El PSOE admite contactos recientes con el PP para renovar el CGPJ y espera llegar a un acuerdo en próximos días

El PSOE y el PP han reconocido este lunes contactos para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato lleva cinco años y medio caducado, unas conversaciones que podrían materializarse en "los próximos días" después de que encallaran por enésima vez en octubre de 2022.

De hecho, la portavoz del PSOE, Esther Peña, ha admitido que espera un acuerdo "más pronto que tarde" con el PP sobre el órgano de gobierno de los jueces. "Hay optimismo para que dentro de unos días esto sea una realidad", ha asegurado en una rueda de prensa en la sede del PSOE tras la reunión de la Ejecutiva socialista.

El pasado 12 de junio, Sánchez dio un ultimátum al PP al fijar este mes como fecha límite para alcanzar un acuerdo en el CGPJ. Entonces advirtió al primer partido de la oposición que si no se avenía a pactar, llevaría a cabo una reforma del Consejo para quitarle la facultad de nombrar jueces del Tribunal Supremo y de los tribunales superiores de Justicia.

Sin embargo, los contactos se han intensificado en los últimos días y ahora ambas formaciones se ven más cerca de poner fin a un Consejo General del Poder Judicial con el mandato caducado desde hace más de cinco años.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha afirmado este lunes que las empresas del Ibex deben aplicar antes que el resto la Ley de Paridad, tal como establece la norma que está en tramitación parlamentaria, pues considera que estas tienen que "dar ejemplo" a las pequeñas y medianas empresas.

En concreto, la Ley Orgánica paritaria y presencia equilibrada de hombres y mujeres establece que la norma deberá aplicarse a las compañías del Ibex antes del 30 de junio de 2025, mientras que el resto de empresas cotizadas lo tendrán que hacer en 2026 y, en cambio, sindicatos y asociaciones empresariales tienen margen hasta 2028.

"Tienen que dar el ejemplo, ser el ejemplo para las empresas más pequeñas y medianas para que sigan también avanzando, que sigamos entre todos consiguiendo una paridad efectiva", ha dicho Cuerpo sobre el tema a su salida de la Comisión Mixta para la Unión Europea, donde ha informado este lunes sobre el avance de los fondos europeos.

La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo (TS) ha hecho este lunes un nuevo llamamiento a "quienes tienen en su mano" la "responsabilidad" de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que actúen "sin más demora", toda vez que entiende que "el perjuicio causado" a la judicatura por la situación de interinidad que atraviesa desde diciembre de 2018 es "enorme".

Así consta en el acuerdo adoptado, recogido por Europa Press, en el que la Sala de Gobierno insiste en que el bloqueo a la renovación del órgano de gobierno de los jueces se traduce en un "menoscabo del derecho de de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva por el mayor tiempo requerido para resolver sus recursos y por la degradación de instituciones esenciales para la garantía de sus derechos e intereses".

Apunta, además, que la falta de renovación genera una "seria alteración del normal funcionamiento del Tribunal Supremo y de los demás órganos judiciales afectados" y un "esfuerzo añadido que exige a los magistrados que los sirven".

El acuerdo tiene lugar a raíz de una petición de 33 magistrados del Supremo, que han elevado el asunto a la Sala de Gobierno al considerar que el alto tribunal "no puede ser ignorado desde los otros poderes del Estado ni ser objeto de descalificaciones genéricas, procedentes de la clase política".

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 3 años y medio de prisión impuesta por un juzgado de lo penal de Gijón, ratificada por la Audiencia Provincial de Asturias, a seis personas por un delito continuado de coacciones graves y de un delito contra la administración de justicia por actos de hostigamiento al propietario de un comercio, que provocaron su cierre. Se trata de las conocidas como Las 6 de La Suiza, seis sindicalistas de la CNT que protestaron por el acoso que sufrió una trabajadora de esa pastelería.

Según fuentes del TSJA, la Sala considera acreditado que las seis recurrentes vinculadas al sindicato CNT participaron en una campaña de hostigamiento y de coacciones a un empresario hostelero que había sido jefe de una de las condenadas. Los hechos se remontan a junio de 2016 cuando la pareja sentimental de esta recurrente se presentó en el lugar de trabajo de su mujer y mantuvo un altercado con el empresario, que culminó con una denuncia del hostelero por amenazas y daños en su local.

Según los hechos ahora confirmados, la empleada, a raíz de la apertura de juicio oral contra su pareja dejó su empleo, entró en contacto con el sindicato CNT y se concertó con los acusados para iniciar una campaña de presión sobre el empleador y su familia. Entre otros actos, la sentencia confirmada detalla la convocatoria a través de las redes sociales de concentraciones delante del establecimiento con pancartas, la entrega de pasquines contra el empresario, así como la difusión de un vídeo en el que le denunciaban por acoso laboral y sexual.

Las recurrentes, según el relato de hechos, incrementaron durante varios meses las acciones de boicot y presión hacia el empresario y su familia porque éste se negó a indemnizar a la empleada por despido improcedente y a retirar la acusación contra la pareja de ésta. Las concentraciones delante de la empresa terminaron cuando el empleador decidió cerrar su negocio. El cierre, según la sentencia, fue la consecuencia directa de la presión, constante y reiterada y desproporcionada derivada del número de concentraciones realizadas como respuesta por no acceder a las pretensiones de los acusados.

El TS señala que de los hechos probados se desprende "una actuación concertada de los recurrentes para presionar al empresario del local para conseguir sus fines, entre ellos la retirada de una denuncia interpuesta por el empresario contra la pareja de una trabajadora".

El partido alemán de extrema derecha AfD constituirá la próxima semana en el Europarlamento el grupo Los Soberanistas, según el diario Der Spiegel. Ahí se integrará la formación de Alvise Pérez, Se acabó la fiesta (SALF), con tres eurodiputados. Otros partidos con los que coexistirá, además del propio AfD, serán el francés Reconquête!, el griego Niki y el polaco Konfederacja.

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La secretaria de Organización de Sumar, Lara Hernández, ha afirmado que no confía en que el PP acceda a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que, en caso de naufragar de nuevo la negociación entre populares y el PSOE, reclama que se acometa una reforma del sistema de elección para rebajar las mayorías ante situaciones excepcionales de bloqueo.

En rueda de prensa en el Espacio Rastro de Madrid, Hernández ha expresado sus recelos sobre la voluntad del PP de remodelar a los vocales del órgano de gobierno de los jueces, que llevan cinco años con mandato caducado, y que la postura de Sumar es clara de persistir la situación, al apuntar que habrá que cambiar la ley.

Cuestionada sobre si comparten la postura del PSOE, que ha admitido contactos recientes con los populares y esperan llegar a un acuerdo en próximos días, Hernández ha respondido que no le consta información sobre avances y que ahora toca ser prudentes.

Y respecto a si Sumar podría desmarcarse de un acuerdo entre PSOE y PP que no satisfaga al socio minoritario de la coalición, ha señalado que no entra en futuribles ni "van a ponerse la tirita antes de la herida". "Insisto, hay que modificar esa ley de mayorías y me remito simplemente a esto que acabo de apuntar", ha desgranado la secretaria de Organización.

En el seno de la formación insisten en su escepticismo respecto a que el PP acceda a renovar el órgano de gobierno de los jueces y que hace una semana el mensaje del Ejecutivo era que había que acometer reformas.

El juez Ismael Moreno, que instruye en la Audiencia Nacional el caso Koldo, ha rechazado transferirle el caso a la Fiscalía Europea, que había reclamado la investigación completa señalando que los delitos que se investigan "afectarían directamente a los intereses financieros de la Unión Europea" y que debe quedarse con la totalidad de las pesquisas porque "la investigación conjunta es la solución más adecuada".

El juez ha declarado "no ha lugar a acceder a la avocación de la presente causa (Diligencias Previas 65/2023)" que tramita el Juzgado Central de Instrucción nº 2, "en favor de la Fiscalía Europea", según ha indicado en un auto al que ha tenido acceso Europa Press.

Moreno ha acordado plantear una cuestión de competencia positiva entre su juzgado y la Fiscalía Europea ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

El alto tribunal tendrá que dirimir qué órgano es el competente para investigar los hechos, incluidos los contratos adjudicados por los contratos adjudicados por los Servicios de salud Balear y canario que investiga la Fiscalía Europea, manteniendo esta su competencia en los hechos relativos a la comisión de un posible delito contra los intereses financieros en la Unión Europea.

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha emplazado este lunes al Gobierno a poner fecha con urgencia al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que pretende celebrar en julio y concretar "la agenda" y el "orden del día" de los asuntos que se tratarán en esa reunión. Dicho esto, y después de que Moncloa sostenga que los 'populares' no tienen una posición "única" ni "clara" en financiación, ha rebatido esas declaraciones asegurado que la postura del PP es "unívoca".

"Le puedo asegurar que la posición del PP de norte a sur y de este a oeste es unívoca y refleja una postura común, que pasa por garantizar la igualdad de todos los españoles, que el sistema de financiación responda a criterios de equidad y que el sistema de financiación se debata y se apruebe de manera multilateral", ha declarado Sémper en una rueda de prensa en la sede del PP, tras las la reunión del comité de dirección que ha presidido Alberto Núñez Feijóo.

El dirigente del PP ha recalcado que lo que no saben es "cuál es la posición del Gobierno", algo que ha achacado a que Pedro Sánchez "tiene un problema" con su propio Gobierno y con los socios que le sustentan.

"Y el Gobierno no nos cuenta cuál es el modelo que ofrece al conjunto de los españoles. Hasta ahí podíamos llegar que la culpa y que la responsabilidad fuera del PP cuando ni tan siquiera el Gobierno y sus socios tienen una posición inequívoca, sobre la que poder posicionarnos los demás", ha exclamado Sémper, al ser preguntado por las declaraciones de la ministra portavoz, Pilar Alegría, acusando a las comunidades de no tener una única posición en financiación.

El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid y consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Miguel Ángel García, ha respondido a la portavoz del Ejecutivo central, Pilar Alegría, que los viajes de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se planifican con "muchísimas semanas de antelación" y de forma "ajena a las agendas que otras personas puedan tener".

Lo ha asegurado en declaraciones a Europa Press tras firmar el convenio de financiación de la Federación de Municipios de Madrid (FMM). Alegría calificaba este lunes como "curioso" el viaje oficial de Ayuso el mismo día que su pareja, Alberto González Amador, estaba citado a declarar en los juzgados de Plaza de Castilla por presuntos delitos fiscales.

García Martín ha descrito como "absoluto desconocimiento" que Alegría apunte a esta coincidencia y ha añadido que, además, la declaración de González Amador ya había sido pospuesta una primera vez y este lunes lo ha vuelto a ser de nuevo.

"Nada tiene que ver la agenda de la presidenta con las agendas que puedan tener los juzgados en nuestra región", ha espetado el portavoz del Gobierno de Ayuso para a continuación cargar contra el Ejecutivo central por "volver a utilizar los medios del Estado para atacar a una presidenta autonómica", al haber señalado esto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La defensa de dos agentes de la Policía Nacional que resultaron heridos en los disturbios atribuidos a la plataforma independentista 'Tsunami Democràtic' han pedido al Tribunal Supremo y a la Audiencia Nacional que no se aplique la Ley de Amnistía a los investigados porque hacerlo implicaría romper "el principio constitucional de igualdad".

En dos escritos remitidos a sendos tribunales, y a los que ha tenido acceso Europa Press, el despacho Fuster-Fabra Abogados asegura que la ley "no cuenta con base constitucional expresa, lesiona gravemente el principio de igual sujeción de todos ante la ley, es ambigua y arbitraria". "Todo muy lejos de los objetivos de pacificación de los que alardean en el propio preámbulo de la ley", critican.

Cabe destacar que en la Audiencia Nacional el juez Manuel García Castellón investiga el supuesto papel de la plataforma independentista en los disturbios que se produjeron tras la sentencia del Tribunal Supremo que condenaba a los líderes del 'procés' separatista catalán en octubre de 2019. El alto tribunal, por su parte, abrió de forma paralela causa penal al expresidente catalán Carles Puigdemont y al diputado de ERC Ruben Wagensberg por un presunto delito de terrorismo al estar ambos aforados.

Para la defensa de los agentes, además del "gravísimo vicio jurídico de vulneración del principio de igualdad, se pueden añadir otros que refuerzan su inconstitucionalidad, como el principio de seguridad jurídica", así como "el principio de responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos".

La portavoz del PSOE, Esther Peña, sostiene que el nuevo sistema de financiación autonómica debe integrar las singularidades de "muchas" comunidades autónomas, incluida Cataluña, e insiste en que hay territorios que han asumido más competencias, circunstancia que debe ser atendida por el Estado.

"El debate sobre el nuevo modelo debe integrar singularidades propias de muchas comunidades autónomas, sí, también de Cataluña. Nosotros nunca hemos renegado de esto", ha remarcado en una rueda de prensa desde la sede nacional del PSOE.

Así, dice que hay territorios que "en el legítimo desarrollo de sus estatutos de autonomía" asumen competencias que han ido creciendo y deben ser atendidas por la administración central, renovando un sistema de financiación autonómica "claramente obsoleto".

El Ministerio de Hacienda no ha contestado a preguntas de varios diputados del PP sobre la situación fiscal de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, alegando que no puede "informar de la situación específica de contribuyentes concretos" pero, en cualquier caso, asegura que somete a un "tratamiento justo y equitativo" a todos ellos "sin privilegios de ningún tipo".

El vicesecretario de política autonómica del PP, Elías Bendondo, junto con otros diputados del Grupo Popular, registraron una batería de preguntas al Ejecutivo sobre las informaciones relativas al hermano de Sánchez.

Querían saber, entre otras cosas, si el Ejecutivo ha tenido alguna relación contractual o ha dado subvenciones o ayudas a la sociedades participadas de forma directa o indirecta por Víctor de Aldama y otros implicados en el 'caso Koldo' y que se habrían utilizado como "tapadera" para ocultar el patrimonio inmobiliario que habrían obtenido mediante la trama de mordidas por los contratos de mascarillas.

En su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno subraya que la Agencia Tributaria, que tiene encomendada la aplicación efectiva del sistema tributario estatal y del aduanero "se desempeña con plena independencia, sirviendo con objetividad los intereses generales y con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico".

El Tribunal Constitucional (TC) estudiará en el Pleno que comenzará el próximo 2 de julio un borrador de sentencia que propone exonerar la malversación por la que se condenó a seis años de cárcel a la exconsejera de Hacienda de Andalucía Carmen Martínez Aguayo en el marco del 'caso de los ERE'.

Según ha publicado El Español y han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, la ponencia a cargo de la vicepresidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán, plantea anular la condena por malversación de Martínez Aguayo --que ya goza del tercer grado penitenciario-- al entender que la elaboración de anteproyectos de ley y su aprobación como proyectos de ley no pueden ser constitutivas de delito.

Martínez Aguayo fue condenada a seis años y dos días de prisión y a 15 años de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación.

El texto propone ordenar a la Audiencia Provincial de Sevilla que dicte una nueva sentencia "exclusivamente" en lo relativo al delito de prevaricación, no así con el de malversación, en el que considera que no hay retroacción posible y aboga su exoneración.

La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha admitido que se han llevado a cabo contactos "en las últimas horas" con el Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que lleva más de cinco años con el mandato caducado y espera que se pueda cerrar un acuerdo "en los próximos días".

A menos de una semana para que expire el plazo fijado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para cerrar un acuerdo con el PP, Peña habla de "optimismo" y espera que en los próximos días el acuerdo sea "una realidad".

"Lo dejo claro con tres palabras, confianza en llegar a un acuerdo, optimismo en que sea más pronto que tarde, y discreción en los contactos que se están teniendo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial y volver a la normalidad tras más de 2.000 días", con el mandato caducado.

En una rueda de prensa desde la sede nacional del partido en la calle Ferraz, dice además que en el PSOE mantienen "intacta la confianza" en la renovación para "poder cumplir con España, con los españoles y con la Constitución".

Podemos ha reclamado al Ministerio de Exteriores que actúe, incluso por la vía judicial, para anular la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid que el Gobierno regional liderado por Isabel Díaz Ayuso concedió el pasado viernes al presidente argentino, Javier Milei.

La coportavoz de Podemos, Isa Serra, ha afirmado en rueda de prensa que su formación ya trasladó mediante una misiva a la presidenta de la Cómisión Europea, Úrsula von der Leyen, su preocupación por la concesión de este galardón, pues implicaba que Ayuso legitimaba las políticas de vulneración de derechos que, a su juicio, aplica Milei en Argentina. Y es que ha sostenido que la concesión de esta medalla al presidente de argentino se se ha hecho de acuerdo a la legalidad de la propia norma de la Comunidad de Madrid, dado que Milei no estaba de viaje oficial en España.

Serra ha denunciado que Milei no solo está desplegando políticas contra la mayoría social del país sino que está aplicando "represión" a la movilización pacífica en Argentina contra su gestión.

Por tanto, han solicitado al Ministerio de Exteriores que actúe, en tanto que es el responsable y competente de las relaciones internacionales, para que se declare la nulidad de esta distinción de la Comunidad de Madrid a Milei por la vía judicial.

La declaración de Alberto González Amador prevista para este lunes por un presunto fraude fiscal ha vuelto a ser aplazada sin fecha aún para una nueva celebración, según confirman fuentes de Más Madrid. 

La decisión se produce después de que este mismo lunes la acusación popular, que representa al PSOE y Más Madrid, presentasen ante la jueza sendos escritos para pedir más tiempo para investigar supuestos nuevos delitos. 

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha lanzado un aviso este lunes a Georgia sobre sus aspiraciones a entrar en el bloque europeo asegurando que se cerrará la puerta a la adhesión si sigue con medidas que suponen un deterioro democrático, como la ley de agentes extranjeros que limita el papel de ONG y medios de comunicación.

