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El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela ha dicho "acatar" la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que confirmó la semana pasada la victoria del presidente Nicolás Maduro en los comicios del 28 de julio, pese a las dudas que ha suscitado dicha cita por la falta de transparencia de las autoridades chavistas.
El TSJ se pronunció el pasado jueves sobre los resultados difundidos inicialmente por el CNE y cuestionados por la oposición, que ha difundido documentos que acreditarían la victoria del principal candidato alternativo a Maduro, el diplomático Edmundo González Urrutia.
El CNE ha señalado este lunes en un comunicado que el Supremo certificó "de forma inobjetable" el material electoral peritado y, por tanto, "convalidó categóricamente" el triunfo de Maduro. Asimismo, ha apuntado que la sentencia viene a confirmar también "el ataque cibernético masivo" sufrido por el sistema electoral el día de la votación.
El CNE, afín al chavismo, "acata la decisión y en el lapso de ley cumplirá con lo ordenado por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia", según consta en una nota en la que en ningún momento se alude a la requerida publicación de las actas, un llamamiento opositor secundado también por la gran parte de la comunidad internacional.
La ONG Reporteros sin Fronteras (RSF) ha denunciado este lunes la muerte del periodista Ali Taimé, de 39 años, durante un ataque aéreo llevado a cabo por el Ejército de Israel en Jan Yunis, situada en el sur de la Franja de Gaza.
El periodista, que se encontraba en la zona para informar sobre la situación de los desplazados palestinos, ha muerto después de registrarse un bombardeo israelí contra un vehículo civil cercano en el barrio de Al Mawasi, según ha informado RSF en la red social X.
El Sindicato de Periodistas Palestinos ha lamentado la muerte de Taimé, quien trabajaba para el canal satelital Awdé. Con él ya son 163 los informadores muertos durante la ofensiva israelí contra la Franja, según ha recogido la agencia de noticias WAFA.
Un total de 60 organizaciones, entre ellas, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) han pedido a la Unión Europea que suspenda su Acuerdo de Asociación con Israel, ante "el asesinato sin precedentes de periodistas y otras violaciones a la libertad de prensa".
Así lo reclaman en una misiva dirigida al Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, y al vicepresidente ejecutivo para Una Economía al Servicio de las Personas, Valdis Dombrovskis, y con copia a los Ministerios de Asuntos Exteriores de los Estados miembros de la UE.
"Nuestras organizaciones le escriben para solicitar que la Unión Europea tome medidas contra el asesinato sin precedentes de periodistas y otras violaciones de la libertad de prensa por parte de las autoridades israelíes", señalan en la carta.
Según precisan, "estos son parte de los abusos generalizados y sistemáticos cometidos por las autoridades israelíes en Gaza, Cisjordania, Israel y otros lugares, como han documentado o reconocido ONG israelíes, palestinas e internacionales, expertos de la ONU o la Corte Internacional de Justicia", entre otros.
Por ello, consideran que "estas violaciones deberían provocar la suspensión del Acuerdo de Asociación UE-Israel y la imposición de sanciones específicas de la UE contra los responsables".
El exministro de Transportes y exdirigente socialista José Luis Ábalos ha tachado de "improcedente" y de "tribunal de honor" la auditoría interna encargada por el actual titular de Transportes, el socialista Óscar Puente, sobre la trama Koldo, que apunta a una orden firmada por él que duplicó la compra de mascarillas en 38 minutos, a la vez que ha lamentado que no se podía "esperar esto" del PSOE.
Así se ha pronunciado el ahora diputado del Grupo Mixto en una entrevista en Cuatro, recogida por Europa Press, después de que se conociera que el informe de esta auditoría revelera una orden ministerial firmada por el propio Ábalos el 20 de marzo de 2020 en la primera compra a la empresa Soluciones de Gestión -epicentro del 'caso Koldo'- donde se duplicó la cuantía de cuatro a ocho millones de mascarillas en un periodo de "tan solo 38 minutos".
En este contexto, Ábalos ha denunciado que "más que un informe o una auditoría, parece un tribunal de honor, que está prohibido por la Constitución". "El ministro puede ordenar una auditoría, pero lo que no se puede hacer es una investigación paralela a nivel judicial", ha censurado.
Por ello, considera que "esa investigación" en el Ministerio no se podía hacer y, en todo caso, si se pretendía realizar, "había que dar cuenta" al juez que está instruyendo la causa sobre la trama Koldo en la Audiencia Nacional.
El Tribunal Supremo de Israel ha emplazado al Gobierno a justificar su decisión de prohibir las visitas del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a los presos palestinos capturados en la Franja de Gaza desde el inicio de la ofensiva militar israelí tras el ataque de las milicias gazatíes del 7 de octubre.
El tribunal ha planteado al Ejecutivo por qué no debe anular esta prohibición y también la negativa del Gobierno a remitir información sobre los detenidos al CICR, informa el diario israelí The Jerusalem Post.
El auto judicial está dirigido al Gobierno, al Ministerio de Defensa, al Abogado General Militar y a otros organismos que deberán responder antes de la próxima reunión del Supremo, prevista para septiembre.
Este fallo judicial tiene su origen en una denuncia de organizaciones de derechos humanos israelíes como la Asociación por los Derechos Humanos en Israel, Sanitarios por los Derechos Humanos-Israel, HaMoked y Gisha que exigían que se permita al CICR visitar a los presos y prisioneros.
El Gobierno israelí ha negado cualquier información y también las visitas al CICR desde el 7 de octubre. "Conforme al derecho internacional, incluso si una de las partes de un conflicto no cumple con sus obligaciones respecto a las leyes de la guerra, eso no exime a la otra parte de sus obligaciones", destaca la Asociación por los Derechos Civiles en Israel en su petición inicial.
El PSOE ha instado al PP a "dejar claro" si está con Vox y Alvise en la política migratoria o con la "humanidad que requiere el trato a unos niños y niñas que huyen de las guerras que hay activas en África y otros lugares del mundo".
"Alberto Núñez Feijóo debe dejar claro si su política migratoria se reduce a los tuits de Xavier García Albiol. Si está con VOX y Alvise, o con la humanidad que requiere el trato a unos niños y niñas que huyen de las guerras que hay activas en África y otros lugares del mundo", señala el PSOE en un comunicado este lunes sobre la postura del PP ante la reforma de la Ley de Extranjería para repartir menores migrantes no acompañados de territorios con sobreocupación.
Precisamente, este lunes, el vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, ha señalado que su partido no ve posible un acuerdo para reformar la Ley de Extranjería para repartir menores migrantes no acompañados. "Si nos atenemos a lo que hace el Gobierno y dice, desgraciadamente, no hay ninguna posibilidad de acuerdo porque el Gobierno no atiende, hace caso omiso, mira para otro lado", ha afirmado Sémper en rueda de prensa en la sede del PP, en la calle Génova.
En este sentido, los socialistas recalcan que el PP "sigue empeñado en un discurso que vincula la inmigración y la delincuencia". "Se suma a VOX y Alvise en una forma de entender los movimientos migratorios de una extraordinaria miopía, y con un discurso muy peligroso para la sociedad en general", subraya.
El subdirector de la Fundación La Caixa, Marc Simón, ha asegurado este lunes en su declaración como testigo ante el juez Juan Carlos Peinado que los resultados de la cátedra dirigida por Begoña Gómez y que la entidad decidió patrocinar son satisfactorios, al tiempo que ha dejado claro que no mantuvo ningún contacto con su esposo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según informa Europa Press.
A través de una nota de prensa, la Fundación La Caixa ha señalado que Simón -uno de los cuatro testigos que ha comparecido ante el juez este lunes- ha detallado ante el magistrado que los primeros contactos que mantuvo con Gómez fueron en 2018, un par de años antes de que surgiera el proyecto de la citada cátedra.
Fue dos años más tarde, en 2020, cuando, según Simón, la esposa de Sánchez se puso en contacto con él para exponerle ese proyecto, que podría encajar con los fines sociales de la fundación. La propuesta, ha apuntado el grupo, fue aprobada por el comité de dirección de la fundación.
El juez que investiga a Gómez también ha interrogado este lunes como testigo a otro de los patrocinadores de la cátedra: el consejero delegado de Reale Seguros, Ignacio Mariscal.
Esta ronda de declaraciones se ha completado con la testifical de la directora de Wakalua, Leticia Lauffer, y del consejero delegado (CEO) de Barrabés, Luis Miguel Ciprés. Cabe señalar que, según sostienen las acusaciones, la esposa de Sánchez podría haber tenido relación con Lauffer dado que el IE Africa Center fue patrocinado por la empresa, filial de Globalia.
La Fiscalía de Venezuela ha citado para el martes al principal candidato de la oposición en las últimas elecciones presidenciales, Edmundo González Urrutia, al que ya había convocado este lunes para que prestase declaración por una batería de presuntos delitos vinculados al proceso electoral.
El Ministerio Público ha emitido una segunda citación para el martes a las 10.00 (hora local), con vistas a que pueda declarar "por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, forjamiento (falsificación) de documento publico, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración".
La Fiscalía ha compartido en redes sociales esta nueva convocatoria sin confirmar que González Urrutia no había acudido a la primera. El dirigente opositor, que ha evitado dejarse ver en público en estos últimos días, alegó el domingo que se trataba de una citación "sin garantías de independencia y del debido proceso".
La Unión Europea ha denunciado este lunes la llamada "Ley para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio" aprobada la semana pasada en Afganistán, asegurando que ve este paso con "consternación" y que supone un nuevo obstáculo de las autoridades afganas para la normalización de relaciones con la comunidad internacional.
La norma supone la consolidación definitiva de la política de discriminación contra las mujeres del país adoptada por el régimen fundamentalista talibán desde su retorno al poder hace tres años y constituye el mayor conjunto de restricciones impuestas a la población femenina, hasta ahora castigada con la prohibición de la educación secundaria a las niñas, del acceso a la universidad para las jóvenes del país e impedimentos al trabajo humanitario.
"El decreto confirma y amplía las severas restricciones a la vida de los afganos impuestas por los talibanes, entre ellas la imposición de códigos de vestimenta, sobre todo ordenando a las mujeres que se cubran el cuerpo y la cara en público. El decreto también impone que no se escuche la voz de las mujeres en público, lo que priva de hecho a las afganas de su derecho fundamental a la libertad de expresión", han valorado los Veintisiete en una declaración conjunta.
El bloque europeo subraya que esta normativa, junto al aumento de poder del Ministerio denominado de Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio, "viola las obligaciones legales y los tratados de los que Afganistán es Estado Parte", además de minar los derechos de los afganos.
"Es otro grave golpe que socava los derechos de las mujeres y niñas afganas, y que no podemos tolerar. Instamos a los talibanes a que pongan fin a estos abusos sistemáticos contra las mujeres y niñas afganas, que pueden equivaler a persecución por motivos de género, que es un crimen de lesa humanidad según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, del que Afganistán es Estado Parte", ha añadido la declaración de los Veintisiete.
El expresidente de ERC Oriol Junqueras presentará el 21 de septiembre en Olesa de Montserrat (Barcelona) su candidatura para volver a liderar el partido en el Congreso extraordinario que la formación celebrará este otoño.
En un comunicado este lunes, la candidatura ha explicado que se presentarán al Congreso bajo el nombre 'Militància Decidim', como un "movimiento de renovación" del partido.
El acto estará protagonizado por el propio Junqueras, y también participarán el exconseller Raül Romeva; la diputada en el Parlament Ana Balsera; la eurodiputada Diana Riba; el exconseller Bernat Solé; el exportavoz de Rubí (Barcelona) Arés Tubau; la senadora Laura Castel, y el alcalde de Sant Julià de Ramis (Girona), Marc Puigtió.
Estos promotores de la candidatura desgranarán los "ejes principales de la propuesta de renovación", que han elaborado a partir de grupos de trabajo que comenzaron su labor tras una reunión el 26 de junio en Sant Vicenç dels Horts (Barcelona).