", ha declarado.
El juez Juan Carlos Peinado ha citado como testigo para el 18 de noviembre al director de la asesoría jurídica de la Universidad Complutense de Madrid, Gabriel Ramón Navarro, en el marco de la investigación a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El magistrado Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha acordado esta nueva citación en una providencia, a la que ha tenido acceso EFE, en la que emplaza a Navarro a comparecer ese día a las 11:30 horas.
Para esa misma fecha, el juez ya había citado también como testigo al exconsejero madrileño Juan José Güemes, a quien una directiva del Instituto de Empresa señaló esta semana como la persona que dio la orden de contratar a la mujer del presidente del Gobierno en la institución.
El juez Peinado investiga en esta causa presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias que, además de contra Begoña Gómez, se dirige contra el empresario Juan Carlos Barrabés y el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache.