La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que existe una "participación preeminente" del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la filtración de los correos que denunció Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sobre su pacto por fraude fiscal con la Fiscalía.
Se trata de una de las principales conclusiones que recoge el informe sobre el material incautado en el despacho de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, al que ha tenido acceso EFE, una vez que el magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha alzado el secreto del sumario de dicho informe.
Israel y Líbano están "más cerca que nunca" de lograr un acuerdo de alto el fuego, confirmó a EFE una fuente cercana al asunto, después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, haya aceptado "en principio" la propuesta estadounidense.
"Se han logrado progresos muy significativos", indicó la fuente sobre la propuesta que el mediador estadounidense, Amos Hochstein, presentó la semana pasada a ambas partes en un viaje a la región.
El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha defendido la "estabilidad" y "buena salud" del Gobierno de coalición con el PSOE en medio de las acusaciones contra altos cargos y exaltos cargos socialistas por el caso Koldo, pero ha insistido en la necesidad de luchar "de forma más eficaz" contra la corrupción.
Preguntado este lunes en una rueda de prensa en la sede de Sumar sobre cómo el caso Koldo puede afectar al Gobierno de coalición tras las acusaciones del empresario Víctor Aldama, uno de los investigados en el caso Koldo, Urtasun ha dicho que el Ejecutivo "goza de una muy buena salud" y tiene "estabilidad".
Además, cree que la reciente aprobación del paquete fiscal en el Congreso de los Diputados tras unas duras negociaciones con los grupos parlamentarios "allana el camino hacia los presupuestos" de 2025 y opina que el PP "empieza a asumir que esta legislatura va a ser larga".
Por ello, el también ministro de Cultura considera "ridículo" que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, haya propuesto de forma indirecta una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a pesar de reconocer que no tiene los votos suficientes para que salga adelante.
"Esto no significa que no tengamos que afrontar cuestiones importantes, ver de qué manera este país lucha de forma más eficaz contra la corrupción", ha añadido en alusión a casos como el caso Koldo.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha emplazado este lunes al PP a apoyar la reducción de jornada a 37,5 horas en su trámite parlamentario, al igual que ya hizo (por error) con la reforma laboral, porque así lo piden "dos de cada tres ciudadanos". Durante su intervención en la sesión inaugural del 44 Congreso Confederal de UGT, ha preguntado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, allí presente, si su grupo apoyará el proyecto de ley para reducir la jornada y le ha recordado que éste es un compromiso electoral del Gobierno y que cuenta con un altísimo apoyo ciudadano.
"Cuando la ciudadanía dice que necesita reducir la jornada laboral es porque así lo siente y se le pide a los políticos que estén a la altura", ha dicho Díaz, al tiempo ha recordado que este ajuste será bueno para los trabajadores pero también para las empresas. "El hecho de que no se avance en esta dirección no es bueno para España ni para las empresas", ha dicho Díaz, quien ha criticado el rechazo de la patronal "a pesar de las facilidades y de los once meses de negociación".
Asimismo, ha considerado inadmisible que "se niegue la potestad del Gobierno para defender por ley la jornada máxima" y ha pedido a los empresarios que no confundan "el desacuerdo con el derecho de veto, que no es legítimo". Y ha dejado claro que seguirá "ganando derechos con los agentes sociales, con acuerdo o sin acuerdo", aunque ha reconocido que le gustaría que fuera mediante un consenso social tanto con sindicatos, como con patronal.
El colaborador de prensa de Se Acabó La Fiesta (SALF) Vito Quiles se ha acogido este lunes a su derecho constitucional a no declarar en la causa que lleva el Juzgado de Sevilla que lo investiga por presuntas injurias y calumnias al secretario general de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han informado a EFE de que Quiles ha comparecido, tal y como estaba fijado por el Juzgado de Instrucción 18 de Sevilla que lo había citado en calidad de investigado, a través de videoconferencia desde los Juzgados de Madrid.
Quiles ya compareció ante el Juzgado de Instrucción 18 de Sevilla el pasado 13 de junio para designar abogado y procurador, informar de su domicilio y ponerse a disposición de este órgano judicial, según indicaron entonces las mismas fuentes del TSJA.
Dicho comparecencia ante el juzgado se produjo justo un día después de conocerse que la jueza de Instrucción 18 de Sevilla había ordenado averiguar su paradero en el marco de la investigación por supuestas calumnias e injurias a Rubén Sánchez.
El secretario general de Facua ha indicado este lunes en su perfil de la red social X que han "hecho falta" cinco citaciones para lograr que Quiles comparezca ante la jueza. "Me acusó de extorsiones, estafas, amenazas de muerte y hasta deslizó que soy un pederasta. Como era previsible, se ha acogido a su derecho a no declarar", ha publicado Sánchez.
El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha rechazado suspender a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado y a Pilar Rodríguez como fiscal jefe provincial de Madrid, investigados por un presunto delito de revelación de secretos. Hurtado ha dictado un auto en el que desestima la suspensión cautelar de ambos investigados a petición de las acusaciones de Manos Limpias y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.
La asociación consideraba que "si a cualquier fiscal que se encontrase en esta situación debería suspendérsele provisionalmente de empleo, cuando el afectado es el fiscal general del Estado la adopción de esta medida deviene obligatoria". Porque, advertía, "si Álvaro García Ortiz continuara siendo fiscal general del Estado durante el transcurso del procedimiento, él sería el superior jerárquico del fiscal designado para intervenir en la causa y en calidad de tal podría impartirle órdenes".
Mientras que Manos Limpias interesaba su suspensión por igual razón, esto es, porque, debido a la posición jerárquica superior que ostenta sobre todos los miembros del Ministerio Fiscal, ello pondría en quiebra la imparcialidad del que interviniese en la causa.