"Una cosa está clara: la puerta para que Georgia se convierta en miembro de la Unión Europea está abierta. Pero si el Gobierno sigue por el mismo camino, sigue haciendo lo que está haciendo, esta puerta se cerrará", ha asegurado en declaraciones a su llegada a la reunión del Consejo de Exteriores en Luxemburgo.

En la cita de este lunes, los ministros del ramo de la UE han lanzado un aviso ante la deriva de Tiflis apuntando a medidas para responder al pulso planteado por el partido de gobierno Sueño Georgiano tras la aprobación de la polémica normativa, aunque se buscará evitar un castigo colectivo a la sociedad georgiana, mayoritariamente proeuropea.

En este sentido, Borrell ha lamentado que el pueblo georgiano "pagará las consecuencias" si el Ejecutivo de Georgia sigue haciendo caso omiso a las peticiones de la UE por lo que la perspectiva europea del país "se puede ver mermada o incluso anulada".

Más Madrid ha registrado iniciativas en el Congreso, Senado y Asamblea de Madrid para revocar la Medalla Internacional concedida el pasado viernes por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al presidente de Argentina, Javier Milei, y ha reclamado al Ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea encabezado por José Manuel Albares que actúe contra este reconocimiento.

Según ha defendido la portavoz de la formación en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, hay "indicios sobrados" para que se pueda quitar esta distinción ya que se ha concedido sin coordinar con el Ministerio que es quien debe marcar "toda la política Exterior" de España.

Bergerot ha tachado de "desleal" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tanto con el Ejecutivo central como con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "que ni siquiera estaba invitado". "Además, se le volvió en contra porque Milei empezó a hablar, precisamente, de quienes usan las instituciones para dar prebendas a novios y hermanos (...) Se le ha vuelto en contra en tanto que ahora mismo su novio está declarando en el juzgado", ha lanzado Manuela Bergerot.

La iniciativa remitida a la Asamblea de Madrid, a la que ha tenido acceso Europa Press, es una Proposición No de Ley (PNL) con cuatro puntos. Primero se encuentra la revocación de la concesión y la petición a Milei de que la devuelva. En segundo lugar se pide un protocolo para la entrega de la Medalla Internacional de la Comunidad. También reclaman que acompañe al reconocimiento un informe que "verifique el respeto a los derechos humanos y los principios del Estado social y democrático de Derecho". Por último piden al Ministerio que realice "todos los actos administrativos o judiciales necesarios" para que se revoque la concesión.

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha reiterado la disposición del Ejecutivo a llevar a cabo la renovación del Consejo General del Poder Judicial y asegura que, por su parte, podrían cerrarlo "en 15 minutos".

A una semana de que expire el plazo fijado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que el Partido Popular se avenga a desbloquear el CGPJ, que lleva más de cinco años con el mandato caducado, Alegría dice que "espera y desea" que se alcance un acuerdo antes de que termine el mes de junio.

No obstante ha vuelto a recordar que, en caso contrario, el Ejecutivo y el Parlamento "asumirán su responsabilidad" y por tanto llevarán a cabo la reforma anunciada por Sánchez, que retirará al CGPJ la facultad de nombrar magistrados.

Por tanto ha señalado que van a "terminar de explorar" esta semana si pueden llegar a un pacto que , según insiste, significa simplemente cumplir la Constitución y ha acusado al PP de llevar más de 2.000 días sin querer renovar el órgano de gobierno de los jueces.

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha defendido que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha otorgado una financiación "extra" e "histórica" a las comunidades autónomas y, en pleno debate sobre una financiación singular para Cataluña, asegura que garantizará la igualdad entre españoles.

Ante las dudas expresadas desde algunas federaciones socialistas sobre una financiación singular para Cataluña, ha defendido los 250.000 millones de euros transferidos a las comunidades autónomas durante los años de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Además, ha reiterado que, a su juicio, es compatible el debate multilateral con todas las CCAA, con el de la singularidad de Cataluña. "Singularidades, evidentemente, tienen también el territorio, por ejemplo, de Aragón o Castilla y León o las propias Canarias y yo creo que es absolutamente compatible esos debates multilaterales con todas las comunidades autónomas, con ese debate también sobre la singularidad", señala.

Al ser interrogada directamente sobre si van a dejar que Cataluña gestione el 100% de sus tributos, Alegría asegura que lo que plantea el Gobierno con la financiación autonómica es "garantizar la igualdad entre todos los españoles" así como la eficiencia y la calidad en la prestación de servicios públicos.