Pero el juez dice que no puede compartir el planteamiento, sino que "hay que partir de la base de que, si así llegara a ser, no debería obviarse que una actuación de tal tipo habría que contar con que la consintiera el fiscal encargado del caso; incluso, si así fuere y supusiese una extralimitación denunciando la situación".
A ello, recuerda la función institucional de la Fiscalía General del Estado y que García Ortiz firmó sendos decretos el 1 de abril y 30 de octubre en los que "ante la conveniencia de preservar la imagen de imparcialidad del Ministerio Fiscal", resuelve "no intervenir en dación de cuenta, seguimiento y/o cualesquiera otros trámites que hayan de tener lugar con el fiscal general del Estado en lo sucesivo"
Y, continúa el juez, toma como acuerdo "abstenerme de intervenir en la dación de cuenta o en cualesquiera otras actuaciones que correspondan al fiscal general del Estado [...]" en este asunto. Por ello y por "ese compromiso de abstención que viene de la Fiscalía, como institución, que es algo que no cabe obviar" el juez no accede a la suspensión cautelar de sendos fiscales.
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está "absolutamente inhabilitado" para seguir al frente de la Fiscalía, pues "cumple los estándares de decencia que exige Pedro Sánchez, de estar imputado e investigado", pero no es lo que necesita la democracia.
Gamarra ha valorado la decisión del magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado de ordenar a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) analizar la información incautada al fiscal general del Estado, tras los "elementos" hallados en la investigación a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.
A preguntas de los periodistas en Burgos, la secretaria general del PP ha insistido en que Álvaro García Ortiz no solo está imputado por no perseguir los delitos ni defender la legalidad, como le corresponde, sino también por presuntamente cometer delitos para "perseguir a un ciudadano particular para que Pedro Sánchez pueda debilitar a un adversario político, Isabel Díaz Ayuso", presidenta de la Comunidad de Madrid.
"Entendemos que cumple los estándares de decencia que exige Pedro Sánchez, que es estar imputado e investigado. Parece que eso es lo que te avala", ha indicado Gamarra, pero "no es lo que necesita una democracia", de ahí que la 'popular' haya insistido en que el fiscal general está "absolutamente inhabilitado" parar continuar en el cargo.
El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha insistido este lunes en que desde Moncloa se le envió un email con datos del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pero ha descartado mostrar la conversación "privada" en la que se le remitió. Avanza que pedirá que se abra una investigación a la notaría donde mostró los mensajes.
Así lo ha trasladado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este lunes, marcada por la información publicada este domingo por Abc donde se recoge que Pilar Sánchez Acera -actual jefa de Gabinete del ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, entonces jefe de Gabinete de Pedro Sánchez- le filtró el documento para que lo utilizara en una sesión de control a la presidenta regional en el Pleno.
"Lo que más me fastidia de esto es que una conversación privada se esté difundiendo públicamente, cuando en absoluto esa era la intención, sino todo lo contrario", ha planteado Lobato, quien preguntado por los periodistas ha negado que haya pedido este lunes permiso a Sánchez Acera para mostrar la conversación una vez han llegado las críticas desde sus rivales políticos como Ayuso.
La nueva vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, ha asumido hoy la cartera reconociendo la labor de Teresa Ribera, y ha valorado que su trabajo al frente del Ministerio ha propiciado "la mayor transformación" del país e "hitos" que hasta ahora parecían "inalcanzables" en España y en Europa.
Aagesen, en su primera intervención como vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se ha referido a la "compleja" situación generada tras la dana, y ha querido que sus primeras palabras fueran de recuerdo y de solidaridad con las víctimas y con todas las personas afectadas por la catástrofe.
Teresa Ribera ha traspasado la cartera -como vicepresidenta tercera del Ejecutivo y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico- a Sara Aagesen, quien ocupaba hasta ahora la Secretaría de Estado de Energía, un traspaso que se ha producido tras desbloquearse el nombramiento de Ribera como vicepresidenta de la Comisión Europea para la Transición Justa, Limpia y Competitiva.
El relevo se produce casi un mes después de la dana del 29 de octubre y de las devastadoras inundaciones que han causado más de doscientos muertos -la mayoría en la Comunidad Valenciana-, y cuando desde el Gobierno autonómico y desde el PP han puesto el foco en el papel que desempeñaron algunos organismos dependientes de este Ministerio (la Agencia Estatal de Meteorología o la Confederación Hidrográfica del Júcar) y las obras que se deberían haber acometido y que según este partido podrían haber paliado los efectos de la riada.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha comprometido este lunes a mejorar la respuesta judicial y los trabajos de los juzgados y tribunales en contra de la violencia machista porque es "imprescindible" la colaboración institucional y la Constitución obliga a los poderes públicos a garantizar la igualdad real y efectiva.
"Removiendo todos los obstáculos que la impidan o dificulten", ha señalado la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y vocal del CGPJ, Esther Erice, en un comunicado que ha hecho público con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
"Ninguna respuesta que podamos efectuar aisladamente supondrá un afrontamiento verdaderamente eficaz de estos delitos. La mejora constante de la respuesta del sistema judicial es una labor que es necesario continuar, ya que esta protección constituye una de las facetas de la lucha contra la violencia de género que no puede ser cercenada sin perjuicio para las propias víctimas y para el interés general en el control y disminución de estos delitos", ha puntualizado.
El instructor del caso contra el fiscal general del Estado en el Tribunal Supremo (TS) ha citado para las 10 horas del 29 de noviembre como testigo al secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, según informa Europa Press.
El magistrado Ángel Hurtado indica que le cita tras la información publicada por el diario Abc, según la cual "Moncloa filtró el documento secreto del novio de Ayuso" y trató de implicar a Lobato.